Opinión
El “cambio” o “más de lo mismo».
Por Elvin Dominici
No podemos permitir que las promesas de la campaña electoral se queden en el olvido por este gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Las esperanzas de todos los dominicanos de un verdadero “cambio” sacó del poder al ex-presidente Danilo Medina y por eso seremos vigilantes, para que no nos den más de lo “mismo”. Nosotros no podemos confundir el hacer lo correcto en la administración del estado; con que el PRM está haciendo un gobierno trascendental de “cambio” a los parámetros que hoy definen los retos que sigue enfrentado nuestra nación.
Las iniciativas del presidente Abinader de tomar en sus manos la decisión de terminar el matrimonio infantil es un paso esperado y correcto a erradicar esa pedófilo práctica legal en el país. El hecho de dar pasos para que tengamos un Ministerio Público independiente y se lleve a los corruptos “de todos los gobiernos a la cárcel” son decisiones positivas. La terminación de nóminas del estado abultadas y en otros casos escondidas con personas cobrando sin trabajar “botellas” son acciones correctas. No obstante, todos debemos exigir del presidente lo mejor para nuestra nación y lamentablemente la mayoría de sus acciones demuestran que son más de lo mismo y no el verdadero cambio que anhelamos.
Por ejemplo, las prácticas políticas de Medina y que el PRM condenó mientras estaba fuera del poder siguen siendo la batuta y doctrina dentro de la cultura política. Sabemos que tenemos un gobierno presidencialista y que los legisladores sólo son peones leales a la voluntad del feudo presidente de turno. En el caso del matrimonio infantil que fue uno de los temas sociales mas controversiales por varias decadas, esto pudo terminar a manos de la orden directa de nuestro presidente.
Entonces nos preguntamos, ¿Por qué la promesa de terminar el barrilito y otros beneficios de los legisladores no ha sido posible? A la Senadora Faride Raful del Distrito Nacional, se le olvidó su promesa de someter un proyecto de ley para acabar con ese atraco a los dineros del estado. Así vemos al Senador Hector Acosta “El Torito” antes crítico del barrilito y hoy defensor del mismo. La objetividad de lo prometido en campaña y las acciones de nuestros legisladores son siamesas con los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). ¿Por qué Abinader no ordena terminar con este tan rechazado barrilito?
El ex-diputado Víctor Orlando Bisonó Haza, mejor conocido como Ito Bisonó, nunca tuvo tanto reconocimiento nacional después de su nombramiento como el titular del Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM) y esto no se debe al cumplimiento de su promesa de bajar los precios de los derivados de petróleos; Al contrario, por sus memes en las redes sociales y este sumarse a la mafia de la alza de los combustibles a pesar de su promesa electoral “con su fórmula y pizarrita”.
Estamos esperando las iniciativas para terminar con la falta de energía eléctrica a nivel nacional y continúan los apagones. No hemos visto la prometida revolución educativa que ampare programas que transformen el sistema público educativo nacional. Sigue la cultura de endeudamiento para mantener funcionando el gobierno igual o peor en el gobierno del cambio de Luis Abinader. Por otro lado, los mismos bonos soberanos, los presupuesto complementarios, reformas fiscales y el futuro del país a la deriva; ya que nadie tiene la capacidad intelectual de sanear el derroche de préstamos y buscar recortes reales que sanen el endeudamiento.
Alguien podría informarme ¿Qué está haciendo este gobierno con la invasión silente de los haitianos a nuestro país? Según datos oficiales, la República Dominicana registró en 2019 un total de 167,686 nacimientos, entre ellos 20,018 en los que la madre era haitiana, y la inmensa mayoría de ellas indocumentadas. Este gobierno no ha tomado medidas para proteger nuestra frontera y darle seguridad a todo lo que entra ilegalmente a nuestra nación.
Este gobierno no tiene el valor de cumplir su promesa de iniciar un plan nacional de reestructuración de todas las avenidas, autopistas y calles que comunican con las provincias a la capital. Autovías modernas que ameriten el transporte seguro de nuestras familias, productos agrícolas y trabajadores en todo el país. Si no me creen pregúntele a la Alcaldesa Carolina Mejia que todavía no vemos que llego de “cambio” al ayuntamiento del Distrito Nacional. Un semáforo, motorista, carro y patana con luces puede salvar varias vidas y ¿quien lo implementa?
Las proyecciones de un crecimiento económico de un 6% ya fueron declaradas por el Banco Central para el 2021 y el 100% de los pobres seguiremos sin participar en este crecimiento, igual que en los gobierno del PLD. Si usted no se ha dado cuenta, cambiamos de partido en el poder, pero seguimos con las mismas mafias corruptas gobernando.
Nosotros entendemos que estamos en medio de una pandemia global con el coronavirus, sabemos que tienen pocos meses en el poder y que algunos entienden que debemos darle más tiempo. Si usted piensa así, le informo que usted sigue siendo esclavo del sistema.
Este país no puede darse el lujo de esperar más tiempo para que se haga lo correcto en el gobierno. Los resultados del prometido “cambio” tiene que ser ahora. Asi esperamos mas de dos décadas con las malas administraciones gubernamentales del PLD y PRD.
El pueblo no puede darse el lujo de seguir perdiendo el tiempo con políticos tradicionales que jamás tendrán tiempo de resolver los grandes problemas nacionales.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.