Opinión
El reto de disolver y reconstituir la Policía Nacional
Narciso Isa Conde
La actual Policía Nacional no está en condiciones de garantizar la denominada seguridad ciudadana, más bien es uno de los grandes factores de inseguridad, violencia y negación de derechos colectivo e individuales.
Esta Policía no es reformable, menos aún “transformable”, como prometen y anuncian el gobierno de Abinader-PRM, sus mega-millonarios y todas sus fuerzas de sustentación.
- Otro engañoso.
La composición de la comisión recientemente encargada de esa mal llamada “transformación” es quizás la muestra más elocuente de que se trata de otro gran show mediático diversionista.
Nueva vez se apela a las disfuncionales comisiones de “notables”, con hegemonía de quienes periódicamente remodelan la misma dominación; copada en cada caso por grandes capitalistas y figuras de las iglesias, sin obviar la utilidad de nuevos adornos y nuevos atractivos académicos y mediáticos.
La verdad es que el tema requiere ser enfrentado con fórmulas mucho más consistentes.
Porque los vicios y las deformaciones de la PN son muy profundas y están ideológicamente muy arraigados dentro de una institución enmarcada dentro de un orden constitucional y una hegemonía social y política perversa, que la alimenta y protege.
Cambian los jefes, se anuncian reformas y depuraciones, y finalmente el “cuerpo del orden” (más bien de desorden) no cambia su conducta institucionalmente delictiva y despótica, apoyada en un sistema de ideas y en un conjunto de métodos y operativos que periódicamente se reciclan.
A los nuevos jefes se le colma de elogios y éstos, junto a los nuevos Presidentes, se comprometen a convertir la institución en algo ejemplar; pero las supuestas reformas y/o “transformaciones” no pasan de remiendo, poses y palabras que no modifican la esencia del cuerpo policial.
- Primero la voluntad disolver y concomitantemente de crear lo nuevo.
El tema viene de lejos y debo decir que desde hace varias décadas venimos planteando la necesidad de un plan que procure disolver progresivamente la Policía Nacional y reconstituirla sobre nuevas bases y nuevos valores; a los compases de un proceso constituyente que posibilite refundar el Estado dominicano, cada vez más degradado y gansterizado.
Solo así como se podría reconstituir, refundar una policía con características totalmente diferentes a la actual.
Dentro de esta institucionalidad ha sido imposible lograr una Policía Civil con una fuerte capacidad preventiva y de investigación, educada en el respeto a los derechos individuales y colectivos, bien formada en materia de derechos humanos y en el respeto inconmovible a la naturaleza no humana (a la Madre Tierra) y, además, colectivamente dotada de convicciones democráticas, libre de hostilidades hacia el resto de los civiles, de racismo anti-haitiano, de machismo, de desprecio a los menores y de conductas clasistas aberrantes; sujeta al control y fiscalización social desde las bases populares y con normas y mecanismos que impidan complicidades con la parte de su membrecía que ose delinquir y abusar de sus funciones.
Esto exige investigar y clasificar previamente su matrícula actual para solo incorporar a la nueva entidad sus componentes no corrompidos, con reales capacidad para reeducarse.
Exige definir los nuevos valores y métodos que deben predominar en la nueva mentalidad y el nuevo proceder policial en su relación con la sociedad.
Eso no se logra con depuraciones circunstanciales e interesadas que dejan intacta la esencia anti-democrática y delictiva de ese cuerpo encargado del orden y la seguridad ciudadana.
No se logra sacando sectores corrompidos o desafectos, preservando y protegiendo a otros de igual calaña, y garantizándole impunidad a todos, dentro y fuera de la institución.
- Retiros premiados.
Es muy común que ex jefes y altos oficiales policiales, comprometidos con corrupción y homicidios, puestos en retiro, sean a la vez propietarios de compañías privadas de seguridad y de otro tipo de empresas, y pasen a formar parte de los clanes políticos, grupos económicos, movimientos electorales y equipos de seguridad del liderazgos político tradicional y de ex-presidentes de la Republica,
Los ex presidentes y postulante a la presidencia, convertidos en candidatos permanentes y en jefes de partidos o de facciones de la partidocracia, gustosa y descaradamente incluyen en sus equipos y les brindan protección, cargos y complicidades empresariales a generales y coroneles de una tradición policial sangrienta conectada con todo tipo de corruptelas.
Pasó con Balaguer, Leonel, Hipólito y Danilo, y vuelve a pasar con Abinader y su PRM; bendecida su obra y sus beneficiarios por Obispos y Pastores (algunos de Capellanes con rangos de de coroneles y generales), bajo sobornos de los magnates del CONEP, de la Cámara Americana y la Cámara Minera y sus corporaciones transnacionales… sin faltar las donaciones de villas y mansiones como la que disfruta en Casa de Campo, por obra y gracia del Banco Popular, el General (r) Pedro de Jesús Candelier, e incluidas también las sub-contratas multimillonarias a favor del famoso jefe de los “cirujanos”, General (r) Guzmán Fermín, los dos principales líderes de las “ejecuciones extrajudiciales”.
Con esos precedentes, por más que se hable de reformas, en los nuevos jefes -aun con títulos de Directores a secuencia de una de esas “reformas”– las mismas inconductas no tardan en repetirse; nueva vez protegidos y bendecidos por una “clase política”, un poder mediático, una cúpula empresarial que controla el CONEP y una alta jerarquía eclesial ultra-conservadora (católica y evangélica), no precisamente dechadas de virtudes ética-morales, ni tan ajenas a ciertos negocios y privilegios turbios.
Y vaya coincidencia: un encumbrado representante del CONEP y LECHE RICA (no precisamente en proteínas), una alta figura de los agro-tóxicos de FERSAN y la oligarquía tradicional, ciertas intermediaciones del Banco Popular y del Grupo Estrella y de la nueva oligarquía de Santiago (socia de Agripino), y dos jerarcas de las dos principales corrientes religiosas empeñadas en hacer de un Estado supuestamente laico un Estado totalmente confesional….copan y controlan la nueva “Comisión Transformadora de la P.N.”, junto a destacados profesionales afiliados al neoliberalismo y al servicio de las privatizaciones; sin que falten, para darle “caché” al anuncio, prestigiosas figuras de la comunicación y la academia, sin poder de decisión y al parecer seducidas por falsas ilusiones abinerianas.
Todos/as compelidos por el Ejecutivo a no sobrepasar el marco legal y constitucional que define el tipo de Estado y de Policía, que inexorablemente terminan siendo parte del poder delincuente bajo influencia determinante del lumpen capitalismo de estos tiempos, cuyos centros de mando son los que en fin de cuentas bajo tutela imperial definen e instrumentan las reformas superficiales para retomar oxigeno.
Todos limitados a hacer análisis y propuestas que le tocará al Consejo Superior Policial, a sus jefes palaciegos y a sus tutores imperialistas decidir.
Pero esta hábil maniobra, con fuerte tono de show mediático de larga duración, no hay manera de que paso a paso no evidencie sus entrañas fraudulentas.
- Policía e institucionalidad.
Una Policía alternativa a la actual exige un cambio constitucional profundo que implica una refundación o reconstitución del Estado actual, de sus instituciones electivas y permanentes, mediante un proceso constituyente.
Con esta Constitución del 2010, este Congreso, estas instituciones, no es posible crear una nueva policía, que supere las lacras que corroen la actual.
El país necesita de otras reglas de juego, de una Constitución que garantice instituciones muy distintas a las actuales, incluida una Policía Nacional, que en lugar de factor negador de derechos, promotor y protector de delitos y de violencia, sea fuente de justicia y seguridad ciudadana.
Esto no es posible de lograr sin una hegemonía socio-política diferente y un rol destacado de las comunidades en el contexto de una verdadera democracia, que no es precisamente la mutilada democracia representativa-dependiente de EEUU; proclive a generar instituciones policiales como la que tenemos; a consecuencia sobre todo de negación de soberanía nacional y popular.
Los modelos policiales que se construyen en contextos parecidos a nivel continental y mundial adolecen de los mismos males.
Han pasado cosas parecidas con las policías de países con mucho más recursos, como EEUU, Brasil, México… Y ni la industria del cine de Hollywood ha podido ocultar lo que acontece en el Norte Revuelto y Brutal en materia de criminalidad policial.
En el marco de ese modelo de “democracia”, los cuerpos policiales encargados de perseguir el delito terminan separándose del resto de la sociedad y contaminándose. Se corrompen y usan su poder y su asociación con mafias políticas y empresariales para auto-protegerse y generar regímenes de impunidad.
Aquí la Constitución del 2010 establece un sistema constitucional cerrado, en el que solo él mismo, su propio Congreso convertido en Asamblea Revisora y comprometido con la corrupción estatal, es quien introduce y aprueba las modificaciones constitucionales. Los únicos cambios posibles son los que el propio sistema degradado tolere.
De ahí la necesidad imperiosa de vincular la reconstitución de la P.N. a la refundación del Estado a través de un proceso constituyente que incluya el Poder Constituyente que lo impulse y la Asamblea Constituyente Popular y Soberana capaz de crear lo nuevo y diferente; capaz de redefinir las nuevas bases constitucionales, las nuevas instituciones y los nuevos cuerpos y sistemas de seguridad ciudadana, fiscalización y control social, en los que el poder de las comunidades de base está llamado a jugar un papel protagónico insustituible.
En fin, el reto es crear democracia real, no usurpada ni usurpable por la partidocracia ni por las cúpulas empresariales, eclesiales y militares, que constantemente la degradan y corrompen.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.