Opinión
La impunidad se está imponiendo desde un Estado controlado por Abinader, EEUU, PRM y multimillonarios
La Procuradora independiente está cercada y la sociedad está obligada a romper el cerco.
Por Narciso Isa Conde
La sociedad dominicana comienza a inquietarse por la lentitud que se observa y los obstáculos que se les interponen, mutilan y bloquean el reclamado proceso en favor del fin de la impunidad de los delitos de Estado cometidos por conspicuos personeros de la partidocracia tradicional de todos los colores, cúpulas empresariales y altas jerarquías policiales y militares.
El accionar de la Procuradora Miriam Germán -de cuya integridad moral y compromiso con la justicia y la acción contra la impunidad sin preferencias nadie duda- luce cercada y obstruida por los agentes y factores que sostienen en gran escala el régimen de impunidad..
Y mientras tanto, el Presidente Abinader y no pocos representantes y portavoces del Estado -junto a poderosos medios de propaganda que les sirven- insisten en vender la idea de que, a partir del pasado 16 de agosto del 2020, en este país existe una “justicia independiente”.
Menos aun puede probarse la vigencia de un Poder Judicial (o sistema de tribunales) independiente, dado que el cuadro general en sus diversos escalones o instancias.es todavía peor que en las fiscalías.
En realidad, la actual correlación de fuerzas y la actitud del gobierno y las instituciones del Estado favorecen mucho a poco la continuidad en múltiples vertientes del régimen de impunidad histórica y también la venalidad judicial frente a la nueva corrupción en la nueva Administración de Estado y en su relación con la corruptela del gran capital privado y de los viejos y nuevos aliados del nuevo régimen.
El caso es digno de ser tenido en cuenta como experiencia a nivel continental aleccionadora.
El RESTO DEL ESTADO NO APORTA A LA INVESTIGACIÓN y AL ACCIONAR CONTRA LA IMPUNIDAD REINANTE
Los archivos del Palacio Nacional, de los Ministerios y entidades gubernamentales, del Congreso, Cuerpos Castrenses y Policía, DNI, DNCD, Alcaldías, Consejo Antidroga, Servicio Exterior, Empresas de Servicios Públicos, Organismos Fiscalizadores, Recaudadores y Financieros, Medios de Comunicación, Corporaciones, Bancos y Empresas Estatales, Autónomas del Estado o Mixtas…cuentan con valiosos y voluminosos fardos de pruebas e informaciones útiles para estructurar expedientes criminales y meter presos a un conjunto de empresarios privados y de funcionarios (civiles y militares); evidencias y pruebas que nunca llegan a la Procuraduría, ni a las fiscalías y tribunales de la República.
Esa cuestionable conducta depende en gran medida del Poder Ejecutivo y los dirigentes de los organismos electos, que no aportan nada sustancial, o contribuyen muy poco al accionar judicial contra la impunidad; históricamente limitado y usado por los gobiernos de turno como arma política contra adversarios electorales.
Ni hablar de cómo las grandes corporaciones privadas escamotean al Estado las informaciones sobre fraudes, evasiones y estafas multimillonarias.
Acontece, además, que ni el Presidente ni el Congreso le asignan a la Procuraduría un presupuesto que le permita crear estructuras y equipos para abortar tantos casos atascados; mientras esos poderes del Estado disfrutan de elevadas asignaciones que se derrochan en escandalosos privilegios, prácticas de nepotismo, empleos súper-numerarios y entidades disfuncionales.
El Presidente Abinader solo ha favorecido parcial y limitadamente investigaciones y procesos contra una parte de la corrupción danilista, mientras dilata la que concierne a su plana mayor; protege descaradamente a Leonel y sus alcancías mayores, a los jefes y ex jefes militares-policiales asesinos y ladrones, a las mafias empresariales privada y a los protagonistas y beneficiarios de la corrupción balaguerista, perredeista, hipolitista, perremeista, a partiditos, ONGs y Fundaciones sanguijuelas; y, para colmo, obvia los grandes delitos ambientales y contratos-estafas de las corporaciones mineras, turísticas y agropecuarias, mientras pregona en grande una transparencia y una vocación anticorrupción altamente deficitaria.
En la agenda del Presidente Abinader y de su gobierno no ha entrado la compra fraudulenta de las acciones de Baninter en Antena Latina y Antena 21 (me refiero al caso Bonetti-Fantasma, con dossier de pruebas incluidas, depositado en la Procuraduría por nosotros/as).
Tampoco la estafa de la AES y los Vicini a FONPER, el contrato leonino de Sansouci con los Vicini, el Contrato Estafa con Barrick Gold, el pasivo ambiental de Falcondo, el escándalo de COGENTRIX-González Bunster; el Grupo Martí, Arturo Santana y las mafias del gas propano y los combustibles.
Ni los financiamientos electorales de ODEBRECHT, ni la estafa colosal de Punta Catalina y sus consorciados INGENIERO ESTRELLA y ACERO ESTRELLA.
En su agenda no están incluida la operación fraudulenta de los Súper-Tucanos de Leonel y sus jefes militares, las fortunas procedentes de narco-corrupción y la narco-política (debidamente denunciadas por Tiro al Blanco y que incluye financiamiento electoral al PRM) y todo el contenido del ARCHIVO ABIERTO DE MARCHA VERDE.
Pero tampoco estos casos forman parte de la agenda activa o actuante de una Procuraduría atiborrada de casos, limitada de medios y cercada y obstruida por el resto del Estado, incluidos no pocos componentes del sistema judicial que la adversan.
Ni están en ninguna agenda estatal numerosos casos que bien puede inscribirse en la fase inicial de la nueva corrupción impune, correspondiente a los siete primero meses Gobierno y al Estado bajo la conducción del Presidente Abinader-PRM y aliados, los mega-millonarios de la oligarquía capitalista tradicional y la lumpen burguesía de nuevo tipo, tales como:
– La promoción presidencial gratuita a los carros eléctricos de la TESLA.
– La complicidad del Administrador del Banco de Reserva en la estafa de los Súper-Tucanos.
– La protección a los grandes empresarios mencionados más arriba que han estafado al Estado.
– El tráfico de influencia que implica designar a Lisandro Macarrulla, del Grupo Vicini, como responsable de la Comisión de Venta de Activos del Estado y miembro del Consejo encargado de instrumentar las APPs.
– El nombramiento de Jorge Mera como Ministro, al tiempo que fungir como defensor legal de Ángel Remigio Gonzales (El Fantasma), principal beneficiario del fraude de Antena Latina.
– El escándalo de la compra sobrevaluadas de Tabletas a la Novia de Villa de Andy Dahuajre y otras operaciones similares del Ministerio de Educación.
– Las viejas y nuevas ejecuciones extrajudiciales de la PN, y los robos que les han permitido a sus jefes amasar fortunas.
– El contrato ecocida con la Belfond y Acero/Acero en el Bahoruco Oriental-Barahona.
Pienso que cambiando los nombres de los casos y personajes, situaciones similares se repiten en no pocas de las llamadas democracias representativas y regímenes de derecha de Nuestra América.
URGE REACCIONAR
Urge romper el cerco y salir del estancamiento.
No debemos permitir pasivamente que la Procuradora Miriam Germán, patrimonio moral de la Nación y conquista puntual del movimiento anti-impunidad, sea tratada de esa manera.
No debemos permitir que continúe está delicada situación sin ser denunciada en todas sus vertientes.
Ella, además, tiene bagaje para contribuir a romper el cerco y pasar a la ofensiva.
Hay que sacudirse del conformismo que implica aceptar complacientemente que la acción anticorrupción y anti-impunidad tengan miras tan cortas y limitadas como la de atacar solo una parte de la corrupción danilista.
Frente al cerco y las obstrucciones, la mejor defensa es diversificar el ataque con los medios disponibles, poniendo de relieve otras vertientes de la corrupción.
Hay casos e iniciativas no activadas sobre las que la Procuraduría dispone de testimonios, datos y pruebas que permiten abrir nuevos procesos o ampliar y profundizar una parte de los ya instrumentados, tales como mostrar las sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht y sus financiamientos o sobornos electorales, activar en sí mismo el caso de las Plantas Eléctricas de Punta Catalina (mostrando el involucramiento del ex-presidente Danilo Medina con Odebrecht y develando los Codi-Nombres sobornados); descubrir todo el fraude de los Súper-Tucanos de la Embraer brasileña, con las evidencias que implican al ex-presidente Leonel Fernández Fernández; y desnudar las estafas de Antena Latina, FONPER-EGE HAINA-EGE ITABO, los fraudes de las mafias del gas propano y de los combustibles, y otros casos que tocan directamente a otras mafias políticas, empresariales y militares.
Esas iniciativas -junto a la investigación, emplazamiento y sanción de la nueva corrupción- cambiarían el cuadro y situaría a la defensiva a quienes, encabezados por el propio Presidente Abinader, pretenden imponer la lógica de los corruptos favoritos impunes.
La propia Procuradora General de la República necesita ya dar pasos más contundentes y generar debates de más profundidad, que no dejen espacio a las dudas respecto a su inconmovible independencia respecto al Gobierno y a los diversos componentes de la delincuencia de Estado y empresarial.
Esto es sumamente necesario para contrarrestar el plan que persigue debilitar su bien ganado prestigio y sembrar desconfianza en su gestión, lo que también requiere emplazar a otros poderes e instancias del Estado a cumplir con su deber, detener sus obstrucciones y abandonar sus negativas a potenciar acusaciones y cargos penales contra una gran parte importante de los protagonistas y beneficiarios de la gran corrupción y delitos conexos.
Hay que atreverse hacer lo que parece imposible, actitud capaz de generar apoyos que posibiliten cambiar la correlación de fuerzas y calentar las calles y plazas de la Nación.
La dignidad y la verdad pueden mover montañas y contrarrestar y estremecer un sistema constitucionalmente diseñado e instalado para prolongar indefinidamente, obstruir y debilitar la acción de justicia que afectaría a sectores poderosos.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
……………………………………………………..
El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.