Opinión
La impunidad se está imponiendo desde un Estado controlado por Abinader, EEUU, PRM y multimillonarios
La Procuradora independiente está cercada y la sociedad está obligada a romper el cerco.
Por Narciso Isa Conde
La sociedad dominicana comienza a inquietarse por la lentitud que se observa y los obstáculos que se les interponen, mutilan y bloquean el reclamado proceso en favor del fin de la impunidad de los delitos de Estado cometidos por conspicuos personeros de la partidocracia tradicional de todos los colores, cúpulas empresariales y altas jerarquías policiales y militares.
El accionar de la Procuradora Miriam Germán -de cuya integridad moral y compromiso con la justicia y la acción contra la impunidad sin preferencias nadie duda- luce cercada y obstruida por los agentes y factores que sostienen en gran escala el régimen de impunidad..
Y mientras tanto, el Presidente Abinader y no pocos representantes y portavoces del Estado -junto a poderosos medios de propaganda que les sirven- insisten en vender la idea de que, a partir del pasado 16 de agosto del 2020, en este país existe una “justicia independiente”.
Menos aun puede probarse la vigencia de un Poder Judicial (o sistema de tribunales) independiente, dado que el cuadro general en sus diversos escalones o instancias.es todavía peor que en las fiscalías.
En realidad, la actual correlación de fuerzas y la actitud del gobierno y las instituciones del Estado favorecen mucho a poco la continuidad en múltiples vertientes del régimen de impunidad histórica y también la venalidad judicial frente a la nueva corrupción en la nueva Administración de Estado y en su relación con la corruptela del gran capital privado y de los viejos y nuevos aliados del nuevo régimen.
El caso es digno de ser tenido en cuenta como experiencia a nivel continental aleccionadora.
El RESTO DEL ESTADO NO APORTA A LA INVESTIGACIÓN y AL ACCIONAR CONTRA LA IMPUNIDAD REINANTE
Los archivos del Palacio Nacional, de los Ministerios y entidades gubernamentales, del Congreso, Cuerpos Castrenses y Policía, DNI, DNCD, Alcaldías, Consejo Antidroga, Servicio Exterior, Empresas de Servicios Públicos, Organismos Fiscalizadores, Recaudadores y Financieros, Medios de Comunicación, Corporaciones, Bancos y Empresas Estatales, Autónomas del Estado o Mixtas…cuentan con valiosos y voluminosos fardos de pruebas e informaciones útiles para estructurar expedientes criminales y meter presos a un conjunto de empresarios privados y de funcionarios (civiles y militares); evidencias y pruebas que nunca llegan a la Procuraduría, ni a las fiscalías y tribunales de la República.
Esa cuestionable conducta depende en gran medida del Poder Ejecutivo y los dirigentes de los organismos electos, que no aportan nada sustancial, o contribuyen muy poco al accionar judicial contra la impunidad; históricamente limitado y usado por los gobiernos de turno como arma política contra adversarios electorales.
Ni hablar de cómo las grandes corporaciones privadas escamotean al Estado las informaciones sobre fraudes, evasiones y estafas multimillonarias.
Acontece, además, que ni el Presidente ni el Congreso le asignan a la Procuraduría un presupuesto que le permita crear estructuras y equipos para abortar tantos casos atascados; mientras esos poderes del Estado disfrutan de elevadas asignaciones que se derrochan en escandalosos privilegios, prácticas de nepotismo, empleos súper-numerarios y entidades disfuncionales.
El Presidente Abinader solo ha favorecido parcial y limitadamente investigaciones y procesos contra una parte de la corrupción danilista, mientras dilata la que concierne a su plana mayor; protege descaradamente a Leonel y sus alcancías mayores, a los jefes y ex jefes militares-policiales asesinos y ladrones, a las mafias empresariales privada y a los protagonistas y beneficiarios de la corrupción balaguerista, perredeista, hipolitista, perremeista, a partiditos, ONGs y Fundaciones sanguijuelas; y, para colmo, obvia los grandes delitos ambientales y contratos-estafas de las corporaciones mineras, turísticas y agropecuarias, mientras pregona en grande una transparencia y una vocación anticorrupción altamente deficitaria.
En la agenda del Presidente Abinader y de su gobierno no ha entrado la compra fraudulenta de las acciones de Baninter en Antena Latina y Antena 21 (me refiero al caso Bonetti-Fantasma, con dossier de pruebas incluidas, depositado en la Procuraduría por nosotros/as).
Tampoco la estafa de la AES y los Vicini a FONPER, el contrato leonino de Sansouci con los Vicini, el Contrato Estafa con Barrick Gold, el pasivo ambiental de Falcondo, el escándalo de COGENTRIX-González Bunster; el Grupo Martí, Arturo Santana y las mafias del gas propano y los combustibles.
Ni los financiamientos electorales de ODEBRECHT, ni la estafa colosal de Punta Catalina y sus consorciados INGENIERO ESTRELLA y ACERO ESTRELLA.
En su agenda no están incluida la operación fraudulenta de los Súper-Tucanos de Leonel y sus jefes militares, las fortunas procedentes de narco-corrupción y la narco-política (debidamente denunciadas por Tiro al Blanco y que incluye financiamiento electoral al PRM) y todo el contenido del ARCHIVO ABIERTO DE MARCHA VERDE.
Pero tampoco estos casos forman parte de la agenda activa o actuante de una Procuraduría atiborrada de casos, limitada de medios y cercada y obstruida por el resto del Estado, incluidos no pocos componentes del sistema judicial que la adversan.
Ni están en ninguna agenda estatal numerosos casos que bien puede inscribirse en la fase inicial de la nueva corrupción impune, correspondiente a los siete primero meses Gobierno y al Estado bajo la conducción del Presidente Abinader-PRM y aliados, los mega-millonarios de la oligarquía capitalista tradicional y la lumpen burguesía de nuevo tipo, tales como:
– La promoción presidencial gratuita a los carros eléctricos de la TESLA.
– La complicidad del Administrador del Banco de Reserva en la estafa de los Súper-Tucanos.
– La protección a los grandes empresarios mencionados más arriba que han estafado al Estado.
– El tráfico de influencia que implica designar a Lisandro Macarrulla, del Grupo Vicini, como responsable de la Comisión de Venta de Activos del Estado y miembro del Consejo encargado de instrumentar las APPs.
– El nombramiento de Jorge Mera como Ministro, al tiempo que fungir como defensor legal de Ángel Remigio Gonzales (El Fantasma), principal beneficiario del fraude de Antena Latina.
– El escándalo de la compra sobrevaluadas de Tabletas a la Novia de Villa de Andy Dahuajre y otras operaciones similares del Ministerio de Educación.
– Las viejas y nuevas ejecuciones extrajudiciales de la PN, y los robos que les han permitido a sus jefes amasar fortunas.
– El contrato ecocida con la Belfond y Acero/Acero en el Bahoruco Oriental-Barahona.
Pienso que cambiando los nombres de los casos y personajes, situaciones similares se repiten en no pocas de las llamadas democracias representativas y regímenes de derecha de Nuestra América.
URGE REACCIONAR
Urge romper el cerco y salir del estancamiento.
No debemos permitir pasivamente que la Procuradora Miriam Germán, patrimonio moral de la Nación y conquista puntual del movimiento anti-impunidad, sea tratada de esa manera.
No debemos permitir que continúe está delicada situación sin ser denunciada en todas sus vertientes.
Ella, además, tiene bagaje para contribuir a romper el cerco y pasar a la ofensiva.
Hay que sacudirse del conformismo que implica aceptar complacientemente que la acción anticorrupción y anti-impunidad tengan miras tan cortas y limitadas como la de atacar solo una parte de la corrupción danilista.
Frente al cerco y las obstrucciones, la mejor defensa es diversificar el ataque con los medios disponibles, poniendo de relieve otras vertientes de la corrupción.
Hay casos e iniciativas no activadas sobre las que la Procuraduría dispone de testimonios, datos y pruebas que permiten abrir nuevos procesos o ampliar y profundizar una parte de los ya instrumentados, tales como mostrar las sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht y sus financiamientos o sobornos electorales, activar en sí mismo el caso de las Plantas Eléctricas de Punta Catalina (mostrando el involucramiento del ex-presidente Danilo Medina con Odebrecht y develando los Codi-Nombres sobornados); descubrir todo el fraude de los Súper-Tucanos de la Embraer brasileña, con las evidencias que implican al ex-presidente Leonel Fernández Fernández; y desnudar las estafas de Antena Latina, FONPER-EGE HAINA-EGE ITABO, los fraudes de las mafias del gas propano y de los combustibles, y otros casos que tocan directamente a otras mafias políticas, empresariales y militares.
Esas iniciativas -junto a la investigación, emplazamiento y sanción de la nueva corrupción- cambiarían el cuadro y situaría a la defensiva a quienes, encabezados por el propio Presidente Abinader, pretenden imponer la lógica de los corruptos favoritos impunes.
La propia Procuradora General de la República necesita ya dar pasos más contundentes y generar debates de más profundidad, que no dejen espacio a las dudas respecto a su inconmovible independencia respecto al Gobierno y a los diversos componentes de la delincuencia de Estado y empresarial.
Esto es sumamente necesario para contrarrestar el plan que persigue debilitar su bien ganado prestigio y sembrar desconfianza en su gestión, lo que también requiere emplazar a otros poderes e instancias del Estado a cumplir con su deber, detener sus obstrucciones y abandonar sus negativas a potenciar acusaciones y cargos penales contra una gran parte importante de los protagonistas y beneficiarios de la gran corrupción y delitos conexos.
Hay que atreverse hacer lo que parece imposible, actitud capaz de generar apoyos que posibiliten cambiar la correlación de fuerzas y calentar las calles y plazas de la Nación.
La dignidad y la verdad pueden mover montañas y contrarrestar y estremecer un sistema constitucionalmente diseñado e instalado para prolongar indefinidamente, obstruir y debilitar la acción de justicia que afectaría a sectores poderosos.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.