Nacionales
Los préstamos amenazan la estabilidad económica del país.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido beneficiado por el Congreso Nacional en los ocho meses de gestión con la aprobación de prestamos y financiamientos por un monto de más de 6,599 millones de dólares, cuya principal motivación al solicitar los créditos es atender la crisis sanitaria y económica causada por el covid-19.
Sólo por temas directamente vinculados a la pandemia del covid-19 se aprobaron préstamos por más de 900 millones de dólares.
A dicha causa se suma las del financiamiento del programa en la cuenca del río Yaque del Norte, la financiación parcial para el aumento de capacidad de transporte de la línea I del Metro de Santo Domingo y el apoyo a la implementación en Edesur de la primera etapa del Plan Maestro para la Expansión del Sistema de Distribución (PMESD).
Igualmente, el préstamos destinado a la movilidad del transporte y seguridad vial en el país, así como la emisión y colocación de valores de la deuda pública, que entre todos suman US$6,599,085,369.05.
El último préstamo aprobado en el Congreso Nacional fue el pasado 18 de marzo: un monto de 236 millones 080 mil dólares, que consistió en un convenio de crédito entre la República Dominicana y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para financiar políticas públicas relacionadas a mitigar los efectos del covid-19.
También, el martes 27 de enero de este año, los diputados ratificaron el convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 95 millones 998 mil 500 dólares, para la compra de siete millones 999 mil 875 vacunas de ARNM BNT162 contra el SARS-COV2 para prevenir la pandemia del coronavirus.
De la misma manera, el pasado 25 de noviembre, la Cámara de Diputados sancionó en única lectura un préstamo de 100 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el “programa de políticas de desarrollo en apoyo a la respuesta de República Dominicana a la crisis de covid-19”.
En esa sesión, los diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Reformista Social Cristiano (PRSC) y Alianza País se opusieron al empréstito, sin efecto alguno. Ese mismo día, el Senado aprobó la compra por anticipado de 10 millones de vacunas contra el covid-19, producidas por la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford, a un precio de US$40,000,000.00, en virtud de un costo estimado de US$4.00 la unidad de dosis.
Mientras que el 21 de octubre de ese año, para financiar programas de fortalecimiento enfocados en la atención de la crisis efecto de la enfermedad, los diputados refrendaron dos contratos de préstamos de US$250 millones cada uno, para un total de US$500 millones.
Así también, el día 7 de ese mismo mes, con el voto de 23 senadores de los 26 presentes en la sesión, la Cámara Alta refrendó un acuerdo de compromiso (arreglo de compra comprometida), del 18 de septiembre de 2020, suscrito con Gavi Alliance, una organización sin fines de lucro establecida en Suiza, con el objetivo de que el Gobierno dominicano participe de manera autofinanciada, con un monto total de 22 millones 889 mil 280 dólares, en el Mecanismo Covax, para asegurar en principio el acceso del 10% de la población a vacunas seguras y eficaces contra la patología. Por tanto, a causa de la crisis generada por la pandemia, se aprobaron préstamos ascendentes a los 994 millones 967 mil 780 dólares.
En la sesión ordinaria del 09 de marzo pasado, la Cámara Baja aprobó un contrato de préstamo por 155 millones de dólares destinado al sector eléctrico para la Unidad de Ejecución de Programas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). El financiamiento lo firmó el Estado dominicano con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a aumentar la eficiencia operativa de Edesur.
Además, el Congreso ratificó el 12 de enero de este año el convenio de crédito por un monto total de 44 millones 979 mil 162 con 63 centavos de euros, firmado por el Gobierno con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) destinado al financiamiento parcial del “Proyecto de Aumento de Capacidad de Transporte de la Línea I del Metro de Santo Domingo”.
Del mismo modo, la Cámara de Diputados aprobó en única lectura un convenido de crédito suscrito entre la Agencia Francesa para el Desarrollo y la República Dominicana, por un monto EUR$20 millones de euros. Fue en fecha del 15 de diciembre del pasado año.
Según el informe de la iniciativa, el dinero era para financiar y refinanciar los gastos elegibles del proyecto designado para el programa de agroforestería y de gestión integral de los recursos naturales implementado por la asociación sin fines de lucro Plan Sierra, situado en la vertiente sur de la cuenca media y alta del río Yaque del Norte.
A más de, el 15 de diciembre del 2020, el Senado ratificó un convenio de préstamo por 250 millones de dólares (US$250,000,000.00), destinado a la movilidad del transporte y seguridad vial en el país, que había sido suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 27 de diciembre del 2019. Estos cuatro préstamos suman un total de 482 millones 394 mil 406 dólares con 34 centavos, que junto a los 994 millones 967 mil 780 dólares, el Congreso ha solicitado en los anticipos no menos de mil 477 millones 362 mil 186 dólares con 34 centavos (US$ 1,477,362,186.34).
En la sesión extraordinaria del Senado de la República del pasado 21 de diciembre, el pleno aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, la emisión y colocación de valores de la deuda pública por un monto de hasta 291 mil 528 millones 487 mil 163 pesos con 15 centavos (RD$291,528,487,163.15) para este 2021, que traducido a dólares suman 5 mil 121 millones 723 mil 182 con 71 centavos.
La iniciativa, que no contó con el voto favorable de la bancada peledeísta en ninguna de las cámaras, indica que la colocación de esos valores se realizará en los mercados capitales doméstico e internacional.
Precisa, además, que para el mercado local los valores autorizados deberán ser colocados bajo las mejores condiciones de tasas de intereses, así como serán consignados en un Sistema de Registro Electrónico de Valores.
Nacionales
Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.
Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.
“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.
Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.
Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.
“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.
El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.
En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
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En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.
Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.