Santo Domingo, RD.-Un concurso de oposición docente dirigida a profesionales de la educación para que cubran las vacantes en los centros educativos públicos a nivel nacional, abrió este lunes el Ministerio de Educación, el cual busca escoger el personal requerido durante 2021-2022.Nacionales
Abren convocatoria a concurso para profesionales de la educación
Santo Domingo, RD.-Un concurso de oposición docente dirigida a profesionales de la educación para que cubran las vacantes en los centros educativos públicos a nivel nacional, abrió este lunes el Ministerio de Educación, el cual busca escoger el personal requerido durante 2021-2022.La jornada, dispuesta hasta el 20 de julio, abarca los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria en todas sus modalidades. Incluye además la aplicación de psicólogos educativos y orientadores, así como también de directores de centros educativos, a ingresar el próximo año escolar 2021-2022.
Los maestros son escogidos según sus calificaciones hasta completar las plazas disponibles.
El anuncio fue dado a conocer por la comisión del concurso en rueda de prensa encabezada por el ministro de Educación Roberto Fulcar, quien sostuvo que, con el concurso procura que el sistema educativo sea conformado con los docentes más competentes.
“El concurso de oposición docente es la regla y ha debido ser la regla siempre, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Educación 66-97, a lo que manda el Estatuto del Docente y el Pacto por la reforma educativa. Pero, ocurre que el concurso se convirtió en la excepción y la regla pasó a ser el contrato”, dijo el ministro.
Fulcar agregó que pasó el tiempo del contrato discrecional, mientras que la institucionalidad “vuelve a ser la norma y por eso estamos recurriendo a este camino que es un proceso democrático, institucional, sumamente ético y sobre todo participativo”.
De su lado, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, valoró como positivo el anuncio.
Para cumplir las medidas de bioseguridad requeridas por las autoridades de Salud Pública a fin de evitar el contagio del Covid 19, el concurso será realizado de manera simultánea en las 18 regionales, por nivel, iniciando con el nivel Primario, siguiendo con el nivel Inicial, y luego con el nivel Secundario y los directores de Centros Educativos.
Los orientadores serán evaluados junto con los directores y los maestros del nivel secundario.
A los concursantes se les aplicará una evaluación que consta de dos exámenes: Uno de habilidades cognitivas generales y otro de Conocimientos Disciplinares y Pedagógicos.
Los concursantes que como promedio de esas dos pruebas alcancen una puntuación igual o mayor a 70 puntos, pasarán a la siguiente etapa, que es la Entrevista por Competencia, que tendrá un valor de 30 puntos.
De todos los que resulten aprobados en el concurso, se irán escogiendo los de más altas calificaciones hasta completar la cantidad de plazas disponibles. Luego de llenadas las plazas disponibles, los concursantes que superaron la calificación de 70 puntos pasarán al Banco de Elegibles.
Requisitos
Los aspirantes deben poseer título de licenciatura en Educación, certificado por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, además acta de nacimiento, copia de cédula, certificación de no antecedentes penales, con una antigüedad no mayor de 30 días a la fecha de la convocatoria, currículo, certificado médico de salud física y psicológica con fecha posterior a la convocatoria en original, copia de certificados de cursos de formación continua emitidos por universidades e institutos reconocidos.
En caso de poseer un título emitido en el extranjero, deberá estar homologado por el Ministerio de Educación Superior y apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Proceso
Todos los documentos deberán ser escaneados y enviados a la página oficial del Ministerio de Educación a la dirección electrónica www.ministeriodeeducacion.gob.do, en el plazo de 30 días establecido, que inician a partir de hoy con la preparación de documentos y continuarán el próximo lunes 2 de julio con el registro o inscripción de los postulantes.
La comisión de concurso, está presidida por Rafael Alcántara, viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación. Tiene como función principal la organización, montaje y dirección del proceso de concurso en los tres niveles y preparar el protocolo que se aplicará durante el proceso en medio de esta pandemia de COVID19.
La comisión está compuesta, además por las viceministras Ligia Pérez, de Servicios Técnicos y Pedagógicos y Julissa Hernández de Planificación y Desarrollo Educativo, los directores del Gabinete del MINERD Paulino Ogando, de Gestión Humana, Dilia Stephany Ubiera, Jimmy Rosario, de Tecnología de la Información y una representación de la Asociación Dominicana de Profesores.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
Según el tribunal, estas disposiciones «imponían barreras desproporcionadas» al exigir que las candidaturas independientes cumplieran requisitos similares a los de los partidos políticos, lo que resultaba en una limitación al derecho fundamental a elegir y ser elegido.
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
En el caso del electorado, esto podría significar un aumento en las opciones políticas, especialmente en un contexto donde los partidos tradicionales a menudo dominan el escenario electoral. La posibilidad de que ciudadanos puedan presentar sus propuestas de forma independiente, sin depender de estructuras partidarias, generaría un mayor interés y nuevas opciones.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
Las candidaturas independientes plantean retos significativos, como la viabilidad financiera y organizativa. Será crucial que las autoridades electorales establezcan mecanismos claros y accesibles para garantizar que estas nuevas opciones no solo existan en papel, sino que puedan competir de manera efectiva.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
La sentencia concluyó que había una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados, porque se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
“¡Buenas noticias para la República Dominicana! Hemos sido notificados que han sido agotados los procedimientos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo “Cielos Abiertos” entre nuestro país y los Estados Unidos”, cita el mandatario.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
Además, prometieron un aumento en la frecuencia de vuelos, tarifas más competitivas y una mayor diversidad de servicios. Según el presidente Luis Abinader, esta iniciativa representa un paso clave para el fortalecimiento de las conexiones internacionales y el desarrollo económico del país.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.
Finalmente, el Tribunal ordenó remitir la sentencia al presidente para que proceda con la firma y el sometimiento del acuerdo en el Congreso Nacional, asegurando que las aerolíneas respeten las leyes locales y adopten prácticas comerciales justas y transparentes. Además, se contempla un mecanismo de resolución de controversias mediante arbitraje, lo que refuerza la seguridad jurídica del pacto.