Santo Domingo, RD.-El país se opuso a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizara su sesión sobre Haití de manera privada.Nacionales
El país se opone a «reunión privada» del Consejo de Seguridad ONU sobre Haití
Santo Domingo, RD.-El país se opuso a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizara su sesión sobre Haití de manera privada.“Nuestro profundo desacuerdo de realizar esta sesión en formato privado. República Dominicana conoce las reglas de procedimiento del Consejo y las respeta. No obstante, frente a la magnitud de los hechos, entendemos que el Consejo de Seguridad debió invitar a nuestro país a participar de una manera activa ya que seriamos el más afectado en caso de producirse un desborde de esta crisis más allá de sus fronteras.
En actual contexto la República Dominicana se ve directamente impactada por dicha situación, lo que representa una amenaza para nuestra seguridad nacional”.
El embajador dijo que República Dominicana se reiteraba a disposición de trabajar de mano de este órgano en beneficio de estabilidad del vecino Haití.
Dijo que las autoridades dominicanas no tenían confirmación de entrada o salida de los perpetradores del magnicidio por suelo dominicano. “No tenemos ninguna información al respecto”, dijo a periodistas que cubrieron su declaración.
República Dominicana lamentó y condenó en los términos más enérgicos el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise.
“Deseamos expresar más sinceras condolencias al pueblo haitiano. Confiamos que la justicia pueda actuar estableciendo responsabilidades y sometiendo a todas las personas involucradas en magnicidio”, dice la declaración leída en Naciones Unidas.
El Gobierno dominicano señaló que este acto solo puede contribuir a desestabilizar el país vecino, que ya venía afectado por una crisis social y política, que se suma a la inseguridad ciudadana reinante desde hace años.
Además pidió que la comunidad internacional asuma el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento, no solo para la región sino para la comunidad internacional.
“Solicitamos que se pueda garantizar la seguridad del pueblo haitiano y que esa seguridad se extienda a nuestro país y la región”, dijo
El Gobierno dominicano pidió brindar de manera urgente la asistencia humanitaria que necesita el pueblo haitiano. “Eso no debe ser postergado. Hacer caso omiso no debe ser una opción”, indica su declaración.
La República Dominicana lamenta y condena en los términos más enérgicos, el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Frente a este hecho deplorable, deseamos expresar nuestras más sentidas condolencias al Pueblo y Gobierno de Haití, así como a las familias de los afectados. Asimismo, confiamos en que la justicia pueda actuar con rapidez estableciendo responsabilidades y sometiendo a la acción de la justicia a todas las personas involucradas en este magnicidio.
Este acto criminal solo puede contribuir a desestabilizar aún más al país vecino, ya afectado por una prolongada crisis política, a lo que se agrega un alto nivel de inseguridad ciudadana, lo cual hemos venido señalando desde nuestra participación como miembros no-permanentes del Consejo de Seguridad. Además, esta realidad refleja la prolongada situación de inestabilidad en que se encuentra Haití, profundizada por los nefastos efectos de la pandemia del COVID-19.
De ahí la necesidad de que la comunidad internacional, asuma de una vez y por todas, el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento, no solo para la región, sino también para toda la comunidad internacional. De igual manera, solicitamos la asistencia necesaria para que las autoridades de ese país puedan garantizar la seguridad del pueblo haitiano y evitar que esa inestabilidad se extienda a nuestro país y el resto de la región. Reiteramos nuestro llamamiento sobre la necesidad de brindar de manera urgente la asistencia humanitaria que requiere el pueblo haitiano. Esto NO debe postergarse ni un instante más. Hacer caso omiso a esta grave situación NO debe ser una opción para el caso de Haití.
Aprovechamos la ocasión, para expresar nuestro profundo desacuerdo con la decisión del Consejo de Seguridad de realizar esta sesión sobre la situación de Haití en formato privado. República Dominicana conoce las reglas de procedimiento del Consejo de Seguridad y las respeta.
No obstante, frente a la magnitud de los hechos y la crisis que se vive hoy en Haití, país con el que compartimos una extensa frontera terrestre, entendemos que, el Consejo de Seguridad debió invitar a nuestro país a participar de una manera activa, ya que seríamos el más afectado en caso de producirse un desborde de esa crisis, más allá de sus fronteras.
En el actual contexto, la República Dominicana se ve directamente impactada por dicha situación, lo que representa una amenaza para nuestra seguridad nacional.
Finalmente, reconocemos el trabajo que realiza el Consejo de Seguridad en favor de la paz y la seguridad internacionales, y en este sentido reiteramos la disposición del Gobierno dominicano de trabajar de la mano con este órgano en beneficio de la estabilidad política de nuestra región.
Santo Domingo. – Tras una declaración de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.