Santiago, RD.- Una gran expectación ha causado en Santiago y algunos de cuyos residentes se colocaron en este domingo en la parte frontal del Palacio de Justicia de la segunda ciudad en importancia del país y llamó a la atención que los imputados fueron trasladados sin cascos protectores ni chalecos antibalas como lo manda el protocolo al respecto.Nacionales
Violación del protocolo en traslado de imputados sin cascos ni chalecos antibalas.
Santiago, RD.- Una gran expectación ha causado en Santiago y algunos de cuyos residentes se colocaron en este domingo en la parte frontal del Palacio de Justicia de la segunda ciudad en importancia del país y llamó a la atención que los imputados fueron trasladados sin cascos protectores ni chalecos antibalas como lo manda el protocolo al respecto.En los alrededores había miembros de la dirección de videos del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat) y agentes del equipo Swat vigilaban la explanada desde el lobby del Palacio de Justicia.
Y no era para menos. Se trata de acusaciones de narcotráfico y lavado de activos contra 21 personas.
Varios de sus parientes se dirigían a una cárcel de la institución con jugos, bolsas de comida y botellas de agua, aunque otros preferían esperar observando el ambiente desde dentro de sus vehículos en el parqueo. En ambos casos, se alejaban u ocultaban al ver la cercanía de los medios de comunicación.
En tanto que algunos abogados aprovecharon la oportunidad y esperaron afuera para ponerse a las órdenes de los presuntos criminales.
Una vez dentro, por una puerta trasera y privada que dirige directamente a la “carcelita” del Palacio de Justicia subieron, uno por uno, los imputados: 6 mujeres y 15 hombres.
Pese a que pueden ser personas “altamente peligrosas”, de ser cierto los postulados del Ministerio Público (MP) sobre las vinculaciones de los acusados al crimen organizado, a las 9:00 de la mañana fueron ingresados, sin otro equipo de seguridad más que el acompañamiento de las Unidades de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).
En el pasillo se acumulaban los abogados, de dos a tres por implicado, y conversaban entre ellos o con la prensa.
Uno de los primeros que accedió a dar declaraciones fue Elvin Acosta, quien aseguró representar a cinco de los acusados.
“Nosotros recibimos la solicitud de medida de coerción ayer (sábado); como ustedes pueden notar es bien voluminosa, la estamos analizando y despejando prueba por prueba, para ver a quien ligan con cada persona… es decir, si tienen o no responsabilidad penal, pero nosotros todavía no hemos estudiado a fondo (la solicitud)”, dijo augurando el aplazamiento de la medida.
Acosta fue seguido por el abogado Santiago Peralta, quien manifestó que se ha vendido un “show mediático” y cuestionó la forma de operar de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien lleva alrededor de cinco días en su ciudad natal como parte del proceso. Berenice Reynoso estaba en esos momentos reunida con varios fiscales, entre ellos Osvaldo Bonilla Hiraldo, de Santiago. En lo que finalizaba el encuentro, dos miembros de seguridad llevaron galletas de soda y fardos de botellas de agua exclusivamente para los miembros del MP para la que prometía ser una larga jornada.
Según la ex fiscal del Distrito Nacional, tienen miles de páginas con la que armaron el expediente y, cuando a las 10:05 de la mañana el Ministerio Público hizo su aparición, los primeros en entrar fueron esos documentos, archivados en un contenedor plástico.
Con los implicados rodeados de al menos dos docenas de oficiales altos y fornidos, así como también con la presencia de los fiscales, solo faltaban los abogados más la jueza en la calurosa sala de audiencias del Segundo Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.
El aire acondicionado y comodidad del Juzgado de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santiago fue sustituido por una sala cuya única ventilación eran varias persianas y un abanico ubicado en el área del Ministerio Público, por la necesidad de un espacio capaz de acoger a tantas personas.
La audiencia inició pasada media mañana, con una hora de retraso, luego de que los detenidos fueran cuestionados por la secretaria del tribunal, quien tomó sus generales, así como las de los abogados que los representan.
A medida que subía el sol y avanzaba la mañana el intenso calor era sofocante en los pasillos del amplio Palacio de Justicia, aún más lo era en la sala de audiencias donde las ventanas fueron cerradas por precaución, quizás previniendo algún atentado. Aprovechando que un agente de la Policía entraba a la sala de audiencias con un abanico, el fotógrafo de Listín Diario, Raúl Asencio capturó con su lente al suspendido director de Comunidad Digna recostado cómodamente en su asiento, como si posara para la instantánea.
Luego de dos horas de debates y conversaciones, la jueza dio un receso de algunos 35 minutos antes de ofrecer su decisión. En el pasillo, los periodistas intentaban tomar fotografías del interior de la sala de audiencias, mientras la UTAR evitaba a toda costa que se acercaran a algún tramo de las persianas.
Aproximadamente tres horas de incertidumbre vivió la prensa, animada de vez en cuando por las ocurrencias de un conocido personaje cómico de la ciudad, hasta escuchar como susurros el fallo de la jueza. “El 17” fue la expresión que aseguró a todos que la audiencia había sido aplazada hasta el próximo viernes, a fin de dar tiempo a los abogados a preparar sus defensas.
Culminada la audiencia, la primera en pasar por la puerta fue la jueza Iris Borges. Contrario a como sucede en Santo Domingo, la magistrada tuvo que salir directamente al pasillo y evadió ,como pudo, a los reporteros, quienes la atosigaban deseosos por saber del proceso que fueron excluidos.
Lo que se le escuchó decir entre el pequeño cerco de policías y agentes del Nuevo Modelo Penitenciario fue: “Pueden acceder al fallo y conocer la decisión”.
En los últimos escalones de las largas y elegantes escaleras que se alzan a cada lado del lugar se posicionó el Ministerio Público y la directora de Persecución informó que este lunes solicitarán a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para que conozca la acusación contra varios legisladores que están involucrados en la Operación Falcón. En el caso se acusa de narcotráfico y lavado de activos a María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales.
También a Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rogríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
En ese orden, el ingeniero explicó que el objetivo actual es acelerar la ejecución de los trabajos. Para tales fines, se habilitarán tres frentes de construcción: uno desde Santiago hacia Puerto Plata, otro desde Puerto Plata hacia Santiago y un tercero desde el tramo central de la vía.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
La funcionaria también agradeció el respaldo del sector empresarial al proyecto y aseguró que el Gobierno impulsa soluciones orientadas a acompañar ese crecimiento de la región mediante la construcción y ampliación de carreteras, puentes y otras obras estratégicas.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Sin embargo, no pudieron impedir que los legisladores oficialistas le permitieran a la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader acudir a las entidades financieras internacionales.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
“Intervendrán puntos críticos en corredores troncales, infraestructuras para entornos escolares seguros e implementará acciones prioritarias para la siniestralidad”, versa el texto del documento que presentó Paulino en la sesión.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
El decreto también reafirma que todo importador deberá declarar en el formulario electrónico de Declaración Única Aduanera (DUA), si tiene conocimiento o información razonable de que las mercancías, productos y bienes que importa han sido producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Además, se tomará en cuenta los informes, alertas, investigaciones o evaluaciones emitidos por organismos internacionales competentes, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras fuentes de información que arrojen algún indicio.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
En caso de que se concluya que sí existió el trabajo forzoso durante el proceso de elaboración del producto importado, se dispondrá la prohibición de importación de las mercancías, productos o bienes comprendidos en la determinación y específicamente vinculadas al productor, fabricante, suplidor o cadena de suministro respecto de los cuales se haya determinado la utilización de trabajo forzoso.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.