Santiago, RD.- Una gran expectación ha causado en Santiago y algunos de cuyos residentes se colocaron en este domingo en la parte frontal del Palacio de Justicia de la segunda ciudad en importancia del país y llamó a la atención que los imputados fueron trasladados sin cascos protectores ni chalecos antibalas como lo manda el protocolo al respecto.Nacionales
Violación del protocolo en traslado de imputados sin cascos ni chalecos antibalas.
Santiago, RD.- Una gran expectación ha causado en Santiago y algunos de cuyos residentes se colocaron en este domingo en la parte frontal del Palacio de Justicia de la segunda ciudad en importancia del país y llamó a la atención que los imputados fueron trasladados sin cascos protectores ni chalecos antibalas como lo manda el protocolo al respecto.En los alrededores había miembros de la dirección de videos del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat) y agentes del equipo Swat vigilaban la explanada desde el lobby del Palacio de Justicia.
Y no era para menos. Se trata de acusaciones de narcotráfico y lavado de activos contra 21 personas.
Varios de sus parientes se dirigían a una cárcel de la institución con jugos, bolsas de comida y botellas de agua, aunque otros preferían esperar observando el ambiente desde dentro de sus vehículos en el parqueo. En ambos casos, se alejaban u ocultaban al ver la cercanía de los medios de comunicación.
En tanto que algunos abogados aprovecharon la oportunidad y esperaron afuera para ponerse a las órdenes de los presuntos criminales.
Una vez dentro, por una puerta trasera y privada que dirige directamente a la “carcelita” del Palacio de Justicia subieron, uno por uno, los imputados: 6 mujeres y 15 hombres.
Pese a que pueden ser personas “altamente peligrosas”, de ser cierto los postulados del Ministerio Público (MP) sobre las vinculaciones de los acusados al crimen organizado, a las 9:00 de la mañana fueron ingresados, sin otro equipo de seguridad más que el acompañamiento de las Unidades de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).
En el pasillo se acumulaban los abogados, de dos a tres por implicado, y conversaban entre ellos o con la prensa.
Uno de los primeros que accedió a dar declaraciones fue Elvin Acosta, quien aseguró representar a cinco de los acusados.
“Nosotros recibimos la solicitud de medida de coerción ayer (sábado); como ustedes pueden notar es bien voluminosa, la estamos analizando y despejando prueba por prueba, para ver a quien ligan con cada persona… es decir, si tienen o no responsabilidad penal, pero nosotros todavía no hemos estudiado a fondo (la solicitud)”, dijo augurando el aplazamiento de la medida.
Acosta fue seguido por el abogado Santiago Peralta, quien manifestó que se ha vendido un “show mediático” y cuestionó la forma de operar de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien lleva alrededor de cinco días en su ciudad natal como parte del proceso. Berenice Reynoso estaba en esos momentos reunida con varios fiscales, entre ellos Osvaldo Bonilla Hiraldo, de Santiago. En lo que finalizaba el encuentro, dos miembros de seguridad llevaron galletas de soda y fardos de botellas de agua exclusivamente para los miembros del MP para la que prometía ser una larga jornada.
Según la ex fiscal del Distrito Nacional, tienen miles de páginas con la que armaron el expediente y, cuando a las 10:05 de la mañana el Ministerio Público hizo su aparición, los primeros en entrar fueron esos documentos, archivados en un contenedor plástico.
Con los implicados rodeados de al menos dos docenas de oficiales altos y fornidos, así como también con la presencia de los fiscales, solo faltaban los abogados más la jueza en la calurosa sala de audiencias del Segundo Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.
El aire acondicionado y comodidad del Juzgado de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santiago fue sustituido por una sala cuya única ventilación eran varias persianas y un abanico ubicado en el área del Ministerio Público, por la necesidad de un espacio capaz de acoger a tantas personas.
La audiencia inició pasada media mañana, con una hora de retraso, luego de que los detenidos fueran cuestionados por la secretaria del tribunal, quien tomó sus generales, así como las de los abogados que los representan.
A medida que subía el sol y avanzaba la mañana el intenso calor era sofocante en los pasillos del amplio Palacio de Justicia, aún más lo era en la sala de audiencias donde las ventanas fueron cerradas por precaución, quizás previniendo algún atentado. Aprovechando que un agente de la Policía entraba a la sala de audiencias con un abanico, el fotógrafo de Listín Diario, Raúl Asencio capturó con su lente al suspendido director de Comunidad Digna recostado cómodamente en su asiento, como si posara para la instantánea.
Luego de dos horas de debates y conversaciones, la jueza dio un receso de algunos 35 minutos antes de ofrecer su decisión. En el pasillo, los periodistas intentaban tomar fotografías del interior de la sala de audiencias, mientras la UTAR evitaba a toda costa que se acercaran a algún tramo de las persianas.
Aproximadamente tres horas de incertidumbre vivió la prensa, animada de vez en cuando por las ocurrencias de un conocido personaje cómico de la ciudad, hasta escuchar como susurros el fallo de la jueza. “El 17” fue la expresión que aseguró a todos que la audiencia había sido aplazada hasta el próximo viernes, a fin de dar tiempo a los abogados a preparar sus defensas.
Culminada la audiencia, la primera en pasar por la puerta fue la jueza Iris Borges. Contrario a como sucede en Santo Domingo, la magistrada tuvo que salir directamente al pasillo y evadió ,como pudo, a los reporteros, quienes la atosigaban deseosos por saber del proceso que fueron excluidos.
Lo que se le escuchó decir entre el pequeño cerco de policías y agentes del Nuevo Modelo Penitenciario fue: “Pueden acceder al fallo y conocer la decisión”.
En los últimos escalones de las largas y elegantes escaleras que se alzan a cada lado del lugar se posicionó el Ministerio Público y la directora de Persecución informó que este lunes solicitarán a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para que conozca la acusación contra varios legisladores que están involucrados en la Operación Falcón. En el caso se acusa de narcotráfico y lavado de activos a María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales.
También a Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rogríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
Hasta el momento, el magistrado de SCJ aún no ha informado si estas son sus pretensiones. Si no fuese confirmado en el puesto, deberá entregarlo cuando se desarrolle la toma de posesión de quien le sustituirá.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
Esta entidad considera que “la ausencia de una convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia”
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
“La noble petición se subsidia en atención a que soslayar el enunciado del mandato constitucional genera que la sociedad quede inscrita en un estado límbico ante la connatural incertidumbre que se genera en el seno de la propia alta instancia judicial”, dijo durante una rueda de prensa el jurista Carlos Balcácer, quien es representante del IDDP.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.