Opinión
Algo ominoso sobre la estrategia de EEUU-Biden en el Gran Caribe
Una ruta de luchas dirigidas a alcanzar la unidad multinacional y multicultural latino-caribeña camino a una Patria Grande auto-determinada y liberada socialmente.
Por Narciso Isa Conde
“En esa ruta la República Dominicana es muy tenida en cuenta por el Pentágono, la CIA, el FBI y el Departamento de Estado, para sus planes políticos-militares en el Gran Caribe;sobre todo decara a Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua…”
El Comando Sur del PENTÁGONO, con asiento en Florida y jurisdicción militar-imperial hasta Tierra de Fuego, ha estado sumamente activo en los últimos meses, especialmente con no pocas incursiones en República Dominicana.
Igual los buques de guerra de la IV Flota norteamericana.
SE INTENSIFICAN LOS AMORES CON EL COMANDO SUR.
Las visitas a nuestro país han sido frecuentes de cara a toda la isla compartida con Haití, seguidas de acuerdos e iniciativas altamente lesivos a las soberanías de ambos países, ya sensiblemente conculcadas; lo que incluyó intercambios con los jefes militares y con el presidente de la República, acompañados de cursos de instrucción a suboficiales dominicano y convenios sobre programas de formación y ejercicio militares conjuntos.
A raíz del magnicidio de Presidente haitiano Jovenel Moises, ejecutado dentro la lógica imperial de relevar lo que se pudre y combinarlo con la prolongación y profundización del caos bajo su control, visitó nuestro país el Buque USSS BILLINGS de la Armada estadounidense concomitantemente con la presencia del Contralmirante y el Vicealmirante del Comando Sur y de la IV Flota, Donald Gabrielson y Sinclair M.Harris, precisamente en el momento en que se consumaba el hecho criminal con la participación de un componente paramilitar de su plataforma colombiana.
Días después, el Ministro de Defensa del Gobierno dominicano, que preside el empresario metido a político, Luis Abinader Corona -caracterizado por su extrema subordinación a EEUU en todo lo relacionado con la política exterior y con las políticas públicas internas- visitó recientemente la sede del Comando Sur y ofreció la siguiente información a través del Portal del Ministerio de Defensa:
Ministro de Defensa visita sede del Comando Sur; RD estrecha vínculos con ejército de los EE.UU.
MIAMI, FLORIDA /Agosto 8, 2021.- “El Ministro de Defensa, Teniente General CARLOS LUCIANO DÍAZ MORFA, ERD, realizó la pasada semana una visita de trabajo a la sede del Comando Sur de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, ubicada en la ciudad de Miami, para conversar con el Almirante CRAIG STEPHAN FALLER, comandante de esa unidad.”
“La agenda del intercambio del Ministerio de Defensa (MIDE) con el Comando Sur incluyó temas relacionados con las acciones conjuntas en el campo de la seguridad regional, y diferentes asuntos de la tradicional cooperación entre las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y las de los Estados Unidos.”
“Díaz Morfa y Faller, además, hablaron sobre el programa de ejercicios binacionales para aumentar la operatividad de la fuerza, y acerca de la colaboración para mejorar la capacidad profesional de soldados dominicanos con los programas de entrenamiento que ofrece el Comando Sur.”
“Acompañaron al Ministro de Defensa: el General de Brigada Santo Domingo Guerrero Clase, ERD, Director de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto (J-3), del MIDE y una comitiva de oficiales y suboficiales.”
Recientemente, inició un proceso de revisión para fortalecer el aspecto académico de los programas de la carrera de suboficiales en las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos, la Guardia Nacional de Puerto Rico y el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC) por sus siglas en inglés.”
Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto, J-5 y Relaciones Públicas, MIDE.
A esto se suma que la frontera terrestre dominico-haitiana y su valla en construcción están bajo control del Comando Sur del Pentágono y de Israel.
DE RODILLAS ANTE UN IMPERIO DECADENTE Y DESTRUCTIVO.
El compromiso de realizar “acciones conjuntas en el campo de la seguridad nacional” no tiene otra traducción que no sea la participación de las fuerzas armadas dominicanas, cuyo Comandante en Jefe es el Presidente de turno Luis Abinader, en operaciones, agresiones e invasiones militares de EEUU contra los países de Nuestra América que han emprendido la ruta de la nueva independencia.
Algo realmente bochornoso, indignante e inaceptable, que a tono con la estrategia de la Administración de Biden confirma la determinación del actual gobierno de convertir el Estado Dominicano y sus fuerzas militares en un instrumento de la agresiva y destructiva decadencia del imperialismo estadounidense, armónico al anuncio de “la colaboración para mejorar la capacidad profesional de soldados dominicanos con los programas de entrenamiento que ofrece el Comando Sur.”
La Administración Biden trabaja para lograr niveles más alto de aportes y mayor despliegue de la guerra de cuarta generación desde su plataforma de colombiana y desde otros países de la región con gobiernos dispuestos a acompañarla en sus terribles aventuras intervencionista: sin desmontar los planes estructurados por el Comando Sur, ni afectar el papel de la IV Flota que a menudo merodea las aguas caribeñas, más bien articulando ambas vertientes.
En esa ruta la República Dominicana es muy tenida en cuenta por el Pentágono, la CIA, el FBI y el Departamento de Estado, para sus planes políticos-militares en el Gran Caribe; sobre todo de cara a Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, en cada caso teniendo presente sus particularidades.
Eso les exige no solo completar con gran intensidad -haciendo provecho de la pandemia- la recolonización económica y cultural emprendida hace tres décadas, profundizando ahora el endeudamiento externo oneroso, el asalto empresarial a la funciones ejecutivas, las recetas privatizadoras del patrimonio público y natural del país (vía Alianzas Publico-Privadas-APP y ventas de activos estatales), la captura de la fuentes de aguas, del sistema energético, de puertos y aeropuertos, y muy especialmente la desnacionalización total de los medios de comunicación, las universidades y escuelas…sino además pasar a una fase más directa de la intervención, colaboración y complicidad militar.
A eso responde el anuncio -lanzado inmediatamente después de informado el acuerdo con el Comando Sur del Pentágono- de la concesión de la remodelación y gerencia del estratégico Puerto de Manzanillo al ARMY estadounidense; punto clave para sus agresivos planes respecto Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y para un mayor control del transporte marítimo transoceánico.
A los compases de toda esa avalancha tutelar en el plano militar, el Centro de Investigación Padre Alemán de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMAIMA) -una de las más articuladas a las academias y a la intelectualidad orgánica del imperio estadounidense- publica un estudio con dos conclusiones funestas destinadas a alienar en el peor sentido la conciencia colectiva de la sociedad dominicana, a saber:
1.-Que el principal desafío de la República Dominicana en este momento es la situación haitiana debido a que las tensiones están llegando a un límite que puede desembocar en violencia social.
2 .- Y concluye sugiriendo una intervención militar multilateral…
(Diario HOY lunes 6 de septiembre 2021, págs. 1 y 5)
LOS HECHOS APLASTAN LAS MENTIRAS
La verdad de los hechos es otra: el principal desafío del pueblo dominicano es rescatar la soberanía pisoteada y negada por EEUU y abrir las compuertas de las grandes transformaciones sociales hacia una sociedad justa y solidaria, como también los es para el pueblo haitiano; ambas naciones abatidas y saturadas por tantas intervenciones y agresiones militares -y de todo tipo- que lo han empeorado todo.
Una ruta de luchas dirigidas a alcanzar la unidad multinacional y multicultural latino-caribeña camino a una Patria Grande auto-determinada y liberada socialmente.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.