Opinión
Algo ominoso sobre la estrategia de EEUU-Biden en el Gran Caribe
Una ruta de luchas dirigidas a alcanzar la unidad multinacional y multicultural latino-caribeña camino a una Patria Grande auto-determinada y liberada socialmente.
Por Narciso Isa Conde
“En esa ruta la República Dominicana es muy tenida en cuenta por el Pentágono, la CIA, el FBI y el Departamento de Estado, para sus planes políticos-militares en el Gran Caribe;sobre todo decara a Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua…”
El Comando Sur del PENTÁGONO, con asiento en Florida y jurisdicción militar-imperial hasta Tierra de Fuego, ha estado sumamente activo en los últimos meses, especialmente con no pocas incursiones en República Dominicana.
Igual los buques de guerra de la IV Flota norteamericana.
SE INTENSIFICAN LOS AMORES CON EL COMANDO SUR.
Las visitas a nuestro país han sido frecuentes de cara a toda la isla compartida con Haití, seguidas de acuerdos e iniciativas altamente lesivos a las soberanías de ambos países, ya sensiblemente conculcadas; lo que incluyó intercambios con los jefes militares y con el presidente de la República, acompañados de cursos de instrucción a suboficiales dominicano y convenios sobre programas de formación y ejercicio militares conjuntos.
A raíz del magnicidio de Presidente haitiano Jovenel Moises, ejecutado dentro la lógica imperial de relevar lo que se pudre y combinarlo con la prolongación y profundización del caos bajo su control, visitó nuestro país el Buque USSS BILLINGS de la Armada estadounidense concomitantemente con la presencia del Contralmirante y el Vicealmirante del Comando Sur y de la IV Flota, Donald Gabrielson y Sinclair M.Harris, precisamente en el momento en que se consumaba el hecho criminal con la participación de un componente paramilitar de su plataforma colombiana.
Días después, el Ministro de Defensa del Gobierno dominicano, que preside el empresario metido a político, Luis Abinader Corona -caracterizado por su extrema subordinación a EEUU en todo lo relacionado con la política exterior y con las políticas públicas internas- visitó recientemente la sede del Comando Sur y ofreció la siguiente información a través del Portal del Ministerio de Defensa:
Ministro de Defensa visita sede del Comando Sur; RD estrecha vínculos con ejército de los EE.UU.
MIAMI, FLORIDA /Agosto 8, 2021.- “El Ministro de Defensa, Teniente General CARLOS LUCIANO DÍAZ MORFA, ERD, realizó la pasada semana una visita de trabajo a la sede del Comando Sur de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, ubicada en la ciudad de Miami, para conversar con el Almirante CRAIG STEPHAN FALLER, comandante de esa unidad.”
“La agenda del intercambio del Ministerio de Defensa (MIDE) con el Comando Sur incluyó temas relacionados con las acciones conjuntas en el campo de la seguridad regional, y diferentes asuntos de la tradicional cooperación entre las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y las de los Estados Unidos.”
“Díaz Morfa y Faller, además, hablaron sobre el programa de ejercicios binacionales para aumentar la operatividad de la fuerza, y acerca de la colaboración para mejorar la capacidad profesional de soldados dominicanos con los programas de entrenamiento que ofrece el Comando Sur.”
“Acompañaron al Ministro de Defensa: el General de Brigada Santo Domingo Guerrero Clase, ERD, Director de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto (J-3), del MIDE y una comitiva de oficiales y suboficiales.”
Recientemente, inició un proceso de revisión para fortalecer el aspecto académico de los programas de la carrera de suboficiales en las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos, la Guardia Nacional de Puerto Rico y el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC) por sus siglas en inglés.”
Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto, J-5 y Relaciones Públicas, MIDE.
A esto se suma que la frontera terrestre dominico-haitiana y su valla en construcción están bajo control del Comando Sur del Pentágono y de Israel.
DE RODILLAS ANTE UN IMPERIO DECADENTE Y DESTRUCTIVO.
El compromiso de realizar “acciones conjuntas en el campo de la seguridad nacional” no tiene otra traducción que no sea la participación de las fuerzas armadas dominicanas, cuyo Comandante en Jefe es el Presidente de turno Luis Abinader, en operaciones, agresiones e invasiones militares de EEUU contra los países de Nuestra América que han emprendido la ruta de la nueva independencia.
Algo realmente bochornoso, indignante e inaceptable, que a tono con la estrategia de la Administración de Biden confirma la determinación del actual gobierno de convertir el Estado Dominicano y sus fuerzas militares en un instrumento de la agresiva y destructiva decadencia del imperialismo estadounidense, armónico al anuncio de “la colaboración para mejorar la capacidad profesional de soldados dominicanos con los programas de entrenamiento que ofrece el Comando Sur.”
La Administración Biden trabaja para lograr niveles más alto de aportes y mayor despliegue de la guerra de cuarta generación desde su plataforma de colombiana y desde otros países de la región con gobiernos dispuestos a acompañarla en sus terribles aventuras intervencionista: sin desmontar los planes estructurados por el Comando Sur, ni afectar el papel de la IV Flota que a menudo merodea las aguas caribeñas, más bien articulando ambas vertientes.
En esa ruta la República Dominicana es muy tenida en cuenta por el Pentágono, la CIA, el FBI y el Departamento de Estado, para sus planes políticos-militares en el Gran Caribe; sobre todo de cara a Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, en cada caso teniendo presente sus particularidades.
Eso les exige no solo completar con gran intensidad -haciendo provecho de la pandemia- la recolonización económica y cultural emprendida hace tres décadas, profundizando ahora el endeudamiento externo oneroso, el asalto empresarial a la funciones ejecutivas, las recetas privatizadoras del patrimonio público y natural del país (vía Alianzas Publico-Privadas-APP y ventas de activos estatales), la captura de la fuentes de aguas, del sistema energético, de puertos y aeropuertos, y muy especialmente la desnacionalización total de los medios de comunicación, las universidades y escuelas…sino además pasar a una fase más directa de la intervención, colaboración y complicidad militar.
A eso responde el anuncio -lanzado inmediatamente después de informado el acuerdo con el Comando Sur del Pentágono- de la concesión de la remodelación y gerencia del estratégico Puerto de Manzanillo al ARMY estadounidense; punto clave para sus agresivos planes respecto Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y para un mayor control del transporte marítimo transoceánico.
A los compases de toda esa avalancha tutelar en el plano militar, el Centro de Investigación Padre Alemán de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMAIMA) -una de las más articuladas a las academias y a la intelectualidad orgánica del imperio estadounidense- publica un estudio con dos conclusiones funestas destinadas a alienar en el peor sentido la conciencia colectiva de la sociedad dominicana, a saber:
1.-Que el principal desafío de la República Dominicana en este momento es la situación haitiana debido a que las tensiones están llegando a un límite que puede desembocar en violencia social.
2 .- Y concluye sugiriendo una intervención militar multilateral…
(Diario HOY lunes 6 de septiembre 2021, págs. 1 y 5)
LOS HECHOS APLASTAN LAS MENTIRAS
La verdad de los hechos es otra: el principal desafío del pueblo dominicano es rescatar la soberanía pisoteada y negada por EEUU y abrir las compuertas de las grandes transformaciones sociales hacia una sociedad justa y solidaria, como también los es para el pueblo haitiano; ambas naciones abatidas y saturadas por tantas intervenciones y agresiones militares -y de todo tipo- que lo han empeorado todo.
Una ruta de luchas dirigidas a alcanzar la unidad multinacional y multicultural latino-caribeña camino a una Patria Grande auto-determinada y liberada socialmente.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.