Nacionales
Aduanas ha incautado 15 millones de dólares del negocio del bajo mundo este año.
Como una muestra de la cantidad de dinero que entra al país del negocio del narcotráfico o de cualquier otro ilícito, la Dirección General de Aduanas (DGA) ha realizado incautaciones de 15 millones de dólares en lo que va del año 2021, informó ayer el director de la institución, Eduardo Sanz Lovatón.
Se trata de dinero que la gente trata de introducir “fuera de regla”, a través de diversas formas, incluyendo por la frontera terrestre, por barcos o en bocinas. Pero también el organismo con frecuencia incauta no solo divisas, sino también cigarrillos, bebidas alcohólicas introducidas ilegalmente y diversos productos.
De acuerdo con otras estadísticas que ofreció “de memoria” Eduardo Sanz Lovatón, el 68 % del dinero que incautó la DGA el pasado 2020 lo confiscó en los últimos tres meses de ese año.
¿Pero qué pasa cuando se hace ese tipo de incautación?, se le preguntó. Su explicación fue esta: “Mira, hay dos procedimientos… Cuando el dinero se incauta en la zona paraduanera (o sea, dentro del muelle o aeropuerto) evidentemente se deposita en una cuenta de la DGA en el Banco de Reservas y se hace un informe. Cuando se incauta fuera de esa zona (es decir, fuera de muelle y aeropuerto) se convierte en cuerpo del delito en los casos que lleva el Ministerio Público”.
El director de Aduanas fue ayer invitado de la Entrevista Especial de elCaribe y CDN, correspondiente al Almuerzo Semanal, espacio que alcanzó para abordar diversos temas, dentro de los que son competencia del funcionario.
Calculó, por ejemplo, que la Dirección de Aduanas recauda cerca del 30 % del dinero del Estado y a pesar de los azotes de la pandemia ha conseguido colocar en mejor posición sus cifras.
Está recaudando cerca de un 20 % más que en el 2019, que fue un año normal en términos comerciales, porque el mundo no sufría aún los efectos de la pandemia.
Pero si bien la Aduanas camina “sobre ruedas” en materia de captación de recursos económicos, adicionalmente está enfocada en cumplir con su rol del facilitador del comercio. Un comercio que es cada vez más dinámico y amplio.
Al funcionario aduanal le queda claro que históricamente todo lo que se escuchaba de las aduanas iba en el sentido de que se trataba de una institución que cobraba impuestos, pero con advenimiento de los tratados de libre comercio los aranceles han bajado y las aduanas en todo el mundo tienen que ocuparse de la facilitación comercial, no solo de recaudar por exportaciones e importaciones.
“De ahí el tema del Programa 24 horas que comenzamos a implementar, que busca generar las eficiencias y eliminar la burocracia para que las exportaciones y las importaciones puedan salir y entrar de los muelles en menos de 24 de horas”, sostuvo.
Le acompañaron Julio Anulfo Pascual, subdirector de Zonas Francas; Ángel Alberto Encarnación, subdirector operativo de la DGA, y Degnis de León, gerente de Comunicaciones.
El programa al que se refiere Sanz Lovatón se puso en funcionamiento el día primero de junio de este año, con la presencia del cuerpo diplomático, representantes de los socios comerciales, entre ellos Estados Unidos, y otras entidades.
Según un corte numérico al día de ayer, por vía de “24 horas” se han realizado 8,000 despachos, con más de 2,500 nuevos contribuyentes, que se han clasificado al programa y a través de Operadores Económicos Autorizados (OEA), un certificado y condición que se otorga al importador para que su carga pueda ser perfilada de manera más segura y eficiente, y por tanto pase más rápido los procesos.
El OEA es algo así como un “papel de buena conducta” que se otorga al importador, explicó el director de Aduanas en el encuentro. Y dejó claro que “no son contradictorias las funciones de recaudador y facilitador del comercio que tiene la DGA”. En una actividad reciente, efectuada en Santiago de los Caballeros, fueron entregadas 64 certificaciones de OEA a distintas empresas.
El Presidente y la confianza
“El crecimiento en los recaudos por vía de Aduanas es el resultado de la confianza que el presidente Luis Abinader ha generado en los sectores económicos del país y un reflejo muy claro de cómo hemos enfrentado problemas que existen”, dijo Sanz Lovatón.
Desde que asumieron el control en agosto de 2020, las autoridades de la DGA encabezadas por él, implementaron un plan de trabajo basado en la búsqueda de eficiencias continuas, enfocado en reducir el déficit recaudatorio que encontraron a su llegada, ha dicho.
“Hemos ido avanzando. Tenemos un gran equipo de trabajo y gente que conoce bastante sobre las funciones de las aduanas”, aseguró, con dejo de satisfacción. Eduardo Sanz Lovatón es graduado en derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y posee doctorado en Derecho Internacional Privado del Centro de Estudios Estratégicos y Diplomáticos de París, Francia.
Respondiendo a una y otras interrogantes formuladas en la entrevista, informó que su gestión ha incinerado más de 20 millones de paquetes de cigarrillos, paquetes que –según dijo- guardan alguna relación con el crimen organizado, que en la actualidad, para no mover dinero en efectivo y para no realizar transferencias bancarias que puedan dejar rastro, lo que hace es que toma esa mercancía que es de fácil liquidación.
“El crimen organizado se adapta, busca la manera. Pero lo que ha pasado, luego que Luis Abinader es el presidente de la República y luego de que finalmente tenemos un Ministerio Público independiente es que se están viendo resultados (…). Nunca en la historia dominicana, de 1844 para acá, ningún presidente se había desprendido del poder persecutorio, como lo ha hecho el actual presidente. Usted desprenderse de ese poder es un hito fundamental”, sostuvo.
La zona limítrofe con Haití
La DGA tiene en la zona fronteriza una presencia importante, que se expresa con la existencia de alrededor de 17 puestos aduaneros, de los cuales seis son principales. En esos puestos la institución debe convivir con las Fuerzas Armadas y otras agencias estatales como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El propio Sanz Lovatón llegó a expresar preocupación e inquietud, porque a veces se producen cosas en esa zona fronteriza que llevaban a que una orden la emitiera las Fuerzas Armadas, una orden Aduanas, otra orden la DNCD y otra orden surgía del Ministerio Público. Desde su punto de vista, la nueva Ley General de Aduanas, promulgada a finales de agosto de este 2021, deja bastante clara y resuelta esa parte.
“A nosotros, a Aduanas, nos toca evidentemente regular el comercio y la Ley General de Aduanas refuerza e inclusive instituye en el artículo 399 el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, que es lo que nos da la autoridad para incautar las divisas ilegales y para dirigir la gestión aduanera en la frontera”, dijo ayer el titular de la DGA.
Por la parte periodística, en la Entrevista Especial participaron Nelson Rodríguez, director de elCaribe; Héctor Linares, subdirector; Alba Nely Familia, directora de CDN, así como las conductoras de programas Katherine Hernández y Julissa Céspedes, de la planta televisiva. A todos ellos el invitado les informó que la Dirección General de Aduanas ha puesto RD$2,000 millones a disposición para ir a los importadores específicos de los rubros esenciales. Dijo esto, respondiendo a preguntas sobre lo hecho por el organismo -o lo que contempla o analiza- a partir de pedidos formulados por sectores del comercio para que la institución redujera el cobro de arancel de importación y dispusiera de otras medidas administrativas que permitieran que los rubros a nivel local subieran de precio lo menos posible y golpearan menos duro la gente, a los consumidores.
El pedido surgió en momentos en que República Dominicana sufría una inusitada escalada de precios, empujada a la vez por factores externos, entre ellos el alza internacional de las materias primas, como maíz, soya y aceite vegetal, entre otros, que resultan vitales para producción local de pollos y alimentos. De otro lado, el director de la DGA informó que en término de recaudación el organismo estatal tenía a junio un excedente de RD$17,000 millones, con relación a su meta presupuestaria.
Con la trazabilidad y la debida diligencia
Sobre la nueva Ley de Aduanas, Sanz Lovatón indicó que otro de sus puntos positivos es que regula mucho más la discrecionalidad que históricamente han tenido los directores de la DGA. “Era prácticamente un rey midas que había aquí y tú podías reducir, por ejemplo, las multas de manera bastante asombrosa y eso se ha regulado y se ha institucionalizado”, planteó. “Evidentemente, las decisiones que se toman en la gestión aduanera necesitan ser rápidas y veloces porque esa es la naturaleza del comercio.
Tampoco podíamos paralizar completamente la gestión aduanera, pero lo que sí hemos hecho es generar una trazabilidad y que tenga que haber la debida diligencia ante cualquier decisión”, expuso.
La influencia
La confianza que Luis Abinader ha generado en la economía dominicana ha generado a la vez los números de los que he estado hablando”
Zonas francas arriba
Por primera vez en el país se exportó más de mil millones de dólares en marzo, en abril, mayo y junio. Las zonas francas crecieron más de 6 %”
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.