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Acusados en caso Odebrecht deben recibir condena ejemplar, según el Ministerio Público.
Los sobornos recibidos por los imputados en el caso Odebrecht son una razón mas que suficiente para que reciban una condena ejemplar, según lo expresó el Ministerio Público.
El órgano acusador solicitó al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional penas de entre 5 y 10 años y el pago de 200 salarios mínimos contra los acusados. También que se ordene el decomiso de sus bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que el MP espera la condena en base a las pruebas que ha aportado en el proceso judicial y calificó de “totalmente vacías” las contrarréplicas de las defensas.
“Esperamos una condena basada en las pruebas, basada en las evidencias que se han presentado, que les demuestre a los y las dominicanas que en este país el que es corrupto, el que toma dinero público, no sale impune, y que le demuestre a los que vean este proceso que, si tienen conductas similares, tendrán consecuencias similares”, señaló la fiscal conforme a una nota de prensa emitida por la Procuraduría General de la República la noche de este jueves.
Por el caso están acusados el empresario Ángel Rondón Rijo, como supuesto cabecilla de la red de sobornos; Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); el abogado Conrado Pittaluga; los exsenadores Tommy Galán y Andrés Bautista y el extitular del Inapa, Juan Roberto Rodríguez Hernández.
La fiscal Ortiz señaló que los argumentos de los abogados “en nada han afectado el caso del Ministerio Público, y que “seguimos igual que como siempre, firmes y en espera de una condena justa que es lo que el Ministerio Público le ha pedido al tribunal”.
Se refirió al proceso en su etapa final al responder preguntas de los periodistas a la salida del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
“El juicio que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sigue avanzando en la última etapa, al concluir las contrarréplicas de las defensas de los acusados de recibir y distribuir los US$92 millones que entregó en sobornos Odebrecht para lograr la adjudicación de contratos para la construcción y reconstrucción de diferentes obras públicas”, indicó el MP en una nota de prensa.
Argumentos
Según la fiscal, el delito del soborno “quedó claramente demostrado con las pruebas testimoniales y, también, con todo el esquema documental que demostró la ruta del dinero que sale de Odebrecht para pago de corrupción y llegó a las cuentas del imputado Víctor Díaz Rúa, a través del abogado Conrado Pittaluga, así como a las de Ángel Rondón y de los legisladores”.
La nota subrayó que el pasado martes, durante las réplicas sobre los discursos de la defensa técnica de los encartados, el titular de la Pepca, Wilson Camacho, resaltó que en el proceso el Ministerio Público demostró las imputaciones por los sobornos con diferentes pruebas documentales y testimoniales, destacando que el testigo Mauricio Dantas Bezerra trazó la ruta del dinero.
Afirmó, además, que “el Ministerio Público demostró cómo el dinero se recibió a través de Lashan y Conansa, empresas de Ángel Rondón, y cómo se recibió a través de Newport, la empresa de Conrado Pittaluga, y cómo las pruebas, incluso, indicaron que el dinero que recibía Conrado Pittaluga era para Víctor Díaz Rúa, y cómo se invirtió parte de ese dinero en Indoequipesa y en Solaris que era una empresa presidida por Víctor Díaz Rúa al momento de que Conrado invirtió ese dinero”.
Camacho resaltó que “hay evidencias suficientes para que el tribunal dicte sentencia condenatoria”, al tiempo que dijo confiar en que cuando el tribunal se retire a deliberar y a valorar las evidencias que ha presentado el Ministerio Público, dictará una sentencia condenatoria.
Al dirigirse a las juezas en ese momento, manifestó “Si es mala la corrupción, peor es la impunidad; los corruptos no solo se roban el dinero de todos y todas; se roban nuestra salud, se roban nuestra educación, se roban nuestras oportunidades de desarrollo y se roban nuestro tiempo”.
Condenas pedidas
El Ministerio Público pidió al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coacusados Ángel Rondón Rijo, así como para Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas.
Para el abogado Conrado Pittaluga pidió 7 años, y de 5 años de reclusión para Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
Además solicitó que todos los imputados paguen una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de sus bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.