Opinión
Narco-Política: Recordar el pasado para entender el presente
“Las causas profundas del reinado de la impunidad no anulan las responsabilidades políticas concretas en los diferentes momentos de su historial”.
Por Narciso Isa Conde
La DEA puso en marcha en nuestra República Dominicana, con la colaboración de la Dirección Nacional Anti-Droga (DNCD) y la Procuraduría General de la República (PGR), un amplio operativo contra una de las redes de narcotraficantes dominicanos conectada a determinadas instancias políticas. El operativo ha sido bautizado OPERACIÓN FALCÓN.
El Presidente Abinader, con su persistente amor por la grandilocuencia superficial y el espectáculo publicitario, valoró el hecho como una especie de principio del fin del crimen organizado en el país y una muestra de su determinación de ponerle término a la impunidad; pese a que tal acción es fundamentalmente de factura importada y ha tocado a las altas esferas políticas implicadas. Una operación “Made in Usa”, en lenguaje puramente comercial.
Como esta operación y su manipulación mediática se prestan a confusiones, voy a recurrir al pasado reciente para esclarecer el real significado del rol de la DEA en este y otros casos parecidos a lo largo de la historia reciente, que lejos de representar aproximaciones consistentes al fin del crimen organizado y de su narco-vertiente, más bien forman parte del funcionamiento y reciclaje del modelo impuesto y de sus macro-simulaciones dentro de la lógica del ataque ocasional contra redes y carteles que “pierden la gracia” de la Casa Blanca.
- CONFESIONES AMORDAZADAS
A mí me tocó participar en la redacción y publicación del libro “CONFESIONES AMORDAZADAS” (1), cuyas tres ediciones circularon en 1997.
Su Capítulo V, titulado “Conclusiones y Emplazamientos”, que voy a usar parcialmente como base fundamental de este artículo (porque precisamente revela el surgimiento y despliegue hasta esa fecha de la narco-política dominicana), es íntegramente de mi autoría y me parece importante refrescar un cuarto de siglo después.
Los párrafos escogidos rezan así:
“Las causas profundas del reinado de la impunidad no anulan las responsabilidades políticas concretas en los diferentes momentos de su historial”.
“El origen de la combinación entre poder, crimen y narco tiene sus escenarios concretos en los gobiernos de García Godoy y Joaquín Balaguer en la segunda mitad de 1960. Bajo su sombra se formaron y desarrollaron los primeros clanes de esa combinación.”
“Al Partido Reformistas y al Dr. Balaguer nadie lo puede exculpar del impetuoso desarrollo del “Delito de Estado” en el curso del tristemente célebre periodo de los doce años. Sobre esa dirección recae todo lo que en materia de corrupción, asesinatos, consumo y tráfico de drogas representó la cúpula burocrática-militar de aquel periodo, incluida la protección inicialmente ofrecida por el ex general Enrique Pérez y Pérez (2) al narcotraficante David Carter (Luego de asesinado este último, Pérez y Pérez se apropió de la empresa CACEN).”
Más tarde, en el periodo de los 10 años……”con la evidente aprobación del Presidente Balaguer, los crímenes ejecutados en los pleitos y “tumbes” planificados por la alta oficialidad de la DNCD y la PN, la corrupción de todo tipo y las conexiones entre el gobierno y narcotráfico han superado todos los parámetros, tal y como lo revelan los testimonios e incluidos en esta edición. Superan incluso el considerable auge que ese negocio sucio tuvo en la administración de Jorge Blanco.”
….
La droga y el gobierno perredeista de Jorge Blanco tiene un capítulo especial en esta obra, elaborado nada más y nada menos que por encargo de la Embajada de los Estados Unidos y silenciado por ella, amén de la evidente conversión de ciertos componentes del Acuerdo de Santo Domingo y del propio PRD en receptáculos y vehículos de la escoria desprendida del narcopoder y conectada con la narco-política. (3)
…..
En los últimos 14 años (previos al 1997), el proceso de amponización de los gobiernos y conversión de la cúpula oficial en una especie de “cosa nostra”, ha crecido extraordinariamente.
“Y a ese proceso de amponización de la política tradicional dominicana no ha escapado tampoco el Partido de la Liberación Nacional (PLD), que sin miramiento y superando sus pasadas inhibiciones éticas, se abrazó a la mafia palaciega y al propio Balaguer, aceptó todo tipo de financiamiento por esa vía y asumió su defensa política”. (Hasta llegar –agrego ahora- a los contubernios mafiosos con Quirino, Figueroa Agosto, Nelson Solano, Arturo del Tiempo Márquez y César el Abusador). (4)
….
“Todo esto tiene apadrinamientos supranacionales. Y en ese orden el poder imperial de los Estados Unidos actúa con significativa ambivalencia formal y tiene responsabilidades inexcusables en la expansión de ese mal aquí y en todo el mundo.”
“Desde el principal mercado de las drogas del mundo…. fabricante de LSD y el CRAC…no podía esperarse otra conducta de su cúpula dirigente y de su DEA frente al informe preparado aquí y develado en esta obra.”
“En América Latina y el Caribe los jefes estadounidenses simulan combatir el mal y piden la extradición de los capos de oros países, mientras propagan la impunidad de sus redes internas del narcotráfico….simulan combatir el mal con su DEA y simplemente lo toman de pretexto para penetrar, para agredir e intervenir…”
…..
“Los carteles del narco no pueden ser defendidos por ellos….pero si alimentados por el poder de compra de la sociedad desmoralizada que ellos han forjado y erigido en “modelo cultural” que se expande, contagiando, corrompiendo, captando jóvenes de todos los extractos sociales, destruyendo hogares y prostituyendo familias bajo el poder alucinante de la cocaína, la heroína y el crac, que su mitología de consumo ha convertido en mercancías altamente cotizadas y codiciadas.”
……
“El narcotráfico- como dice el articulista de EFE, Oscar Callezo- tiene su modelo en una economía de mercado nutrida por las leyes del capitalismo salvaje”.
“Esa economía ahoga cada vez más al mundo subdesarrollado…obliga a sus habitantes a recurrir a formas de subsistencias vinculadas a los extravagantes patrones de consumo del mundo desarrollado”.
….
“La mitología del consumo de la cocaína, por ejemplo, se ha hecho consustancial al estilo de vida de esas sociedades de abundancia… su consumo, como la moda misma, se produce por mimetismo”.
“El narcotráfico es la expresión extrema y degradada de un modelo todavía vigente y no exento de métodos mas o menos ilegales, fraudulentos y amorales.”
“Todo esto indica que para erradicar o crearles condiciones general definitivamente adversa a esos males, es preciso erradicar la formación económico social contaminadas del capitalismo periférico dependiente y sus democracias limitadas y ´pervertidas.” (Libro referido, Conclusiones y Emplazamientos, pags 147- 158)
- LOS ENORMES VOLUMENES DEL LAVADO ALIMENTAN UN CAPITALISMO ENFERMO.
Hasta aquí lo tomado del referido capítulo, recordando al mismo tiempo que los emplazamientos que les hicimos a la dirección del PRD, al propio Peña Gómez, a la cúpula del PLD y al entonces presidente Leonel Fernández, para que reaccionaran frente a esos hechos ominosos, recibieron el silencio por respuesta.
Después de un cuarto de siglo todo esto ha cambiado para peor e incluso el producto del lavado generado por ese modelo, cada vez más degrado y podrido, nutre el sistema financiero del gran capital, y representa un componente sobresaliente de economías como la dominicana y más allá; a pesar de incontables operaciones ejecutadas, muy parecidas a las que actualmente regentea la DEA con el nombre de Operación Falcón.
El dinero del narco es consustancial al capitalismo enfermo y al cacareado crecimiento de la economía dominicana, que no es solo producto de las remesas, las exportaciones y el turismo.
En el contexto de este capitalismo global gansterizado, República Dominicana tiene una ubicación geoestratégica y condiciones estructurales realmente excepcionales para puentear inmensos volúmenes de drogas, que a su vez generan sumas fabulosas en dólares y euros.
No poca cantidad del lavado bruto de la narco-corrupción pasa por finos coladores que posibilitan inyectarle mucho dinero en divisas a las instituciones y a empresas que operan legalmente a distancia de los carteles y redes del bajo mundo.
Imagínense el volumen… si ya en 1985, solo por el Aeropuerto de Portillo en Las Terrenas, se movían –según el mencionado Informe preparado para la Embajada de EEUU en el periodo de gobierno 1982-1986- alrededor de 9 mil millones de dólares por año; lo que ahora es una “chilata” comparado con lo que pasa por todos los puertos, aeropuertos, costas, fronteras terrestres y resorts, destacándose Punta Cana, La Romana y el Puerto Modal Caucedo.
Así crece más la economía y engordan no pocos magnates, pudriendo de paso zonas sensibles de la sociedad y del poder.
La parte que queda en propiedades y empresas bajo control directo o cercano de las bandas de narcotraficantes, es grande, pero menor; y solo deja de fluir cuando por ser tan evidentes como cuerpos del delito, las intervienen y anuncian su valor.
- MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS.
Este fenómeno es global y concierne principalmente a los grandes bancos privados. Veamos:
“Hay consenso -afirma el sociólogo estadounidense James Petras- entre los investigadores parlamentarios norteamericanos, los ex banqueros y los expertos bancarios internacionales que los bancos estadounidenses y europeos lavan entre 500 mil millones y un billón de dólares en dinero sucio anualmente. La mitad de esa suma es lavada por los bancos norteamericanos. El senador Levin sintetiza así el problema: «Las estimaciones indican que entre 500 mil millones y un billón de dólares de origen criminal se mueven y depositan anualmente en los bancos. Se estima que la mitad de ese dinero viene a dar a Estados Unidos».
En toda la década entre 2.5 y 3 billones de dólares de origen criminal han sido lavados por bancos norteamericanos y se mueven en los circuitos financieros norteamericanos. (EE.UU BLANQUEO.-Estados Unidos, un imperio financiado con “dinero sucio” /RED VOLTAIRE, Octubre 2001).
Pero eso no es todo. Denuncias más recientes dan cuenta de las descaradas violaciones de las restricciones legales anti-lavado a cargo de grandes bancos de negocio de EEUU:
“… documentos secretos del gobierno de EE.UU revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos han desafiado las medidas enérgicas contra el lavado de dinero al mover asombrosas sumas de efectivo ilícito para personajes oscuros y redes criminales que han extendido el caos y socavado la democracia en todo el mundo.”
“Los registros muestran que cinco bancos globales (JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) siguieron beneficiándose de actores poderosos y peligrosos incluso después de que las autoridades estadounidenses multaron a estas instituciones financieras por fallas anteriores para contener los flujos de dinero sucio.”
“Las agencias estadounidenses responsables de hacer cumplir las leyes de lavado de dinero rara vez procesan a los megabancos que violan la ley, y las acciones que las autoridades toman apenas repercuten en la avalancha de dinero saqueado que se filtra a través del sistema financiero internacional.”
“En algunos casos, los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de que los funcionarios estadounidenses les advirtieron que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o regímenes corruptos.”
“JPMorgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia , Venezuela y Ucrania, revelan los documentos filtrados.”
“El banco movió más de $ 1 mil millones para el financista fugitivo detrás del escándalo 1MDB de Malasia, según muestran los registros, y más de $ 2 millones para la empresa de un joven magnate de la energía que ha sido acusado de engañar al gobierno de Venezuela y ayudar a causar apagones eléctricos que paralizaron gran parte del país.” (PORTAL KAVILANDO, 20 de sept. 2020, Por ICIJ)
- ¿CÓMO CREERLE AL PRESIDENTE DOMINICANO?
Visto todo esto y bien pensado…
¿Cómo creerle al Presidente Luis Abinader sus afirmaciones sobre el significado que le atribuye a la OPERACIÓN FALCÓN bajo el mando de la DEA?
¿Cómo aceptar que en este país dependiente de EEUU se ha dado inicio a una política eficaz para ponerle fin al crimen organizado?
¿Cómo darle valor a sus palabras y creerle que contamos con un Presidente-Superman, Batman o Robocot, con poderes para desmantelar todas las redes de narcotraficantes funcionales al capitalismo gansterizado de allá y de acá?
¿Cómo -luego de todo lo acontecido y de lo que pasa en el mundo capitalista- asimilar la idea de que el Gobierno de EEUU y su DEA están decididos a acabar con el crimen organizado y salvar a la humanidad de un modelo creado por sus amos?
¿Cómo no pensar que sus pretensiones de engañar, con sucesivos espectáculos mediáticos recomendados por sus “hacedores de imagen”, no habrán de reventarse en choque violento contra la realidad?
A los hechos hay que darle su justo valor: independientemente de los motivos y de lo que particularmente mueve a la DEA-EU en este caso, la acción de Ministerio Público tiende a castigar culpables, devela complicidades políticas importantes y confirma que el Estado Dominicano es un narco-Estado, algo que habíamos denunciado hace muchos años. Eso es lo positivo de ese hecho, fruto de las contradicciones engendradas al interior del modelo.
El crimen organizado y el narco-Estado son mucho más que esa red. Son muchas las redes y significativas las condiciones para su reproducción en el marco de un sistema que hace de caldo de cultivo. Eso ya está comprobado.
Pero además, en este caso hay muchos narco-vínculos de altura no incluidos en el quehacer judicial a nivel de las cúpulas partidarias, militares, policiales y empresariales; también en el de la familia López Pilarte y en otros manejos de la narco-política actual. Y una total y descarada impunidad de las culpas en un pasado reciente, que incluso tocan de lleno a ex presidentes de la república y a otros jerarcas de la política criolla y la carrera militar.
El Presidente Abinader debería desistir de gobernar mediáticamente al margen de una terca e implacable realidad.
(1) Confesiones Amordazadas contiene un Informe sobre el comportamiento del narco-trafico bajo el Gobierno de Salvador Jorge Blanco-PRD (1982-1986), testimonios de un ex agente de la DEA, denuncias, entrevista y valoraciones sobre el curso de la narco-política hasta el inicio del primer gobierno del PLD-Leonel Fernández (1996-2000).
(2) Enrique Pérez y Pérez, general de horca y cuchillo, responsable de números asesinatos, miembro de la CIA, conectado con los grupos terroristas del exilio cubano y beneficiario y protector del narcotráfico en su fase inicial.
(3) Jorge Blanco, Presidente de la República, postulado por el PRD en los comicios del 1982, respaldado por una alianza de fuerzas llamada ACUERDO DE SANTO DOMINGO y sindicado su gobierno como facilitador del auge del narco-tráfico por un informe secreto elaborado por un grupo de expertos , por decisión de la Embajada de EEUU en RD. Dicho Informe fue develado en el libro Confesiones Amordazadas. Su hijo es Ministro del Gobierno que actualmente preside Luis Abinader-PRM y abogado defensor del empresario mafioso Ángel Gonzales (El Fantasma), mexicano-estadounidense, estafador del Estado dominicano.
(4) Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que pese a ser fundado por Juan Bosch, intelectual y político de gran reciedumbre moral, devino en uno de las fuerzas más corruptas de la historia republicana, durante un ejercicio de 20 años de 5 administraciones de gobiernos encabezadas por los ex presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
(1 de 3)
El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.