Opinión
Narco-Política: Recordar el pasado para entender el presente
“Las causas profundas del reinado de la impunidad no anulan las responsabilidades políticas concretas en los diferentes momentos de su historial”.
Por Narciso Isa Conde
La DEA puso en marcha en nuestra República Dominicana, con la colaboración de la Dirección Nacional Anti-Droga (DNCD) y la Procuraduría General de la República (PGR), un amplio operativo contra una de las redes de narcotraficantes dominicanos conectada a determinadas instancias políticas. El operativo ha sido bautizado OPERACIÓN FALCÓN.
El Presidente Abinader, con su persistente amor por la grandilocuencia superficial y el espectáculo publicitario, valoró el hecho como una especie de principio del fin del crimen organizado en el país y una muestra de su determinación de ponerle término a la impunidad; pese a que tal acción es fundamentalmente de factura importada y ha tocado a las altas esferas políticas implicadas. Una operación “Made in Usa”, en lenguaje puramente comercial.
Como esta operación y su manipulación mediática se prestan a confusiones, voy a recurrir al pasado reciente para esclarecer el real significado del rol de la DEA en este y otros casos parecidos a lo largo de la historia reciente, que lejos de representar aproximaciones consistentes al fin del crimen organizado y de su narco-vertiente, más bien forman parte del funcionamiento y reciclaje del modelo impuesto y de sus macro-simulaciones dentro de la lógica del ataque ocasional contra redes y carteles que “pierden la gracia” de la Casa Blanca.
- CONFESIONES AMORDAZADAS
A mí me tocó participar en la redacción y publicación del libro “CONFESIONES AMORDAZADAS” (1), cuyas tres ediciones circularon en 1997.
Su Capítulo V, titulado “Conclusiones y Emplazamientos”, que voy a usar parcialmente como base fundamental de este artículo (porque precisamente revela el surgimiento y despliegue hasta esa fecha de la narco-política dominicana), es íntegramente de mi autoría y me parece importante refrescar un cuarto de siglo después.
Los párrafos escogidos rezan así:
“Las causas profundas del reinado de la impunidad no anulan las responsabilidades políticas concretas en los diferentes momentos de su historial”.
“El origen de la combinación entre poder, crimen y narco tiene sus escenarios concretos en los gobiernos de García Godoy y Joaquín Balaguer en la segunda mitad de 1960. Bajo su sombra se formaron y desarrollaron los primeros clanes de esa combinación.”
“Al Partido Reformistas y al Dr. Balaguer nadie lo puede exculpar del impetuoso desarrollo del “Delito de Estado” en el curso del tristemente célebre periodo de los doce años. Sobre esa dirección recae todo lo que en materia de corrupción, asesinatos, consumo y tráfico de drogas representó la cúpula burocrática-militar de aquel periodo, incluida la protección inicialmente ofrecida por el ex general Enrique Pérez y Pérez (2) al narcotraficante David Carter (Luego de asesinado este último, Pérez y Pérez se apropió de la empresa CACEN).”
Más tarde, en el periodo de los 10 años……”con la evidente aprobación del Presidente Balaguer, los crímenes ejecutados en los pleitos y “tumbes” planificados por la alta oficialidad de la DNCD y la PN, la corrupción de todo tipo y las conexiones entre el gobierno y narcotráfico han superado todos los parámetros, tal y como lo revelan los testimonios e incluidos en esta edición. Superan incluso el considerable auge que ese negocio sucio tuvo en la administración de Jorge Blanco.”
….
La droga y el gobierno perredeista de Jorge Blanco tiene un capítulo especial en esta obra, elaborado nada más y nada menos que por encargo de la Embajada de los Estados Unidos y silenciado por ella, amén de la evidente conversión de ciertos componentes del Acuerdo de Santo Domingo y del propio PRD en receptáculos y vehículos de la escoria desprendida del narcopoder y conectada con la narco-política. (3)
…..
En los últimos 14 años (previos al 1997), el proceso de amponización de los gobiernos y conversión de la cúpula oficial en una especie de “cosa nostra”, ha crecido extraordinariamente.
“Y a ese proceso de amponización de la política tradicional dominicana no ha escapado tampoco el Partido de la Liberación Nacional (PLD), que sin miramiento y superando sus pasadas inhibiciones éticas, se abrazó a la mafia palaciega y al propio Balaguer, aceptó todo tipo de financiamiento por esa vía y asumió su defensa política”. (Hasta llegar –agrego ahora- a los contubernios mafiosos con Quirino, Figueroa Agosto, Nelson Solano, Arturo del Tiempo Márquez y César el Abusador). (4)
….
“Todo esto tiene apadrinamientos supranacionales. Y en ese orden el poder imperial de los Estados Unidos actúa con significativa ambivalencia formal y tiene responsabilidades inexcusables en la expansión de ese mal aquí y en todo el mundo.”
“Desde el principal mercado de las drogas del mundo…. fabricante de LSD y el CRAC…no podía esperarse otra conducta de su cúpula dirigente y de su DEA frente al informe preparado aquí y develado en esta obra.”
“En América Latina y el Caribe los jefes estadounidenses simulan combatir el mal y piden la extradición de los capos de oros países, mientras propagan la impunidad de sus redes internas del narcotráfico….simulan combatir el mal con su DEA y simplemente lo toman de pretexto para penetrar, para agredir e intervenir…”
…..
“Los carteles del narco no pueden ser defendidos por ellos….pero si alimentados por el poder de compra de la sociedad desmoralizada que ellos han forjado y erigido en “modelo cultural” que se expande, contagiando, corrompiendo, captando jóvenes de todos los extractos sociales, destruyendo hogares y prostituyendo familias bajo el poder alucinante de la cocaína, la heroína y el crac, que su mitología de consumo ha convertido en mercancías altamente cotizadas y codiciadas.”
……
“El narcotráfico- como dice el articulista de EFE, Oscar Callezo- tiene su modelo en una economía de mercado nutrida por las leyes del capitalismo salvaje”.
“Esa economía ahoga cada vez más al mundo subdesarrollado…obliga a sus habitantes a recurrir a formas de subsistencias vinculadas a los extravagantes patrones de consumo del mundo desarrollado”.
….
“La mitología del consumo de la cocaína, por ejemplo, se ha hecho consustancial al estilo de vida de esas sociedades de abundancia… su consumo, como la moda misma, se produce por mimetismo”.
“El narcotráfico es la expresión extrema y degradada de un modelo todavía vigente y no exento de métodos mas o menos ilegales, fraudulentos y amorales.”
“Todo esto indica que para erradicar o crearles condiciones general definitivamente adversa a esos males, es preciso erradicar la formación económico social contaminadas del capitalismo periférico dependiente y sus democracias limitadas y ´pervertidas.” (Libro referido, Conclusiones y Emplazamientos, pags 147- 158)
- LOS ENORMES VOLUMENES DEL LAVADO ALIMENTAN UN CAPITALISMO ENFERMO.
Hasta aquí lo tomado del referido capítulo, recordando al mismo tiempo que los emplazamientos que les hicimos a la dirección del PRD, al propio Peña Gómez, a la cúpula del PLD y al entonces presidente Leonel Fernández, para que reaccionaran frente a esos hechos ominosos, recibieron el silencio por respuesta.
Después de un cuarto de siglo todo esto ha cambiado para peor e incluso el producto del lavado generado por ese modelo, cada vez más degrado y podrido, nutre el sistema financiero del gran capital, y representa un componente sobresaliente de economías como la dominicana y más allá; a pesar de incontables operaciones ejecutadas, muy parecidas a las que actualmente regentea la DEA con el nombre de Operación Falcón.
El dinero del narco es consustancial al capitalismo enfermo y al cacareado crecimiento de la economía dominicana, que no es solo producto de las remesas, las exportaciones y el turismo.
En el contexto de este capitalismo global gansterizado, República Dominicana tiene una ubicación geoestratégica y condiciones estructurales realmente excepcionales para puentear inmensos volúmenes de drogas, que a su vez generan sumas fabulosas en dólares y euros.
No poca cantidad del lavado bruto de la narco-corrupción pasa por finos coladores que posibilitan inyectarle mucho dinero en divisas a las instituciones y a empresas que operan legalmente a distancia de los carteles y redes del bajo mundo.
Imagínense el volumen… si ya en 1985, solo por el Aeropuerto de Portillo en Las Terrenas, se movían –según el mencionado Informe preparado para la Embajada de EEUU en el periodo de gobierno 1982-1986- alrededor de 9 mil millones de dólares por año; lo que ahora es una “chilata” comparado con lo que pasa por todos los puertos, aeropuertos, costas, fronteras terrestres y resorts, destacándose Punta Cana, La Romana y el Puerto Modal Caucedo.
Así crece más la economía y engordan no pocos magnates, pudriendo de paso zonas sensibles de la sociedad y del poder.
La parte que queda en propiedades y empresas bajo control directo o cercano de las bandas de narcotraficantes, es grande, pero menor; y solo deja de fluir cuando por ser tan evidentes como cuerpos del delito, las intervienen y anuncian su valor.
- MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS.
Este fenómeno es global y concierne principalmente a los grandes bancos privados. Veamos:
“Hay consenso -afirma el sociólogo estadounidense James Petras- entre los investigadores parlamentarios norteamericanos, los ex banqueros y los expertos bancarios internacionales que los bancos estadounidenses y europeos lavan entre 500 mil millones y un billón de dólares en dinero sucio anualmente. La mitad de esa suma es lavada por los bancos norteamericanos. El senador Levin sintetiza así el problema: «Las estimaciones indican que entre 500 mil millones y un billón de dólares de origen criminal se mueven y depositan anualmente en los bancos. Se estima que la mitad de ese dinero viene a dar a Estados Unidos».
En toda la década entre 2.5 y 3 billones de dólares de origen criminal han sido lavados por bancos norteamericanos y se mueven en los circuitos financieros norteamericanos. (EE.UU BLANQUEO.-Estados Unidos, un imperio financiado con “dinero sucio” /RED VOLTAIRE, Octubre 2001).
Pero eso no es todo. Denuncias más recientes dan cuenta de las descaradas violaciones de las restricciones legales anti-lavado a cargo de grandes bancos de negocio de EEUU:
“… documentos secretos del gobierno de EE.UU revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos han desafiado las medidas enérgicas contra el lavado de dinero al mover asombrosas sumas de efectivo ilícito para personajes oscuros y redes criminales que han extendido el caos y socavado la democracia en todo el mundo.”
“Los registros muestran que cinco bancos globales (JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) siguieron beneficiándose de actores poderosos y peligrosos incluso después de que las autoridades estadounidenses multaron a estas instituciones financieras por fallas anteriores para contener los flujos de dinero sucio.”
“Las agencias estadounidenses responsables de hacer cumplir las leyes de lavado de dinero rara vez procesan a los megabancos que violan la ley, y las acciones que las autoridades toman apenas repercuten en la avalancha de dinero saqueado que se filtra a través del sistema financiero internacional.”
“En algunos casos, los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de que los funcionarios estadounidenses les advirtieron que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o regímenes corruptos.”
“JPMorgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia , Venezuela y Ucrania, revelan los documentos filtrados.”
“El banco movió más de $ 1 mil millones para el financista fugitivo detrás del escándalo 1MDB de Malasia, según muestran los registros, y más de $ 2 millones para la empresa de un joven magnate de la energía que ha sido acusado de engañar al gobierno de Venezuela y ayudar a causar apagones eléctricos que paralizaron gran parte del país.” (PORTAL KAVILANDO, 20 de sept. 2020, Por ICIJ)
- ¿CÓMO CREERLE AL PRESIDENTE DOMINICANO?
Visto todo esto y bien pensado…
¿Cómo creerle al Presidente Luis Abinader sus afirmaciones sobre el significado que le atribuye a la OPERACIÓN FALCÓN bajo el mando de la DEA?
¿Cómo aceptar que en este país dependiente de EEUU se ha dado inicio a una política eficaz para ponerle fin al crimen organizado?
¿Cómo darle valor a sus palabras y creerle que contamos con un Presidente-Superman, Batman o Robocot, con poderes para desmantelar todas las redes de narcotraficantes funcionales al capitalismo gansterizado de allá y de acá?
¿Cómo -luego de todo lo acontecido y de lo que pasa en el mundo capitalista- asimilar la idea de que el Gobierno de EEUU y su DEA están decididos a acabar con el crimen organizado y salvar a la humanidad de un modelo creado por sus amos?
¿Cómo no pensar que sus pretensiones de engañar, con sucesivos espectáculos mediáticos recomendados por sus “hacedores de imagen”, no habrán de reventarse en choque violento contra la realidad?
A los hechos hay que darle su justo valor: independientemente de los motivos y de lo que particularmente mueve a la DEA-EU en este caso, la acción de Ministerio Público tiende a castigar culpables, devela complicidades políticas importantes y confirma que el Estado Dominicano es un narco-Estado, algo que habíamos denunciado hace muchos años. Eso es lo positivo de ese hecho, fruto de las contradicciones engendradas al interior del modelo.
El crimen organizado y el narco-Estado son mucho más que esa red. Son muchas las redes y significativas las condiciones para su reproducción en el marco de un sistema que hace de caldo de cultivo. Eso ya está comprobado.
Pero además, en este caso hay muchos narco-vínculos de altura no incluidos en el quehacer judicial a nivel de las cúpulas partidarias, militares, policiales y empresariales; también en el de la familia López Pilarte y en otros manejos de la narco-política actual. Y una total y descarada impunidad de las culpas en un pasado reciente, que incluso tocan de lleno a ex presidentes de la república y a otros jerarcas de la política criolla y la carrera militar.
El Presidente Abinader debería desistir de gobernar mediáticamente al margen de una terca e implacable realidad.
(1) Confesiones Amordazadas contiene un Informe sobre el comportamiento del narco-trafico bajo el Gobierno de Salvador Jorge Blanco-PRD (1982-1986), testimonios de un ex agente de la DEA, denuncias, entrevista y valoraciones sobre el curso de la narco-política hasta el inicio del primer gobierno del PLD-Leonel Fernández (1996-2000).
(2) Enrique Pérez y Pérez, general de horca y cuchillo, responsable de números asesinatos, miembro de la CIA, conectado con los grupos terroristas del exilio cubano y beneficiario y protector del narcotráfico en su fase inicial.
(3) Jorge Blanco, Presidente de la República, postulado por el PRD en los comicios del 1982, respaldado por una alianza de fuerzas llamada ACUERDO DE SANTO DOMINGO y sindicado su gobierno como facilitador del auge del narco-tráfico por un informe secreto elaborado por un grupo de expertos , por decisión de la Embajada de EEUU en RD. Dicho Informe fue develado en el libro Confesiones Amordazadas. Su hijo es Ministro del Gobierno que actualmente preside Luis Abinader-PRM y abogado defensor del empresario mafioso Ángel Gonzales (El Fantasma), mexicano-estadounidense, estafador del Estado dominicano.
(4) Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que pese a ser fundado por Juan Bosch, intelectual y político de gran reciedumbre moral, devino en uno de las fuerzas más corruptas de la historia republicana, durante un ejercicio de 20 años de 5 administraciones de gobiernos encabezadas por los ex presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?