Opinión
Narco-Política: Recordar el pasado para entender el presente
“Las causas profundas del reinado de la impunidad no anulan las responsabilidades políticas concretas en los diferentes momentos de su historial”.
Por Narciso Isa Conde
La DEA puso en marcha en nuestra República Dominicana, con la colaboración de la Dirección Nacional Anti-Droga (DNCD) y la Procuraduría General de la República (PGR), un amplio operativo contra una de las redes de narcotraficantes dominicanos conectada a determinadas instancias políticas. El operativo ha sido bautizado OPERACIÓN FALCÓN.
El Presidente Abinader, con su persistente amor por la grandilocuencia superficial y el espectáculo publicitario, valoró el hecho como una especie de principio del fin del crimen organizado en el país y una muestra de su determinación de ponerle término a la impunidad; pese a que tal acción es fundamentalmente de factura importada y ha tocado a las altas esferas políticas implicadas. Una operación “Made in Usa”, en lenguaje puramente comercial.
Como esta operación y su manipulación mediática se prestan a confusiones, voy a recurrir al pasado reciente para esclarecer el real significado del rol de la DEA en este y otros casos parecidos a lo largo de la historia reciente, que lejos de representar aproximaciones consistentes al fin del crimen organizado y de su narco-vertiente, más bien forman parte del funcionamiento y reciclaje del modelo impuesto y de sus macro-simulaciones dentro de la lógica del ataque ocasional contra redes y carteles que “pierden la gracia” de la Casa Blanca.
- CONFESIONES AMORDAZADAS
A mí me tocó participar en la redacción y publicación del libro “CONFESIONES AMORDAZADAS” (1), cuyas tres ediciones circularon en 1997.
Su Capítulo V, titulado “Conclusiones y Emplazamientos”, que voy a usar parcialmente como base fundamental de este artículo (porque precisamente revela el surgimiento y despliegue hasta esa fecha de la narco-política dominicana), es íntegramente de mi autoría y me parece importante refrescar un cuarto de siglo después.
Los párrafos escogidos rezan así:
“Las causas profundas del reinado de la impunidad no anulan las responsabilidades políticas concretas en los diferentes momentos de su historial”.
“El origen de la combinación entre poder, crimen y narco tiene sus escenarios concretos en los gobiernos de García Godoy y Joaquín Balaguer en la segunda mitad de 1960. Bajo su sombra se formaron y desarrollaron los primeros clanes de esa combinación.”
“Al Partido Reformistas y al Dr. Balaguer nadie lo puede exculpar del impetuoso desarrollo del “Delito de Estado” en el curso del tristemente célebre periodo de los doce años. Sobre esa dirección recae todo lo que en materia de corrupción, asesinatos, consumo y tráfico de drogas representó la cúpula burocrática-militar de aquel periodo, incluida la protección inicialmente ofrecida por el ex general Enrique Pérez y Pérez (2) al narcotraficante David Carter (Luego de asesinado este último, Pérez y Pérez se apropió de la empresa CACEN).”
Más tarde, en el periodo de los 10 años……”con la evidente aprobación del Presidente Balaguer, los crímenes ejecutados en los pleitos y “tumbes” planificados por la alta oficialidad de la DNCD y la PN, la corrupción de todo tipo y las conexiones entre el gobierno y narcotráfico han superado todos los parámetros, tal y como lo revelan los testimonios e incluidos en esta edición. Superan incluso el considerable auge que ese negocio sucio tuvo en la administración de Jorge Blanco.”
….
La droga y el gobierno perredeista de Jorge Blanco tiene un capítulo especial en esta obra, elaborado nada más y nada menos que por encargo de la Embajada de los Estados Unidos y silenciado por ella, amén de la evidente conversión de ciertos componentes del Acuerdo de Santo Domingo y del propio PRD en receptáculos y vehículos de la escoria desprendida del narcopoder y conectada con la narco-política. (3)
…..
En los últimos 14 años (previos al 1997), el proceso de amponización de los gobiernos y conversión de la cúpula oficial en una especie de “cosa nostra”, ha crecido extraordinariamente.
“Y a ese proceso de amponización de la política tradicional dominicana no ha escapado tampoco el Partido de la Liberación Nacional (PLD), que sin miramiento y superando sus pasadas inhibiciones éticas, se abrazó a la mafia palaciega y al propio Balaguer, aceptó todo tipo de financiamiento por esa vía y asumió su defensa política”. (Hasta llegar –agrego ahora- a los contubernios mafiosos con Quirino, Figueroa Agosto, Nelson Solano, Arturo del Tiempo Márquez y César el Abusador). (4)
….
“Todo esto tiene apadrinamientos supranacionales. Y en ese orden el poder imperial de los Estados Unidos actúa con significativa ambivalencia formal y tiene responsabilidades inexcusables en la expansión de ese mal aquí y en todo el mundo.”
“Desde el principal mercado de las drogas del mundo…. fabricante de LSD y el CRAC…no podía esperarse otra conducta de su cúpula dirigente y de su DEA frente al informe preparado aquí y develado en esta obra.”
“En América Latina y el Caribe los jefes estadounidenses simulan combatir el mal y piden la extradición de los capos de oros países, mientras propagan la impunidad de sus redes internas del narcotráfico….simulan combatir el mal con su DEA y simplemente lo toman de pretexto para penetrar, para agredir e intervenir…”
…..
“Los carteles del narco no pueden ser defendidos por ellos….pero si alimentados por el poder de compra de la sociedad desmoralizada que ellos han forjado y erigido en “modelo cultural” que se expande, contagiando, corrompiendo, captando jóvenes de todos los extractos sociales, destruyendo hogares y prostituyendo familias bajo el poder alucinante de la cocaína, la heroína y el crac, que su mitología de consumo ha convertido en mercancías altamente cotizadas y codiciadas.”
……
“El narcotráfico- como dice el articulista de EFE, Oscar Callezo- tiene su modelo en una economía de mercado nutrida por las leyes del capitalismo salvaje”.
“Esa economía ahoga cada vez más al mundo subdesarrollado…obliga a sus habitantes a recurrir a formas de subsistencias vinculadas a los extravagantes patrones de consumo del mundo desarrollado”.
….
“La mitología del consumo de la cocaína, por ejemplo, se ha hecho consustancial al estilo de vida de esas sociedades de abundancia… su consumo, como la moda misma, se produce por mimetismo”.
“El narcotráfico es la expresión extrema y degradada de un modelo todavía vigente y no exento de métodos mas o menos ilegales, fraudulentos y amorales.”
“Todo esto indica que para erradicar o crearles condiciones general definitivamente adversa a esos males, es preciso erradicar la formación económico social contaminadas del capitalismo periférico dependiente y sus democracias limitadas y ´pervertidas.” (Libro referido, Conclusiones y Emplazamientos, pags 147- 158)
- LOS ENORMES VOLUMENES DEL LAVADO ALIMENTAN UN CAPITALISMO ENFERMO.
Hasta aquí lo tomado del referido capítulo, recordando al mismo tiempo que los emplazamientos que les hicimos a la dirección del PRD, al propio Peña Gómez, a la cúpula del PLD y al entonces presidente Leonel Fernández, para que reaccionaran frente a esos hechos ominosos, recibieron el silencio por respuesta.
Después de un cuarto de siglo todo esto ha cambiado para peor e incluso el producto del lavado generado por ese modelo, cada vez más degrado y podrido, nutre el sistema financiero del gran capital, y representa un componente sobresaliente de economías como la dominicana y más allá; a pesar de incontables operaciones ejecutadas, muy parecidas a las que actualmente regentea la DEA con el nombre de Operación Falcón.
El dinero del narco es consustancial al capitalismo enfermo y al cacareado crecimiento de la economía dominicana, que no es solo producto de las remesas, las exportaciones y el turismo.
En el contexto de este capitalismo global gansterizado, República Dominicana tiene una ubicación geoestratégica y condiciones estructurales realmente excepcionales para puentear inmensos volúmenes de drogas, que a su vez generan sumas fabulosas en dólares y euros.
No poca cantidad del lavado bruto de la narco-corrupción pasa por finos coladores que posibilitan inyectarle mucho dinero en divisas a las instituciones y a empresas que operan legalmente a distancia de los carteles y redes del bajo mundo.
Imagínense el volumen… si ya en 1985, solo por el Aeropuerto de Portillo en Las Terrenas, se movían –según el mencionado Informe preparado para la Embajada de EEUU en el periodo de gobierno 1982-1986- alrededor de 9 mil millones de dólares por año; lo que ahora es una “chilata” comparado con lo que pasa por todos los puertos, aeropuertos, costas, fronteras terrestres y resorts, destacándose Punta Cana, La Romana y el Puerto Modal Caucedo.
Así crece más la economía y engordan no pocos magnates, pudriendo de paso zonas sensibles de la sociedad y del poder.
La parte que queda en propiedades y empresas bajo control directo o cercano de las bandas de narcotraficantes, es grande, pero menor; y solo deja de fluir cuando por ser tan evidentes como cuerpos del delito, las intervienen y anuncian su valor.
- MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS.
Este fenómeno es global y concierne principalmente a los grandes bancos privados. Veamos:
“Hay consenso -afirma el sociólogo estadounidense James Petras- entre los investigadores parlamentarios norteamericanos, los ex banqueros y los expertos bancarios internacionales que los bancos estadounidenses y europeos lavan entre 500 mil millones y un billón de dólares en dinero sucio anualmente. La mitad de esa suma es lavada por los bancos norteamericanos. El senador Levin sintetiza así el problema: «Las estimaciones indican que entre 500 mil millones y un billón de dólares de origen criminal se mueven y depositan anualmente en los bancos. Se estima que la mitad de ese dinero viene a dar a Estados Unidos».
En toda la década entre 2.5 y 3 billones de dólares de origen criminal han sido lavados por bancos norteamericanos y se mueven en los circuitos financieros norteamericanos. (EE.UU BLANQUEO.-Estados Unidos, un imperio financiado con “dinero sucio” /RED VOLTAIRE, Octubre 2001).
Pero eso no es todo. Denuncias más recientes dan cuenta de las descaradas violaciones de las restricciones legales anti-lavado a cargo de grandes bancos de negocio de EEUU:
“… documentos secretos del gobierno de EE.UU revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos han desafiado las medidas enérgicas contra el lavado de dinero al mover asombrosas sumas de efectivo ilícito para personajes oscuros y redes criminales que han extendido el caos y socavado la democracia en todo el mundo.”
“Los registros muestran que cinco bancos globales (JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) siguieron beneficiándose de actores poderosos y peligrosos incluso después de que las autoridades estadounidenses multaron a estas instituciones financieras por fallas anteriores para contener los flujos de dinero sucio.”
“Las agencias estadounidenses responsables de hacer cumplir las leyes de lavado de dinero rara vez procesan a los megabancos que violan la ley, y las acciones que las autoridades toman apenas repercuten en la avalancha de dinero saqueado que se filtra a través del sistema financiero internacional.”
“En algunos casos, los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de que los funcionarios estadounidenses les advirtieron que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o regímenes corruptos.”
“JPMorgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia , Venezuela y Ucrania, revelan los documentos filtrados.”
“El banco movió más de $ 1 mil millones para el financista fugitivo detrás del escándalo 1MDB de Malasia, según muestran los registros, y más de $ 2 millones para la empresa de un joven magnate de la energía que ha sido acusado de engañar al gobierno de Venezuela y ayudar a causar apagones eléctricos que paralizaron gran parte del país.” (PORTAL KAVILANDO, 20 de sept. 2020, Por ICIJ)
- ¿CÓMO CREERLE AL PRESIDENTE DOMINICANO?
Visto todo esto y bien pensado…
¿Cómo creerle al Presidente Luis Abinader sus afirmaciones sobre el significado que le atribuye a la OPERACIÓN FALCÓN bajo el mando de la DEA?
¿Cómo aceptar que en este país dependiente de EEUU se ha dado inicio a una política eficaz para ponerle fin al crimen organizado?
¿Cómo darle valor a sus palabras y creerle que contamos con un Presidente-Superman, Batman o Robocot, con poderes para desmantelar todas las redes de narcotraficantes funcionales al capitalismo gansterizado de allá y de acá?
¿Cómo -luego de todo lo acontecido y de lo que pasa en el mundo capitalista- asimilar la idea de que el Gobierno de EEUU y su DEA están decididos a acabar con el crimen organizado y salvar a la humanidad de un modelo creado por sus amos?
¿Cómo no pensar que sus pretensiones de engañar, con sucesivos espectáculos mediáticos recomendados por sus “hacedores de imagen”, no habrán de reventarse en choque violento contra la realidad?
A los hechos hay que darle su justo valor: independientemente de los motivos y de lo que particularmente mueve a la DEA-EU en este caso, la acción de Ministerio Público tiende a castigar culpables, devela complicidades políticas importantes y confirma que el Estado Dominicano es un narco-Estado, algo que habíamos denunciado hace muchos años. Eso es lo positivo de ese hecho, fruto de las contradicciones engendradas al interior del modelo.
El crimen organizado y el narco-Estado son mucho más que esa red. Son muchas las redes y significativas las condiciones para su reproducción en el marco de un sistema que hace de caldo de cultivo. Eso ya está comprobado.
Pero además, en este caso hay muchos narco-vínculos de altura no incluidos en el quehacer judicial a nivel de las cúpulas partidarias, militares, policiales y empresariales; también en el de la familia López Pilarte y en otros manejos de la narco-política actual. Y una total y descarada impunidad de las culpas en un pasado reciente, que incluso tocan de lleno a ex presidentes de la república y a otros jerarcas de la política criolla y la carrera militar.
El Presidente Abinader debería desistir de gobernar mediáticamente al margen de una terca e implacable realidad.
(1) Confesiones Amordazadas contiene un Informe sobre el comportamiento del narco-trafico bajo el Gobierno de Salvador Jorge Blanco-PRD (1982-1986), testimonios de un ex agente de la DEA, denuncias, entrevista y valoraciones sobre el curso de la narco-política hasta el inicio del primer gobierno del PLD-Leonel Fernández (1996-2000).
(2) Enrique Pérez y Pérez, general de horca y cuchillo, responsable de números asesinatos, miembro de la CIA, conectado con los grupos terroristas del exilio cubano y beneficiario y protector del narcotráfico en su fase inicial.
(3) Jorge Blanco, Presidente de la República, postulado por el PRD en los comicios del 1982, respaldado por una alianza de fuerzas llamada ACUERDO DE SANTO DOMINGO y sindicado su gobierno como facilitador del auge del narco-tráfico por un informe secreto elaborado por un grupo de expertos , por decisión de la Embajada de EEUU en RD. Dicho Informe fue develado en el libro Confesiones Amordazadas. Su hijo es Ministro del Gobierno que actualmente preside Luis Abinader-PRM y abogado defensor del empresario mafioso Ángel Gonzales (El Fantasma), mexicano-estadounidense, estafador del Estado dominicano.
(4) Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que pese a ser fundado por Juan Bosch, intelectual y político de gran reciedumbre moral, devino en uno de las fuerzas más corruptas de la historia republicana, durante un ejercicio de 20 años de 5 administraciones de gobiernos encabezadas por los ex presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
……………………………………………………..
El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.