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Gobierno dice que procura un sistema tributario progresivo y simple
La filtración de lo que parece ser el proyecto de reforma fiscal que prevé el Gobierno que, según sus propiciadores, procura crear un sistema impositivo progresivo y simplificado y con tal fin ha preparado una propuesta de discusión que prevé aumentar las tasas del Impuesto sobre la Renta y del impuesto a las viviendas, así como crear un nuevo sistema del impuesto a la placa y que contempla subir el impuesto a las bebidas.
Asimismo, se contempla aplicar el impuesto a la placa en base al 1 % del valor del vehículo, cuando el valor del mercado” sea superior a US$10,000, y un impuesto fijo mínimo de RD$2,500 para las unidades cuya valoración no exceda US$10,000.
Como paso hacia el desmonte de la alta regresividad impositiva del país, el Gobierno plantearía la reducción, en un período de tres años, de la tasa general del ITBIS, de 18 a 16 %. Será una tasa única porque actualmente se aplican dos tasas, 18 y 16 %. Esta última para una serie de bienes alimenticios, como café, azúcar, grasas comestibles, chocolate y yogur, incorporados mediante la reforma fiscal del 2012. Esa reforma, aprobada mediante la Ley 253-13, aumentó la tasa general del ITBIS al 18 % y disponía la unificación de tasas en 16% a partir del 2016, condicionada a que para entonces el país lograra una presión tributaria del 16 %. Esa meta no se ha logrado y los bienes y servicios gravados con la tasa general siguen pagando el 18 %.
El concepto que el Gobierno socializa con diferentes sectores a los cuales convocará a discutir el pacto social que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 es de crear un sistema impositivo progresivo y simple, basado en seis pilares. Los impuestos son progresivos cuando su aplicación está vinculada con el poder de pago del contribuyente. Se afirma que afecta más a quien más puede pagar, y por lo general se aplica en base a manifestaciones como riqueza o patrimonio y a ingreso. El impuesto es regresivo cuando afecta proporcionalmente a los más pobres y el consumo es la manifestación económica a través de la cual se cobra o aplica.
En el país, el principal al consumo es el ITBIS, seguido de los selectivos a los combustibles y a los alcoholes.
En los lineamientos de reforma fiscal que el Gobierno había puesto originalmente en manos de los actores del Consejo Económico y Social (CES), el pilar número uno plantea que “las personas con mayores ingresos deberán realizar aportes mayores” y que “deben incrementarse las recaudaciones provenientes del patrimonio de las personas”. La reforma fiscal fue retirada de seno del CES, para discutirla directamente por el Gobierno con la clase política y otras instancias.
La parte que plantea la visión oficial hacia la simplificación del aparato impositivo se basa en una propuesta para simplificación tributaria y eliminación de figuras y procedimientos que hacen complicado el pago de las obligaciones tributarias. La esencia es facilitación para las micro y pequeñas empresas.
En otro documento se habla de eliminar el pago de anticipos a las personas físicas y a las mipymes, y restructurar el esquema para las personas jurídicas (empresas).
El tercer pilar plantea la revisión de todas las exenciones fiscales y el cuarto cita la “protección de la población más vulnerable”. El quinto pilar dice que “se asociarán las recaudaciones de impuestos con proyectos y gastos identificables”.
El sexto pilar de la propuesta es el establecimiento de una ley de responsabilidad fiscal que garantice la sostenibilidad fiscal e impida tener que hacer nuevas reformas tributarias en el futuro”. Abarca la Ley de Recapitalización del Banco Central que “le hará frente definitivo a la deuda cuasi fiscal”.
El otro documento
Mientras tanto, en un documento paralelo que circula y que se asocia con la visión global del Gobierno se plantea incrementar el impuesto a los cheques a 0.075 % (ahora es de 0.015 %) por dos años, subir la tasa del Impuesto sobre la Renta a las personas jurídicas (empresas) a 30 % y reducirla al 27 % a partir del cuarto año, subir la de las personas físicas a 35 % (ahora es de 25 %) para el tramo más alto, que corresponde a los ingresos anuales superiores a RD$867,123.02.
La idea, según el documento que circula entre diferentes actores económicos y que no ha sido asumido ni negado oficialmente por el Gobierno, es producir un “aumento asimétrico de la tasa efectiva del ISR a las personas físicas en cada tramo no exento”.
En la parte patrimonial se plantea eliminar el impuesto del 1 % a los activos de las empresas acogidas a la ley 557-05, aplicar un impuesto de 0.5% para los inmuebles propiedad de personas físicas a partir de RD$5.0 millones y de 1% para los valorados en más de RD$8.1 millones.
Gravarán en forma transitoria a más ricos
También plantea crear un impuesto transitorio del 1 % al patrimonio de las personas físicas a partir de RD$60.0 millones. Y para el Impuesto de Circulación Vehicular, más conocido como impuesto por la renovación de la placa, habla de una tributación mixta; una ad valorem y otra específica. Parte de que el parque vehicular dominicano tiene el 71 % de sus unidades con un valor de mercado inferior a US$10,000, a cuyo universo se le aplicaría por derecho a circulación un impuesto mínimo de RD$2,500 anuales, indexable por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a los que superen esa cotización de “mercado” se les aplicaría una tasa del 1 % del valor. Se estima un rendimiento anual por la nueva modalidad del impuesto a la placa de RD$4,482.7 millones. De los impuestos específicos a las bebidas alcohólicas se fijaría un pago de RD$1,000 por cada litro de alcohol contenido.
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.