Opinión
El clan de presidentes y expresidentes multimillonarios con empresas offshore
La inversión en política electoral opera como mecanismo de acceso o compra de cargos muy rentables para maniobras ilegítimas.
Por Narciso Isa Conde
De más en más abundan en la región latino-caribeña los presidentes, ex presidentes, ministros y funcionarios multimillonarios, representantes de la oligarquía capitalista nativa y transnacional.
Ante el fenómeno de los políticos convertidos al vapor en relevantes componentes del capitalismo parasitario, los narcos metidos a políticos y los políticos asociados a los capos, la poderosa cúpula capitalista tradicional ha decidido tomar importante cargos ejecutivos y legislativos en los Estados cada vez mas gansterizados del Continente Americano y más allá. Todos ellos entrelazados, compitiendo y cooperando entre sí, según temas y derivaciones de la crisis sistémica.
A esa dinámica perversa sirven las nuevas privatizaciones, los préstamos que las favorecen, las Alianzas Público-Privada (APPS), las contrataciones y compras sobrevaluadas, la usura tolerada o legalizada, el narcolavado y otros lavados parecidos, las exenciones de impuestos, las exoneraciones selectivas, las obras de infraestructuras dirigidas a incrementar el valor y la rentabilidad de las inversiones privadas, y las Constituciones y leyes hechas a la medida de una voracidad muy diversa.
Están también los paraísos fiscales y las empresas carpetas, offshore y demás yerbas no aromáticas.
- LOS ESCÁNDALOS DE UNA LUMPEN-BURGUESÍA DIVERSA Y AMPLIADA.
Así, la nueva lumpen-burguesía que exhibe una gran y riesgosa creatividad delictiva para desarrollarse, se suma a una vieja lumpen-burguesía que ejerce, junto a la acumulación ampliada de capital, nuevas y viejas formas de acumulación originaria.
Esto llena de contradicciones al bloque político-social dominante, las cuales estallan periódicamente y obligan a una parte de sus componentes, a pagar costos de descréditos adicionales.
Las grandes y cada vez más profundas desigualdades sociales crecen a la velocidad de la diversificada gansterización del gran capital, ya heredado, ya robado, ya producto de la sobre-explotación de la fuerza de trabajo e intelectual.
Brotan así los escándalos relacionados con conflictos de intereses, tráfico de influencia y apropiación de lo público y lo social, ya sean empresas, territorios y naturaleza variada, incluida costas y fuentes de agua.
Llueven los nombres de los protagonistas de las fullerías legales e ilegales, propietarios de fortunas que se multiplican ejerciendo altas funciones públicas al servicio del capital privado, ya propio, ya de otros componentes de las elites de la clase dominante.
La inversión en política electoral opera como mecanismo de acceso o compra de cargos muy rentables para maniobras ilegítimas.
Los partidos se privatizan y son asaltados por grupos empresariales, que pasan fácilmente a ocupar las más altas funciones gubernamentales y Estado; lo que lo expone a descrédito mayores o los obliga a exhibir el cobre tras el baño de oro
- PANDORAS, PAPELES Y OTRAS PENALIDADES.
Es ahora el caso de una buena parte de los integrantes del clan de los presidentes, ex presidentes y ministros empresario asociados a los paraísos fiscales y empresas offshore.
El Consorcio Internacional de Periodistas publicó con el nombre de PAPELES DE PANDORA la nueva versión de los PAPELES DE PANAMÁ, una investigación sobre las finanzas de 300 altos funcionarios a escala global y detectó depósitos en el exterior de ex presidentes y actuales gobernantes.
21 ex gobernantes, altos funcionarios y ex presidentes latino-caribeños han sido denunciados porque en diversos periodos escondieron millones en paraísos fiscales de Panamá, islas Vírgenes y Dakota del Sur; una parte de ellos para evadir impuestos y otra para obtener otras ventajas. La denuncia incluye tres presidentes activos, entre ellos a LUIS ABINADER.
Sus nombres están bien calientes en el Washington Post, BBC de Londres, La Jornada de México, The Guardian de Inglaterra, http://Noticiassin.com de República Dominicana y otros medios de comunicación.
Es el precio de lanzarse a la política y realizar campañas electorales como inversión de una de las partes de las fracturadas elites capitalistas enfrascadas con otras en pugnas por la preeminencia; ocultando vertientes de sus fortunas y operaciones empresariales antes de ocupar esas funciones públicas, o incluso en no pocos casos no declarando esas empresas como componentes de su patrimonio familiar.
- LOS EX Y ACTUALES PRESIDENTES POR SU NOMBRE.
Entre los ex presidentes, que según los Papeles de Pandora ocultaron fortuna para evadir impuestos, se destacan Kuczynski de Perú (sobornado por ODEBRECHT), Porfirio Lobo (el golpista que masacró al pueblo hondureño), César Gaviria y Pastrana (vinculados al y a la corrupción en Colombia), Ricardo Martinelli (procesado en Panamá) y Ernesto Pérez Balladares también de Panamá. Corruptos y multimillonarios todos.
El trió de presidentes activos con varias empresas offshore y operaciones en paraísos fiscales lo integran Guillermo Lasso (Banquero de Ecuador, Sebastián Piñera de Chile y Luis Abinader. Todos con grandes fortunas familiares.
- EL DE AQUÍ SE LLAMA LUIS Y SU GESTIÓN ESTÁ ENTRAMPA EN LA DUALIDAD POLÍTICA-EMPRESARIAL.
Luis Abinader y dos hermanos aparecen en esos papeles como propietarios de LITLECOT INC. creada en el 2011 y PADRESO S.A. en el 2014, junto a un Holdings que incluye varias más.
Eso se desconocía cuando fue candidato, pero ciertamente incluyó esa información en su declaración patrimonial cuando asumió la Presidencia de la República. También se desconocía el monto de su fortuna.
Ahora alega que las referidas offshore han pagado los impuestos correspondientes en el país, sin precisar el monto de sus activos ni presentar todavía pruebas documentales del cumplimiento de sus compromisos fiscales.
Hemos dicho responsablemente que el Presidente Abinader -además de esclarecer todo lo concerniente a esa denuncia del Consorcio Internacional de Periodistas- tiene cuentas que explicar cómo la ubicación Cementera propiedad de su familia en Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño (violando aéreas protegidas por ley), y las obras de infraestructuras y políticas públicas que favorecen sus empresas.
Debe justificar la transparencia de la promoción gratuita a la empresa TESLA de Elon Musk en la ceremonia de toma de posesión, la protecciones y alianza política con el poderoso Grupo Vicini (responsable de variadas estafas al Estado Dominicano), el apoyo a su Ministro de la Presidencia (miembro del Grupo Vicini, señalado como beneficiario de la corrupción del gobierno anterior), y la designación de Samuel Pereyra Rojas como Administrador del Banco de Reservas (a pesar de estar involucrado en el fraude de la compra de aviones Súper Tucanos a Brasil en complicidad con el ex presidente Leonel Fernández).
A esto se agrega su injustificable silencio frente a la conexiones de la cúpula de su partido PRM con capos y redes de la drogas y respecto sus reiteradas visitas durante la campaña electoral a la familia López Pilarte; vinculada políticamente al PRM y denunciada por la Procuraduría General por delito de narcotráfico y lavado de dinero sucio.
Esos silencios le imprimen mucha fuerza a la percepción de que la proclamada transparencia y el cacareado compromiso de lucha contra la corrupción y la impunidad del Presidente de este Gobierno de Multimillonarios, tiene su límite en el área de sus “corruptos preferidos” y se detiene la acción de justicia cuando se trata de personeros del mundo empresarial, jefes militares y parcelas políticas propia o aliadas. Porque no hay dudas de que hay silencios más elocuentes que las palabras. 7-10-2021, Santo Domingo, RD
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.