Opinión
El clan de presidentes y expresidentes multimillonarios con empresas offshore
La inversión en política electoral opera como mecanismo de acceso o compra de cargos muy rentables para maniobras ilegítimas.
Por Narciso Isa Conde
De más en más abundan en la región latino-caribeña los presidentes, ex presidentes, ministros y funcionarios multimillonarios, representantes de la oligarquía capitalista nativa y transnacional.
Ante el fenómeno de los políticos convertidos al vapor en relevantes componentes del capitalismo parasitario, los narcos metidos a políticos y los políticos asociados a los capos, la poderosa cúpula capitalista tradicional ha decidido tomar importante cargos ejecutivos y legislativos en los Estados cada vez mas gansterizados del Continente Americano y más allá. Todos ellos entrelazados, compitiendo y cooperando entre sí, según temas y derivaciones de la crisis sistémica.
A esa dinámica perversa sirven las nuevas privatizaciones, los préstamos que las favorecen, las Alianzas Público-Privada (APPS), las contrataciones y compras sobrevaluadas, la usura tolerada o legalizada, el narcolavado y otros lavados parecidos, las exenciones de impuestos, las exoneraciones selectivas, las obras de infraestructuras dirigidas a incrementar el valor y la rentabilidad de las inversiones privadas, y las Constituciones y leyes hechas a la medida de una voracidad muy diversa.
Están también los paraísos fiscales y las empresas carpetas, offshore y demás yerbas no aromáticas.
- LOS ESCÁNDALOS DE UNA LUMPEN-BURGUESÍA DIVERSA Y AMPLIADA.
Así, la nueva lumpen-burguesía que exhibe una gran y riesgosa creatividad delictiva para desarrollarse, se suma a una vieja lumpen-burguesía que ejerce, junto a la acumulación ampliada de capital, nuevas y viejas formas de acumulación originaria.
Esto llena de contradicciones al bloque político-social dominante, las cuales estallan periódicamente y obligan a una parte de sus componentes, a pagar costos de descréditos adicionales.
Las grandes y cada vez más profundas desigualdades sociales crecen a la velocidad de la diversificada gansterización del gran capital, ya heredado, ya robado, ya producto de la sobre-explotación de la fuerza de trabajo e intelectual.
Brotan así los escándalos relacionados con conflictos de intereses, tráfico de influencia y apropiación de lo público y lo social, ya sean empresas, territorios y naturaleza variada, incluida costas y fuentes de agua.
Llueven los nombres de los protagonistas de las fullerías legales e ilegales, propietarios de fortunas que se multiplican ejerciendo altas funciones públicas al servicio del capital privado, ya propio, ya de otros componentes de las elites de la clase dominante.
La inversión en política electoral opera como mecanismo de acceso o compra de cargos muy rentables para maniobras ilegítimas.
Los partidos se privatizan y son asaltados por grupos empresariales, que pasan fácilmente a ocupar las más altas funciones gubernamentales y Estado; lo que lo expone a descrédito mayores o los obliga a exhibir el cobre tras el baño de oro
- PANDORAS, PAPELES Y OTRAS PENALIDADES.
Es ahora el caso de una buena parte de los integrantes del clan de los presidentes, ex presidentes y ministros empresario asociados a los paraísos fiscales y empresas offshore.
El Consorcio Internacional de Periodistas publicó con el nombre de PAPELES DE PANDORA la nueva versión de los PAPELES DE PANAMÁ, una investigación sobre las finanzas de 300 altos funcionarios a escala global y detectó depósitos en el exterior de ex presidentes y actuales gobernantes.
21 ex gobernantes, altos funcionarios y ex presidentes latino-caribeños han sido denunciados porque en diversos periodos escondieron millones en paraísos fiscales de Panamá, islas Vírgenes y Dakota del Sur; una parte de ellos para evadir impuestos y otra para obtener otras ventajas. La denuncia incluye tres presidentes activos, entre ellos a LUIS ABINADER.
Sus nombres están bien calientes en el Washington Post, BBC de Londres, La Jornada de México, The Guardian de Inglaterra, http://Noticiassin.com de República Dominicana y otros medios de comunicación.
Es el precio de lanzarse a la política y realizar campañas electorales como inversión de una de las partes de las fracturadas elites capitalistas enfrascadas con otras en pugnas por la preeminencia; ocultando vertientes de sus fortunas y operaciones empresariales antes de ocupar esas funciones públicas, o incluso en no pocos casos no declarando esas empresas como componentes de su patrimonio familiar.
- LOS EX Y ACTUALES PRESIDENTES POR SU NOMBRE.
Entre los ex presidentes, que según los Papeles de Pandora ocultaron fortuna para evadir impuestos, se destacan Kuczynski de Perú (sobornado por ODEBRECHT), Porfirio Lobo (el golpista que masacró al pueblo hondureño), César Gaviria y Pastrana (vinculados al y a la corrupción en Colombia), Ricardo Martinelli (procesado en Panamá) y Ernesto Pérez Balladares también de Panamá. Corruptos y multimillonarios todos.
El trió de presidentes activos con varias empresas offshore y operaciones en paraísos fiscales lo integran Guillermo Lasso (Banquero de Ecuador, Sebastián Piñera de Chile y Luis Abinader. Todos con grandes fortunas familiares.
- EL DE AQUÍ SE LLAMA LUIS Y SU GESTIÓN ESTÁ ENTRAMPA EN LA DUALIDAD POLÍTICA-EMPRESARIAL.
Luis Abinader y dos hermanos aparecen en esos papeles como propietarios de LITLECOT INC. creada en el 2011 y PADRESO S.A. en el 2014, junto a un Holdings que incluye varias más.
Eso se desconocía cuando fue candidato, pero ciertamente incluyó esa información en su declaración patrimonial cuando asumió la Presidencia de la República. También se desconocía el monto de su fortuna.
Ahora alega que las referidas offshore han pagado los impuestos correspondientes en el país, sin precisar el monto de sus activos ni presentar todavía pruebas documentales del cumplimiento de sus compromisos fiscales.
Hemos dicho responsablemente que el Presidente Abinader -además de esclarecer todo lo concerniente a esa denuncia del Consorcio Internacional de Periodistas- tiene cuentas que explicar cómo la ubicación Cementera propiedad de su familia en Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño (violando aéreas protegidas por ley), y las obras de infraestructuras y políticas públicas que favorecen sus empresas.
Debe justificar la transparencia de la promoción gratuita a la empresa TESLA de Elon Musk en la ceremonia de toma de posesión, la protecciones y alianza política con el poderoso Grupo Vicini (responsable de variadas estafas al Estado Dominicano), el apoyo a su Ministro de la Presidencia (miembro del Grupo Vicini, señalado como beneficiario de la corrupción del gobierno anterior), y la designación de Samuel Pereyra Rojas como Administrador del Banco de Reservas (a pesar de estar involucrado en el fraude de la compra de aviones Súper Tucanos a Brasil en complicidad con el ex presidente Leonel Fernández).
A esto se agrega su injustificable silencio frente a la conexiones de la cúpula de su partido PRM con capos y redes de la drogas y respecto sus reiteradas visitas durante la campaña electoral a la familia López Pilarte; vinculada políticamente al PRM y denunciada por la Procuraduría General por delito de narcotráfico y lavado de dinero sucio.
Esos silencios le imprimen mucha fuerza a la percepción de que la proclamada transparencia y el cacareado compromiso de lucha contra la corrupción y la impunidad del Presidente de este Gobierno de Multimillonarios, tiene su límite en el área de sus “corruptos preferidos” y se detiene la acción de justicia cuando se trata de personeros del mundo empresarial, jefes militares y parcelas políticas propia o aliadas. Porque no hay dudas de que hay silencios más elocuentes que las palabras. 7-10-2021, Santo Domingo, RD
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?