Opinión
El clan de presidentes y expresidentes multimillonarios con empresas offshore
La inversión en política electoral opera como mecanismo de acceso o compra de cargos muy rentables para maniobras ilegítimas.
Por Narciso Isa Conde
De más en más abundan en la región latino-caribeña los presidentes, ex presidentes, ministros y funcionarios multimillonarios, representantes de la oligarquía capitalista nativa y transnacional.
Ante el fenómeno de los políticos convertidos al vapor en relevantes componentes del capitalismo parasitario, los narcos metidos a políticos y los políticos asociados a los capos, la poderosa cúpula capitalista tradicional ha decidido tomar importante cargos ejecutivos y legislativos en los Estados cada vez mas gansterizados del Continente Americano y más allá. Todos ellos entrelazados, compitiendo y cooperando entre sí, según temas y derivaciones de la crisis sistémica.
A esa dinámica perversa sirven las nuevas privatizaciones, los préstamos que las favorecen, las Alianzas Público-Privada (APPS), las contrataciones y compras sobrevaluadas, la usura tolerada o legalizada, el narcolavado y otros lavados parecidos, las exenciones de impuestos, las exoneraciones selectivas, las obras de infraestructuras dirigidas a incrementar el valor y la rentabilidad de las inversiones privadas, y las Constituciones y leyes hechas a la medida de una voracidad muy diversa.
Están también los paraísos fiscales y las empresas carpetas, offshore y demás yerbas no aromáticas.
- LOS ESCÁNDALOS DE UNA LUMPEN-BURGUESÍA DIVERSA Y AMPLIADA.
Así, la nueva lumpen-burguesía que exhibe una gran y riesgosa creatividad delictiva para desarrollarse, se suma a una vieja lumpen-burguesía que ejerce, junto a la acumulación ampliada de capital, nuevas y viejas formas de acumulación originaria.
Esto llena de contradicciones al bloque político-social dominante, las cuales estallan periódicamente y obligan a una parte de sus componentes, a pagar costos de descréditos adicionales.
Las grandes y cada vez más profundas desigualdades sociales crecen a la velocidad de la diversificada gansterización del gran capital, ya heredado, ya robado, ya producto de la sobre-explotación de la fuerza de trabajo e intelectual.
Brotan así los escándalos relacionados con conflictos de intereses, tráfico de influencia y apropiación de lo público y lo social, ya sean empresas, territorios y naturaleza variada, incluida costas y fuentes de agua.
Llueven los nombres de los protagonistas de las fullerías legales e ilegales, propietarios de fortunas que se multiplican ejerciendo altas funciones públicas al servicio del capital privado, ya propio, ya de otros componentes de las elites de la clase dominante.
La inversión en política electoral opera como mecanismo de acceso o compra de cargos muy rentables para maniobras ilegítimas.
Los partidos se privatizan y son asaltados por grupos empresariales, que pasan fácilmente a ocupar las más altas funciones gubernamentales y Estado; lo que lo expone a descrédito mayores o los obliga a exhibir el cobre tras el baño de oro
- PANDORAS, PAPELES Y OTRAS PENALIDADES.
Es ahora el caso de una buena parte de los integrantes del clan de los presidentes, ex presidentes y ministros empresario asociados a los paraísos fiscales y empresas offshore.
El Consorcio Internacional de Periodistas publicó con el nombre de PAPELES DE PANDORA la nueva versión de los PAPELES DE PANAMÁ, una investigación sobre las finanzas de 300 altos funcionarios a escala global y detectó depósitos en el exterior de ex presidentes y actuales gobernantes.
21 ex gobernantes, altos funcionarios y ex presidentes latino-caribeños han sido denunciados porque en diversos periodos escondieron millones en paraísos fiscales de Panamá, islas Vírgenes y Dakota del Sur; una parte de ellos para evadir impuestos y otra para obtener otras ventajas. La denuncia incluye tres presidentes activos, entre ellos a LUIS ABINADER.
Sus nombres están bien calientes en el Washington Post, BBC de Londres, La Jornada de México, The Guardian de Inglaterra, http://Noticiassin.com de República Dominicana y otros medios de comunicación.
Es el precio de lanzarse a la política y realizar campañas electorales como inversión de una de las partes de las fracturadas elites capitalistas enfrascadas con otras en pugnas por la preeminencia; ocultando vertientes de sus fortunas y operaciones empresariales antes de ocupar esas funciones públicas, o incluso en no pocos casos no declarando esas empresas como componentes de su patrimonio familiar.
- LOS EX Y ACTUALES PRESIDENTES POR SU NOMBRE.
Entre los ex presidentes, que según los Papeles de Pandora ocultaron fortuna para evadir impuestos, se destacan Kuczynski de Perú (sobornado por ODEBRECHT), Porfirio Lobo (el golpista que masacró al pueblo hondureño), César Gaviria y Pastrana (vinculados al y a la corrupción en Colombia), Ricardo Martinelli (procesado en Panamá) y Ernesto Pérez Balladares también de Panamá. Corruptos y multimillonarios todos.
El trió de presidentes activos con varias empresas offshore y operaciones en paraísos fiscales lo integran Guillermo Lasso (Banquero de Ecuador, Sebastián Piñera de Chile y Luis Abinader. Todos con grandes fortunas familiares.
- EL DE AQUÍ SE LLAMA LUIS Y SU GESTIÓN ESTÁ ENTRAMPA EN LA DUALIDAD POLÍTICA-EMPRESARIAL.
Luis Abinader y dos hermanos aparecen en esos papeles como propietarios de LITLECOT INC. creada en el 2011 y PADRESO S.A. en el 2014, junto a un Holdings que incluye varias más.
Eso se desconocía cuando fue candidato, pero ciertamente incluyó esa información en su declaración patrimonial cuando asumió la Presidencia de la República. También se desconocía el monto de su fortuna.
Ahora alega que las referidas offshore han pagado los impuestos correspondientes en el país, sin precisar el monto de sus activos ni presentar todavía pruebas documentales del cumplimiento de sus compromisos fiscales.
Hemos dicho responsablemente que el Presidente Abinader -además de esclarecer todo lo concerniente a esa denuncia del Consorcio Internacional de Periodistas- tiene cuentas que explicar cómo la ubicación Cementera propiedad de su familia en Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño (violando aéreas protegidas por ley), y las obras de infraestructuras y políticas públicas que favorecen sus empresas.
Debe justificar la transparencia de la promoción gratuita a la empresa TESLA de Elon Musk en la ceremonia de toma de posesión, la protecciones y alianza política con el poderoso Grupo Vicini (responsable de variadas estafas al Estado Dominicano), el apoyo a su Ministro de la Presidencia (miembro del Grupo Vicini, señalado como beneficiario de la corrupción del gobierno anterior), y la designación de Samuel Pereyra Rojas como Administrador del Banco de Reservas (a pesar de estar involucrado en el fraude de la compra de aviones Súper Tucanos a Brasil en complicidad con el ex presidente Leonel Fernández).
A esto se agrega su injustificable silencio frente a la conexiones de la cúpula de su partido PRM con capos y redes de la drogas y respecto sus reiteradas visitas durante la campaña electoral a la familia López Pilarte; vinculada políticamente al PRM y denunciada por la Procuraduría General por delito de narcotráfico y lavado de dinero sucio.
Esos silencios le imprimen mucha fuerza a la percepción de que la proclamada transparencia y el cacareado compromiso de lucha contra la corrupción y la impunidad del Presidente de este Gobierno de Multimillonarios, tiene su límite en el área de sus “corruptos preferidos” y se detiene la acción de justicia cuando se trata de personeros del mundo empresarial, jefes militares y parcelas políticas propia o aliadas. Porque no hay dudas de que hay silencios más elocuentes que las palabras. 7-10-2021, Santo Domingo, RD
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.