Nacionales
Organo competente busca como aplicar ley prohíbe el activismo.
La definición de las actividades político-partidistas prohibidas por la ley es una responsabilidad de la Junta Central Electoral ante la realidad de que los aspirantes presidenciales se promueven a casi dos años de que se oficialice la precampaña electoral, sin que se lesione la libertad de expresión y difusión del pensamiento.
El presidente de la JCE, Román Jáquez, informó que ese emitirá un documento que definirá lo que está permitido y lo que no para los aspirantes a la presidencia de la República.
También está planteado un problema político. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha explicado que sus dirigentes seguirán activando porque sus competidores, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP), ya tienen candidatos presidenciales definidos mientras ellos no y que eso los coloca en desventaja para la competencia para el 2024.
De hecho, el PLD convocó para 30 de este mes al Comité Central para oficializar las precandidaturas, según dijo esa organización en función de lo establecido por sus estatutos. Para esos fines, una comisión de ese partido integrada por el secretario general, Charlie Mariotti, el delegado político, José Ramón (Monchy) Fadul y el titular de la secretaría de asuntos jurídicos del PLD, José Dantés, fue a la JCE a explicar que sus dirigentes no violan la ley y seguirán las actividades.
Adicionalmente, la JCE recibe presión social para que aplique la ley de manera literal y prohíba las actividades políticas. Ese es un viejo anhelo que siempre se ha estado en el debate de la opinión pública y precisamente eso provocó que se reunificaran las elecciones congresuales y presidenciales que se hacían con dos años de diferencia hasta el 2016. Igualmente por esa razón se limitó el tiempo de la campaña y precampaña en la Ley 33/18 y la 15/19.
El problema es que el mandato de la Ley de Partidos es casi imposible de aplicar de manera literal por parte de la JCE, tanto porque no cuenta con capacidad logística para evitar y supervisar el cumplimiento riguroso de las prohibiciones, pero sobre todo porque choca con derechos fundamentales. Es probable que si la JCE intenta ir más allá de lo razonable, el tema termine en el Tribunal Constitucional que ya ha anulado más de doce artículos de la ley 33/18.
Para el politólogo Engel Villanueva hay una cuestión conceptual que hay que delimitar sobre el alcance y límites tiene el término proselitismo. “Los partidos políticos son entes institucionales y sociales vivos, que para poder identificarse con las demandas agregadas de la sociedad implica tener contacto con los diversos estratos sociales todo el tiempo. Es la libertad de asociación, que como derecho fundamental no puede ser jamás objeto de limitación, sobre todo si afecta lo que en el Derecho Constitucional se denomina su núcleo esencial”, explicó.
Sostuvo que existe una línea muy fina entre las posibles interpretaciones y las posibles sanciones que pudiera aplicar la JCE porque en el plano fáctico podría ser o no objeto de prohibición. “Creo que la JCE y los partidos deben de establecer claramente los límites de este tipo de derechos, porque lo que ocurrirá es que este debate -de no consensuarse- se podría judicializar y el órgano electoral no puede caer en la vocación de ser constantemente susceptibles de decisiones judiciales sobre respecto de temas cuya naturaleza podrían ser aclarados con los partidos políticos en el marco de los principios de razonabilidad y proporcionalidad”, observó.
Sobre el impacto político de las limitaciones que tiene la Ley y el enfoque de aplicación que le de la JCE, sostuvo que no sería saludable para el organismo empujar hacia la desventaja a la oposición. “El mismo gobierno ha convocado un Diálogo Nacional y existe la percepción en gran parte de estos partidos, de que el presidente, cuya presencia mediática asciende cada día más podría optar por intentar reelegirse, por tanto, coloca a la oposición en desventaja”, comentó.
Lo que dice la Ley
El artículo 41 de la ley 33/18 establece que la precampaña es el período en el cual los partidos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular, y será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos”. El numeral 8 del artículo 78 manda a la JCE a declarar inamisibles las candidaturas de los aspirantes que violen esa disposición. “Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura”.
Lo que prohíbe la ley de partidos
La ley prohíbe pintura de calles, aceras, contenes, postes del tendido eléctrico, árboles, así como de cualquier propiedad pública, con los colores, emblemas o símbolos del candidato o el partido, agrupación o movimiento político que lo sustenta.
También la colocación de afiches, vallas, cruzacalles, calcomanías, adhesivos, distintivos, murales, altoparlante (disco light) y cualquier otro medio de publicidad partidaria. Además, el uso de pintura o afiches no removibles, así como toda propaganda política que se fundamente, haga referencia o pueda percibirse de manera negativa, irrespetuosa o contraria a los principios, costumbres y valores culturales de la comunidad.
Las actividades permitidas están limitadas al interno de los partidos políticos, en sus locales y lugarres privados cerrados.
Nacionales
Transitoriamente no tendrá penalidad el pago por la pérdida o deterioro de la libreta de pasaportes.
Santo Domingo.- La suspension de manera temporal del pago de penalidad por deterioro o pérdida de la libreta si los ciudadanos realizan la transición al nuevo pasaporte electronico, segun fue anunciado por la Dirección General de Pasaportes.
La información la ofreció el director general de la institución, Lorenzo David Ramírez Uribe, quien precisó que la medida será implementada desde el 15 de este mes hasta el 31 de diciembre de este año.
«Esta decisión representa un alivio económico real para miles de dominicanos que desde el 2011 cuando una persona perdía o deterioraba su libreta debía asumir un costo adicional y que encarecía el proceso de obtención de un nuevo pasaporte», señaló.
El impacto de esta disposición es significativo. Estimamos que generará un ahorro superior a los 48 millones de pesos para el bolsillo de los dominicanos durante el periodo vigente de esta pasividad.
«Este dinero permanecerá en manos de las familias, de los estudiantes, de los trabajadores y de los emprendedores que necesitan viajar y que ahora podrán realizar su trámite con una carga económicamente menor», expresó durante una rueda de prensa.
Ramírez Uribe informó que, a la fecha, se han emitido alrededor de 26.000 pasaportes electrónicos en las 5 oficinas habilitadas para ofrecer este servicio.
«Esta cifra representa la confianza de la ciudadanía en este nuevo documento y el éxito de esta implementación. Detrás de cada uno de estos pasaportes hay una identidad protegida con los más altos estándares internacionales de seguridad y un documento alineado con las mejores prácticas mundiales», sostuvo.
Asimismo, enfatizó que continúan ampliando su cobertura nacional, incorporando el servicio de pasaporte electrónico en nuevas localidades de forma estratégica, incluyendo sus oficinas en Occidental Mall, en Santo Domingo Oeste, (2:12) Colinas Mall, en Santo Domingo Norte, así como en la provincia de Nueves y Azores.
Santo Domingo, R.D.-Nuevos movimientos ha hecho el presidente Luis Abinader dispuso en el servicio exterior dominicano mediante los decretos 350-26 y 351-26, con los cuales fueron designados representantes consulares en Chile, Estados Unidos y Venezuela.
Las disposiciones del Poder Ejecutivo oficializan nombramientos en Santiago de Chile, Providence, Raleigh (EE.UU) y Caracas, como parte de las atribuciones constitucionales del mandatario para dirigir la política exterior y designar funcionarios diplomáticos y consulares.
Mediante el Decreto 350-26, Robert Ramón Arias Fernández fue designado cónsul general de la República Dominicana en Santiago, República de Chile, con jurisdicción en todo el territorio chileno.
La misma disposición designa a Juan Mercedes Mateo Guerrero como cónsul general dominicano en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, una plaza de interés para la comunidad dominicana residente en esa zona del noreste estadounidense.
El decreto también deroga el artículo 2 del Decreto núm. 334-25, del 20 de junio de 2025, que había designado a María Luisa Ubiera Zorrilla como embajadora en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el mismo documento, Ubiera Zorrilla queda designada como cónsul general de la República Dominicana en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, ampliando así la representación consular dominicana en territorio norteamericano.
A través del Decreto 351-26, el Poder Ejecutivo designó a Héctor Pastor Vásquez Frías como cónsul general de la República Dominicana en Caracas, República Bolivariana de Venezuela.
Ambos decretos fueron remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública y las demás instituciones correspondientes, para fines de conocimiento y ejecución.
Las designaciones se producen en el marco de la Ley núm. 630-16, Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior, normativa que regula la organización, funcionamiento y designación de los funcionarios vinculados a la representación internacional del Estado dominicano.
Santo Domingo, R.D.-Es perseguido activamente por la Policía Nacional Wilkin García Peguero, conocido como «Mantequilla», sobre quien pesa una orden de búsqueda y captura vinculada a un caso que se encuentra bajo investigación.
Es investigado por la presunta comisión de los delitos de asociación de malhechores, tentativa de homicidio agravada, golpes y heridas voluntarias y estafa.
El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que la orden judicial fue emitida hace varios días y que las autoridades han realizado gestiones para lograr su localización.
- Según indicó, se han producido contactos indirectos con García Peguero a través de personas que han servido como mediadores entre las partes.
Pesqueira reveló que sostuvo una conversación con Mantequilla, quien le manifestó su disposición de entregarse voluntariamente ante las autoridades. No obstante, aclaró que esa decisión corresponde exclusivamente al imputado y a sus representantes legales.
Mientras tanto, la Policía aseguró que continúa desarrollando labores de inteligencia y búsqueda con el objetivo de ubicar a García Peguero y ponerlo a disposición del Ministerio Público y de los tribunales competentes.
La institución reiteró que se mantiene abierta a recibir la entrega voluntaria del requerido.