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Torres Robiou utilizaba fondos del Cestur para costear gastos personales.
Santo Domingo, RD. Juan Carlos Torres Robiou, general de la Fuerza Aérea Dominicana y ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), distraía fondos de esa entidad para costearse ropa de marca, pagar tarjetas de crédito e incluso, la matrícula de sus hijos, entre otros, según el Ministerio Público.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, depositada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) la noche del viernes 19, empleados del departamento financiero del Cestur debían realizar pagos fijos de índole personal que correspondían al entonces director de la institución.
El mantenimiento de un apartamento en el Regatta Residence y la hipoteca del mismo; depósitos fijos en un banco nacional bajo el concepto de “Arroyo Naranjo”refiriéndose a varias propiedades que posee el imputado en Jarabacoa; además de las matrículas del colegio de los hijos, entre otros, son algunos de los pagos fijos que detalla el expediente, señalando además que eran realizados por un empleado de apellido Abreu Padilla, siguiendo instrucciones de Robiou.
A la lista se agregan pagos de tarjetas de crédito de la pareja de servidores públicos, así como también compras de ropa, zapatos y accesorios en costosas tiendas que, aunque se pueden entender como gastos de representación, las autoridades especifican quese realizaban distrayendo fondos de la seguridad turística, “sin obviar los fondos en efectivos que recibía”.
El general de brigada, piloto Juan Carlos Torre Robiou, fue designado director del organismo especializado en la protección turística hace 7 años, el 18 de agosto de 2014. El general, arrestado el pasado miércoles, asumió su función tras la emisión del decreto presidencial núm. 302-14, firmado por el ex presidente Danilo Medina Sánchez.
Estilo de vida inexplicable
Torres Robiou, casado con la exfuncionaria Greybby Maria Cuello Coste, tenía un estilo de vida que, aún con los ingresos de su esposa, es considerado por los fiscales como injustificable.
Por sus funciones en la FARD y el Cestur, según certificaciones solicitadas entre mayo y julio por el Ministerio Público a ambas instituciones, desde el año 2014 hasta el 2021 el imputado percibió unos RD $16,500,009.73 que abarcan salarios, bonificaciones del Cestur y 72 incentivos de la FARD.
A eso se suman los ingresos de Greybby María Cuello Coste, esposa de Robiou, quien también era funcionaria pública y devengó un salario “más cuantioso” durante los cuatro meses que fungió como Presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez (Conani), entre abril y agosto de 2020.
Pero los 270,000 pesos mensuales, más gastos por transporte y de representación que cobró Cuello Coste tampoco fue monto suficiente para que exista, según los fiscales e investigadores, correlación entre sus ganancias y las propiedades que poseen, entre ellas un apartamento valorado en medio millón de dólares.
Asimismo, poseen en comunidad de bienes al menos 9 vehículos de marcas BMW, Lexus y Jeep, entre otros, la mayoría de años recientes a excepción de una camioneta Nissan Frontier, año 2022, y un automóvil de la firma alemana, año 2006.
Una razón más por la que la Pepca considera que la pareja Robiou-Cuello no tiene cómo justificar el costoso estilo de vida que poseen con tales ingresos son las elevadas cuotas e, incluso, pagos anticipados de diversos préstamos adquiridos entre 2014 y 2020.
Esta es una actitud sospechosa para quienes hacen la acusación, puesto que una tipología criminal frecuente es la solicitud recurrente de préstamos con el fin de jusitificar la adquisición de bienes producto de actividades ilícitas.
«Los bienes adquiridos se pagan con los préstamos y los préstamos se pagan con el dinero ilícito adquirido», explican los fiscales en el documento que depositaron ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Declaración dispar
Llamó la atención de las autoridades la exponencial disparidad que existe entre la declaración de bienes de Robiou y su esposa en el año 2020.
Siendo una pareja de esposos en comunidad de bienes, cada uno declaró cantidades diferentes que resultaron en una millonaria diferencia de RD $4,437,500.
La actualización que hizo Torres Robiou a su declaración jurada cuando fue confirmado en septiembre de 2020 como director del Cestur a la salida del último mandato del expresidente Danilo Medina, fue de RD $1,723,000.
Por el contrario, la declaración jurada de su esposa Greybby Maria Cuello Coste cuando fue nombrada como presidenta ejecutiva del Conani en abril de 2020 presenta RD $6,160,500.
Coral 5G
“Coral 5G”, así ha sido denominada la más reciente investigación de la Pepca que involucra, además del general Torres Robiou, a otros tres generales y más miembros de altos rangos activos en las filas castrenses, acusados de pertenecer a un entramado que movió al menos RD $4,500 millones en propiedades y productos financieros.
Junto al exdirector del Cestur se encuentran apresados hace dos días el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
Asimismo, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y la cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez , así como también Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
Hasta el momento las autoridades han incautado unas 125 propiedades a los involucrados en el caso, luego de realizar al menos 49 allanamientos en el Distrito Nacional, y las provincias Santo Domingo, La Vega y Santiago la noche del pasado miércoles.
Santo Domingo, R.D.-El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Fue detenido en Jamaica Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Otro proceso judicial
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Nacionales
TC rechaza amparo de Alexander Montilla contra embargo inmobiliario vinculado al caso Antipulpo
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible, por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El origen del conflicto
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
El levantamiento parcial de las medidas
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
Criterio del Tribunal Constitucional
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Acuerdo de oportunidad y condenas previas
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.