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MP dice que en Conani se estableció la misma “estructura delictiva” del Cestur y el Cusep
Santo Domingo, R.D.-En Conani, Consejo Nacional para Niñez y la Adolescencia, durante la gestión de la esposa del general Juan Carlos Torres Robiu, se reprodujo la misma estructura delictiva que existía en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), según el Ministerio Público.
Esto de acuerdo a la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados de la Operación Coral 5G, en la que los fiscales piden 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
Dicho documento señala que Cuello, esposa del exdirector del Cestur e implicado en la operación, Juan Carlos Torres Robiou, intentó por varios medios instalar a un grupo de militares en el Conani, encabezados por Rafael Núñez de Aza.
Núñez de Aza, quien actualmente cumple con prisión preventiva por el Caso Coral, se desempeñaba como director financiero del Cestur, y es visto por las autoridades como una de las piezas principales en este supuesto entramado de corrupción militar.
Según los fiscales la exfuncionaria le escribió al entonces ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, para que los agentes favorecidos llenen las vacantes encargado del departamento financiero, de la sección de compras, del departamento administrativo y un director para la dirección administrativa y financiera.
La misma, de acuerdo al Ministerio Público, fue aprobada por Peralta, pero desestimada por Contraloría y el Ministerio de Administración Pública, alegando que personal militar no puede ocupar puestos administrativos en una institución civil.
Sin embargo, esto llevó a Cuello a reintroducir las designaciones de Núñez de Aza, Roberto Acevedo Tejada, José Javier Rosario Pimentel y Rafael Arturo Vargas de Aza para que estas sean compatibles con el servicio militar.
Pero, los fiscales aseguran que las funciones que estaban supuestos a realizar eran falsas, ya que estos desempeñaron las tareas correspondientes a los nombramientos originales.
Como prueba de lo anterior destacaron que en los registros de los pagos de viáticos de los meses de julio y agosto del 2020 se puede constar que Núñez de Aza, Acevedo Tejada y Rosario Pimentel, recibieron viáticos percibidos como director administrativo y financiero, encargado de finanzas y encargado administrativo respectivamente, a pesar de estar nombrados como miembros de la seguridad.
“Con estas designaciones, el imputado Juan Carlos Torres Robiou, en componenda con su conyugue Greybby María Cuello Coste de Torres buscaban, replicar la misma estructura financiera de corrupción que este mantenía en el Cestur”, indicó el Ministerio Público.
“Máxima autoridad”
En el referido documento estipuló que Núñez de Aza fue reconocido como el que encabezó al comité de compras del Conani, entre abril y agosto del año pasado, “en representación de la máxima autoridad”.
Uso indebido
Asimismo, indicaron que durante una entrevista con un capitán de la Policía Nacional, identificado como David Agustín Abreu Padilla que en varias ocasiones la tarjeta de crédito de Cuello fue pagada con fondos del Cestur.
¿Quién es Greibby Cuello?
Greybby Cuello fue designada como directora del Conani por el expresidente Danilo Medina mediante el decreto 146-20, en sustitución de Kenia Lora Abreu.
Es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y laboró como a directora de eventos en el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), cargo desde el cual coordinaba y supervisaba las actividades relacionadas con la organización de eventos que realiza la Presidencia y Vicepresidencia de la República en el Palacio Nacional.
Cuello fue destituida el 27 de agosto del 2020 por el presidente de la República, Luis Abinader, siendo sustituida por Paula Disla, quien ya tampoco ocupa el cargo.
¿Cómo funcionaba el supuesto esquema delictivo?
En el mencionado documento los fiscales describen un supuesto esquema de distracción de fondos del Cestur y del Cusep, basado en el reclutamiento de militares asignados a otras instituciones.
Una vez seleccionados, estos eran integrados a las nóminas, devengando salarios entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, monto que debía ser devuelto en su totalidad, salvo en excepciones de algunos militares que tenían la autorización de quedarse con una fracción del sueldo que cobraba, que podía ser de 2 mil pesos o hasta 10 mil.
Lo devuelto era posteriormente recolectado por otros miembros del presunto entramado, que luego lo entregaban para que este sea repartido entre un grupo reducido de personas.
Santo Domingo, R.D.-El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Fue detenido en Jamaica Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Otro proceso judicial
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Nacionales
TC rechaza amparo de Alexander Montilla contra embargo inmobiliario vinculado al caso Antipulpo
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible, por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El origen del conflicto
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
El levantamiento parcial de las medidas
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
Criterio del Tribunal Constitucional
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Acuerdo de oportunidad y condenas previas
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.