Opinión
Migrar no es delito: el caso Dominico- haitiano
Los pueblos empobrecidos y oprimidos de África no están invadiendo a Europa Occidental. Ni asiáticos, africanos, latino-caribeños… están invadiendo a EU.
Por Narciso Isa Conde
El racismo, la xenofobia –ahora en auge a escala mundial- a consecuencia de la crisis de decadencia del capitalismo imperialista de estos tiempos que pesa brutalmente sobre pueblos empobrecidos, forzados a migrar, se las ingeniado para estigmatizar como ilegales y como carga “apestosa” rechazable a las víctimas y para encubrir y proteger a los victimarios súper-enriquecidos.
Tal recurso ideológico es hoy alimento de una peligrosa corriente neofascista que amenaza con sembrar altos grados de violencia en el centro y la periferia del actual sistema de dominación. Sobran los ejemplos en EE.UU, EUROPA, NUESTRA AMÉRICA y a escala mundial.
Es preciso, por tanto, abrirle cauces a la verdad frente a un poderoso sistema de mentiras amplificada por una dictadura mediática de alto calibre.
· DERECHOS Y DELITOS.
Ningún ser humano es ilegal en el planeta porque emigre de su tierra de origen a otro país.
Migrar para recuperar derechos vitales, trabajar honestamente, sobrevivir y superar situaciones agobiantes, no es delito.
A lo sumo -en mundo dividido en “naciones” por los intereses de las burguesías locales enmarcados en su legalidad internacional y posteriormente subordinados y/o asociados al capital transnacional- podrían considerarse indocumentados en su propio país o en otro territorio, que es otra cosa; y esto, solo si carecen de la documentación correspondiente, ya por limitaciones propias o por las ventajas que eso les ofrece a los que explotan, semi-esclavizan y trafican permanentemente con su vulnerable condición social.
En verdad no son pocas las burguesías de diversos calibres que se han forjados o han multiplicado fortunas a costa del trabajo en condiciones de semi-esclavitud o imponiéndole una extrema precariedad a numerosos componentes de las migraciones forzadas y del tráfico de seres humanos.
Abundan incluso sus socios políticos y militares dedicados a explotar mano de obra barata (adulta e infantil), sexo (“trata de blancas”) y poblaciones discriminadas fácil de maltratar bajo el mote de “seres inferiores”.
No son pocos los países constituidos por diversas migraciones sobre-explotadas en distintos periodos de su historia y proliferan las sociedades conformadas por diversas identidades, presentando características multiétnica y multinacionales.
Es una falacia presentar la sobre-explotación de seres humanos como “carga” para los países receptores y es un crimen reprimirlos y discriminarlo además de enriquecerse con su sudor y su salud.
Es una mentira atroz equiparar migración con invasión.
La invasión implica el empleo de la fuerza para ocupar territorios y dominar seres humanos y riquezas.
Implica determinación de explotar, matar, masacrar, saquear…
Los pueblos empobrecidos y oprimidos de África no están invadiendo a Europa Occidental. Ni asiáticos, africanos, latino-caribeños… están invadiendo a EU.
Las potencias europeas, asiáticas y norteamericanas sí que nos invadieron, nos colonizaron y convirtieron nuestras fronteras en negocios espurios. Y lo siguen haciendo con saña postmoderna.
En esa abusiva relación de poder, los países periférico-dependientes hemos sido cruelmente maltratados y nuestros pueblos brutalmente empobrecidos; registrándose, además, casos de migraciones entre los países víctimas a beneficio de partidocracias corruptas y corporaciones y empresas capitalistas locales de diversas dimensiones.
• HAITÍ Y RD: VÍCTIMAS, NO VERDUGOS.
Haití y República Dominicana no hemos podido escapar a esa dominación imperial degradante, de las que las elites locales son cómplices y beneficiarias, junto a otras capas acomodadas.
Al pueblo haitiano le ha ido peor por habitar el territorio más invadido, peor colonizado, más saqueado y más empobrecido del Continente; víctima de la sádica revancha del imperialismo occidental que nunca perdonó su ejemplo contagioso plasmado en su temprana revolución independentista y antiesclavista de 1804.
Las vicisitudes acumuladas asumieron al paso de dos siglos características de tragedia social y humana.
Y en tales condiciones para una gran parte del pueblo haitiano, emigrar hacia República Dominicana (como destino o como puente) o hacia EE.UU, CANADA, EUROPA y SURAMERICA (como destino), se ha tornado cuestión de vida o muerte.
No se trata ni por asomo de un fenómeno de invasión, agresión, ocupación… sino de un proceso migratorio ascendente e imperioso.
Más aun. República Dominicana, nunca ha sido invadida por Haití, porque realmente la denominada “ocupación haitiana” de esta parte oriental de la isla se hizo siendo ésta colonia de España y en su condición de presa codiciada por otros imperios; en el promisorio marco de la independencia y la revolución social antiesclavista en Haití, por lo que ese hecho tiene otro carácter y consecuencias distintas, unas positivas y otras negativas.
República Dominicana, se fundó en 1844, en un acto de separación de Haití y de independencia frente a todas las potencias colonizadoras.
Traicionada la independencia dominicana de 1844 (anexión al imperio español) y luego igualmente traicionada la Restauración de la misma lograda en 1863, nuestro país -pese a su definida identidad nacional- ha sido convertido en una semicolonia o dependencia de EEUU, pese a los heroicos intentos posteriores por emanciparlo (1916-24 y 1965).
Esa es la verdad.
Pero igual y peor, repito, le ha pasado a Haití.
Por lo que es asumir en nuestro país una la línea oficial racista, xenófoba, ultranacionalista -típica de Estado imperialistas, gobiernos y movimientos neofascistas- estigmatizar a los/as migrantes haitianos/as como invasores ilegales, como seres inferiores y como “carga” que empobrece la Nación.
Este es el marco ideológico que sirve de plataforma al Estado Dominicano, ahora radicalizado por el gobierno que preside el empresario offshore LUIS ABINADER con las siguientes decisiones:
-Construcción de un muro fronterizo a lo TRUMP y bajo el mando sionista (que simplemente encarece el tráfico de personas).
-Intensificar la persecución, los maltratos, y las deportaciones de inmigrantes procedentes de Haití.
-Prohibición del ingreso al país de mujeres embarazadas con más de seis meses de gestación.
-Apresar arbitrariamente mujeres inmigrantes embarazadas y personas enfermas indocumentadas que buscan asistencia en nuestros hospitales.
-Negarle el visado a estudiantes haitianos/as que pagan sus estudios.
-Negarle la nacionalidad a 200 mil dominicanos/as descendientes de familias haitianas o dominico haitianas y revisar los casos ya solucionados.
-Pregonar desde todas la tribunas nacionales e internacionales la supuesta necesidad de que Haití sea intervenido militarmente por las potencias occidentales (que ya lo han intervenido muchas veces); propugnando a la vez por el desarme de la población civil y la “pacificación” a cargo de un régimen de ocupación, dada la supuesta invalidez de la sociedad haitiana para ejercer su autodeterminación.
Mientras, por debajo, este gobierno sigue protegiendo el tráfico fronterizo de nacionales haitianos, que resulta un negocio sumamente lucrativo a beneficio de militares, políticos y empresarios explotadores, y del propio gobierno que los usa como mano de obra barata en sus proyectos de obras públicas.
· HAITÍ Y DOMINICANA: DOS PAÍSES RECOLONIZADOS CON SUS RESPECTIVOS FLUJOS MIGRATORIOS.
Ni uno ni otro somos soberanos y no porque uno someta al otro, presente sin embargo el recuerdo de la horrible y traumática matanza de haitianos en la zona fronteriza a cargo de la tiranía trujillista (no del pueblo dominicano); y también otros hechos parecidos –aunque más remotos- que de parte y parte son usados para envenenar los vínculos de dos pueblos llamados a compartir en hermandad la misma isla, todavía dominada por poderosos enemigos imperiales comunes y por pandillas capitalistas y partidocráticas locales asociadas a la recolonización.
Sí, una isla, dos república sin soberanía y dos pueblos cruelmente oprimidos.
Esa es otra verdad.
Ahora bien, la lucha por sobre-vivencia empuja muchas veces a los seres humanos a abandonar su tierra, su patria, su familia… para entonces vivir más o menos sobre-explotados, discriminados, maltratados… A eso se le agrega el racismo con toda su crueldad.
El problema a resolver en las relaciones dominico-haitianas es fundamentalmente migratorio, porque la negación de independencia y soberanía en ambos casos está a cargo de EEUU y otras potencias imperialistas.
Haití no tiene soberanía real, mucho menos posibilidad de afectar la nuestra.
República Dominicana-RD igual respecto Haití. Por eso el Presidente Abinader reclama que las potencias imperialistas lo sigan haciendo.
Por más de un siglo nadie puede probar que uno u otro país se haya dedicado a invadir al otro para conquistarlo y dominarlo.
La migración de RD a EEUU, Puerto Rico, Europa y otras partes del mundo, es provocada por la opresión, la explotación y el saqueo practicado por las potencias imperialistas.
La misma causa tiene la emigración haitiana hacia ese “primer mundo”.
Pero hay particularidades a ponderar: la migración haitiana hacia acá no la causa RD, mucho menos el pueblo dominicano; sino fundamentalmente EEUU, Canadá y las potencias europeas, que saquean, explotan y empobrecen ese territorio y ese pueblo, en alianza con mafias políticas, empresariales y clanes militares locales.
El o la haitiana que emigra hacia acá no lo hace por maldad, sino por necesidad.
Es un ser humano, que en su dramática lucha por la vida decide cruzar por vía terrestre al país vecino, al más cercano, el cual tiene una situación económica relativamente menos mala. Y lo hace para trabajar duro por una baja remuneración, que influye intensamente también reduciendo el salario local. Todo esto a beneficio de los dominicanos ricos y muy ricos, no del pueblo en general.
Los poderosos de Haití y las potencias que lo colonizan le niegan derechos vitales al pueblo haitiano en su propia tierra, y lo convierten en mercancía barata generadora de ganancias fáciles con la que se nutre la corrupción fronteriza militar, policial y empresarial de allá y de aquí.
Trafican con sus componentes más empobrecidos de múltiples maneras y los exprimen con modalidades propias de la acumulación capitalista originaria.
La frontera ha pasado a ser un negocio soterrado, sucio, ilegal de dominicanos, que a su vez hacen campaña racista anti-haitiana; mientras los trabajadores y las familias haitianas radicadas aquí aportan muchas veces más que las migajas que reciben.
Pero esas inmensas riquezas van directo a los bolsillos de los ricachones de nuestro país y a las arcas de las empresas transnacionales.
Los dueños o administradores de Centrales Azucareros, (públicos y privados), de plantaciones agrícolas la alta burocracia, los políticos y jefes militares-policiales enriquecidos al vapor, las Corporaciones Transnacionales, el poderoso Grupo Vicini, la familia cubana Fanjul (procedente de Miami y actualmente dueña del emporio CENTRAL ROMANA), las Grandes Constructoras, la Corporaciones Agroindustriales, Mineras y Turísticas… han sido y son los grandes beneficiarios de ese proceso migratorio, perversamente manipulado con racismo y xenofobia.
Nada exclusivo del escenario dominicano.
Ley cada vez más brutal de los sistemas capitalistas, ya imperialistas, ya de desarrollo alto o mediano, todos gansterizados.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.