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La Procuraduría menciona los vínculos de varios personajes públicos y Alexis Medina.
Santo Domingo, RD.-El Ministerio Publico explicó la forma en que se dio el contrato entre el hermano de Danilo Medina, Alexis, y el pelotero de las Grandes Ligas, Samuel Peralta Sosa.
Es bueno recordar que el expelotero fue citado en varias ocasiones por las autoridades para ser entrevistado por sus vínculos con Alexis Medina. Un dato interesante que se establece en el expediente es que a diferencia de otras personas que se mencionan, la Procuraduría General de la República no habla de Sammy Sosa como investigado.
El Ministerio Público establece que el expelotero tenía interés de entrar al negocio del AC-30 y trajo al país el barco Iver Agile, desde el puerto de Gilbratar. Para realizar este negocio acudió a Alexis Medina Sánchez “a quien conocía de actividades políticas en las que habían participado juntos, además sabía que el imputado usaba su condición de hermano del entonces presidente Constitucional Danilo Medina Sánchez”.
Las autoridades establecen que Alexis Medina consiguió que Víctor Gómez Casanova, quien era para el 2016 director de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), lo ayudara a localizar puerto. Logrando que el 28 de noviembre 2016, la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), legalmente representada por su director ejecutivo, Víctor Gómez Casanova y la empresa Overseas Petroleum Group, SRL, debidamente representada por su gerente general el acusado Julián Esteban Suriel, firmaran un contrato de arrendamiento que implicó que APORDOM otorgara a título de arrendamiento a favor de Overseas Petroleum Group, SRL, un almacén de 283.20 m2 y 8,212.57 m2, de terrenos de patio contiguo al almacén, ubicados en el puerto de Andrés Boca Chica.
De acuerdo al expediente acusatorio, este inmueble tenía el fin de utilizarse como área de almacenamiento y centro de acopio de cargas sueltas y gráneles sólidos y líquidos, mediante la construcción, instalación y uso de tanques, en los movimientos de importación, exportación, tránsito y cabotaje, para ser comercializados.
“Para que la empresa Cementos Andino Dominicanos, S.A. cediera los derechos de arrendamiento a Overseas Petroleum Group, SRL, la referida empresa tuvo que pagar seis millones de pesos (RD$ 6,000 000.00), que cemento Andino debía a APORDOM, dinero que fue aportado por el señor Samuel Peralta Sosa”, asegura la Procuraduría General de la República.
El Ministerio Público indica que teniendo puerto y un barco con AC-30, Sammy Sosa recurre a Alexis Medina Sánchez para que le gestione un encuentro con Gonzalo Castillo Terrero, quien era Ministro de Obras Públicas, a los fines de obtener un contrato que le permitiera vender al Estado dominicano Cemento Asfáltico (AC-30), por lo que se realizaron reuniones con Overseas Petroleum Group, SRL.
Aunque el expediente acusatorio no establece la fecha, la Procuraduría dice que en una de las reuniones en el despacho de Gonzalo Castillo participaron Juan Alexis Medina Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, Samuel Peralta Sosa y José Antonio Peralta Sosa.
El 13 de noviembre de 2016, inician las operaciones con la llegada al puerto de Boca Chica desde España del barco Iver Agile, con 29,000.00 barriles de AC-30, comprado por la empresa Overseas Petroleum Group S.R.L., e importado a nombre de General Supply Corporation, S.R.L., “hasta ese momento ningunas de estas dos empresas tenían contratos ni clientes para la venta del Cemento Asfáltico AC-30”.
“La intención original de Samuel Peralta Sosa, era adquirir los contratos a través de la empresa Overseas Petroleum Group, lo que se evidencia con el contrato realizado con Autoridad Portuaria Dominicana, pero el mismo no se pudo materializar por no contar con la autorización de ser proveedora del Estado, es por ello, que para los fines de vender al Estado AC-30, se asociaron con la acusada General Supply Corporation S.R.L., donde figuran como “socios” el acusado Julián Esteban Suriel Suazo y Messin Elías Márquez Sarraff, fungiendo estos como presta nombres del acusado Juan Alexis Medina Sánchez”, indica el Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.