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Los ciberataques: un arma de los delincuentes que se refugian en la tecnología
Aunque los ciberataques son un arma de los delincuentes que se refugian en la tecnología y que sus cañones pueden estar dirigidos a destruir medios digitales de izquierda o de derecha y también independientes, lo cual constituye uno de los grandes retos del periodismo libre y no dependiente de los grupos económicos y de la politiquería, La República ha sobrevivido a los mismos y se puede asegurar que esa no será la razón de ser de su desaparición.
La República ha pretendido desde su nacimiento apoyarse en una política informativa en el contexto de los valores cívicos y democráticos que permitan el desarrollo institucional de los países latinoamericanos, principales victimas de los grupos económicos que no tienen piedad y que buscan aumentar sus fortunas sobre la base de la avaricia y de los principios que rigen el neoliberalismo.
La República ha hecho una cuantiosa inversión económica para cimentar una estructura que incluye un edificio propio en el Centro Histórico de Santiago, espacio donde se han concebido los proyectos económicos y políticos neoliberales y más conservadores del país.
El centro de operación de La República está muy cerca de la sede del Poder Ejecutivo, la gobernación provincial, la Catedral Santiago Apóstol, donde descansan los restos de figuras tan tenebrosas de la historia nacional, como Ulises Heroux, entre otros.
Además, la localización de La República está en la calle Restauración, la cual es considerada la verdadera independencia nacional, cuyo primer presidente fue José Antonio Salcedo y esta importante calle hace esquina con la 30 de Marzo, batalla de un gran valor en la lucha por liberar a los dominicanos del yugo haitiano.
La República opera frente a una de las instituciones creadas por el grupo económico más poderoso que tenía el país, como es la Asociación para el Desarrollo, la cual parió varios presidentes de la nación, entre los que están Antonio Guzmán Fernández y Salvador Jorge Blanco, ambos con su oficina y residencia en el Centro Histórico de Santiago.
En el Centro Histórico de Santiago también tuvieron sus residencias personajes como el doctor Joaquín Balaguer, cuya vivienda estuvo ubicada en la calle Máximo Gómez esquina general López y posteriormente bautizada como avenida Antonio Guzmán Fernández, mientras que a muy poca distancia de ahí está donde vive la familia de Lilís, es decir, en una esquina posterior, en la Restauración esquina la avenida que lleva el nombre del mandatario que terminó su vida mediante el suicidio.
En la misma zona, a solo esquinas de distancias, vivieron otros hombres importantes del país como Rafael Estrella Ureña, cuya vivienda está en la calle Independencia esquina Jacuba y varias casas más abajo vivió Héctor García Godoy. En el área también tuvo sus inicios en la política Rafael Bonnely Fondeur, expresidente de la República.
En la misma calle Restauración 142, prácticamente al lado de la ubicación del periódico La República, fue la casa donde vivió Francisco Augusto Lora, quien fuera vicepresidente con Joaquín Balaguer durante varios períodos y que era un representante fiel de los grupos económicos que desarrollaron planes para crear grandes proyectos empresariales del país.
En la misma área, es decir, en la calle Máximo Gómez, donde ahora opera la tienda La Sirena, funcionó el periódico La Información, en el cual había laborado durante muchos años el expresidente Joaquín Balaguer y el cual fue la voz del grupo económico del país.
En esa misma calle fue donde inició sus operaciones la Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM), un proyecto de control ideológico creado por al Episcopado Dominicano y la Asociación para el Desarrollo (APEDI), cuya iniciativa se extendió al sector financiero con la creación del Banco Popular Dominicano, el primero a nivel privado que surge en el país, la Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos y Banco Fondesa, así como el Instituto Superior de Agricultura (ISA), entre otras instituciones de un gran poder económico y político.
El Centro Histórico de Santiago fue también el escenario en el que se movieron figuras de la talla de Ulises Francisco Espaillat, Beningno Filomeno de Rojas y Pedro Francisco Bonó y de otras tanto nacionales como internacionales, como el puertorriqueño Pedro Albizu Campos.
En el Centro Histórico de Santiago vivieron durante su infancia los empresarios Carlucho y José Armando Bermúdez (POPY), cuya casa materna estuvo en la calle España, frente a donde estaban las oficinas principales de la licorería que fabricaba el ron Bermúdez, propiedad de esta tradicional familia.
Un poco hacia el sur está la casa materna de la familia Haché y un poco más hacia arriba está la vivienda de José María Cabral y Báez y donde vivió su hijo Marcos Cabral Bermúdez, hermano de José María, a quien se le atribuye ser la cabeza de la oligarquía dominicana e ideólogo del golpe de Estado en contra del gobierno del profesor Juan Bosch.
En esa casa de la calle Del Sol de Santiago fue donde contrajo matrimonio la matrona de la familia Vicini, Amelia Cabral Bermúdez, hermana de los dos mencionados anteriormente y de Auristela Cabral Bermúdez, madre de Donald Reed Cabral y de Robert Reed Cabral, cuyo nombre lleva el hospital infantil de la capital dominicana.
En el Centro Histórico de Santiago fue el lugar de operación de Mario Fermín Cabral, hermano de José María Cabral y Báez, cuya parte de su vida es narrada en la novela la Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa, padre del gran poeta nacional Manuel del Cabral.
La historia a este respecto se hace interminable, pero la realidad es que no es por una casualidad que el periódico La República opera desde este lugar, donde se han fraguado la mayoría de los proyectos políticos y económicos del país, incluida la formación de las Aguilas Cibaeñas, que tuvo lugar en el Hotel Mercedes, el cual se cae a pedazos a pesar de ser un patrimonio cultural por ser el primero que se construye en el país en el año 1929.
Tal vez pueda ser posible a través del proyecto comunicacional que encabeza La República que se pueda desde el mismo escenario reescribir la historia para que en el país surja un proyecto político democratizador y que sin lesionar los logros alcanzados en los aspectos económicos contribuir para reconstruir una sociedad más institucional y democrática.
Santo Domingo, R.D.-El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Fue detenido en Jamaica Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Otro proceso judicial
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Nacionales
TC rechaza amparo de Alexander Montilla contra embargo inmobiliario vinculado al caso Antipulpo
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible, por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El origen del conflicto
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
El levantamiento parcial de las medidas
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
Criterio del Tribunal Constitucional
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Acuerdo de oportunidad y condenas previas
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.