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Los ciberataques: un arma de los delincuentes que se refugian en la tecnología
Aunque los ciberataques son un arma de los delincuentes que se refugian en la tecnología y que sus cañones pueden estar dirigidos a destruir medios digitales de izquierda o de derecha y también independientes, lo cual constituye uno de los grandes retos del periodismo libre y no dependiente de los grupos económicos y de la politiquería, La República ha sobrevivido a los mismos y se puede asegurar que esa no será la razón de ser de su desaparición.
La República ha pretendido desde su nacimiento apoyarse en una política informativa en el contexto de los valores cívicos y democráticos que permitan el desarrollo institucional de los países latinoamericanos, principales victimas de los grupos económicos que no tienen piedad y que buscan aumentar sus fortunas sobre la base de la avaricia y de los principios que rigen el neoliberalismo.
La República ha hecho una cuantiosa inversión económica para cimentar una estructura que incluye un edificio propio en el Centro Histórico de Santiago, espacio donde se han concebido los proyectos económicos y políticos neoliberales y más conservadores del país.
El centro de operación de La República está muy cerca de la sede del Poder Ejecutivo, la gobernación provincial, la Catedral Santiago Apóstol, donde descansan los restos de figuras tan tenebrosas de la historia nacional, como Ulises Heroux, entre otros.
Además, la localización de La República está en la calle Restauración, la cual es considerada la verdadera independencia nacional, cuyo primer presidente fue José Antonio Salcedo y esta importante calle hace esquina con la 30 de Marzo, batalla de un gran valor en la lucha por liberar a los dominicanos del yugo haitiano.
La República opera frente a una de las instituciones creadas por el grupo económico más poderoso que tenía el país, como es la Asociación para el Desarrollo, la cual parió varios presidentes de la nación, entre los que están Antonio Guzmán Fernández y Salvador Jorge Blanco, ambos con su oficina y residencia en el Centro Histórico de Santiago.
En el Centro Histórico de Santiago también tuvieron sus residencias personajes como el doctor Joaquín Balaguer, cuya vivienda estuvo ubicada en la calle Máximo Gómez esquina general López y posteriormente bautizada como avenida Antonio Guzmán Fernández, mientras que a muy poca distancia de ahí está donde vive la familia de Lilís, es decir, en una esquina posterior, en la Restauración esquina la avenida que lleva el nombre del mandatario que terminó su vida mediante el suicidio.
En la misma zona, a solo esquinas de distancias, vivieron otros hombres importantes del país como Rafael Estrella Ureña, cuya vivienda está en la calle Independencia esquina Jacuba y varias casas más abajo vivió Héctor García Godoy. En el área también tuvo sus inicios en la política Rafael Bonnely Fondeur, expresidente de la República.
En la misma calle Restauración 142, prácticamente al lado de la ubicación del periódico La República, fue la casa donde vivió Francisco Augusto Lora, quien fuera vicepresidente con Joaquín Balaguer durante varios períodos y que era un representante fiel de los grupos económicos que desarrollaron planes para crear grandes proyectos empresariales del país.
En la misma área, es decir, en la calle Máximo Gómez, donde ahora opera la tienda La Sirena, funcionó el periódico La Información, en el cual había laborado durante muchos años el expresidente Joaquín Balaguer y el cual fue la voz del grupo económico del país.
En esa misma calle fue donde inició sus operaciones la Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM), un proyecto de control ideológico creado por al Episcopado Dominicano y la Asociación para el Desarrollo (APEDI), cuya iniciativa se extendió al sector financiero con la creación del Banco Popular Dominicano, el primero a nivel privado que surge en el país, la Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos y Banco Fondesa, así como el Instituto Superior de Agricultura (ISA), entre otras instituciones de un gran poder económico y político.
El Centro Histórico de Santiago fue también el escenario en el que se movieron figuras de la talla de Ulises Francisco Espaillat, Beningno Filomeno de Rojas y Pedro Francisco Bonó y de otras tanto nacionales como internacionales, como el puertorriqueño Pedro Albizu Campos.
En el Centro Histórico de Santiago vivieron durante su infancia los empresarios Carlucho y José Armando Bermúdez (POPY), cuya casa materna estuvo en la calle España, frente a donde estaban las oficinas principales de la licorería que fabricaba el ron Bermúdez, propiedad de esta tradicional familia.
Un poco hacia el sur está la casa materna de la familia Haché y un poco más hacia arriba está la vivienda de José María Cabral y Báez y donde vivió su hijo Marcos Cabral Bermúdez, hermano de José María, a quien se le atribuye ser la cabeza de la oligarquía dominicana e ideólogo del golpe de Estado en contra del gobierno del profesor Juan Bosch.
En esa casa de la calle Del Sol de Santiago fue donde contrajo matrimonio la matrona de la familia Vicini, Amelia Cabral Bermúdez, hermana de los dos mencionados anteriormente y de Auristela Cabral Bermúdez, madre de Donald Reed Cabral y de Robert Reed Cabral, cuyo nombre lleva el hospital infantil de la capital dominicana.
En el Centro Histórico de Santiago fue el lugar de operación de Mario Fermín Cabral, hermano de José María Cabral y Báez, cuya parte de su vida es narrada en la novela la Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa, padre del gran poeta nacional Manuel del Cabral.
La historia a este respecto se hace interminable, pero la realidad es que no es por una casualidad que el periódico La República opera desde este lugar, donde se han fraguado la mayoría de los proyectos políticos y económicos del país, incluida la formación de las Aguilas Cibaeñas, que tuvo lugar en el Hotel Mercedes, el cual se cae a pedazos a pesar de ser un patrimonio cultural por ser el primero que se construye en el país en el año 1929.
Tal vez pueda ser posible a través del proyecto comunicacional que encabeza La República que se pueda desde el mismo escenario reescribir la historia para que en el país surja un proyecto político democratizador y que sin lesionar los logros alcanzados en los aspectos económicos contribuir para reconstruir una sociedad más institucional y democrática.
Nacionales
Debe conocerse de nuevo, segun el TC, caso que la Suprema declaró inadmisible por usar mal una palabra
Santo Domingo, R.D.-La preocupación de que la figura de la inadmisibilidad es usada para buscar disminuir la cantidad de moras judiciales en la Suprema Corte de Justicia, acaba de comprobarse con lo que el Tribunal Constitucional ha considerado la violación de la tutela judicial efectiva por una aplicación rígida de las formas procesales, ya que la Primera Sala del más alto tribunal del pais rechazó un caso por el uso incorrecto de una palabra.
El caso se originó luego de que la Sala Civil y Comercial no admitiera un recurso de casación, al entender que en sus conclusiones solicitó «revocar» la sentencia impugnada, una facultad que está prohibida para la SCJ en sus funciones como corte de casación.
El TC anuló la decisión de la alta corte al considerar que ese tribunal incurrió en un «excesivo formalismo y rigor semántico» que vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte recurrente.
- La decisión está contenida en la sentencia TC/0262/26, emitida el 1 de mayo de 2026, en el marco de un recurso de revisión constitucional interpuesto por la sociedad comercial Centro Comercial Los Polancos, S.A.
«Si bien podría retenerse el uso incorrecto del término revocar en las conclusiones contenidas en el memorial de casación, se trataba de una cuestión subsanable, pues tanto las motivaciones como los demás pedimentos estaban correctamente dirigidos al tribunal», manifesta el TC en la sentencia.
La alta corte constitucional indicó que declarar inadmisible un recurso únicamente por el uso erróneo de una palabra constituye una limitación «irrazonable» al derecho de acceso a la justicia y al debido proceso.
«La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y debido proceso, pues la declaratoria de inadmisibilidad por el uso incorrecto de un término en el recurso de casación del que estaba apoderada se constituye en una limitación desproporcionada e irrazonable al derecho a ser oído de la parte recurrente», establece la decisión.
En la decisión el TC recordó el precedente decidido mediante la Sentencia TC/1661/25, de diciembre del año pasado, donde los magistrados anularon una decisión de la Primera Sala de la SCJ que declaró inadmisible un recurso de casación con base al empleo erróneo de una palabra.
Este conflicto surgió por una disputa comercial entre las empresas Centro Comercial Los Polancos, S.A. y Vitusa Corp., relacionada con una deuda.
El caso comenzó con una demanda en cobro de pesos presentada por Vitusa Corp., contra Centro Comercial Los Polancos. En 2012, un tribunal de primera instancia condenó a Los Polancos al pago de 328,524.95 dólares, más las costas del proceso.
Ambas empresas apelaron esa decisión. Posteriormente, la Corte de Apelación anuló la demanda original, pero Vitusa Corp. volvió a presentar el caso ante los tribunales.
En ese segundo proceso, otro tribunal condenó nuevamente al Centro Comercial Los Polancos al pago de 254,472.25 dólares. La empresa apeló, pero la Corte de Apelación confirmó la sentencia.
Luego, Los Polancos recurrió en casación ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la Primera Sala de la SCJ declaró inadmisible el recurso porque en las conclusiones del escrito los abogados solicitaron «revocar» la sentencia, en vez de pedir que fuera «casada».
Ante eso, Centro Comercial Los Polancos acudió al Tribunal Constitucional alegando que la Suprema incurrió en un exceso de formalismo y le violó el derecho a la tutela judicial efectiva.
Santo Domingo. – La lucha de los partidos politicos para que se mantengan los fondos que entrega la Junta Central Electoral no es porque se entienda que los mismos ayudan a la estabilidad democratica, sino que la oposicion a la medida persigue seguir con el mal uso del dinero del patrimonio público sin render cuentas y sin ninguna transparencia.
“Entiendo que es dinero tiene que dársele a los partidos políticos ya que son los responsables en gran medida de la tranquilidad de la sociedad dominicana”, dijo este lunes el diputado Ramón Bueno y ese, ese es el principal argumento.
A saber, que la estabilidad política que disfruta el país desde la última trifulca de interés (elecciones presidenciales de 1994), se debe en gran parte a la madurez de la clase política. Algo que quedó evidenciado tras la suspensión de las elecciones municipales del año 2020.
El último corte de la Junta Central Electoral (JCE) presentado el primero de mayo de este año, computaba 34 partidos políticos de 41 posiciones. El resto, correspondían a movimientos políticos cuyo campo de acción es municipal conforme a lo estipulado en la Ley 33-18 de Partidos.
Si bien esta cantidad es considerable, para el año 2023 la JCE empaquetó en una matriz un listado de 104 solicitudes de nuevos partidos, agrupaciones y movimientos.
Este año, los partidos mayoritarios reciben RD$1,296 millones mientras que el resto, recibe RD$194 millones, 400 mil pesos y RD$129 millones, 600 mil pesos respectivamente, en función de su porcentaje de votación en el pasado proceso electoral conforme a las directrices de Ley.
Y aunque el monto parece exorbitante, la JCE indicó en un comunicado que ya se contempló una reducción presupuestaria para los partidos que tienen asignado por Ley, un porcentaje del 0.25% del Presupuesto General del Estado en los años no electorales.
La idea que tienen en el Congreso Nacional es de modificar lo que sea que envíen del Poder Ejecutivo.
“No es Ramón, somos parte de un bloque de diputados. Pueden mandarlo de una manera y nosotros consensuarlo y modificando algunos temas podríamos votar por la iniciativa. Tenemos que esperar que envíen porque somos 190 cerebros que pensamos y vemos diferente. El presidente Abinader ha sabido echar para atrás y nosotros también estamos en la disposición de corregir cualquier error que se cometa”, declaró Bueno.
Del lado opositor, el discurso es más agresivo. Danilo Díaz delegado del Partido de la Liberación Dominicana ante la JCE y quien es también legislador, consideró que se busca hacer desaparecer a la oposición política.
Y aunque esta posición parece exagerada, la JCE argumentó que las organizaciones políticas ya suscribieron compromisos con los fondos contemplados en Ley para su subsistencia que incluyen pagos de préstamos, nóminas, locales, etc.
“La JCE no busca más que jugar su rol y ser el ente regulador del sistema. Y ahora el Poder Ejecutivo que va a los partidos para pedir opinión para manejar la crisis busca ahora cargar la crisis a los partidos, procurando darle esta estocada para las elecciones que se avecinan”, declaró Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo.
No es la primera vez que se intenta en acciones similares reducir los fondos a los partidos políticos, la vez anterior, en 2021, la intención fue puesta de lado.
Santo Domingo, R.D.- Roberto Alvarez, Ministro de Relaciones Exteriores, presentó la iniciativa Alianza de Territorios Insulares para el Desarrollo Económico de la Región del Caribe (Acuerdo Transcaribe), una propuesta de integración regional orientada a fortalecer la cooperación económica, comercial y estratégica entre los territorios insulares y de ultramar del Caribe.
La propuesta fue dada a conocer durante una reunión virtual encabezada por el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Mirex, Hugo Rivera Fernández, en representación del canciller Roberto Álvarez.
En el encuentro participaron representantes de Montserrat, Curazao, Martinica, Guadalupe, Aruba, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y San Martín, entre otros territorios caribeños.
Rivera Fernández afirmó que la propuesta busca construir una visión más coordinada del Caribe insular, aprovechando las oportunidades compartidas en áreas como comercio, conectividad, seguridad alimentaria y cooperación técnica.
«La región posee enormes oportunidades para fortalecer el acceso a mercados, mejorar la conectividad aérea y marítima y enfrentar desafíos comunes como el sargazo«, expresó el funcionario en una información compartida por el Mirex.
Durante la jornada, el director de Negociaciones Comerciales de la Cancillería, José Guillermo Sarita, presentó los detalles técnicos de la iniciativa, que contempla la creación de una zona de desarrollo económico compartida entre los territorios participantes.
- El proyecto prevé la eventual negociación de un acuerdo regional para coordinar políticas y mecanismos de cooperación en áreas estratégicas para la competitividad y el desarrollo económico del Caribe.
La Cancillería destacó que, pese a la cercanía geográfica y los vínculos culturales entre República Dominicana y varios de estos territorios, las relaciones económicas y comerciales no han alcanzado un nivel de integración significativo.
Según explicó el ministerio, el Acuerdo Transcaribe busca precisamente cerrar esa brecha y abrir nuevas oportunidades de intercambio e inversión en la región.
Las delegaciones participantes valoraron positivamente la propuesta y manifestaron interés en continuar avanzando en el proceso de integración.
Como parte de los próximos pasos, los participantes acordaron trabajar en una Declaración Ministerial de Principios y en la conformación de grupos técnicos especializados que desarrollarán las distintas