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Ex-procurador Jean Alain no se cansa de recurrir.
Jean Alain Rodríguez durante el tiempo que guarda prisión preventiva ha intentado en una diversidad de veces lograr su libertad, pero hasta ahora sus esfuerzos han sido fallidos.Desde julio del pasado año, el exfuncionario está preso en Najayo por su vinculación al caso Medusa, tiempo en el cual ha sometido al menos ocho recursos, entre ellos, la recusación a decenas de fiscales, demanda contra una jueza, una petición para que realicen una auditoría a sus bienes y una solicitud de medida cautelar ante la CIDH.
Las últimas de las solicitudes que Jean Alain presentó a través de sus abogados, que denunciaron que este caso se trata de una venganza y no de justicia, fue la semana pasada cuando recusó a 29 fiscales, entre ellos entre ellos a Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, directores de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), respectivamente, para que en su lugar sean designadas otras personas.
Unos días antes, el 25 de febrero, se dio a conocer que el imputado solicitó a la Cámara de Cuentas y a la Pepca, que realicen una “exhaustiva” auditoría a sus bienes con el que quiere que se demuestre lo que ha dicho varias veces: que su patrimonio es lícito.
Al titular de la Pepca, Wilson Camacho, no solo lo recusó, pues previo la petición que le hizo de una auditoría, solicitó a la Cámara de Diputados que lo interpele para que explique el “estado de abandono, deterioro y destrucción” de cárcel La Nueva Victoria, cuya obra se encuentra en un proceso de auditoría.
El 17 de febrero, los abogados del exprocurador demandaron civilmente a la jueza Kenya Romero por daños y perjuicios con el objetivo de que sea condenada al pago de 15 millones de pesos por “negarse” a expedir unas certificaciones sobre las resoluciones que han sido dictadas a solicitud del Ministerio Público relacionadas a la investigación.
Le molesta el nombre medusa
El día 9 del mismo mes, Jean Alain acudió al Tribunal Superior Administrativo (TSA), donde elevó una acción de amparo para que eliminen su nombre con todo lo que tenga que ver con la Operación Medusa. Dicha petición no fue conocida por este tribunal que se declaró incompetente.
Pero la cosa no se queda allí, en diciembre pasado, se querelló disciplinariamente contra la misma jueza Kenya Romero bajo el alegato de que “atropelló y violentó” su derecho de defensa durante la audiencia de medida de coerción.
Para octubre del pasado año, ante la negativa de un tribunal de sacarlo de prisión, el imputado recurrió a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inadmisible el recurso de casación que interpuso alegando violación de derechos fundamentales.
Y anteriormente, en septiembre, su familia sometió una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en búsqueda de “preservar la vida e integridad física” de su pariente.
Los libros que mandó a periódicos
Al margen de esto, está la apelación para que lo sacaran de prisión y las veces en que, durante la revisión de la medida de coerción, solicitó la variación de la prisión preventiva.
Y también, se dedicó a enviar a los medios de comunicaciones libros donde expone lo realizado durante su gestión para humanizar las cárceles del país.
Junto al documento remitió una carta en la que manifestó que el plan de humanización de las cárceles que implementó durante su gestión debe ser “replicado por todas las gestiones de gobierno”.
Denuncia violación de derechos a Jean Alain
El presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, Juan Carlos Gutiérrez, denunció ante la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que el exprocurador Jean Alain Rodríguez es actualmente víctima de violación de los Derechos Humanos en la República Dominicana. Señaló en su misiva que la organización Mundial de Juristas estudió el procedimiento judicial seguido al exprocurador, observando desproporcionalidad en la medida de privación de libertad en su contra, además de ser innecesaria, considerando su arraigo familiar, personal y profesional en el país, su asistencia voluntaria ante la sede de la Procuraduría General.
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.