Santo Domingo, RD.-El cabecilla de la red desmantelada con la operación FM, Juan Gabriel Pérez Tejada, está vinculado con hechos en el que participó el imputado José Alejandro de la Cruz Morales, del caso Falcón.Nacionales
Juan Pérez Tejada, cabecilla del caso FM, está vinculado a José de la Cruz, parte de la Operación Falcón
Pérez había sido propietario de un vehículo que estuvo involucrado con actividades en las que participó del presunto grupo criminal
Santo Domingo, RD.-El cabecilla de la red desmantelada con la operación FM, Juan Gabriel Pérez Tejada, está vinculado con hechos en el que participó el imputado José Alejandro de la Cruz Morales, del caso Falcón.Así lo establece la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el expediente acusatorio contra los implicados en el caso FM.
Pérez Tejada había sido propietario de un vehículo que estuvo involucrado con actividades en las que participó del presunto grupo criminal que era dirigido por de la Cruz Morales, también conocido como «Omar La Moña», quien guarda prisión preventiva en la provincia de Santiago, de acuerdo con las investigaciones que realizó el Ministerio Público, para verificar el origen de los activos del líder de la supuesta red desarticulada en la operación FM.
Registros periodísticos del 29 de junio del año 2013 indican que la Policía Nacional (PN) dio a conocer la captura de cuatro personas, una de las cuales mató a tiros a dos en el instante en que realizaban una transacción de drogas en la carretera que conduce al Santo Cerro, en La Vega, la noche del 18 de junio, señalan los fiscales.
El informe policial estableció que se trató de Rafael Antonio Sánchez Brito (El Rubio o El Mortal) residente en Jarabacoa, quien disparó contra Maireni González Salvador y Cecilio Eusebio Suero (El Muerto), causándoles heridas en distintas partes, que posteriormente les provocaron la muerte en momentos de la negociación de varios kilos de cocaína.
Las víctimas estaban acompañadas por José Alberto Pujols López, quien, según la nota de prensa de la PN, logró escapar con vida del lugar.
Sus declaraciones sirvieron para ubicar y apresar a los cuatro involucrados en el doble asesinato, reseña el documento acusatorio de la Procuraduría del artículo periodístico publicado en el diario El Nacional.
Pujols López dijo que al lugar llegaron a bordo de una yipeta Chevrolet Tahoe, placa G-213475 y que el hecho se produjo cuando los victimarios abordaban otro vehículo similar, provistos de chalecos antibalas y gorras color negro, portando armas cortas y largas.
De acuerdo al testimonio de Pujols López a las autoridades, los cuatro sujetos actuaron por encargo de de la Cruz Morales y de otra persona a quien sólo identificó por el sobrenombre de Johnny.
De la negociación de los kilos de cocaína eran los principales responsables Maireni, quien sería la vendedora, y de la Cruz Morales, el comprador.
El vehículo donde iban las personas que fallecieron fruto de los impactos de bala era en ese entonces era propiedad del imputado Pérez Tejada.
De acuerdo con el Ministerio Público esto puede confirmarse mediante la sentencia TC/0090/15, relativa al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por el imputado Pérez Tejada contra la sentencia 00071/13, del 18 de julio de 2013, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega.
En la revisión “el imputado pretendía que se ordenara a la Procuraduría Fiscal de la Vega, o cualquier otra autoridad que tuviese la guarda del vehículo tipo Jeep, marca Chevrolet, modelo Tahoe del año 2007, color blanco con placa número G213475, su devolución inmediata, dado que había sido secuestrada de manera ilegal, en fecha del 19 de junio de 2013”, establecieron los fiscales.
La solicitud fue rechazada por el tribunal constitucional, sin embargo, los fiscales dicen que “dejo establecido fehacientemente el vínculo de Pérez Tejeda desde el año 2013 con actividades relativas a narcotráfico y el lavado de activos”.
Nacionales
Senado aprueba ley de liberación de impuestos la importación de cámaras para sistemas de seguridad
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobada en primera lectura en el Senado un proyecto de ley que libera de impuestos la importación de cámaras digitales utilizadas en los sistemas de seguridad del país para combatir la delincuencia.
La pieza, que contó con 22 votos a favor y uno en contra, busca exonerar durante 10 años, partiendo de su promulgación, los pagos tributarios que deben realizar quienes importen cámaras grabadoras destinadas a contribuir con la seguridad y protección.
De acuerdo a los considerando presentados en el documento, los sistemas de videovigilancia son una de las herramientas «preventivas y disuasorias» que aportan a la lucha contra la inseguridad.
Las residencias, empresas, propiedades campestres, condominios, colmados, supermercados, hoteles, bares, restaurantes, escuelas, colegios, clínicas, hospitales y otros sectores relacionados son quienes serán exentos, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), de los pagos tributarios requeridos en la adquisición de este tipo de videocámaras.
TIPOS DE CÁMARAS
La pieza legislativa delibera las cámaras tipo balas, domos, box y “PTZ”, que se pueden instalar en ambos ambientes, interior y exterior, para grabaciones de video de 720p, 1080p y 4K.
Además, los videograbadores con capacidad de grabación y audio no mayor de 32 canales con entradas tipo analógico, digital y de red (IP).
A esta lista de exenciones tributarias también se agregan las fuentes de alimentación eléctrica para grabadores analógicas y digitales de hasta 32 canales.
Esta ley modificaría el capítulo 85 de la Ley 146-00 sobre Reforma Arancelaria y Compensación Fiscal, que hace referencia a las cámaras digitales de seguridad y sus componentes.
Asimismo, reformará cualquier otra disposición legal que le sea contraria a este proyecto de ley, según lo dicta el quinto artículo denominado “Modificación”.
SEGUNDA EXTENSIÓN
El 16 de julio del año 2012, el Congreso de la República Dominicana creó la Ley 171-12, que tuvo como objeto facilitar la adquisición de cámaras de videovigilancia, a través de la exoneración del pago de todo tipo de impuestos de importación, por un periodo de 10 años.
Este plazo finalizó en 2022 y género en consecuencia que estos equipos tecnológicos no sean beneficiados, en la actualidad, con ningún incentivo fiscal.
Santo Domingo, R.D.-Tres millones de pesos habría pagado Daneri Antonia Pérez Espinal habría para que le dieran muerte a su esposo, según lo informo el Ministerio Publico.
Así lo establece el expediente acusatorio instrumentado por el Ministerio Público en contra de la señora, imputada por la muerte a tiros de Julio César Rodríguez Paula, de 68 años de edad, durante un hecho ocurrido el 18 de septiembre del año 2020. La mujer pasó de víctima a cómplice del crimen el mes pasado cuando apresada en el Palacio de Justicia de Santiago donde se conoce el caso, luego de que el Minsterio Público, durante la investigación, descubriera que la presunta implicación de la señora en la muerte de su esposo.
El dispositivo indica que la señora, de 68 años, descubrió el adulterio luego de darle seguimiento a su esposo durante varios días.
Relata que, tras comprobar la relación extramarital de su pareja sentimental, la imputada Daneri Antonia Pérez Espinal instruyó a su sobrino, Fabricio Antonio Báez Pérez, para darle muerte a Rodríguez Paula.
El expediente indica que la señora le proporcionó a su pariente los medios económicos para materializar la acción criminal.
Depositó tres millones de pesos
El Ministerio Público señala que Pérez Espinal depositó en una cuenta de banco de su familiar tres millones doscientos treinta mil pesos.
De dicho monto, Fabricio le habría pagado RD$250 mil a Joan Giancarlos Acosta, conocido como «Café», para cometer el hecho.
Las autoridades identificaron al presunto pistolero al darle seguimiento, mediante las cámaras de seguridad que están instaladas en los alrededores de la escena del crimen, en Tamboril, hasta la zona Sur de Santiago, lugar donde se dirigió después del ataque a tiros.
El proceso judicial en contra de alias «Café» por la muerte de Julio César Rodríguez Paula, se encuentra en la etapa de fondo.
Apresamiento de la acusada
El arresto de Daneri Antonia Pérez Espinal se produjo el 11 de abril pasado al salir del Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, donde era presentado el presunto sicario que mató a su esposo. Varios días después, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dispuso en su contra arresto domiciliario.
Mientras que Fabricio Antonio Pérez cumple prisión preventiva por el caso.
Pruebas del Ministerio Público
El Ministerio Público asegura que cuenta con suficientes pruebas documentales y testimoniales que comprometen penalmente a los tres imputados.
En el documento acusatorio señala que tienen el comprobante del depósito millonario que hizo Daneri Antonia Pérez Espinal a su familiar.
Además, cuenta con las declaraciones del sobrino en que supuestamente confiesa la participación de cada uno de los tres procesados.
A «Café» le ocuparon una motocicleta marca Gato, modelo CG-200, chasis LRPRPLV04KA201035, color rojo, la cual utilizó para desplazarse cuando alegadamente ejecutó el acto.
Además, las autoridades recuperaron la pistola marca no legible, serie no legible, calibre 9mm, con su cargador, con la cual presuntamente Giancarlos Acosta disparó a la pareja.
Calificación jurídicaEl Ministerio Publico otorgó la calificación jurídica provisional por violación de los tipos penales descritos en los artículos 265, 266,295, 296, 297 y 302 del Código Penal, consistente en asociación de malhechores y asesinato en perjuicio de la víctima Julio César Rodríguez Paula.
El hecho
El hoy fallecido Julio César Rodríguez Paula y su esposa fueron atacados a tiros por un hombre desde una motocicleta, cuando la pareja viajaba a bordo de una yipeta Honda CRV, blanca, por la calle Palmar de Canca La Piedra, en el municipio Tamboril, de la provincia Santiago. La hoy imputada resultó herida de bala durante el ataque.
Santo Domingo, R.D.-Una supuesta red criminal que se dedicaba a ingresar al país a través de la franja norte de la frontera a haitianos que pagaban entre 8 y 17 mil pesos para esos fines fue desmantelada en Santiago por las autoridades.
Así lo establece la acusación presentada en contra de nueve personas vinculadas a la alegada estructura, integrada por José Andrés Cabrera Francisco (Jairo), Enmanuel Jiménez González (Jhon Manuel), Carlos Bladimir Cuevas Peña (Carlos Pistola), Ricardo Francisco Martínez González (Ricardito), Freddy Esmeraldo Gómez, Ramona Salvadora Tapia Flores, Jeffrey Alberto Felipe Acevedo, Olga Acevedo Capellán, y Griselvis Miguelina Parra Hernández.
Contra el grupo la fiscalía y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas solicita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que imponga prisión preventiva y que declare de tramitación compleja el proceso.
La audiencia, que estaba programada para este miércoles, fue aplazada para el próximo viernes, a partir de las 9:00 de la mañana. La reprogramación de la vista se debió a que varios de los procesados no estaban representados por abogados.
El órgano acusador establece que esta organización transnacional traficaba, especialmente con ciudadanos haitianos, para lo cual utilizaban las vías terrestres a través de la frontera Norte del país con la vecina nación.
Apresan en República Dominicana a miembro de una de las bandas más peligrosas de Haití
Indica que asentaban a los indocumentados en diferentes puntos de la provincia Santiago.
Durante la investigación las autoridades identificaron la ruta que la red utilizaba para emplearse en el trasiego de personas en condición de irregularidad.
Detalla, la solicitud de medidas de coerción, que la organización empleaba distintas maniobras para cruzar, vía terrestre, desde Haití hasta Dajabón, a personas indocumentadas. Indica que, más tarde, trasladaban a estos indocumentados hasta Valverde y sus diferentes distritos «para luego continuar hacia el municipio de Navarrete, en Santiago, siendo recibidos los extranjeros en condición migratoria irregular, por la estructura, para luego sus integrantes encargarse de colocarlos en sus centros de acopios, tales como: casas, cuarterías y terrenos baldíos».
De manera provisional, el organismo investigador presenta cargos contra el grupo por violación a los artículos 2 y 7, literales C, D y F, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículo 2, numeral 11; 3, letras A, B y C, de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, en perjuicio del Estado dominicano.
Contra Cuevas Peña se presentaron cargos por violentar los artículos 2, 47, letras C, D, E y H, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículo 2, numeral 11; 3, letras A, B y C, de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.