Nacionales
Agresiva política oficial para regularizar bancas de loterías.
La peor piedra en los zapatos de la sociedad dominicana son las bancas de loterías, las cuales no sólo son un mecanismo para no pagar y evadir impuestos, sino también para el lavado de activos y promover atrasos y pobrezas al pueblo dominicano, las cuales son obligadas ahora a cumplir con una serie de requisitos legales que tal vez no puedan lograr.
La Lotería Nacional Dominicana ha realizado un arduo trabajo y un proceso largo para avanzar en la regularización de las bancas, mediante la coordinación con los concesionarios y miembros de ese sector, técnicos programadores y en desarrollar una declaración jurada que cada propietario de esos negocios tendrá que presentar.
Esa declaración jurada deberán hacerla los dueños de bancas de lotería ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para validar los datos.
La mañana de este miércoles fue la última reunión de los técnicos de informática de la DGII, la Lotería y la Dirección de Casinos, del Ministerio de Hacienda, explicó el administrador general de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, quien destacó que ya los técnicos le informaron que todo está listo para abrir el proceso.
Sostuvo que el sector fue convocado para el martes para que el proceso se declare abierto. Reveló que está solicitando al Ministerio de Hacienda, mediante resolución, que faculte a la Dirección de Casinos de cerrar la transmisión de sorteos, por la razón de que hay sectores que se creen que están por encima del bien y del mal y por encima de la ley.
Los dueños de bancas tendrán que declarar el tiempo que tienen operando, las que tengan alguna dificultad con la DGII y las que están operando de manera ilegal y en base a eso irán validando los datos y será el Consejo de seguimiento que irá tratando dificultades entre bancas por asuntos de distancia y otras.
Tabar manifestó que atendiendo a una solicitud para que ayude a que se regularice el planteamiento hecho por el consejo consultivo de la Lotería, que incluye a muchas personalidades, fue que entró a Casinos donde permanecerá el tiempo que dure el proceso.
“Estamos a punto de comenzar. Estamos actuando en algunas cosas y el que crea que esto es broma va a tener problemas”, enfatizó el administrador de la Lotería Nacional, ya que hay sectores que no quieren entrar en lo legal.
“Y nosotros vamos a hacer lo posible de que así se haga y de que el proceso culmine porque eso conviene al propio sector de bancas, al sector de juegos le conviene elevar su imagen, y le conviene a Estado”, manifestó.
Indicó que por esa vía el Estado tendrá mejores mecanismos de controles y mayores ingresos, porque ellos mismos dicen que hay muchas bancas ilegales y por eso se establecerán mecanismos para que se regularicen y de ver las que tienen conflictos con la ley, “que en definitiva es lo que se va a determinar”.
Trabajo
Para el proceso de regularización con las bancas de loterías, la institución lleva a cabo un plan que agota una serie de requisitos.
DGII, Hacienda, Lotería y Casinos ya culminaron el proceso y se está creando una red que no existía, por años, de manera acelerada.
La primera reunión del Consejo ha sido convocada para el martes próximo, y luego se anunciará el inicio del proceso para que todos comiencen a llenar sus solicitudes y comiencen las las reuniones.
“Ha sido un proceso largo reunirnos con los banqueros, y con los que son independientes, explicándoles cuáles han sido las cosas en internet, cómo pueden llenar los formularios y cuáles son las cosas que tienen que hacer”, explicó.
Nueva oficina
Tabar reiteró que todo está listo y que la oficina funcionará en la Lotería, con un personal de los concesionarios, de Fenabanca (Federación Nacional de Bancas de Lotería), de la DGII y de Hacienda para atender cualquier solicitud.
Resolución
El Ministerio de Hacienda emitió el 9 de febrero de 2022 la resolución 061-2022 que establece los lineamientos para la regularización de permisos de las bancas.
Mandato
Establece una lista de las bancas de lotería independientemente de su estatus legal.
Nacionales
La sentencia del TC, un nuevo cambio a la ley electoral y la extraña posición en que quedan los partidos
Santo Domingo, R.D.-La pasada semana el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC-0788-24 la cual declara inconstitucional los artículos 152 y 157 de la ley 20-23, de Régimen Electoral, que tratan sobre las candidaturas políticas independientes de partidos políticos debido a que hay una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados porque se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.
Esos artículos manifestaban que para sustentar una candidatura independiente a la Presidencia de la República, se requiere una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el país, además de un programa de gobierno definido; la 20-23 igual señala que para los cargos de senadores y diputados al Congreso Nacional deberán ser sustentadas por la misma organización de cuadros directivos fijos para los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, pero limitada a la demarcación electoral respectiva; mientras que el nivel de alcaldías y regidurías, estos tienen que presentar una organización municipal que los abale.
El párrafo tres del articulo 157 reseña que “serán aplicables a las candidaturas independientes y a las organizaciones que las sustenten, las demás disposiciones que establece esta ley, en lo que se refiere a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos y a las candidaturas sustentadas por estos, con las adaptaciones a que hubiere lugar y de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral (JCE).
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», señala el dispositivo de la sentencia.
Una “amenaza” al sistema de partidos
Tras la sentencia, que se produjo a raíz de un recurso interpuesto por Roberto Fiallo, el tema se ha mantenido en el escaparate público en los últimos días; tanto que varios dirigentes de partidos han indicado que la sentencia sería una “amenaza” al sistema político.
“Imaginas que ahora todo el que sienta que puede ser candidato vaya y se inscriba, porque eso es lo que están diciendo. O sea, no habrá ningún requisito previo. ¿Cómo se van a contar los votos o repartir los fondos cuando hayan 200 candidaturas?», cuestionó Freund al conversar con representantes de los medios de comunicación.
Sin respuesta de la JCE
Con el pasar de los días, el pleno de la JCE aún no ha dado a conocer su posición sobre el tema ni los nuevos lineamientos que se estarían implementando a raíz de la sentencia de la alta corte.
La sentencia prepara el camino para que la ley 20-23, de Régimen Electoral, tenga que ser modificada para eliminar los artículos declarados inconstitucionales. Sería la tercera vez desde el 2018 que las leyes que rigen el sistema partidos y democracia de República Dominicana tengan que ser cambiados.
Precisamente en 2018 fue promulgada la ley 33-18 sobre Partidos Políticos tras varios años de debate en el Congreso Nacional; luego fue aprobada la 15-19, de Régimen Electoral; ambos textos legislativos sustituían a la antigua “Ley Electoral” que regía en el país desde 1997.
Tras las elecciones de 2020 y varias sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Electoral (TSE) recriminando la ambigüedad de la ley con relación a varios temas, se hizo imperiosa la necesidad de modificar la misma.
«El Congreso Nacional debe aprovechar esta situación para evaluar todas las cuestiones que han sido declaradas inconstitucionales», exclamó Freund.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.