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Agresiva política oficial para regularizar bancas de loterías.
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4 años agoon
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LA REDACCIÓN
La peor piedra en los zapatos de la sociedad dominicana son las bancas de loterías, las cuales no sólo son un mecanismo para no pagar y evadir impuestos, sino también para el lavado de activos y promover atrasos y pobrezas al pueblo dominicano, las cuales son obligadas ahora a cumplir con una serie de requisitos legales que tal vez no puedan lograr.
La Lotería Nacional Dominicana ha realizado un arduo trabajo y un proceso largo para avanzar en la regularización de las bancas, mediante la coordinación con los concesionarios y miembros de ese sector, técnicos programadores y en desarrollar una declaración jurada que cada propietario de esos negocios tendrá que presentar.
Esa declaración jurada deberán hacerla los dueños de bancas de lotería ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para validar los datos.
La mañana de este miércoles fue la última reunión de los técnicos de informática de la DGII, la Lotería y la Dirección de Casinos, del Ministerio de Hacienda, explicó el administrador general de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, quien destacó que ya los técnicos le informaron que todo está listo para abrir el proceso.
Sostuvo que el sector fue convocado para el martes para que el proceso se declare abierto. Reveló que está solicitando al Ministerio de Hacienda, mediante resolución, que faculte a la Dirección de Casinos de cerrar la transmisión de sorteos, por la razón de que hay sectores que se creen que están por encima del bien y del mal y por encima de la ley.
Los dueños de bancas tendrán que declarar el tiempo que tienen operando, las que tengan alguna dificultad con la DGII y las que están operando de manera ilegal y en base a eso irán validando los datos y será el Consejo de seguimiento que irá tratando dificultades entre bancas por asuntos de distancia y otras.
Tabar manifestó que atendiendo a una solicitud para que ayude a que se regularice el planteamiento hecho por el consejo consultivo de la Lotería, que incluye a muchas personalidades, fue que entró a Casinos donde permanecerá el tiempo que dure el proceso.
“Estamos a punto de comenzar. Estamos actuando en algunas cosas y el que crea que esto es broma va a tener problemas”, enfatizó el administrador de la Lotería Nacional, ya que hay sectores que no quieren entrar en lo legal.
“Y nosotros vamos a hacer lo posible de que así se haga y de que el proceso culmine porque eso conviene al propio sector de bancas, al sector de juegos le conviene elevar su imagen, y le conviene a Estado”, manifestó.
Indicó que por esa vía el Estado tendrá mejores mecanismos de controles y mayores ingresos, porque ellos mismos dicen que hay muchas bancas ilegales y por eso se establecerán mecanismos para que se regularicen y de ver las que tienen conflictos con la ley, “que en definitiva es lo que se va a determinar”.
Trabajo
Para el proceso de regularización con las bancas de loterías, la institución lleva a cabo un plan que agota una serie de requisitos.
DGII, Hacienda, Lotería y Casinos ya culminaron el proceso y se está creando una red que no existía, por años, de manera acelerada.
La primera reunión del Consejo ha sido convocada para el martes próximo, y luego se anunciará el inicio del proceso para que todos comiencen a llenar sus solicitudes y comiencen las las reuniones.
“Ha sido un proceso largo reunirnos con los banqueros, y con los que son independientes, explicándoles cuáles han sido las cosas en internet, cómo pueden llenar los formularios y cuáles son las cosas que tienen que hacer”, explicó.
Nueva oficina
Tabar reiteró que todo está listo y que la oficina funcionará en la Lotería, con un personal de los concesionarios, de Fenabanca (Federación Nacional de Bancas de Lotería), de la DGII y de Hacienda para atender cualquier solicitud.
Resolución
El Ministerio de Hacienda emitió el 9 de febrero de 2022 la resolución 061-2022 que establece los lineamientos para la regularización de permisos de las bancas.
Mandato
Establece una lista de las bancas de lotería independientemente de su estatus legal.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
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2 días agoon
mayo 7, 2026
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
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Incautan 1,295 paquetes de drogas en costas de Pedernales
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2 días agoon
mayo 7, 2026
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
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Rechazan traslado de proceso de Donni Santana a otra jurisdicción
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2 días agoon
mayo 7, 2026
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.
