Análisis Noticiosos
La vida sin plata de Patricia y otros 19 millones de colombianos
El 40% de la población subsiste con menos de medio salario mínimo mensual. La crisis mundial rebaja las posibilidades de reducir la pobreza
Bogotá.– Patricia Rodríguez llega sonriente, dispuesta a abrir las puertas de su casa para mostrar cómo vive. La vivienda es humilde, de madera color naranja y tejas de aluminio sobre las que pega el sol ardiente del mediodía en Altos de Cazucá. El barrio está en la parte alta de las lomas cercanas a la zona que divide a Bogotá de Soacha (Cundinamarca), un municipio con más 500.000 habitantes, vecino de la capital. Se sabe cuándo se cruza del último barrio del suroccidente de la ciudad a Cazucá por una especie de frontera invisible: las vías son polvorientas, sin pavimentar. A sus 43 años, esta mujer desempleada es cabeza de un hogar de seis personas. Solo una de sus hijas tiene trabajo estable. Forma parte del 40% de la población en Colombia, 19,6 millones de habitantes, que subsiste con menos de medio salario mínimo mensual.
“La invito a mi sala”, dice entre risas mientras extiende su mano señalando una banca rectangular de madera desgastada y dos llantas de carro que sirven de sillas improvisadas en el exterior de la vivienda. Se sienta en una de ellas para contar su historia. “Llegué a vivir aquí cuando tenía 17 años; me cansé del maltrato físico que había en mi casa y decidí irme. Tuve que dejar el colegio cuando estaba por terminar”, recuerda esta madre soltera. Desde allí, se contempla la vista de Bogotá. No hay ningún otro lujo.
Patricia Rodriguez en la puerta de su vivienda.NATHALIA ANGARITA
Viven en un terreno de invasión, donde no pagan servicios públicos y cocinan con cilindro de gas. “En gastos todo se me ocupa, no me queda derecho ni para un par de zapatos. En una quincena doy lo del mercado y en la otra, pago deudas”, dice Carol Michell, de 23 años. Su mamá y hermana se le miden al ‘rebusque’, una forma de ingenio a la que recurren millones de colombianos para tratar de conseguir su sustento. “En mi caso es trabajar en casas de familia o hacer turnos en restaurantes, en una gallera, una discoteca o lavar overoles en tiendas de venta de pescado”, dice la madre de la joven. “Es terrible vivir del diario. Muy berraco”, agrega.
Solo pueden comprar lo básico: granos como lentejas o fríjoles y arroz. “Carne, pollo o pescado, eso acá no se ve”. La plata tampoco alcanza para gastos personales. “El perfumito no se puede, eso es un lujo. Usamos una crema que huela rico y ahí estamos bien. Son cosas básicas porque a todo el mundo le gusta vivir, vestir y oler bien. Esos son gastos que no podemos tener”, dice Rodríguez, quien trabajó como operaria de producción hasta que llegó la pandemia. La han rechazado en dos empleos por su edad y ahora se dedica al cuidado de su abuela y su nieta mientras Carol Michell trabaja.
Patricia Rodriguez, lleva a su nieta Yoselyn Prada al jardín de niños.
NATHALIA ANGARITA
La niña de tres años, Yoselyn Prada, se entretiene adentro de la casa con muñequitos de plástico regados sobre el cemento rústico. Juega con una raqueta pequeña y una pelota que de vez en cuando lanza hacia los adultos buscando atención. Su tía, Karen Liseth Serrato, también cuida de ella. La joven de 21 años podría estar a la mitad de su carrera, pero no ha podido continuar con el estudio después del bachillerato por falta de recursos. “Me gustaría estar estudiando belleza, pero se necesita dinero. El SENA (institución técnica y tecnológica) es gratis, pero hay que tener algo flexible y estable para pagar el transporte y los implementos”, dice. Como no tiene experiencia, tampoco encuentra empleo. “Estoy enviando hojas de vida para poder trabajar”.
Solo el 54% de los estudiantes que se gradúan de secundaria en el país accede a la educación superior. Los cupos en las universidades públicas son escasos comparados con el número de egresados y únicamente logran iniciar su carrera quienes obtienen los mejores resultados en las pruebas de ingreso. Para entrar a las universidades privadas, donde los costos son elevados, es necesario contar con el dinero suficiente. El desempleo juvenil es otro dolor de cabeza. La tasa de desocupación para los jóvenes de 15 a 28 años entre marzo y mayo fue de 19%, casi el doble de la tasa nacional de 11,3% para el mismo trimestre.
Una balanza desigual
En Colombia, el futuro de un niño o niña está marcado por el lugar o las condiciones económicas del hogar donde nace. Entre menos dinero tenga, más se debe esforzar por superar barreras para alcanzar sus metas. “Un niño que nace en un hogar pobre tiene una probabilidad muy alta de seguir siendo pobre buena parte de su vida por características de origen que no tienen nada qué ver con su talento o esfuerzo. La desigualdad de oportunidades en temas como acceso a una educación de calidad es la primera trampa de pobreza”, afirma Roberto Angulo, economista experto en el tema y socio fundador de la firma Inclusión.
En la casa de Patricia Rodríguez se refleja esa realidad en más de una generación. Su familia ha recibido ayuda del Estado por la emergencia del coronavirus, pero no piden dinero sino oportunidades. “Hay gente que tiene la opción de surgir y no da opciones a otros, sino que sencillamente sigue adelante sin importarle a quién dejó atrás. Muchas veces nos juzgan por el lugar donde vivimos”, lamenta.
El hijo menor de Patricia, Dylan Serrato, de 14 años, quiere ser agente de investigación criminal cuando se gradúe del colegio. Su madre también dedica tiempo a ser líder de la comunidad y voluntaria de la fundación SOS Paz Cazucá, que ofrece refuerzo escolar y talleres culturales a niños y jóvenes del sector para que mejoren sus habilidades, ocupen su tiempo libre y eviten caer la delincuencia. “No tenemos nada, pero lo damos todo”, afirma Margarita Torres, coordinadora de la fundación.
La mayor riqueza, dice Patricia Rodríguez, es el amor de la familia. “Hay gente que tiene muchísima plata pero que no tiene esa satisfacción personal. Nosotros nos tendemos la mano y eso genera felicidad”. Comparten el afecto y también el espacio reducido de la vivienda. Duermen en tres camas sencillas. Una de ellas está reservada para la abuela, Emperatriz Gutiérrez, una mujer calmada y risueña que cocinaba con leña en las fincas donde trabajó durante su juventud. En las otras dos camas duermen las otras cinco personas de la familia.
“A pesar de las condiciones hay que mirar hacia adelante. Siempre hay barreras que uno se encuentra en el camino, pero no hay nada imposible”, sostiene Carol Michell. Su máximo anhelo, dice, es que el futuro de su hija Yoselyn sea diferente, que esté definido por sus sueños y no por su lugar de nacimiento.
La crisis mundial del costo de vida
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la crisis del costo de vida en países en desarrollo, intensificada por la guerra en Ucrania, ha empujado a millones de ciudadanos a la pobreza a una velocidad más rápida que durante la pandemia. En solo tres meses, 71 millones de personas han caído en esta condición como resultado directo del aumento de los precios de los alimentos y la energía a nivel global.
En Colombia, además de la población que vive en pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, otro 31% de los habitantes, alrededor de 15 millones de personas, está en situación de vulnerabilidad, es decir, tienen un rango de ingresos que implica alta probabilidad de caer en la pobreza. Si bien se proyecta que el país liderará el crecimiento económico de América Latina este año, la inflación es una fuerza en contra de la dinámica de recuperación que se ha logrado tras los efectos de la pandemia. Esto dificulta aún más salir de la pobreza y hace más fácil entrar a esta condición.
Patricia Rodriguez, lleva a su nieta Yoselyn Prada al jardín de niños.
NATHALIA ANGARITA
“La salida de la pobreza con enfoque de ingresos va a estar complicada porque así los hogares hayan recuperado su puesto de trabajo y estén generando ingresos, la inflación se está comiendo todas esas ganancias y, por consiguiente, la posibilidad de que Colombia retorne a niveles de pobreza que tenía antes de la pandemia va a ser muy difícil este año”, sostuvo el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), Juan Daniel Oviedo, en reciente entrevista con este medio.
Elpais.com
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
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México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.
La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.
Célula mexicana, célula china
El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.
La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.
La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.
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