Opinión
Rebelión popular en Haití apunta contra forma imperial a favor del caos
Por: Narciso Isa Conde
En Haití, el pasado viernes 16 de septiembre, los movimientos sociales en lucha, coordinados en el espacio de unidad que responde al nombre de «KONBIT DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SINDICALES Y POPULARES», emitió una nota de prensa, cuyos párrafos fundamentales merecen ser destacados en este esfuerzo de aproximación a lo que acontece en ese país hermano, estremecido por una nueva rebelión de su empobrecido pueblo:
– El KONBIT (1) saludó «el coraje y la determinación del pueblo que reivindica en las calles sus derechos y que se puso de pie para exigir el derrocamiento de este sistema de opresión.
– Planteó que el presidente Ariel Henry» debe dejar el poder de inmediato, un nuevo equipo de gobierno debe tomar la jefatura del Estado permitiendo así una transición soberana para sentar las bases de otro Estado que exige el pueblo».
– Aplaudió a las masas populares «que se levantaron en los cuatro rincones del país para denunciar la inseguridad, el hambre, el aumento criminal de los precios de los combustibles y la injerencia del CORE GROUP (2) y, sobre todo, para exigir la salida de Ariel Henry y sus acólitos de la dirección del Estado».
-Denunció que el PHTK (3), partido de gobierno, la burguesía mafiosa y sus aliados de la comunidad internacional «pretenden hacer de nuestro país un infierno donde los pandilleros, que son los operadores políticos del PHTK y del CORE GROUP, hacen lo que quieren» como forma de crear «todo tipo de inseguridad que les permita robar varias riquezas de nuestro país.»
– El Konbit exhortó a la población en general a que «levante aún más altas las barricadas para obligar a Ariel Henry a dejar el poder de inmediato.»
-Llamó a los actores del Acuerdo de Montana (4) y a todos los sectores que velan por los intereses del país «que comprendan la necesidad de una unidad urgente para encontrar rápidamente una solución correcta en el interés de las masas que se levantan en todo el país» para «encontrar rápidamente un acuerdo sobre el equipo de gobierno que debe reemplazar rápidamente al equipo de facto de Ariel Henry», y acordar «un programa político, económico, social que debe implementarse para aliviar al pueblo que está reclamando sus derechos en las calles…»
La nota de prensa fue responsablemente firmada por cinco de los líderes del KONBIT: Patrick Joseph / Guy Numa /Jean-Paul Bastien/ Olrich Jean Pierre /Josué Merilien.
· EL VALOR DE LA ACTITUD DEL KONBIT.
Esta nota tiene la virtud de poner en evidencia a los responsables de un caos fríamente calculado y provocado, a cuyos protagonistas y beneficiarios de dentro y fuera de Haití solo podría derrotar una gran determinación del pueblo haitiano movilizado, que concite a la vez un gran respaldo de fuerzas antiimperialistas, alternativas a la Comunidad Internacional imperialista.
El pueblo haitiano ha sido víctima histórica del colonialismo que no le permitió consolidar su hazaña del 1804 (primera independencia de nuestra América, revolución social antiesclavista, república soberana negra) y también de una larga y cruel etapa de neocolonialismo imperialista; que ahora, a cargo de EE.UU –tal y como lo describe Jorge Beinstein(5) en su libro «ILUSIÓN DEL METACONTROL IMPERIAL DEL CAOS» – incluye modificaciones en su sistema de intervención militar para sembrar el caos (Marxismo Crítico, 11-03-2013).
· JORGE BEINSTEIN, HAITÍ Y LAS MUTACIONES DE LAS GUERRAS IMPERIALISTAS.
Beinstein define de la siguiente manera la fórmula con la que el Pentágono ha variado su sistema de intervención militar más allá de «la guerra de baja intensidad» aplicada en Nicaragua y Centro América en la décadas de los 80, desarrollando y superando también la llamada «guerra de cuarta generación» en boga en las últimas décadas:
-Es una guerra –puntualiza de entrada- en la que «son borradas las fronteras entre las áreas civil y militar: toda la sociedad enemiga en especial su identidad cultural pasa a ser el objetivo de la guerra.»
La define como una guerra «descentralizada, poniendo el énfasis en la utilización de fuerzas militares «no estatales» (es decir paramilitares), empleando tácticas de desgaste propias de las guerrillas, etc. A ello se agrega el empleo intenso del sistema mediático tanto focalizado contra la sociedad enemiga como abarcando a la llamada «opinión pública global» (el pueblo enemigo es al mismo tiempo atacado psicológicamente y aislado del mundo) combinado con acciones de guerra de alto nivel tecnológico.»
«En este último caso-agrega– se trata de aprovechar la gigantesca brecha tecnológica existente entre el imperio y la periferia para golpearla sin peligro de respuesta, es lo que los especialistas denominan confrontación asimétrica «high-tech/no-tech». (OBRA CITADA)
En lo que se refiere a Haití, es notorio que ha sido una intervención persistente de una especie de «lumpen imperialismo», que promueve un capitalismo para élites gansterizadas.
De una intervención cívico-militar dirigida «contra la identidad cultural» de esa Nación «como objetivo de guerra» que combina unidades militares gubernamentales (policía regular) con bandas paramilitares y mercenarios extranjeros (sobre todo colombianos).
Y uno de los recursos de esa intervención para torpedear y dinamitar la fuerte identidad nacional de ese pueblo hermano, es la desintegración social vía formación de bandas armadas; que bandas que delimitan sus propios territorios, fracturan la sociedad y hacen la guerra entre sí y contra todos los objetivos útiles para manutención y enriquecimiento.
La más reciente intervención militar de EEUU, apoyada por Francia, Canadá, Brasil y otros países -bendecida y bautizada por la ONU con el nombre de MINUSTAH (6)- fue usada para apoyar la Mafia Política-Empresarial del PHTK (Partido de las Cabezas Raspadas) y sostener los gobiernos gansteriles de Martely y Moises; continuados ahora por el repudiado e inepto régimen que preside Ariel Henry, con apoyo estadounidense y protección mediática global.
La MINUSTAH se encargó de crear la Policía Nacional, que al servicio de los gobiernos de turnos, la CÍA, la Mosaad (7) y la fábrica de mercenarios colombianos, se involucró en la formación, alimentación y protección de las bandas civiles ya descritas; avitualladas desde La Florida-EE.UU, mediante contrabando tolerado de modernos equipos militares. Modalidad paramilitar haitiana concebida para generar caos.
«La conformación –añade Beinstein- de fuerzas clandestinas no-mercenarias de elite, respaldadas por un aparato tecnológico sofisticado capaz de descargar golpes puntuales demoledores contra el enemigo… son buenos instrumentos terroristas pero no remplazan las funciones de un ejército de ocupación…» Pero así – y eso es lo que se persigue- la guerra «se elitiza, se transforma en un conjunto de operaciones mafiosas, se aleja físicamente de la población norteamericana y su cúpula dominante empieza a percibirla como un juego virtual dirigido por gangsters.»
Todavía, tal fase de ese tipo de guerra imperialista, que NO es similar a una guerra civil entre facciones intestinas, no ha sido desplegada por EEUU en Haití, pero podría estar en gestación; como cualquier otra modalidad que implique mayor presencia de fuerzas militares regulares, si es que el caos bajo «control» imperial se descontrola a consecuencia de una rebelión popular soberana con fuerza para derrotar el régimen impuesto.
· PERSPECTIVAS DE LA FÓRMULA IMPERIAL EN HAITÍ Y MÁS ALLÁ.
De todas maneras Jorge Beinstein enfatizó «que el horizonte objetivo…de la «nueva estrategia» no es el establecimiento de sólidos regímenes vasallos, ni la instalación de ocupaciones militares duraderas controlando territorios de manera directa sino más bien desestabilizar, quebrar estructuras sociales, identidades culturales, degradar o eliminar dirigentes, las experiencias de Irak y Afganistán (y México) y más recientemente las de Libia y Siria confirman esta hipótesis.»
Que más bien «se trata de la estrategia del caos periférico, de la transformación de naciones y regiones más amplias en áreas desintegradas, balcanizadas, con estados-fantasmas, clases sociales (altas, medias y bajas) profundamente degradadas sin capacidad de defensa, de resistencia ante los poderes políticos y económicos de Occidente que podrían así depredar impunemente sus recursos naturales, mercados y recursos humanos (residuales). Este imperialismo tanático del siglo XXI, se corresponde con tendencias desintegradoras en las sociedades capitalistas dominantes, en primer lugar la de los Estados Unidos.»
Tal reflexión debe tenerse bien presente acerca del modo proceder de un imperialismo occidental decadente frente a toda la isla que compartimos con Haití, en la que no es secreto la existencia de litio, tierras raras y titanio, e identidades culturales rechazadas por un poder transnacional implacable en el que se incuba cada vez con más intensidad el delirio de la supremacía blanca, como componente de la expansión del neo-fascismo imperialista.
Porque ciertamente, como sentenció este gran pensador argentino y continental, «se presenta entonces la ilusión de una suerte de meta-control estratégico desde las grandes alturas, desde las cumbres de Occidente sobre las tierras bajas, periféricas, donde pululan miles de millones de seres humanos cuyas identidades culturales e instituciones son vistas como obstáculos a la depredación. Las elites de Occidente, el imperio colectivo hegemonizado por los Estados Unidos, están cada día más convencidas de que dicha depredación prolongará su vejez, alejará el fantasma de la muerte».
El desafío de estos millones de seres humanos y sus nuevas vanguardias revolucionarias es sumar luchas y rebeldías transformadoras, para mediante una insurgencia cada vez más global, acortar al máximo esa vejez imperial con todas sus crueldades.
Un nuevo paso en esa dirección es la actual protesta multitudinaria del empobrecido pueblo haitiano por el desplazamiento del régimen imperante y la construcción de una transición y una alternativa soberanas, al margen y arrinconando –como está aconteciendo- a los pandilleros que sirven al Core Group, al PHTK y al imperialismo occidental.
(1) KONBIT: Convite, unión, junta de movimientos sociales.
(2) CORE GROUP: formado por los embajadores de EE.UU., Francia, España, Brasil, Alemania, Canadá, UE, y representantes de ONU y OE
(3) PHTK (3): Partido de las Cabezas Peladas de Haití, actualmente en el gobierno.
(4) ACUERDO DE MONTANA: firmado por cientos de organizaciones y gremios para las plataformas y para designar personalidades para los puestos de Jefe de Estado y primer ministro como parte de su propuesta de gobierno de transición de dos años, que permita sortear la aguda crisis de Haití.
(5) MINUSTAH: fuerza de intervención militar de EEUU y otros países avalada por la ONU (2004-2017)
(6) JORGE BEINSTEIN: combatiente revolucionario, intelectual marxista, académico, y economista-investigador argentino, ya fallecido.
(7) MOSAD: agencia de inteligencia israelí.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.