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Gobierno de Abinader desacata sentencias de altas cortes y la Ley 200-04, lo que implica una agresión al estado de derecho y a la democracia.
Son numerosas las sentencias que no cumplen los funcionarios del Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM, sobre todo las jurisprudencias y aquellas de carácter vinculantes para todo el sector público, pese que eran críticos de la conducta semejante de administraciones pasadas.
El Tribunal Constitucional acaba de condenar al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones al pago de un millón doscientos veinte mil pesos por incumplir una sentencia de esa alta corte que le ordenó el traspaso de una pensión a una viuda.
El dinero debe ser pagado a la señora Emegilda Rodríguez, por concepto de liquidación de la astreinte fijada por el Tribunal Constitucional en la sentencia TC-0493-21, emitida el 16 de diciembre de 2021.
El TC acogió una acción de amparo interpuesta por Rodríguez en reclamo del traspaso de la pensión de RD$5,117.50, en calidad de cónyuge superviviente de un pensionado del Instituto Dominicano del Seguro Social (IDSS) y fijó una astreinte de RD$20,000, por cada día de retardo en la ejecución de la decisión.
Ahora el Constitucional acogió una solicitud de liquidación de astreinte que hizo la viuda el 28 de febrero de 2022 mediante la sentencia TC-0117-23, dictada el 24 de febrero de 2023.
La condena implica el pago de 61 días de astreinte, los cuales son contados desde el 30 de diciembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, sin perjuicio de los valores por vencer a partir de esa fecha y aquellos derivados del cumplimiento total del fallo.
El alto tribunal indicó que en el expediente no existe constancia de que el Ministerio de Hacienda haya dado aún cumplimiento a la sentencia TC/0493/21, ni se evidencia la existencia de algún motivo serio o causa de fuerza mayor que le impida cumplir con lo ordenado.
El Tribunal Constitucional reiteró el criterio asentado en la sentencia TC/0105/14, en la que estableció que “El derecho a ejecutar lo decidido por el órgano jurisdiccional es una garantía que integra el debido proceso, específicamente el derecho de acceso a la justicia que supone culminar con una decisión que cuente con la garantía de su ejecución en un plazo razonable”.
El Gobierno del PRM y de Abinader se ha caracterizado, asimismo, por lesionar el orden institucional del país, ya que prácticamente todas las instituciones públicas no respetan la Ley 200-04, fruto de que los funcionarios de la actual gestión se creen estar por encima del bien y del mal.
El articulo 2 de la Constitución de la República dispone que la soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen por representación y del mismo modo lo consigna la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo articulo 19 manda que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Por su parte, el artículo 8, Inciso 10, de la Constitución de la República establece que: «Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas, siempre que no vayan en contra del orden público o pongan en peligro la seguridad nacional».
También el Artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), ratificada por la República Dominicana, mediante Resolución No.739, de fecha 25 de diciembre de 1977, establece que: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección».
De igual modo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Resolución 684, de fecha 27 de octubre de 1977, establece que: El ejercicio del derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, entraña deberes y responsabilidades especiales; y que por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Asimismo, el precitado Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su parte II, numeral 2, establece que: cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del mismo Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en él y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
En tal virtud, el derecho de los individuos a investigar y recibir informaciones y opiniones y a difundirlas está consagrado como un principio universal en varias convenciones internacionales, ratificadas por la República Dominicana, razón por la cual el Estado está en el deber de garantizar el libre acceso a la información en poder de sus instituciones.
En ese tenor y conforme a lo que establece el párrafo del artículo 3 de nuestra Constitución: «La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes las hayan adoptado.
En consecuencia, el artículo 8 de la Constitución de la República establece que la finalidad principal del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.
Como se puede ver, el derecho de acceso a la información gubernamental es una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa en tanto permite a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar en forma completa los actos de sus representantes, y estimula la transparencia en los actos del Gobierno y de la Administración.
De modo, que para garantizar el libre acceso a la información pública se requiere de una ley que reglamente su ejercicio y que, entre otras cosas, establezca las excepciones admitidas a este derecho universal para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional o el orden público.
Sin embargo, a pesar de que todo el derecho público nacional e internacional establecen el acceso a la información pública como un elemento vital del estado de derecho y la democracia, llama poderosamente a la atención que el Gobierno del PRM sea un violador consuetudinario de la ley que sirve de soporte a todo el ordenamiento jurídico citado más arriba.
Son en realizad muy pocos los entes y órganos del Estado que respetan esta norma jurídica y ya se ha podido establecer que son numerosas las entidades del Estado que se manejan del país que se manejan al margen de esta legislación.
Pero la vocación de violación de la ley del funcionario público del Gobierno de Luis Abinader se hace extensiva a las sentencias erga homes que provienen del Tribunal Constitucional.
Recientemente, el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) reveló hoy que más del 53 por ciento de las instituciones públicas no cumple de forma correcta con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la 200-04.
Informó que de una muestra de 82 Instituciones investigadas, 44 obtuvieron calificaciones por debajo de los 70 puntos, equivalentes al 53.7%, lo que demuestra que tienen un escaso cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia.
Entre las instituciones que cumplen de forma escasa y deficiente la referida Ley se encuentran el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), la Dirección General de Migración, el IDECOOP, la Dirección General de Bienes Nacionales y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), así como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Superintendencia de Seguros y el Ministerio de las Fuerzas, que obtuvieron puntuaciones de 12 a 20 puntos de una evaluación de 100.
Un 53 por ciento, casi el 38% de las empresas públicas obtuvieron menos de 50 puntos, lo que se califica como lamentable.
Sólo 28 de las instituciones, equivalentes al 34.2% del total evaluado, se ubican en las categorías A y B, al lograr una calificación entre 80 y 100 puntos.
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La ilegitimidad arropa democracia dominicana en virtud de alta abstención ante la elección de nuevos funcionarios.
Este domingo 19 del 2024 se celebraron las elecciones generales para escoger al presidente, vicepresidente y los senadores y diputados de la República Dominicana, cuyos resultados no dejan dudas de que la ilegitimidad ha llegado a la democracia nacional.
Igual situación se produjo durante las elecciones municipales del pasado mes de febrero en las que fueron escogidos los gobiernos locales o municipales y cuya mayoría de los alcaldes y regidores, aunque son legales, pero carecen de la legitimidad que exige cualquier democracia del mundo a fin de garantizar la gobernanza y la gobernabilidad.
La Junta Central Electoral (JCE) con 7,502 mesas escrutadas contabiliza a favor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato a la reelección Luis Abinader dos millones 341 mil votos para un 57.16 por ciento, Leonel Fernández con 1,214.887 para un 29 por ciento y Abel Martínez 422 mil setecientos 22 votos para un 10.21, cuya proyección indica que es posible que la abstención sea de casi un 50 por ciento a partir de que la cantidad de registrados era 8,105, mil 151 sufragantes.
De hecho, en las comunidades en el exterior la abstención ronda los 70,80 y 90 por ciento, cuyo descontento de los dominicanos que viven fuera del país ha dejado claro el disgusto que sienten con la forma en que se manejan los gobiernos nacionales.
Otro elemento a resaltar es el voto en blanco, cuya expresión electoral apoyó y promovió este periódico y hasta el momento alcanza alrededor del uno por ciento, constituyéndose en una reacción interesante del votante.
Todavía faltan por contabilizar más de 10 mil mesas electorales, pero las provenientes de los lugares con mayor cantidad de votantes ya han sido contadas, lo cual parece producir un mensaje de advertencia en contra de los partidos políticos que se han convertido en el “negocio” más antiético de la sociedad dominicana.
Los observadores internacionales han vuelto a denunciar que en las elecciones de ayer domingo se produjeron una serie de irregularidades que detallarán en el momento correspondiente, pese a que destacaron el civismo mostrado por los dominicanos.
Igual denuncia hizo Participación Ciudadana que reveló que nueva vez se produjeron la compra de votos y la instalación de lugares para estos fines y para hacer proselitismo durante el proceso de votación, cuyo principal responsable ha sido el Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin atribuirle responsabilidad a la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana.
Cada proceso electoral envía un mensaje de que el sistema de partido ha entrado en crisis y como se ve el que sale más beneficiado y que a veces da la impresión de que no es impactado por la crisis es el oficial, el cual cuenta con los recursos del Estado para vender una percepción diferente y que no tiene nada que ver con la realidad.
Una muestra de la desesperación de la gente es que el votante se agarra de cualquier discurso sin sentido y ligado a un pasado tenebroso, como el esgrimido por Roque Espaillat, candidato presidente del Partido Esperanza Dominicana (PED), propiedad de Ranfis Domínguez Trujillo, nieto del sanguinario dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien se apoya en un discurso supuestamente nacionalista y ético.
Roque Espaillat, quien proclama que no le interesa el pasado, sino el presente, posiblemente para no tener que abordar los horrendos crímenes cometidos por la dictadura y de ese modo borrar una historia que tiene que ver con los más grandes sufrimientos de los dominicanos, obtuvo un 1.34 por ciento, algo más de cincuenta mil votos y con cuya votación ha desplazado en esta materia a los partidos de la llamada izquierda y otros como el Revolucionario Dominicano que ahora pasa a convertirse en minoritario en manos de Miguel Vargas Maldonado.
De entrada, se puede asegurar que la baja votación de las comunidades del exterior, donde las elecciones han sido un verdadero fracaso y lo ocurrido en el territorio nacional, donde han surgido figuras electorales desconocidas en el país hasta el momento, como el voto en blanco, envían un mensaje a los partidos políticos, que son los responsables de la gran tragedia nacional, de que las cosas van en camino de cambiar.
Ahora mismo los partidos, sobre todo los que ganaron las elecciones como el PRM, sólo hablan del por ciento sacado en unas elecciones que no representan necesariamente la voluntad de la mayoría de los dominicanos, sino de una minoría que ha sido incorporada al sistema corrompido de la política vernácula.
Sin embargo, falta esperar que se difundan todos los resultados para entonces valorar la gravedad del fenómeno y lo que ello podría significar para la democracia dominicana, la cual se promueve más con una falsa percepción que con la realidad.
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Este domingo 19 la democracia tiene una prueba de fuego ante su falta de credibilidad y confianza frente al ciudadano.
La República Dominicana entra en la culminación de las elecciones generales para escoger las autoridades nacionales en un panorama que desdice mucho de los partidos políticos.
A partir de este jueves el país llega a la etapa culminante de un proceso electoral en el que se escogerán el presidente y el vicepresidente de la Republica, así como de los senadores y diputados en medio de un ambiente que genera serios y profundos cuestionamientos a los partidos políticos en sentido general.
Aunque no luce que pueda haber alguna sorpresa en los comicios, pero los mismos dejan una gran estela de duda en lo que respecta a la permanencia con la fuerza de siempre de unas organizaciones que nadie pone en duda de que se trata de los principales responsables del desastre que hoy representa la democracia.
Es una realidad que hace ver con mucho pesimismo el futuro de la democracia nacional, la cual adolece de una serie de debilidades, sobre todo en lo referente a la institucionalidad del país, que no parece existir alguna fórmula que pueda renovar la credibilidad de estas organizaciones.
En la contienda que termina el domingo con el depósito del voto ciudadano, no hay una sola de las propuestas que merezca la confianza de los amplios sectores de la vida nacional, pero ante la carencia de un liderazgo nuevo, lo que se espera que se renueve la dirección del Estado en favor del actual presidente y aspirante a la reelección Luis Abinader.
Pero si se diera una mirada un poco más larga, es decir, hasta el 2028, muy probablemente en la política dominicana se hable un nuevo lenguaje y aparezcan nuevas caras, porque los que se ven en el escenario en los actuales momentos no representan ninguna garantía de la solución de los problemas del país.
De los tres principales aspirantes, Luis, Leonel y Abel, no se puede colegir ni la más remota posibilidad de enfrentar la gran problemática nacional de seguridad pública y ciudadana, de salud, educación y desempleo, entre otros problemas, una salida que enderece los destinos nacionales, ya que la capacidad de éstos de hacer algo nuevo está completamente agotada.
La decepción de la gente no se sólo se puede medir con la baja participación en las pasadas elecciones municipales, sino con la actitud del votante frente a la campaña proselitista de los diferentes partidos que buscan tener o continuar con el control del Estado.
El asunto luce tan preocupante que las contiendas electorales eran consideradas verdaderos carnavales en el país, pero ahora es poco el entusiasmo que se observa en la mayoría de la población, cuya explicación está en que se trata de más de lo mismo.
La cuestión es que pasan los años y las décadas y las precariedades de la gente es mayor, cuya deficiencia de las dificultades nacionales en vez de disminuir aumentan sin ninguna posibilidad de mejoría.
Es como si el tiempo no pasara y en virtud de esa realidad la gente siente que no tiene escapatoria, ya que cuando se invierte en lo que aparenta ser una obra interesante, sus deficiencias la delatan y como vía de consecuencia se profundiza la falta de credibilidad de la gestión pública.
Ahora mismo el reto más grande de los políticos del patio es recuperar parte de su credibilidad a través de la transparencia y la capacidad para manejar los problemas nacionales, pero ello no parece que pueda llegar tan lejos que fortalezca la democracia nacional, porque la principal dificultad descansa en que se trata de una conducta que tiene implicaciones profundamente culturales.
Todo parece indicar que las elecciones no constituyen un episodio que ni remotamente pueda ser un mecanismo para cambiar el rumbo nacional y convertir a la sociedad dominicana en una con la fortaleza y la capacidad para transformar totalmente la nación.
Todo el mundo puede estar seguro de que después de contado los votos la nación retorna a la misma rutina de siempre, en la que ganadores y perdedores retoman su principal arma para hacer política, como son la demagogia y la falta de transparencia, dotada de un alto perfil de fanatismo en favor de aquellos que se niegan a dejar que llegue, aunque sea una migaja, a los que no tienen nada, absolutamente nada.
Sin lugar a dudas, que el dilema que plantean las elecciones de este domingo 19 de mayo consiste en retornar la confianza con acciones eficientes y creíbles en el votante o en su defecto continuar el camino del descredito de la democracia y que como consecuencia predomine más la falta de legitimidad de los elegidos, lo cual constituye un grave obstáculo para la gobernanza.
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El sistema político-electoral dominicano ha entrado en crisis y las elecciones municipales fueron un espejo de ello..
Ya algunos articulistas nacionales han calificado el fenómeno como un eco silencioso en el escenario político nacional o como un grito de cambio en silencio, que más bien es una respuesta de los ciudadanos inconformes.
Uno de esos articulistas es Pavel De Camps Vargas, especialistas en tecnología de la comunicación y la información y quien en un escrito aparecido en algunos diarios nacionales, impresos y digitales, planteaba que en un mundo donde la política a menudo parece estar en un callejón sin salida, el voto en blanco emerge como una poderosa herramienta de expresión democrática, cuya visión comparte La República.
Lo cierto es que en una diversidad de democracias de diferentes lugares del mundo, el voto en blanco es la clave para revitalizar el sistema electoral y en consecuencia en la República Dominicana podría pasar lo mismo, sobre todo frente a la creciente desafección política y la alta abstención electoral.
Exactamente como lo ve el articulista citado, en las recientes concluidas elecciones municipales del mes de febrero un número significativo de dominicanos eligió no votar, cuya abstención no se traduce en una apatía, sino más bien en un espejo de la desilusión que se nos viene encima, que hoy es una realidad innegable, lo cual parece presentarse también en las presidenciales y congresionales, siempre de acuerdo a lo que se observa en las encuestas y sondeos que los medios de comunicaciones tradicionales y digitales realizan en las calles de las diferentes ciudades del país.
La realidad es que en las actuales circunstancias el ciudadano no se siente representado por las opciones en la boleta electoral, en cuyo escenario el voto en blanco cobra relevancia, como un medio para expresar una desaprobación constructiva.
En el contexto de los países latinoamericanos, el voto en blanco ha sido una herramienta de cambio, ya que incluso si obtiene la mayoría tienen que repetirse las elecciones con nuevos candidatos, si es que surgen.
Colombia es un referente importante en esta materia, dado que constituye una declaración potente de que ninguno de los candidatos merece el voto, pero igual ocurre en Francia, donde éste se cuenta separadamente, como una forma de reconocer la inconformidad política.
Canadá es, máxime en algunas zonas de ese país de norteamérica, donde es posible votar efectivamente en contra de todas las opciones presentadas.
Dice el articulista citado en este trabajo por considerado de una gran importancia política en la circunstancia que vive la República Dominicana, que en Kazajistán la opción del voto en blanco está incorporada en las papeletas de votación.
Según el trabajo citado, esta opción fue utilizada originalmente en la elección presidencial de 1991 y fue oficialmente introducida en la ley electoral en 1995.
Mongolia aprobó una ley electoral de 2015 que dispone que si el voto en blanco supera el 10% y ningún candidato obtiene una mayoría absoluta, se pueden convocar nuevas elecciones.
Estos ejemplos sirven de base para que se vea como diferentes países del mundo manejan el voto en blanco o la opción de «ninguno de los anteriores», y cómo, en algunos casos, pueden tener implicaciones significativas en los resultados electorales, hasta el punto de poder requerir la repetición de elecciones
Al ser una realidad esta opción en el marco de la democracia, el voto en blanco es un instrumento que permite a los ciudadanos expresar su descontento con las opciones presentadas, lo cual implica exigirle una mayor responsabilidad y transparencia a los partidos políticos, los cuales en el país son un verdadero desastre.
No hay que ser un experto para entender que la República Dominicana es un país donde una parte significativa de la población se siente marginada por el sistema político actual y en tal virtud el voto en blanco podría ser la llave para una democracia más inclusiva, participativa y representativa.
El ciudadano dominicano tiene que buscar una forma, que muy bien puede ser a través del voto en blanco para el cambio, el cual podría ser un catalizador, como muy bien lo plantea el articulista citado, a fin de motivar a los partidos políticos a presentar candidatos y propuestas que realmente resuenen y conecten con el electorado.
De manera, que el voto en blanco, el cual debía ser incorporado a las leyes del régimen electoral, podría ser el despertar de un nuevo capítulo democrático, donde cada voto cuente y cada silencio tenga un eco.
El periódico La República considera que el voto en blanco no es un signo de derrota, sino de esperanza y de fe en la posibilidad de una mejor representación política.
Este planteamiento es un llamado de un articulista, quien evidentemente no parece tener ningún compromiso con la vieja política, a los líderes y partidos para que se alinean más estrechamente con las aspiraciones y necesidades de su pueblo.
El voto en blanco podría significar en la República Dominicana, el principio de una nueva era democrática, donde el silencio se convierta en una voz potente para el cambio y la renovación política.
Esta opción del voto en blanco es más que un simple espacio en una papeleta electoral como bien lo plantea Decamps Vargas, porque en verdad se trata de un llamado y un desafío a la complacencia y un recordatorio de que la democracia es un proceso en constante evolución.
Esta práctica electoral de asumirse en el país desde la perspectiva que se ha acogido en otras naciones, permite abrir un nuevo capítulo en una nación como la República Dominicana, donde el sistema de partidos ha colapsado y parece que se acerca su fin, lo cual permitiría reescribir la historia política nacional.
La República comparte el criterio de que el voto en blanco podría ser, efectivamente, la nueva alternativa democrática que redefina el futuro político del país.