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Una nueva reforma se busca a la ley electoral para limitar gastos de campaña
Santo Domingo.-Un proyecto de ley respaldado por unos 33 diputados de diferentes partidos políticos buscan introducir cambios en la recién promulgada ley 20-23 para limitar la propaganda, la publicidad y el gasto en las campañas electorales.
La iniciativa busca poner límites al gasto de campaña a candidatos a senadores, diputados, alcaldes, concejales, directores distritales y vocales, quienes solo podrían usar el 50 % del monto consolidado de los salarios y emolumentos que devengarían por el tiempo de ejercicio del cargo a que aspiran.
En cuanto a la publicidad exterior, los partidos que postulen candidatura presidencial y vicepresidencial podrían colocar hasta 0.05 pies cuadrados de publicidad por cada votante inscrito en el padrón electoral. Esa misma proporción aplica para candidatos a senadores, diputados y alcaldes.
Mientras los candidatos a regidores podrán colocar hasta 0.03 pies cuadrados de publicidad visual en sus respectivas circunscripciones.
En el caso de la publicidad radial o televisiva para los presidenciables, senadores, diputados y candidaturas municipales se colocarían hasta 300 segundos diarios de promoción. Cuando se trate de postulaciones independientes en el orden municipal y congresual serían los 159 segundos los destinados a la publicidad en cada emisora o canal local y nacional.
Para los medios impresos y digitales no se limitará la publicidad en los medios impresos o digitales, sin embargo se deberá dar igual accedo, tarifa y espacio a todos los candidatos.
De las sanciones
Se impondrá multa administrativa equivalente a la escala de 10 hasta 50 veces el costo de la publicidad contratada y el retiro o remoción de la misma, cuando las emisoras de radio o televisión o la impresora que contrate o coloque publicidad a favor de un candidato en violación a los límites establecidos en esta ley.
En adición a ello, la Junta Central Electoral (JCE) podrá inhabilitar como candidato a la persona reincidente en violación a esta ley, de cuya decisión dará cuenta al partido correspondiente para que supla su sustituto.
Los considerandos
«Que ante el auge del crimen organizado transnacional y el lavado de activos provenientes del crimen y actividades ilícitas, es necesario proteger con un manto de transparencia el ejercicio de los cargos públicos electivos los cuales son blanco de esos sectores oscuros e innombrables, que buscan protección e impunidad mediante su ascenso al tren administrativo del estado, el Congreso Nacional y los gobiernos locales», refiere uno de los considerando de la pieza.
Aduce, además, que es necesario evitar el uso excesivo e indiscriminado de recursos económicos y materiales de procedencia ilícita puedan ser usados para saturar espacios públicos o privados, así como medios de comunicación.
Los proponentes
El diputados Eugenio Cédeño Areche, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), figura como proponente principal del proyecto de ley, al que se adhirieron otros compañeros de curul, según figura en la propuesta.
Se tratan de Francisco Alberto Díaz García, Francisco Antonio Solimán Rijo, Getrude Ramírez Cabral, Gilberto Antonio Balbuena Arias, Gregorio Domínguez Domínguez, Héctor Darío Féliz Féliz, Faustina Guerrero Cabrera, José Horacio Rodríguez Grullón, José Moisés Ortiz López, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, Juan Julio Campos Ventura, Julio Emil Durán Rodríguez, Luis René Fernández Tavárez, José Francisco A. A. Santana Suriel y Mélido Mercedes Castillo.
También, Nelsa Shoraya Suárez Ariza, Otoniel Tejeda Martínez, Ramón María Ceballo Martes, Ramón Rogelio Genao Durán, Sadoky Duarte Suárez, Santiago Vilorio Lizardo, Moisés Avala Pérez, Víctor Valdemar Suárez Díaz, José Benedicto Hernández Tejada, Jesús Manuel Sánchez Martínez, Ana Mercedes Rodríguez de Aguasvivas, Carlos Higinio de Jesús Veras, Dionisio de la Rosa Rodríguez, Eddy Oscar Montás Guerrero, Edirda Yoalis De Oleo Peña, Eduviges María Bautista, Jorge Hugo Cavoli Balbuena.
Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada por Segundo Tribunal Colegiado la solicitud de extincion de la accion penal que hubiera favorecido al exprocurador Jean Alain Rodríguez tras el tribunal argumentar que la demora en los casi seis años que tiene el proceso ha sido justificada y «razonable».
Las tres jueces, que decidieron denegar la petición de manera unánime, afirmaron que la tardanza se debe a solicitud de aplazamientos de todas las partes, incluida el Ministerio Público, y se acogieron para hacer valer la tutela de los derechos de todas las partes del caso de presunta corrupción.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto, sostienen que su resolución es por la razón de no haber existido «una mora injustificada y haciendo acopio del criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional» que ha establecido que «no debe ser un mero conteo matemático» el plazo de los procesos penales.
Las juezas acogieron el conteo de la defensa de Rodríguez Sánchez, desde el inicio de la alerta migratoria en el 2020 y no cuando se le detuvo en junio del 2021, por lo que el proceso, según el tribunal, tiene » 5 años, 8 meses y 17 días».
Al exfuncionario se le impidió salir del país «el 25 de noviembre del año 2020», como consecuencia de la alerta migratoria por la investigación que se le realizaba.
La jueza Castillo hizo un recuerdo de todos los incidentes presentado, desde la etapa de Instrucción, por salud, fallecimiento de parientes de los imputados, recusaciones a jueces y a fiscales, que motivaron los aplazamientos.
Subrayó que en los casi seis años los distintos tribunales se han mantenido activo conociendo los incidentes del caso, los que incluso han llegado hasta al Tribunal Constitucional.
«Este caso no ha llegado a este tiempo porque el proceso estuvo engavetado en algún lugar«, aclaró la jueza al hablar por el tribunal.
Las otras defensas de los demás acusados solicitaron presentar ellos la misma petición fallada por el tribunal a Jean Alain Rodríguez, lo que obligó al titular de Persecución, Wilson Camacho, volver a sentarse cuando se le autorizó presentar la acusación.
A las 1:00 de la tarde se dio un receso por almuerzo para retornar con la audiencia a las 2:00 de la tarde.
Inmediatamente después de emitirse el rechazo a poner fin a la persecución penal contra el exprocurador general, su defensa, encabezada por Carlos Balcácer, adelantó que lo apelarán a la Corte inmediatamente se publique la resolución completa, el 7 de septiembre.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, acusó al exprocurador Jean Alain Rodríguez de, una vez rechazársele la extinción, «organiza» a los demás acusados para que presenten el mismo incidente para evitar que se lea la acusación y se presenten las pruebas en su contra.
Reiteró que el exfuncionario deberá en cualquier momento enfrentarse a las imputaciones que se le hacen.
La acusación y quiénes son
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los otros 14 procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Se les señala de afectar al Estado con más de 6 mil millones de pesos mediante procesos de compras irregulares, extorsión y el uso de recursos públicos para fines personales y políticos del exprocurador.
Los que enfrentan actualmente el juicio de fondo junto a Rodríguez Sánchez son e exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.
También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni.
Asimismo están señalados por el Ministerio Público, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Santo Domingo, R.D.-Fueron identificados este lunes los dos fallecidos en el accidente de tránsito que involucró un camión de combustible, un automóvil, una yipeta y una motocicleta en la avenida George Washington, próximo al restaurante Adrián Tropical, en el Distrito Nacional, en el que dos vehículos se calcinaron producto de una explosión.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53.
De acuerdo con la información suministrada por el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Frómeta Herasme, el hombre fallecido conducía el camión y la mujer se desplazaba en la yipeta.
- Frómeta Herasme indicó que las causas de la explosión del camión tanquero se encuentran en fase de investigación.
El accidente ocurrió a las 6:58 de la mañana de este lunes. Según las autoridades, el camión transportaba alrededor de 10,000 galones de combustible, que se derramaron y posteriormente explotó causando un incendio.
- Por tratarse de gasoil, los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas.
El incendio provocó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además de generar un fuerte congestionamiento vehicular.
Al lugar del hecho acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom).
Santo Domingo, R.D.-Los recién designados mandos militares y politiciales designados mediante decretos por el presidente Luis Abinader fueron juramentados por el jefe de Estado.
En un acto realizado en el Palacio Nacional, el mandatario tomó juramento a Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional; Jimmy Arias Grullón, como nuevo comandante general del Ejército de la República Dominicana; Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, como comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
Igualmente se juramentó a Jorge Iván Camino Pérez, Inspector General de las Fuerzas Armadas; Buenaventura Colón Rosario, como viceministro de Defensa para asuntos militares; a Manuel José Brito Estepan, como subcomandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; a Dionisio de la Rosa Hernández, como inspector general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
En la imagen, los nuevos altos mandos militares y policiales.Javier Flores
Por igual quedaron juramentados en sus nuevas posiciones Celin Rubio Terreno, como asesor militar del presidente de la República; el general de brigada José Manuel Duran Infante, como subcomandante general del Ejército; Raúl Esteban Mora Hernández, inspector general del Ejército; Rafael Raimundo Ramírez Tejada, comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército.
También fueron juramentados Guillermo Caro Cruz, como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Emmanuel Almonte Polanco, como subjefe del Cusep.
La designación de los altos mandos militares está contenida en el decreto 557-26, el cual fue dado a conocer en horas de la madrugada del lunes. Mientras que en la tarde fue difundido el 558-26, que dispone el nombramiento del nuevo director de la Policía Nacional.