Opinión
El juicio de la Corte Penal Internacional
Por Rommel Santos Díaz
El acusado tiene el derecho de estar presente durante el juicio, excepto cuando perturbare continuamente el proceso. Si no hay otras medidas razonables adecuadas el acusado puede ser retirado y dársele la oportunidad de observar el juicio y dar instrucciones a su defensor desde fuera de la sala.
La salida de la sala durará el tiempo que sea estrictamente necesario. Se enfatiza la obligación de la sala de Primera Instancia de ver que el juicio sea “justo y expeditivo y conducido con pleno respeto a los derechos del acusado y con la debida protección a las víctimas y testigos”.
Entre otras facultades, la Sala de Primera Instancia puede solicitar la comparecencia y testimonio de testigos y la presentación de documentos, proteger la confidencialidad de la información y brindar protección al acusado, los testigos y las víctimas, y dirimir cualesquiera otras cuestiones pertinentes.
Cabe destacar que con algunas limitadas excepciones que permiten sesiones cerradas para proteger víctimas, testigos o información confidencial o sensible, los juicios se celebrarán públicamente.
El artículo 65 del Estatuto de Roma refleja un compromiso entre los enfoques que toman diferentes sistemas legales del mundo respecto a la declaración de culpabilidad. La Corte tiene el deber de asegurar que el acusado entienda las consecuencias de una admisión de culpabilidad, que se hace voluntariamente tras suficiente consulta con el abogado defensor y corroborada por los hechos de la causa.
En otro orden la Corte puede convencerse de esto, o si no lo constata, puede ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario. Si el interés de la justicia y de las víctimas en particular lo requieren, la Corte puede pedir al Fiscal que presente pruebas adicionales (inclusive declaraciones de testigos) u ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario.
En respuesta al fenómeno de “petición de negociación” la Corte no está comprometida con ningún acuerdo entre el Fiscal y la defensa respecto a la modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la condena a ser impuesta.
El Estatuto diseñó cuidadosamente los derechos del acusado. Todos tienen el derecho de presunción de inocencia hasta que el Fiscal convenza a la Corte de la culpabilidad del acusado más allá de una duda razonable. Los derechos básicos relativos al juicio incluye el derecho a ser informado sin demora del cargo, a tener el tiempo y las facilidades adecuadas para preparar la defensa, a ser procesado sin dilaciones indebidas, a tener abogado (gratuitamente si fuere necesario), a interrogar testigos, y así sucesivamente.
Es importante señalar que el acusado tiene el derecho importante de no ser obligado a declarar ni a declararse culpable y a guardar silencio sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia. Tiene el derecho a declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar juramento y a que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la carga de presentar contrapruebas.
El Fiscal tiene el deber de divulgar cualquier prueba que muestre o tienda a mostrar la inocencia o a atenuar la culpabilidad del acusado o afectar la credibilidad de las pruebas de cargo.
Estratégicamente la Corte tiene una obligación general a “adoptar las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos” tomando en cuenta factores tales como la edad, el género y el tipo de delito. Tales medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial.
En otro orden, partes del juicio a puerta cerrada o la presentación de pruebas por medios especiales se permiten como excepción al principio de audiencias públicas, y la Corte adopta en tales medidas particularmente en el caso de una victima de violencia sexual o de un menor de edad que sea victima o testigo salvo decisión en contrario.
Las opiniones y observaciones de las víctimas cuyos intereses personales se vieran afectados serán presentadas y tenidas en cuenta en las fases del juicio que se consideren pertinentes sujetos a los derechos del acusado. Antes del comienzo del juicio, el Fiscal puede definir un resumen en vez de toda la información o pruebas si la seguridad de un testigo o la de su familia puede correr grave peligro.
El Estatuto establece un marco básico relativo a las pruebas. El testimonio de un testigo en el juicio deberá darse generalmente en persona, sujeto a las disposiciones del Estatuto o las Reglas que apuntan a la protección de los testigos o permitir el uso de tecnología de audio o video o declaraciones escritas.
La Corte puede pedir la presentación de cualquier prueba que considere necesaria para la determinación de la verdad y puede, de acuerdo con criterios señalados en las Reglas, decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de cualquier prueba teniendo en cuenta, entre otras cosas, el valor probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer para el juicio.
Hay indicar de modo importante, que las pruebas obtenidas como resultados de una violación del Estatuto o de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas serán inadmisibles si la violación suscita serias dudas sobre la fiabilidad de las pruebas o si admisión atentare “contra la integridad del juicio o redunde en grave desmerito de el”. El Estatuto establece seis delitos contra el sistema de administración de justicia artículo 70.
Estos incluyen, cuando se cometieron intencionalmente, dar falso testimonio, presentar pruebas que sabe son falsas o falsificadas, interferir con un testigo o con la prueba, interferir con un funcionario de la Corte, tomar represalias contra dicho funcionario de la Corte, o solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario de la Corte.
Por otro lado, los procedimientos relativos a estos delitos, sancionables con multa o pena de reclusión no mayor de cinco años, serán establecidos en las Reglas. Aun cuando la Corte puede proceder con respecto a estos delitos, puede solicitar también a un Estado Parte que lo haga. Consecuentemente, el Estatuto obliga a los Estados a extender sus leyes penales de acuerdo con ello.
Las faltas de conducta ante la Corte tales como perturbar las audiencias o negarse deliberadamente a cumplir sus órdenes se sanciona con una multa o con medidas administrativas tales como la expulsión de la Sala.
Un Estado tiene el derecho de intervenir cuando sienta que la divulgación de información requerida conforme al Estatuto puede afectar a los intereses de su seguridad. El Estado, el Fiscal, la defensa y las Salas pertinentes deben adoptar todos los pasos necesarios para resolver la cuestión por medio de la cooperación con medidas tales como la modificación de la solicitud, la obtención de la información de una fuente distinta o en una forma diferente (como por ejemplo resúmenes), o acordando condiciones tales como limitaciones en la divulgación, utilizando procedimientos a puerta cerrada o ex parte u otras medidas.
Si han dado todos los pasos razonables en las líneas anteriores y el Estado continúa sintiendo que la información o los documentos no pueden divulgarse sin perjuicio de su seguridad nacional, se notificará a la Corte. Sí la Corte encuentra que la prueba es necesaria para establecer la culpabilidad o la inocencia del acusado puede, como último recurso, determinar que el Estado no esta cumpliendo con sus obligaciones de conformidad con el Estatuto y puede remitir la materia a la Asamblea de Estados Parte, o si procede, al Consejo de Seguridad.
Los magistrados intentarán llegar a decisiones de condena o absolución unánimemente, a falta de lo cual decidirá la mayoría. Las opiniones de la mayoría y la minoría aparecerán en la resolución que será leída (probablemente en forma resumida) en sesión pública. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes.
Finalmente, a petición de la víctima o (excepcionalmente) por su propia iniciativa, la Corte puede determinar el alcance y la extensión del daño, pérdida o lesión de las víctimas. La Corte puede dar órdenes de reparación directamente contra una persona condenada o puede ordenar un pago de un Fondo Fiduciario.
Por Isaías Ramos
Subsidiar futuro o financiar privilegios
La advertencia de Estados Unidos no es el problema; es el espejo. Durante décadas, República Dominicana llamó competitividad a un modelo que subsidia sectores, celebra récords y deja a demasiados trabajadores sin salario suficiente para vivir.
Estados Unidos incluyó a República Dominicana entre economías investigadas por fallas para impedir que bienes producidos con trabajo forzoso entren al comercio internacional, dentro de procesos de la Sección 301. No es condena a cada empresa; es alerta nacional: el mundo ya no aceptará como competitividad la vulnerabilidad laboral convertida en ventaja comercial.
También es una pregunta constitucional: si el Estado debe proteger la dignidad humana y el trabajo, ningún incentivo público puede sostener un modelo que abarata al trabajador para vender competitividad.
Durante años hemos denunciado que República Dominicana no puede seguir presentando zonas francas y turismo hotelero como símbolos absolutos de éxito si quienes sostienen esos sectores permanecen atrapados en salarios que no permiten una vida digna. No hablamos de esclavitud jurídica clásica. Hablamos de servidumbre salarial moderna: empleo sin movilidad, crecimiento sin dignidad y vulnerabilidad laboral convertida en ventaja competitiva.
Detrás de cada récord turístico y de cada contenedor exportado hay manos dominicanas: camareras que limpian habitaciones que difícilmente podrían pagar, operarios que producen para mercados ricos y vuelven a casas donde la compra se lleva el mes, jóvenes que trabajan diez horas y aun así no ven ahorro ni futuro.
La vergüenza es que una presión externa nos recuerde lo que la dirigencia política debió defender hace décadas: ningún incentivo público debe sostener salarios de subsistencia ni privilegios sin retorno social.
La historia agrava la comparación. Taiwán inauguró la zona de procesamiento de exportaciones de Kaohsiung en 1966. República Dominicana inició sus zonas francas en 1969, en La Romana, apenas tres años después. Taiwán lo convirtió en escalera hacia tecnología; nosotros seguimos discutiendo exenciones, salarios insuficientes y poca movilidad social.
El problema dominicano no es falta de inversión o recursos. El problema es que demasiadas reglas extraen trabajo barato, exenciones del Estado y rentabilidad de la vulnerabilidad, pero devuelven poco en salario digno, tecnología, productividad o movilidad social.
Un país no fracasa porque no produzca riqueza. Fracasa cuando permite que esa riqueza se concentre arriba y no abra camino abajo.
La encuesta ACD confirma el dolor cotidiano: el alto costo de vida y la economía aparecen como principal problema; la comida es el gasto que más pesa en el hogar; y bajar precios de alimentos sería el mayor alivio doméstico. LS Consulting completa el cuadro: 86% entiende que es muy difícil progresar aunque se trabaje duro, y 84% no siente el crecimiento económico en su vida diaria.
Miremos la contradicción. En el turismo hotelero, rostro celebrado del modelo dominicano, el salario mínimo llegará a RD$21,840 en junio de 2026. Mientras tanto, la Global Living Wage Coalition estima para Santo Domingo un salario digno de RD$40,051 mensuales en 2025. Celebramos récords de visitantes e inversión, pero muchos trabajadores de esa vitrina siguen lejos de un ingreso suficiente. Un empleo que no permite salir de la pobreza no es movilidad social: es contención social.
Lo mismo ocurre con los incentivos. El informe oficial de gasto tributario estima para 2026 RD$393,541.54 millones, equivalentes al 4.54% del PIB: recursos que el Estado decide no cobrar mediante exenciones e incentivos. No todo incentivo es indebido. Pero todo apoyo público debe responder una pregunta: ¿qué recibe la nación a cambio?
Ahora el Gobierno anuncia un paquete tributario para recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones. Algunas medidas pueden tener sentido progresivo; otras pueden generar presiones inflacionarias indirectas al encarecer transacciones, servicios, conectividad, costos operativos y formalidad. Ninguna carga tributaria existe en el vacío: una parte puede trasladarse a precios, reducir consumo o presionar aún más la canasta básica. Y esa factura llega a una clase media y trabajadora sin margen.
Por eso la pregunta sigue intacta: ¿por qué pedir más carga tributaria antes de auditar la eficiencia del gasto público, transparentar el presupuesto, explicar el destino de los préstamos tomados y revisar los casi RD$393,541 millones de gasto tributario estimado para 2026? No hay reforma fiscal justa sin eficiencia, transparencia, control del endeudamiento y auditoría de privilegios.
Si el Estado deja de cobrar, tiene derecho a exigir. Si subsidia, debe auditar. Si exonera, debe condicionar. Si protege un sector, debe exigir salario digno, productividad, tecnología, compras locales, trazabilidad laboral, sostenibilidad y movilidad social. El apoyo público no puede ser regalo: debe ser contrato.
Una de las peores distorsiones de un gobierno es sustituir competitividad con subsidios y eficiencia con regulación burocrática. La competitividad verdadera nace de productividad, tecnología, energía confiable, logística, educación, trabajo digno y reglas claras. Cuando el Estado subsidia lo que no compite y regula para tapar lo que no funciona, castiga al que produce, protege al ineficiente y carga la factura al pueblo.
República Dominicana no tiene que escoger entre inversión y dignidad laboral. Debe construir una coalición productiva responsable bajo una regla común: todo apoyo público debe producir retorno público.
La inversión que genera empleo digno, tecnología, productividad y encadenamientos debe ser aliada nacional. La inversión que solo extrae ventajas, paga salarios de subsistencia y no deja capacidades debe ser revisada.
Porque un país que subsidia al sector y abandona al trabajador no está desarrollando la nación: está financiando explotación salarial normalizada. Y un país que exporta riqueza mientras reproduce pobreza está comprando vulnerabilidad futura.
Ya basta de financiar privilegios: es tiempo de subsidiar futuro, exigir trabajo digno y gobernar con orden constitucional.
Por Robinson Lebrón
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La manifestación más radical del principio de dignidad humana en el ecosistema electoral dominicano durante el periodo 2006–2026 ha sido la progresiva implementación del voto para los internos preventivos, conocido formalmente como el Voto Penitenciario. Históricamente, el ingreso al sistema carcelario dominicano conllevaba una muerte civil de facto, donde las personas privadas de libertad perdían la totalidad de sus derechos, independientemente de su estatus procesal.
Sin embargo, el artículo 24 de la Constitución Dominicana establece con claridad que los derechos de ciudadanía solo se suspenden de manera irrevocable tras una sentencia condenatoria que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Amparada en este precepto y bajo el impulso del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, la JCE, en coordinación con la Procuraduría General de la República, diseñó recintos electorales especiales dentro de las cárceles tradicionales y los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR).
La habilitación de este padrón especial para aquellos reclusos que esperan juicio y que, por tanto, gozan de la presunción de inocencia representa un avance ético sustancial. Al permitirles elegir a las autoridades de los niveles presidencial y legislativo, el Estado dominicano reafirma que la privación de libertad ambulatoria no despoja al ser humano de su dignidad intrínseca ni de su derecho a incidir en el destino político de la nación, combatiendo la marginalización institucionalizada de una de las poblaciones más vulnerables del país.
El análisis de los procesos político-electorales en la República Dominicana durante el periodo 2006–2026 revela una profunda contradicción entre el ordenamiento jurídico y la praxis cultural. La reforma constitucional de 2010 marcó un hito indiscutible al situar a la dignidad humana como el eje transversal del Estado Social y Democrático de Derecho. Desde una perspectiva formal, este mandato se tradujo en una expansión de derechos sin precedentes: la institucionalización del Voto Accesible para personas con discapacidad, la dignificación y restitución ciudadana de los internos preventivos mediante el Voto Penitenciario, y el blindaje jurisprudencial del debido proceso partidario y la equidad de género por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional (TC). Estos avances demuestran que el Estado dominicano ha diseñado una robusta armadura normativa orientada a proteger la autonomía y el valor intrínseco del ciudadano en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El autor es abogado y Docente Universitario.
Por Oscar López Reyes
Recuperar más de seis mil millones de pesos sustraídos malévolamente del patrimonio público, imputar judicialmente a 274 personas, lograr la apertura a juicio de 174 y condenas a 74 se configura, inequívocamente, como un acontecimiento récord. Y un hito que pulsa como punto de referencia en un terruño en el que, ondeando en el encubrimiento, jueces se quitan de los ojos la venda de la Diosa Temis para liberar sospechosamente, escudados en cuestionados tecnicismos legales, a personas señaladas por la comisión de delitos penales.
Solo un hijo de Satanás, integrante del tinglado de peculado que amerita ser fumigado con cubetas de desinfectantes, impugna o ignora con desdén la ejecutoria del Ministerio Público, liderado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el director de la Pepca, Wilson Camacho. Con valentía y sin miedo en el filo de un alto riesgo están escribiendo un capítulo de la historia de la contienda contra la corrupción –que incluye el cazar y someter a la Justicia a colegas fiscales en travesuras de sobornados- que puede servir de brújula ético-moral.
¡Échale!, sumando los del Ministerio Público y los del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP), apalancados independientemente por los sostenidos esfuerzos del presidente Abinader, el Gobierno ha recuperado, por intermedio de procesos legales, cerca de 6 mil 500 millones de pesos provenientes de activos de corrupción.
Con las denuncias que perennemente se graban y dejan huellas para la historia, los sometimientos judiciales, el inicio de juicios, las sentencias condenatorias y los decomisos, los que se sirvieron con la cuchara grande o el cucharón han tenido que comerse una brasa de carbón encendido. Esas cicatrices, ¿quedarán marcadas en infraestructuras en líneas que no se borran?, aunque se observe estrictamente la presunción de inocencia.
¿Quiénes han salido quemados? Se les han confiscado emolumentos a encartados en las operaciones Calamar, Medusa, Antipulpo, Coral y Coral 5G, la embajada dominicana en Panamá, los de la compra del Inmueble Peralvillo, los de Castillo R. Diseño & Construcciones, Maxi Montilla, la Operación 13 y el Ministerio de Educación.
¿Y ya…?
“A Dios rogando y con el mazo dando”. Buscando más decomisos de bienes de origen ilícito o recuperaciones, según nuestras indagatorias, 165 mil millones de pesos están en proceso de reclamación de las operaciones citadas, así como también de la Operación Lobo, Intrant, Senasa y Minerd. ¿Qué cantidad será conseguida, en acuerdos con la justicia o con la aplicación de nuevas leyes especializadas, como la de Extinción de Dominio?
¿Solo dos…?
Además de esmerarse con la designación de Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, el presidente Abinader creó, en 2021, la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República para hurgar sobre actos de corrupción, prácticas irregulares o erradas en el Gobierno. Y, entre ese año y el 2025, esta división institucional dirigida por Leónidas Radhamés Peña ha remitido a la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PEPCA) 426 reportes de datos para investigaciones, y 64 informes para iniciar indagaciones penales a partir de los hallazgos planteados en dichos registros.
¿Acaso son un cuento de hadas las declaratorias de culpabilidad y la imposición de penas por la comisión de una transgresión, y regresos monetarios al Estado? ¿O concretizan el alcance de una meta, por la perseverancia inquebrantable, con una dosis extra de fuerza de voluntad?
Las cifras antes citadas proclaman un salto decisivo y sin precedentes, tocado en el brinco de barreras tendidas por pillos que por doquier están a dos por chele. Representan un antes y un después en la brega contra el envilecimiento y la perversión administrativa estatal, en las entretelas de un sistema en que se torna enmarañado perseguir y sentenciar a ex funcionarios gubernamentales y particulares que olímpicamente se metieron en los bolsillos fondos públicos.
La batida 2020-2026 contra el soborno, el cohecho, el fraude y otros hechos punibles entraña un aprendizaje, porque demuestra que sí es posible rescatar los dineros robados al erario, y que quien mete la mano donde no debe puede quedarse sin ella.
El avance ha sido trascendental, aunque cuantitativamente parcial. Identificar, incautar y devolver a las arcas públicas metálicos malversados o hurtados mediante procesos legales y judiciales cuesta trabajo, por las presiones interesadas de estructuras del poder económico y político, la complicidad justificada por los de la bandera del color partidario, la resignación e inacción de pobres diablos de villas miserias que venden sus votos por un mendrugo de pan duro, la lentitud de procesos judiciales con jueces que se dejan corromper y sobornar, abogados penalistas que obstruyen la Justicia en el pantano de la mugre y leyes sin sanciones ejemplarizantes que socorran a los defraudadores.
Echando a un lado la consabida escasez financiera y las falencias del Ministerio Público, con tantos factores adversos, no viene fácil batir el cobre para conseguir condenas en un 100% de los involucrados en actos de corrupción. Por deducción lógica, habrá que formular una ecuación matemática –calculando los pro y los contra- para fijar unos valores aproximados de sentenciados, y compararlos con los de Corea del Norte, China y Cuba, donde los jueces acogen excepcionalmente el auto de “No ha lugar”.
Las luces están prendidas, para que todos vean muy bien y sepan cómo caminar y dónde amarrar los caballos, para no tropezar con recientes leyes aprobadas, como la de Compras y Contrataciones Públicas, la de Extinción de Dominio y la 74-25 o nuevo Código Penal, que establecen cárceles de hasta de 20 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
¿Quiere usted seguir siendo el viejo músico que toca el mismo compás?, ¿o el que se roba una gallina que ya no puede esconderle las plumas, para no ir por lana y volver trasquilado?
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.