Análisis Noticiosos
Leyes que protegen a las mujeres para combatir el hambre en el mundo
Unos 200 parlamentarios de 64 países se dieron cita en Chile para impulsar legislación y políticas públicas en sus Parlamentos nacionales ante la crisis alimentaria y el avance de la “comida chatarra” que se propaga por el planeta y que afecta sobre todo a las mujeres
Llay Llay (Chile).-Mónica y sus compañeras se han vuelto a calzar el forro polar rojo esta mañana para despachar sus lechugas y cebollas en los puestos callejeros de la comarca chilena del Llay Llay, en el centro del país. Como ocurre todos los viernes desde hace seis años. Tal vez a primera vista no lo parece, pero el suyo es un acto de resistencia. Resisten a los precios disparados de los insumos del campo, a la pertinaz sequía, a la macroindustria que ha cubierto de aguacates sus campos y chupado su agua y a los bolsillos adelgazados de sus vecinos, golpeados por la inflación y abocados a comprar como dicen ellas “comida chatarra” más barata. Resisten porque es su modo de vida y porque ellas también tienen que comer.
En esta comuna de Llay Llay, condenada a la sequía durante más de una década, donde antes corría el agua ahora hay cementerios de vacas. Aún aguantan las cabras y los cabreros, pero muchas otras familias ya no tienen empleo. Hubo hombres que emigraron en busca de ingresos y las mujeres se quedaron cultivando. En los cerros han cavado pozos profundos y plantado aguacates para la exportación. Cada vez hay menos terrenos agrícolas y gente que los cultive. La cosecha es menor e importan más. “Antes nosotras vendíamos rápidamente las cosas, pero ahora la gente no anda con mucho dinero por la inflación”, explica Margarita, una de las agricultoras, junto a sus impresionantes lechugas. Además del agua, el precio de los insumos también se ha disparado. Si hace dos años compraban nutrientes como el nitrógeno por 12.000 pesos el saco, ahora les cuesta 45.000. Como en otras comunas del país y como confirma el alcalde Eduardo González, la obesidad, la otra cara de la malnutrición, avanza. “Cuando uno los ve en el supermercado, los carros llevan pura comida chatarra”, explica Enríquez.
El hambre es un problema técnico, pero es sobre todo un problema político que necesita leyes y políticas públicas”,
“El hambre es un problema técnico, pero es sobre todo un problema político que necesita leyes y políticas públicas”, recordó, al margen del encuentro, Anton Leis, el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional, promotora de la cita chilena. Porque si en algo coincidieron los parlamentarios es en que hacen falta normas que den continuidad y en la necesidad de dejar instaladas políticas de Estado más allá del Gobierno de turno que conlleven un gasto presupuestario que pueda ser fiscalizado. En América Latina y El Caribe por ejemplo, los Parlamentos nacionales ya han adoptado 80 leyes de lucha contra el hambre. Hay ejemplos como el de Guatemala o el de Honduras, con leyes por las que alimentan a millones a los niños en las escuelas, o como la colombiana, que establece que el 30% de las compras de comida públicas que irán a parar a hospitales o al ejército procederán de pequeños agricultores. O la de Paraguay, que rescata los alimentos de las grandes superficies a punto de caducar. O la pionera chilena, con un etiquetado frontal para reducir la obesidad. Los parlamentarios acordaron en Valparaíso incluir el enfoque de género en sus iniciativas legislativas.
María Eugenia Arancibia vende sus verduras en el mercado de Llay Llay, en el centro de Chile, en junio de 2023ANA CARBAJOSA VICENTE
El proceso no siempre es fácil. “Fue muy duro, pero lo logramos”, cuenta la diputada hondureña Teresa Calix. “Involucramos a maestros, universidades y llevamos a los niños al congreso a decir a los diputados: ‘tenemos hambre, queremos comer’. Los niños se dormían en las clases por debilidad”, recuerda la parlamentaria, que ahora trabaja en una ley de agricultura familiar. Calix achaca parte del problema a que muchos diputados no conocen su realidad. “Son solo de escritorio y eso es un gran problema”, resume.
Los avances son, sin embargo, a todas luces insuficientes. La diputada chilena Carolina Marzán, presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, tiene claro que “hay alimentos suficientes para alimentar a la población, pero todavía hay inseguridad alimentaria y las mujeres son las que más lo sufren”. Explica que “la realidad con la pandemia cambió. Tuvimos un retroceso tremendo. Las mujeres retrocedieron muchísimo en lo que se había avanzado”.
Las cifras dejan claro que la inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres que a los hombres. En América Latina y el Caribe, la disparidad alcanza los 11,3 puntos porcentuales, una brecha mayor que en resto del mundo, donde se cifra en 4,3, según los últimos datos de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, publicados en abril. Eso supone un aumento de 1,7 puntos porcentuales respecto a 2019. “Durante la pandemia de la covid-19, la inseguridad alimentaria aumentó más rápido en el caso de las mujeres, y las pérdidas de empleo tanto en la producción agrícola primaria como en los segmentos no agrícolas de los sistemas agroalimentarios fueron mucho más acusadas en la población femenina que en la masculina. Las mujeres se vieron obligadas a agotar sus activos y ahorros, más limitados, antes que los hombres”, indica el informe de la FAO. El 22% de las mujeres perdieron su empleo en el sistema agroalimentario no agrícola en el primer año de la pandemia, en comparación con solo el 2% de los hombres. El informe calcula que si se cerrara la brecha de género en la productividad agrícola y se suprimiera la diferencia salarial en los sistemas agroalimentarios, el PIB mundial aumentaría un 1%. Con ello, la inseguridad alimentaria mundial se reduciría en alrededor de dos puntos porcentuales, y 45 millones de personas dejarían de pasar hambre.
La inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres que a los hombres. En América Latina y el Caribe, la disparidad alcanza los 11,3 puntos porcentuales, una brecha mayor que en resto del mundo, donde se cifra en 4,3%, según los últimos datos de la FAO.
En los países en desarrollo, la mitad de los trabajadores del campo son mujeres y producen entre el 60% y el 80% de los alimentos. Sin embargo, son propietarias de menos de un quinto de las tierras en esos países. Las mujeres, además, ganan en promedio un 18,4% menos que los hombres en el empleo asalariado en la agricultura.
Tres hijas para heredar
Claudia Brito, experta en género y sistemas sociales de la FAO, constata que desde 2015 estamos en un proceso de retroceso paulatino. “Sabemos que la mayoría de ese aumento son mujeres”. Considera que un factor fundamental es que las políticas sociales están enfocadas en el mundo urbano y no llegan al campo de la misma manera que a la ciudad. También recuerda que los cuidados siguen imponiendo una carga desproporcionada a las mujeres y las penaliza a la hora de conseguir un empleo y explica además que uno de los problemas es la falta de acceso a la tierra de las mujeres. “Que la mujer tenga tierra es fundamental porque le da espacio para tener voz y voto en los espacios comunitarios”. Es lo que llama la “violencia patrimonial”. “Hay que cambiar las leyes de titularidad. Las mujeres no heredan la tierra. La tierra es clave porque te permite acceder a un crédito, abrir un negocio y te da seguridad”. Detalla que Colombia y Paraguay sí tienen leyes destinadas a las mujeres rurales, pero que hay que tener además fondos específicos para acceso a la tierra y cotitularidad como han hecho Uruguay y México. El porcentaje de hombres con derechos de propiedad sobre tierras agrícolas es el doble que el de las mujeres en casi medio centenar de países estudiados por la FAO.
Es lo que cuenta María Eugenia Arrancibia, una de las agricultoras de Llay Llay. “Tenemos una herencia de papá y ahora estamos en proceso de subdivisión cada hermano con su propiedad. Pero nosotras somos tres hijas y si los maridos no quieren firmar a nosotras no nos entregan la tierra. Ellos son como administradores de nuestras tierras. Es una ley muy machista. Si es de nuestros padres, debe ser nuestra”. Arancibia ha cumplido ya los 65 y, pese a la guerra que le da la artrosis en la rodilla, sigue sacando lustrosas verduras de sus bancales.
Coincide con ella Norma Don Juan Pérez, indígena y representante de la Alianza por la Soberanía alimentaria de América Latina y el Caribe, que acudió a la cita de Valparaíso para recordar a los parlamentarios lo que sucede fuera de los despachos. “Las mujeres no estamos representadas. No podemos tomar decisiones cuando se convocan las consultas, por ejemplo, sobre infraestructuras o financiación. La titularidad sigue siendo para el hombre. Para tu marido, para tu hijo, cuando en realidad muchas son titulares del facto porque los maridos han emigrado o trabajan fuera”, cita
Escuchó también con atención los discursos de los políticos reunidos en Valparaíso Juana Labraña, una cabrera chilena de 55 años. Reconocía el diagnóstico que hacían los parlamentarios porque lo vive a diario en sus campos desecados, sin pasto para el ganado. En cuanto a las soluciones, se perdía un poco en los vericuetos legislativos, pero tenía muy claro cuáles son sus necesidades: “No tienen que darnos comida. Tienen que darnos créditos para hacer invernaderos y sistemas de riego”.
elpais.com
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.