Opinión
¿Por qué EE.UU. favorece ahora acelerar formación de una fuerza para intervenir en Haití?
Por Narciso Isa Conde
¿Por qué lo hicieron? Son grandes potencias emergentes soberanas bajo el fuego de EU y OTAN; convertida la OTAN en instrumento político-militar de las élites capitalistas mundiales, europeas y norteamericanas.
Anthony Blinker, Secretario de Estado de EE. UU, declaró necesario el envío de una “fuerza multinacional” a Haití, precisamente un día antes de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU y a raíz de la reciente cumbre de países caribeños (CARICOM).
En ese encuentro de los 15 Estados de la subregión caribeña el Secretario General, Antonio Guterrez, llamó también a acelerar la nueva agresión contra el pueblo haitiano.
Esto se produjo justo cuando Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, recrimina la pasividad de la denominada “Comunidad Internacional” tutelada por EE. UU y potencias aliadas; exhortándoles a “pasar de las palabras a los hechos” y a intervenir militarmente cuanto antes.
Todo muy bien orquestado y fríamente calculado para impactar la sesión inmediata posterior el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que el Canciller Roberto Álvarez, agente de la Casa Blanca, y el Canciller del Gobierno de Ariel Henry, continuidad de las administraciones mafiosas impuesta por Washington a esa vecina Nación, se destacaron como grandes abanderados de la conformación de una “robusta” fuerza militar multinacional que refuerce la corrompida Policía Nacional haitiana.
· EL JABÓN DE CHINA Y RUSIA EN EL SANCOCHO.
La nota diferente en esa sesión del Consejo de Seguridad de la ONU procedió Rusia y China, en actitud de significativa defensa de la autodeterminación de ese maltratado, agredido y saqueado país caribeño, todavía bajo el yugo del imperialismo occidental y el control militar del Pentágono. ¡Tremendo jabón en el sancocho gringo!
¿Por qué lo hicieron? Son grandes potencias emergentes soberanas bajo el fuego de EU y OTAN; convertida la OTAN en instrumento político-militar de las élites capitalistas mundiales, europeas y norteamericanas.
China y Rusia se han declarado partidarias de un mundo multipolar y son dos pilares de del conjunto que conforma el poderoso polo mundial conocido como BRIC; y su reacción contra la iniciativa imperialista de crear una fuerza multinacional que controle el proceso en Haití es un valioso apoyo al pueblo haitiano en su lucha por reconquistar su autodeterminación.
· UNA MENTIRA TRAS OTRA.
En tales circunstancias hablar de fuerza multinacional es para ponerle otra vez un ropaje engañoso a una nueva intervención estadounidense, porque se sabe que en esos casos EEUU pone el grueso de tropas y armas, a la vez que asume el mando real de la invasión. Los demás países integran el coro y aportan unidades más pequeñas y con menos poder.
También lo de “Comunidad Internacional” es un disfraz para hacer creer que EE UU y aliados son el mundo que va en “ayuda” de Haití.
El pretexto esgrimido es el ataque a las bandas asesinas, que la CÍA y el MOSAD crearon con la participación del paramilitarismo y del Estado colombiano y con la colaboración de los servicios de inteligencia dominicanos. Su armamento moderno es constantemente suministrado desde la Florida-EEUU
El propósito real es reprimir la rebeldía de un pueblo movilizado que demanda la destitución de Ariel Henry, un tránsito soberano a la democracia, justicia social, y proceso constituyente.
· EL GIRO DE EEUU TIENE DOS MOTIVOS FUNDAMENTALES.
Estamos, pues, ante un giro estadounidense en favor del envío de tropas, decisión que estuvo contenida mientras el caos no se salía de su control y mientras el CARICOM estuvo opuesto a la invasión.
Esa situación ha variado: el pueblo haitiano decidió organizarse y armarse con machetes, palos, piedras y candela, para hacer justicia contra esas pandillas criminales por su cuenta y ha logrado vencer algunas bandas, reduciendo progresivamente su implantación territorial en la Capital haitiana.
Esto, a su vez, ha provocado que una parte de la policía se una a la resistencia popular. Y a eso EEUU le tiene terror y parece haber valorado que la situación está saliéndose de su control, lo que sin dudas afecta su estrategia de dominación en esta frontera imperial y sus planes agresivos contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, así como su férreo dominio de la República Dominicana y toda la isla.
De paso el imperio logró doblegar la resistencia del CARICOM, lo que le facilita invadir; y por esos dos motivos –y no por otra cosa- que decidió no dilatar más su intervención militar en Haití.
En otra vertiente del tema, hay que destacar que Abinader -en competencia con otras facciones racistas anti haitianas- aplaude con manos y pies esa decisión de Biden; sin reparar en lo que podría pasarle a interventores y asociados a lo largo de esa ominosa aventura, con pinta de masacre e impactos terribles en toda la isla.
· EN MARCHA OTRA AGRESIÓN NEOFASCISTA.
En el plano político, la Casa Blanca –rociada y estimulada con polvo de cocaína- está financiando y organizando movilizaciones de la facción de la diáspora haitiana bajo su tutela, en el marco de una cruzada mundial pro-invasión Haití, de apoyo Biden y a favor de la “paz” de los cementerios.
Está en marcha, pues, otro capítulo de la guerra global infinita, producto de la decadencia agresiva de EEUU y de las actuales carencias del imperialismo occidental.
Esta vez ese episodio o capítulo de la Guerra Global está bajo el mando de una de las facciones neofascistas que controla la cúpula del Partido Demócrata, bajo la determinante influencia de las elites globalistas del gran capital transnacional occidental, conectadas a la industria micro electrónica, informática, minera, energética farmacéutica, automovilística, aeroespacial y armamentista
Esa facción apunta más allá de las fronteras estadounidenses… hacia el gobierno profundo mundial, hacia el control de áreas geoestratégicas y hacia la posesión por la fuerza de recursos vitales para imponerse en el planeta, incluidas fuentes de agua y biodiversidad.
Esto guarda relación con nuestra isla y sus dos repúblicas, donde el oro, níquel, cobalto, titanio, litio, uranio y tierras raras tienen una fuerte presencia.
Esto no está al margen de esa nueva confabulación intervencionista, precedidas de las incursiones del Comando Sur, de sus Operaciones Nuevo Horizonte, de su control militar de la frontera dominico-haitiana, a propósito de la construcción del Muro o Verja fronteriza con tecnología israelí.
Está relacionada a la concesión de exploración de titanio en el Norte fronterizo, al PUERTO DE MANZANILLO en vía de ser convertido en base cívico-militar y proyecto energético a cargo de USAID y COMANDO SUR. Y confluye con el ominoso acuerdo entre el Estado dominicano y el Ejército estadounidense, para que éste explore los yacimientos de tierras raras en Pedernales y en toda la franja comprendida entre R. Dominicana y Haití.
La impronta neofascista de la cúpula demócrata gravita con mayor fuerza hacia el exterior, presentando más limitaciones a lo interno, en vista la base social de población negra y latina del PD estadounidense.
En el Partido Republicano reina el neofascismo trumpista, intenso hacia dentro y hacia fuera. El choque de ambas facciones desgarra esa sociedad decadente.
Cosas parecidas acontecen en las potencias europeas estremecidas por las avalanchas migratorias generadas por sus brutales coloniajes y los grandes brotes de racismo y neofascismo integral.
En fin, la crisis no es exclusiva de Haití, sino que ella es solo una pequeña expresión de una crisis global impuesta a la humanidad por la larga decadencia del varias veces centenario imperialismo occidental, en todos los continentes y en todos los órdenes de la vida en sociedad.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.