Opinión
Nueva bola de nieve
Por José Cabral
El presidente Danilo Medina anunció con bombo y platillo la focalización de su gobierno en tres ejes fundamentales, la campaña de alfabetización, la creación de un fondo especial de 10 mil millones de pesos en la primera y una cantidad igual para la segunda etapa para ser prestados a micros, pequeños y medianos empresarios, y un tercero que busca reducir el gasto publico a través de un programa de austeridad.
A propósito del anuncio presidencial, el sub-secretario de Industria y Comercio, Ignacio Méndez, declaró al periódico gratuito El Día que a partir del lunes 17 del presente mes todas las sucursales del Banco de Reservas estarían activadas para brindarle una atención eficiente a todo el que busque beneficiarse con los préstamos en referencia, cuyo monto mínimo va desde 300 mil hasta dos millones de pesos.
La declaración del funcionario se produjo el jueves de la semana pasada y en consecuencia muchas personas interesadas en la consecución de esos préstamos acudieron a la sucursal de Banreservas más cercana y la sorpresa que se llevaron fue que los empleados de ese banco del gobierno no conocían ni los aspectos más elementales del programa crediticio.
El periódico la República en aras de conocer la realidad de la denunciada irregularidad estableció comunicación con diferentes sucursales en Santiago del Banco de Reservas y comprobó que el nivel de desinformación en esta institución oficial encargada de manejar una parte de los préstamos en referencia era impresionante, no sabían absolutamente nada sobre el particular.
En la continuación de su investigación el diario llamó a la oficina principal de Banreservas en Santiago, ubicada en la calle Del Sol con San Luis, donde tampoco se sabía nada de la nueva cartera de prestamos, y pudo establecer comunicación con un oficial del Banco de Reservas en Santo Domingo, quien explicó que los préstamos sólo son manejados en la oficina de la Gustavo Mejía Ricard de la capital.
De manera, que lo declarado por el sub-secretario de Industria y Comercio, Ignacio Méndez, no obedecía a la verdad, porque en la mayoría de las sucursales de Banreservas no tienen la más mínima información sobre el particular.
Pero, además, el hecho de que las solicitudes sólo sean manejadas en una sola oficina, localizada en Santo Domingo, plantea el problema histórico del país, la centralización en la capital de los servicios o sencillamente la presencia del sindrome de la deficiencia, pese a que esta institution tiene estructuras en prácticamente todo el territorio nacional, lo que pone en desventaja a los que viven en el interior del país, quienes tendrán mucho mayor costo para acogerse al programa de préstamos del gobierno.
Es como si los que viven fuera de la capital no pagaran impuestos, fueran ciudadanos de segunda y que su voto no tiene ningún valor para los partidos en el poder, lo cual constituye una flagrante violación a la propia Constitución de la República.
Es probable que la explicación del mal manejo del programa de préstamos a los micros, pequeños y medianos empresarios consista en que ya está contaminado con la politiquería, el clientelismo y otros elementos que tradicionalmente ha constituido un problema para la creación de un verdadero estado de derecho, en el que prevalezca la igualdad de oportunidades, tal y como lo establece la Carta Magna.
Sin embargo, el administrador del Banco de Reservas, Vicente Bengoa, declaró hoy que más de cien millones de pesos ya han sido colocados o solicitados por los micros, pequeños y medianos empresarios, lo que pondría a pensar a cualquiera que la creación de esa cartera de préstamos se quedará en el círculo cerrado de los amigos, militantes, simpatizantes, miembros y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana.
Ojalá no se use este dinero para proselitismo político a través del tráfico de influencia o que el nuevo programa crediticio no sea otro fiasco más, una bola de nieve que sólo se quedará en el deseo de muchos de ser beneficiados de unos préstamos que nunca llegarán.
De ser así, entonces podríamos estar hablando de la creación de una expectativa que nunca serán satisfechas, no sólo en lo que tiene que ver con los préstamos de los 10 millones de pesos, sino también con la anunciada campaña de alfabetización y el cacareado programa de austeridad en el gobierno.
Este es un problema común y corriente en los gobiernos que se han sucedido históricamente en la República Dominicana, lo que podría constituirse en el principal enemigo del presidente Danilo Medina, a quien se le atribuyen muy buenas intenciones, pero siempre aliado de los hombres de confianza del gobierno de Leonel Fernández, responsable del mayor corrompimiento que ha sufrido el país en toda su historia republicana.
Es importante recordar que hay una expresión popular que reza que perros hueveros, aunque les quemen la boca siguen comiendo huevos, lo que es aplicable a muchos funcionarios del actual gobierno de Danilo Medina, quienes se enriquecieron en la administración pasada y han hecho una costumbre de apropiarse de lo que no es suyo.
Los escándalos a los que tienen acostumbrados los peledeístas pronto saldrán a la luz pública en lo que tiene que ver con la creación del fondo de los 10 mil millones de pesos para ser prestados entre los micros, pequeños y medianos empresarios.
Los funcionarios peledeístas encargados de manejar este programa de seguro ya dicen: ¨Fiesta y mañana gallos¨
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?