Opinión
Nueva bola de nieve
Por José Cabral
El presidente Danilo Medina anunció con bombo y platillo la focalización de su gobierno en tres ejes fundamentales, la campaña de alfabetización, la creación de un fondo especial de 10 mil millones de pesos en la primera y una cantidad igual para la segunda etapa para ser prestados a micros, pequeños y medianos empresarios, y un tercero que busca reducir el gasto publico a través de un programa de austeridad.
A propósito del anuncio presidencial, el sub-secretario de Industria y Comercio, Ignacio Méndez, declaró al periódico gratuito El Día que a partir del lunes 17 del presente mes todas las sucursales del Banco de Reservas estarían activadas para brindarle una atención eficiente a todo el que busque beneficiarse con los préstamos en referencia, cuyo monto mínimo va desde 300 mil hasta dos millones de pesos.
La declaración del funcionario se produjo el jueves de la semana pasada y en consecuencia muchas personas interesadas en la consecución de esos préstamos acudieron a la sucursal de Banreservas más cercana y la sorpresa que se llevaron fue que los empleados de ese banco del gobierno no conocían ni los aspectos más elementales del programa crediticio.
El periódico la República en aras de conocer la realidad de la denunciada irregularidad estableció comunicación con diferentes sucursales en Santiago del Banco de Reservas y comprobó que el nivel de desinformación en esta institución oficial encargada de manejar una parte de los préstamos en referencia era impresionante, no sabían absolutamente nada sobre el particular.
En la continuación de su investigación el diario llamó a la oficina principal de Banreservas en Santiago, ubicada en la calle Del Sol con San Luis, donde tampoco se sabía nada de la nueva cartera de prestamos, y pudo establecer comunicación con un oficial del Banco de Reservas en Santo Domingo, quien explicó que los préstamos sólo son manejados en la oficina de la Gustavo Mejía Ricard de la capital.
De manera, que lo declarado por el sub-secretario de Industria y Comercio, Ignacio Méndez, no obedecía a la verdad, porque en la mayoría de las sucursales de Banreservas no tienen la más mínima información sobre el particular.
Pero, además, el hecho de que las solicitudes sólo sean manejadas en una sola oficina, localizada en Santo Domingo, plantea el problema histórico del país, la centralización en la capital de los servicios o sencillamente la presencia del sindrome de la deficiencia, pese a que esta institution tiene estructuras en prácticamente todo el territorio nacional, lo que pone en desventaja a los que viven en el interior del país, quienes tendrán mucho mayor costo para acogerse al programa de préstamos del gobierno.
Es como si los que viven fuera de la capital no pagaran impuestos, fueran ciudadanos de segunda y que su voto no tiene ningún valor para los partidos en el poder, lo cual constituye una flagrante violación a la propia Constitución de la República.
Es probable que la explicación del mal manejo del programa de préstamos a los micros, pequeños y medianos empresarios consista en que ya está contaminado con la politiquería, el clientelismo y otros elementos que tradicionalmente ha constituido un problema para la creación de un verdadero estado de derecho, en el que prevalezca la igualdad de oportunidades, tal y como lo establece la Carta Magna.
Sin embargo, el administrador del Banco de Reservas, Vicente Bengoa, declaró hoy que más de cien millones de pesos ya han sido colocados o solicitados por los micros, pequeños y medianos empresarios, lo que pondría a pensar a cualquiera que la creación de esa cartera de préstamos se quedará en el círculo cerrado de los amigos, militantes, simpatizantes, miembros y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana.
Ojalá no se use este dinero para proselitismo político a través del tráfico de influencia o que el nuevo programa crediticio no sea otro fiasco más, una bola de nieve que sólo se quedará en el deseo de muchos de ser beneficiados de unos préstamos que nunca llegarán.
De ser así, entonces podríamos estar hablando de la creación de una expectativa que nunca serán satisfechas, no sólo en lo que tiene que ver con los préstamos de los 10 millones de pesos, sino también con la anunciada campaña de alfabetización y el cacareado programa de austeridad en el gobierno.
Este es un problema común y corriente en los gobiernos que se han sucedido históricamente en la República Dominicana, lo que podría constituirse en el principal enemigo del presidente Danilo Medina, a quien se le atribuyen muy buenas intenciones, pero siempre aliado de los hombres de confianza del gobierno de Leonel Fernández, responsable del mayor corrompimiento que ha sufrido el país en toda su historia republicana.
Es importante recordar que hay una expresión popular que reza que perros hueveros, aunque les quemen la boca siguen comiendo huevos, lo que es aplicable a muchos funcionarios del actual gobierno de Danilo Medina, quienes se enriquecieron en la administración pasada y han hecho una costumbre de apropiarse de lo que no es suyo.
Los escándalos a los que tienen acostumbrados los peledeístas pronto saldrán a la luz pública en lo que tiene que ver con la creación del fondo de los 10 mil millones de pesos para ser prestados entre los micros, pequeños y medianos empresarios.
Los funcionarios peledeístas encargados de manejar este programa de seguro ya dicen: ¨Fiesta y mañana gallos¨
Por. Isaías Ramos
Estos politiqueros se han especializado en una materia que, hasta ahora, les ha dado un resultado fenomenal, pues han sembrado ignorancia, miseria y perversión en todos los rincones del país y han logrado envilecer a través del «BAM» (bulto, allante y movimiento) para continuar engañando vez tras vez.
Distraer a la población mientras se roban y saquean el presente y futuro de la nación pareciera que para ellos ya es un juego de niños y es conociendo esa sed de justicia que padece este pueblo, que cada vez que requieren distraerlo o ganar popularidad, se inventan sometimientos, apresamientos a algunos de los corruptos de los tantos que abundan, creando falsas expectativas de que se hará justicia y los corruptos, ladrones y saqueadores pagarán por sus actos y así llevan décadas de «amagar para no dar». Es la novela que le presentan a la población con el final que ya todos conocemos: «impunidad» para los corruptos y «frustración e indignación» en la población.
¿Qué consiguen con estos circos? Múltiples objetivos. Primero, apaciguar los ánimos del pueblo, segundo, conseguir aceptación de los ingenuos, tercero, a los que someten al final, el sistema los premia con la absolución y los declaran inocentes con la conveniencia de que no podrán volver a ser acusados o sometidos, bajo la premisa de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito; y cuarto, debido a la distracción de la población en esta «novela», aprovechan y le clavan el cuchillo por la espalda al pueblo para lograr lo que hace décadas vienen cocinando, y es terminar de adueñarse de todos los bienes públicos.
Con ese fin, acaban de promulgar la ley de fideicomiso público, una ley que no es más que un instrumento de atraco legalizado a los recursos naturales y económicos de la nación, y ya libres de consecuencias penales, podrán terminar de despedazar los bienes públicos. Esa ley, que de por sí está obviando el artículo 146 de la constitución y sí garantizando su impunidad bajo el numeral 38 de la ley 107-13, convierte a esta ley en una verdadera aberración, solo posible en un sistema podrido de pies a cabeza.
Del mismo modo, continúan endeudando de manera inmisericorde, injusta e irresponsable a la presente y futura generación, condenándola a la miseria, hambre y opresión eterna. Mientras continúa la novela, también pretenden aprobar la ley del agua y así adueñarse de los recursos hídricos, líquido indispensable para la supervivencia humana, y por último, han reintroducido la ley de trata de personas que, a todas luces, resulta violatoria a la soberanía, donde sólo traidores a la patria serían capaces de aprobarla.
Todas estas intenciones chocan contra la constitución y la soberanía nacional, pero a ellos eso tampoco les importa. Quebrar esa columna vertebral que sostiene a la Nación con tal de que ellos cumplan con sus amos no les hace cosquillas. Hace tiempo que la irrespetan, seguros de que por ahora no tendrán consecuencias, pues la justicia está secuestrada y todos los poderes fácticos se han alineado en contra del pueblo para garantizar ese saqueo.
En el Frente Cívico y Social hacemos un llamado vehemente a la población dominicana para defender la patria y la constitución, ya que ambas están en peligro de perecer si continúan siendo guiadas por una clase política que está ciega y nos conduce al precipicio sin punto de retorno. Es urgente liberar esa justicia que sigue en manos de los corruptos. Llevan más de dos décadas gobernando la nación y lo único que han hecho es robar, saquear, endeudar y, lo más grave hasta ahora, sin ninguna consecuencia.
Hoy aún tenemos la oportunidad de comenzar a construir un destino diferente. Es necesario dejar el letargo y sumarse a un proyecto de nación compuesto por verdaderos patriotas dispuestos a luchar para refundar la patria bajo los principios y valores que heredamos de nuestros libertadores.
¡Despierta RD!
Por José Cabral
Mucha gente apuesta que los temas comprometedores desaparezcan del escenario nacional, que pasen a un segundo plano en los medios de comunicación social.
Ello así, porque hasta los que tienen grandes compromisos públicos como el presidente de la República recurren al silencio para no dejar claro algún tema de trascendencia nacional.
A propósito de la llamada Operación Calamar ha salido a la superficie una supuesta donación de 400 millones de pesos a la campaña de Luis Abinader que desnuda en el país como se mueven los que están al hecho para sustraer dinero del patrimonio público.
Angel Lockuard, un abogado habilidoso, se ha asociado con otros para conformar una asociación de malhechores que se dedica hasta a la falsificación de documentos.
Lo grave del asunto no es sólo que se haya sustraído del erario la suma de 19 mil millones de pesos, sino que el protagonista de las falsificaciones legales y que recibió miles de millones de pesos por ese concepto, haya donado al ahora presidente Abinader 400 millones de pesos.
Lo extraño de esto es que el presidente no haya hablado del asunto, ya sea para afirmar o desmentir semejante anormalidad, sobre todo cuando todo el mundo en el país conoce las andanzas de Angel Lockuard.
Pero, además, el propio presidente de la República sabe muy bien que este individuo no es heredero de una gran fortuna económica y que se trata sólo de un abogado habilidoso para engañar al Estado, que es lo mismo que decir a toda la sociedad.
De manera, que no hay forma de que el presidente de la República pueda justificar esa donación, porque además de ser cierto el mandatario ha sido receptor de fondos que provienen de un robo en contra del Estado.
Es una situación todavía más compleja porque se trata de un presidente que su discurso se fundamenta en adecentar la vida publica nacional.
El presidente Luis Abinader debe darle una explicación al pueblo dominicano de una donación que se supone que de antemano el ahora jefe de Estado sabia de donde venía.
Se impone una explicación a la mayor brevedad posible y sino que el Ministerio Público realice una minuciosa investigación al respecto para que preserve su credibilidad, sobre todo frente a las acciones que lleva a cabo muy sacrificadamente para imponer en el país la decencia nacional.
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desglosa los crímenes que estarán dentro de la competencia de la Corte, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.
El artículo 6 determina que el crimen de genocidio será definido, para efectos del Estatuto, de la misma manera en que actualmente se define en el artículo 2 de la Convención sobre Genocidio de 1948.
Tanto los crímenes de lesa humanidad , como ¨los crímenes de guerra , han sido cuidadosamente definidos en el Estatuto para que se puedan incorporar los distintos conceptos de diversos tratados y fuentes consuetudinarias, acordados por 120 Estados en la Conferencia de Roma como ¨los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto¨ , articulo 5 del Estatuto de Roma.
La Corte Penal Internacional será competente sobre todos los crímenes una vez que el Estatuto entre vigor, excepto sobre el crimen de agresión. Los artículos 5, 121 y 123 integralmente prevén que la Corte ejercerá competencia sobre el crimen de agresión una vez que se apruebe una definición conforme, aceptada por dos tercios de los Estados Partes de la CPI , en una Conferencia de Revisión que se llevara a cabo siete años después de la entrada en vigor del Estatuto. La disposición sobre el crimen de agresión también deberá regular las condiciones bajo las cuales la Corte ejercerá su competencia sobre este crimen de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
Respecto al crimen de agresión de referencia anteriormente debemos señalar que en la Conferencia de Revisión de Kampala celebrada en el año 2010 se adoptaron disposiciones que permitirán a la Corte ejercer su competencia sobre el crimen de agresión, comprometiéndose expresamente a activar dicha competencia ¨lo antes posible¨.
Ese logro ha sido aclamado como un hito histórico, tanto en el derecho internacional como en la búsqueda de la paz y la seguridad mundiales. Por primera vez en la historia, una corte internacional permanente e independiente tendrá la competencia para declarar a dirigentes nacionales como responsables de las formas más graves de uso ilegal de la fuerza contra otros Estados.
Los preceptos procesales del Estatuto de Roma han sido redactados creando un balance óptimo entre las siguientes prioridades: La necesidad de una corte internacional, independiente apolítica y representativa, que pueda funcionar eficiente y efectivamente para enjuiciar a aquellos responsables por los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.
Otras prioridades interesantes del Estatuto de Roma es el derecho de los Estados de enjuiciar de manera prioritaria estos crímenes, si pueden y están dispuestos. También pueden brindar adecuada compensación y reparación a las víctimas de estos crímenes.
Otras prioridades a destacar es la que tiene que ver con la necesidad de proteger los derechos de las personas acusadas; y el papel del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y seguridad internacional , de acuerdo a sus potestades según el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Estas consideraciones están todas reflejadas en las funciones y potestades de la Corte Penal Internacional y su relación con otras unidades, de acuerdo al Estatuto de Roma.
Rommelsantosdiaz@gmail.com