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Opinión

Nueva bola de nieve

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Por José Cabral

El presidente Danilo Medina anunció con bombo y platillo la focalización de su gobierno en tres ejes fundamentales, la campaña de alfabetización, la creación de un fondo especial de 10 mil millones de pesos en la primera  y una cantidad igual para la segunda etapa para ser prestados a micros, pequeños y medianos empresarios, y un tercero que busca reducir el gasto publico a través de un programa de austeridad.

A propósito del anuncio presidencial, el sub-secretario de Industria y Comercio, Ignacio Méndez, declaró al periódico gratuito El Día que a partir del lunes 17 del  presente mes todas las sucursales del Banco de Reservas estarían activadas para brindarle una atención eficiente a todo el que busque beneficiarse con los préstamos en referencia, cuyo monto mínimo va desde 300 mil hasta dos millones de pesos.

La declaración del funcionario se produjo el jueves de la semana pasada y en consecuencia muchas personas interesadas en la consecución de esos préstamos acudieron a la sucursal de Banreservas más cercana y la sorpresa que se llevaron fue que los empleados de ese banco del gobierno no conocían ni  los aspectos más elementales del programa crediticio.

El periódico la República en aras de conocer la realidad de la denunciada irregularidad estableció comunicación con diferentes sucursales en Santiago del Banco de Reservas y comprobó que el nivel de desinformación en esta institución oficial encargada de manejar una parte de los préstamos en referencia era impresionante,  no sabían absolutamente nada sobre el particular.

En la continuación de su investigación el diario llamó a la oficina principal de Banreservas en Santiago, ubicada en la calle Del Sol con San Luis, donde tampoco se sabía nada de la nueva cartera de prestamos, y pudo establecer comunicación con un oficial del Banco de Reservas en Santo Domingo, quien explicó que los préstamos  sólo son manejados en la oficina de la Gustavo Mejía Ricard de la capital.

De manera, que lo declarado  por el sub-secretario de Industria y Comercio, Ignacio Méndez, no obedecía a la verdad, porque en la mayoría de las sucursales de Banreservas no tienen la más mínima información sobre el particular.

Pero, además, el hecho de que las solicitudes sólo sean manejadas en una sola oficina, localizada en Santo Domingo, plantea el problema histórico del país, la centralización en la capital de los servicios o sencillamente la presencia del sindrome de la deficiencia, pese a que esta institution tiene estructuras en prácticamente todo el territorio nacional, lo que pone en desventaja a los que viven en el interior del país, quienes tendrán mucho mayor costo para acogerse al programa de préstamos del gobierno.

Es como si los que viven fuera de la capital no pagaran impuestos, fueran ciudadanos de segunda y que su voto no tiene ningún valor para los partidos en el poder, lo cual constituye una flagrante violación a la propia Constitución de la República.

Es probable que la explicación del mal manejo del programa de préstamos a los micros, pequeños  y medianos empresarios consista en que ya está contaminado  con la politiquería, el clientelismo y otros elementos que tradicionalmente ha constituido un problema para la creación de un verdadero estado de derecho, en el que prevalezca la igualdad de oportunidades, tal y como lo establece la Carta Magna.

Sin embargo, el administrador del Banco de Reservas, Vicente Bengoa, declaró hoy que más de cien millones de pesos ya han sido colocados o solicitados por los micros, pequeños  y medianos empresarios, lo que pondría a pensar a cualquiera que la creación de esa cartera de préstamos se quedará en el círculo cerrado de los amigos, militantes, simpatizantes, miembros y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana.

Ojalá no se use este dinero para proselitismo político a través del tráfico de influencia o que el nuevo programa crediticio no sea otro fiasco más, una bola de nieve que sólo se quedará en el deseo de muchos de ser beneficiados de unos préstamos que nunca  llegarán.

De ser así, entonces podríamos estar hablando  de la creación de una expectativa que nunca serán satisfechas, no sólo en lo que tiene que ver con los préstamos de los 10 millones de pesos, sino también con la anunciada campaña de alfabetización y el cacareado programa de austeridad en el gobierno.

Este es un problema común y corriente en los gobiernos que se han sucedido históricamente en la República Dominicana, lo que podría constituirse en el principal enemigo del presidente Danilo Medina, a quien se le atribuyen muy buenas intenciones, pero siempre aliado de los hombres de confianza del gobierno de Leonel Fernández, responsable del mayor corrompimiento que ha sufrido el país en toda su historia republicana.

Es importante recordar que hay una expresión popular que reza que perros hueveros, aunque les quemen la boca siguen comiendo huevos, lo que es aplicable a muchos funcionarios del actual gobierno de Danilo Medina, quienes se enriquecieron en la administración pasada y han hecho una costumbre de apropiarse de lo que no es suyo.

Los escándalos a los que tienen acostumbrados los peledeístas pronto saldrán a la luz pública en lo que tiene que ver con la creación del fondo de los 10 mil millones de pesos para ser prestados entre los micros, pequeños y medianos empresarios.

Los funcionarios peledeístas encargados de manejar este programa  de seguro ya dicen:  ¨Fiesta y mañana gallos¨

 

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Opinión

«¡Salvemos la patria!»

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Por Isaías Ramos

Han transcurrido seis semanas desde la promulgación de la Ley 1-24, una normativa que socava el Estado Democrático de Derecho consagrado por nuestra Constitución, infringiendo los derechos fundamentales que esta establece.

Nos encontramos ante un ataque directo a la democracia y a los derechos de los ciudadanos, ejecutado por aquellos congresistas de la partidocracia y miembros del ejecutivo que han traicionado su juramento de respetar, proteger y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Este acto no tiene precedentes desde 1978, cuando el PRD, bajo el liderazgo de Don Antonio Guzmán, devolvió al pueblo dominicano sus derechos fundamentales tras una larga lucha llena de sacrificios, lágrimas y sangre. Es una verdadera deshonra que hoy sean sus propios descendientes quienes lideren este acto reprochable, fallando así a la memoria de sus antepasados.

En estos momentos críticos para nuestra nación, y en plena campaña electoral donde se intenta ahogar a las voces disidentes, es provechoso recordar las palabras del profeta Isaías: «¡Ay de aquellos que dictan leyes injustas y prescriben tiranía…!»

Debemos señalar y responsabilizar a quienes están detrás de esta grave ofensa a la democracia. No podemos tolerar la impunidad cuando se atentan contra los derechos más elementales de los ciudadanos. Si permitimos que la corrupción y la injusticia se perpetúen, corremos el riesgo de sufrir el mismo destino que otras naciones sumidas en la miseria y el horror por décadas.

La advertencia no podría ser más clara: es urgente tomar medidas para evitar un futuro sombrío. Ha llegado el momento de despertar nuestras conciencias y movilizar acciones hacia una transformación profunda, basada en la justicia, la igualdad y el respeto por la dignidad humana.

Desde el Frente Cívico Social, convocamos al pueblo dominicano a unirse en estos tiempos de prueba, donde nuestra libertad se ve amenazada. Es crucial exigir la derogación inmediata de esta ley para restituir el Estado Democrático de Derecho, hoy vulnerado por esta partidocracia traidora.

De no revertirse este adefesio y participar en las elecciones legislativas y presidenciales, estaríamos legitimizando la anticonstitucionalidad que reviste a esta ley. A la vez, estaríamos abriendo las puertas a épocas de terror y miedo ya superadas.

Debemos prepararnos para, en caso de que no sea derogada antes de las elecciones, movilizarnos hacia una abstención máxima en el sufragio o el llamado al voto nulo.

El Frente Cívico y Social se erige como una luz de esperanza en medio de la oscuridad institucional, proponiendo un cambio radical para poner fin a la corrupción e impunidad que han plagado nuestro sistema durante décadas. Es esencial respaldar iniciativas que busquen restaurar el orden y construir una sociedad más justa y equitativa.

Nos enfrentamos a un desafío histórico: romper el ciclo de opresión y desesperanza al que hemos estado atados. La clave de nuestro éxito residirá en nuestra capacidad colectiva para organizarnos, resistir juntos y construir un futuro basado en valores éticos sólidos.

El llamado del FCS es a no permanecer indiferentes ante la injusticia que nos rodea. Es hora de levantar la voz contra el engaño político, la manipulación mediática y toda forma de opresión que amenace nuestros derechos fundamentales.

El tiempo apremia. La urgencia de actuar con determinación ante el desafío histórico que enfrentamos nos convoca. ¡Unámonos en este camino hacia una sociedad más justa e igualitaria! Es momento de despertar y actuar juntos para salvaguardar nuestra patria, nuestros derechos y nuestra democracia. La unión, la perseverancia y el compromiso de cada dominicano serán cruciales para superar esta encrucijada. La historia nos observa, y el futuro de nuestra nación descansa en nuestras manos.

Juntos, podemos revertir el curso de estos acontecimientos y asegurar que nuestra patria retome el camino de la justicia, la libertad y la prosperidad.

¡Despierta, RD!

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Opinión

Una  vía apropiada para recibir las solicitudes de la Corte Penal Internacional.

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Por Rommel Santos Díaz

Según el artículo 87 del Estatuto de Roma, las solicitudes de la Corte ¨se tramitarán por vía diplomática o por cualquier otro conducto adecuado  que haya designado cada Estado Parte a la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ̈. Se podrán realizar cambios subsiguientes a este establecimiento, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. Adicionalmente, cada Estado deberá indicar el idioma más apropiado para la correspondencia en el momento de ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al Estatuto.

Según el artículo 87, las solicitudes de la Corte Penal Internacional podrán ser tramitadas por medio de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) o de cualquier otra organización regional competente.

En cuanto a las obligaciones el artículo 87 requiere que cada Estado, al ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al Estatuto de Roma designe:

  1. a)Una via para comunicarse, ya sea diplomática o no; y
  2. b)Un idioma de correspondencia, ya sea el idioma oficial del Estado o un idioma de trabajo de la Corte ( inglés o francés).

Respecto a la vía diplomática o cualquier otra vía apropiada, el Estado podría preferir la práctica ya establecida por ese Estado para el Tribunal Penal Internacional  de la Antigua Yugoslavia. Por ejemplo, muchos han recibido correspondencia  de este tribunal a través de sus embajadas con sede en La Haya. En los casos en que el Estado no tenga una práctica establecida  con el tribunal de referencia, este podría designar a una sección o departamento del Ministerio de Relaciones Exteriores o del Ministerio de Justicia para que tenga comunicación directa con la Corte Penal Internacional.

Respecto a la elección de un idioma para la comunicación con la Corte Penal Internacional, el Estado puede elegir uno de sus idiomas oficiales o uno de los idiomas de trabajo de la  Corte. Asimismo los Estados podrían seguir con la práctica de comunicación establecida con  el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Claramente, el Estado deberá tomar en cuenta cualquier legislación existente sobre el idioma oficial.

Finalmente, las solicitudes podrán tramitarse desde la Corte a la Organización Internacional de Policía Criminal  o cualquier organización regional competente. Respecto a los Estados, normalmente la Corte sólo tramitará las solicitudes a una organización regional cuando requiera la asistencia de cada Estado en esa organización o requiera asistencia de la misma organización regional. La organización regional deberá contar con una estructura para tramitar tales solicitudes los Estados miembros. Los Estados a su vez deberán garantizar la posibilidad de recibir y ejecutar las solicitudes  hechas por medio de organizaciones regionales y la Interpol.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

Elecciones y mucha tela para cortar

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Por Nelson Encarnación

El recién transcurrido proceso electoral del domingo 18 de febrero tiene tantas vertientes importantes para analizar que habría que dedicarles varias entregas para tratar de abordarlas lo más ampliamnente que podamos.

Por lo pronto, me voy a concentrar en dos aspectos que entiendo de mucha relevancia, sobre todo por la cercanía del evento mayor, o sea, las presidenciales y congresuales de mayo.

Uno de ellos se refiere al caso muy particular de las encuestas, y de estas uno tiene mucho más de particular aún.

Los días 6,7 y 8 de febrero, el Centro Económico del Cibao publicó tres entregas sucesivas en las cuales recogía las proyecciones de los resultados probables en los 25 municipios más poblados del país, en los que vaticinaba el triunfo de los respectivos candidatos.

Como suele ocurrir en cada evento electoral, esas proyecciones fueron atacadas como el producto de “la sastrería de Aguilera”, en obvia elucubración de que se trataba de muestras prefabricadas.

¿Qué ocurrió el domingo 18? De los 25 pronósticos, el CEC falló en dos con un acierto de 99.92%, algo sencillamente impresionante cuando se trata de un proceso tan complejo como son las elecciones municipales, debido a la elevada dispersión que dificulta la muestra estadística.

De modo que, del proceso recién culminado han salido dos claros ganadores: el PRM electoralmente, y la credibilidad de Leonardo Aguilera y el Centro Económico del Cibao.

El otro elemento que abordaré tiene que ver con la narrativa de la elevada abstención como factor determinante—o por lo menos muy relevante—para la debacle electoral de la alianza opositora.

Es un argumento falaz, pues si las estadísticas no han cambiado, es bastante probable que el incremento de la votación registrara la misma distribución en términos porcentuales de lo surgido de las urnas el domingo.

Es decir que, si la población que se abstuvo hubiese acudido, su votación se habría distribuido exactamente en la relación que conocemos.

¿O puede caberle a alguien en la cabeza que los abstencionistas fueron de un litoral específico y que de haber votado se irían todos a engrosar el caudal de ese hemisferio electoral?

Argumentar sobre ese desatino tiene la única intención de justificar un desenlace adverso y una forma de evadir la responsabilidad en una serie de costosos errores políticos. Volveremos.

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