Nacionales
Con el fin de viabilizar investigación y persecución de delitos del mercado de valores firman acuerdo.
Con el propósito de viabilizar la investigación y persecución de los delitos financieros, principalmente aquellos que afectan el mercado de valores, así como fortalecer la prevención, la investigación y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el Ministerio Público y la Superintendencia del Mercado de Valores firmaron este lunes un acuerdo.
El acuerdo suscrito entre la procuradora general Miriam Germán Brito y el superintendente Ernesto Bournigal Read, expresa que tiene como objeto establecer un marco general de cooperación entre las partes, a fin de coordinar esfuerzos conjuntos para la colaboración e intercambio de informaciones entre ambas instituciones sobre los referidos temas.
La procuradora Germán Brito, tras resaltar la importancia del acuerdo, sostuvo que contribuye a desmontar algunos artilugios, esquema ponzi, actividades relacionadas con el blanqueo y dijo que en cierto modo apoya a las víctimas que son estafadas.
“Con este papel de la Superintendencia, la inversión en nuestro país está más que garantizada y ustedes son un apoyo imprescindible para la persecución de los delitos de blanqueo de capitales, estafa en tema bancario y, sin olvidar, la delicadeza del manejo de los sistemas bancarios”, agregó.
En ese sentido, calificó de vital el apoyo de la Superintendencia y abogó por que cada día se empeñen en tener más regulaciones, de acuerdo al tiempo en que se vive. “Ya no podemos seguir teniendo los instrumentos de hace 20 años, ni nada parecido”, añadió la magistrada Germán Brito, quien manifestó su agradecimiento a la Superintendencia del Mercado de Valores por la colaboración.
Asimismo, el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read, indicó que uno de los principales propósitos de la SIMV es la protección del inversionista y dijo que esto se debe mirar desde distintas perspectivas, entre las cuales está, no solo la educación sobre cómo prevenir esquemas fraudulentos, sino también la investigación de las denuncias sobre este tipo de infracciones, esto con el interés de evitar que las personas sean estafadas.
En este sentido, manifestó: “para la SIMV es importante y un honor poder trabajar de la mano con la PGR en brindar nuestra experiencia y conocimiento técnico en la lucha contra los crímenes financieros, tanto a nivel del seguimiento a las denuncias, como de presentación de peritajes ante cualquier requerimiento del órgano acusatorio”.
El convenio fue firmado en la sede del Ministerio Público, con la participación de otros miembros de ambas instituciones, entre ellos, el Intendente del Mercado de Valores, Enmanuel Cedeño Brea, y Sarah Roa, directora Jurídica de la SIMV.
El documento señala que las instituciones se comprometen a brindar la cooperación operativa o de cualquier otra índole que sea necesaria para la consecución del objeto del convenio y establecer un enlace permanente para la comunicación efectiva, la investigación y el seguimiento de las denuncias que sean recibidas por una u otra entidad, así como para participar en las comisiones de trabajo entre ambas instituciones y en la medida en que sea necesario, colaborarse mutuamente en la elaboración de los procedimientos de interés común.
También, dispone el empleo de mecanismos interinstitucionales eficientes, que les permitan fortalecer la investigación y persecución de las infracciones de carácter económico, que pudiesen afectar el Mercado de Valores, tales como: acceso a herramientas tecnológicas y sistemas digitales de investigación, entre otros.
El acuerdo también contempla el suministro de información entre ambas entidades, atendiendo a las normativas de tratamiento de información aplicable a cada una de las partes, particularmente en lo relativo a las denuncias relacionadas con el mercado de valores y sus respectivos seguimientos.
Además, el convenio fungirá para mantener la colaboración interinstitucional en la prevención y persecución de operaciones realizadas al margen de la Ley 249-17 que regula el Mercado de Valores, entre los cuales se encuentran los esquemas ponzi, piramidales, esquemas de inversiones fraudulentas o de captaciones no autorizadas, además de proveer informaciones estadísticas respecto de las interacciones entre las partes para fines de récords y ofrecer capacitaciones técnicas respecto de las funciones realizadas por ambas instituciones para recaudar y eficientizar los procesos propios de las investigaciones.
El Ministerio Público y la SIMV se comprometieron y asumieron de manera recíproca la obligación de mantener la confidencialidad de las informaciones suministradas, así como disponer la adopción de las medidas administrativas correspondientes para que dichas informaciones sean utilizadas única y exclusivamente para el cumplimiento del propósito del acuerdo de cooperación.
Una comisión mixta encabezada por el Ministerio Público, que lo representará el o la procuradora fiscal titular de la Dirección de Investigación de Delitos Financieros, y por la SIMV, el o la encargada del Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores, será la responsable de la ejecución, desarrollo y seguimiento del acuerdo.
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.