Nacionales
Buscan modificar Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial
Santo Domingo.-La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzó este lunes un proceso de fiscalización de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la República Dominicana con el objetivo de realizar un proceso de reforma que ayude a organizar el tránsito vehicular y reducir los accidentes.
Con esa finalidad, los integrantes de la comisión se reunieron con Hugo Beras, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y el equipo técnico de esa institución, para escuchar sus propuestas de modificación y conocer de los planes que ejecuta para la organización del tránsito en todo el país.
«Nosotros queremos manifestarle que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados no deja cosas a media, esta es una reunión que para nosotros es de suma importancia porque este es un tema de seguridad nacional, debemos seguir insistiendo en la fiscalización, el cumplimiento de la Ley y la educación vial», recalcó Rodríguez Restituyo.
Afirmó que la fiscalización y aplicación de la Ley va a ser real cuando todos los ciudadanos, desde el presidente de la República hasta el ciudadano más humilde respeten la Ley y que los actores de hacerla cumplir no les tiemble el pulso para aplicarla sin importar a quien fuese.
Al exponer los proyectos y avances del Intrant, Hugo Beras explicó que actualmente están trabajando en cuatro ejes fundamentales para reducir los tapones y los accidentes de tránsito, como son: la implementación de la educación vial en las escuelas, la aplicación para octubre y noviembre de la licencia por puntos, trabajos técnicos para la aplicación, próximamente, de la foto multa y la inspección técnica del parque vehicular.
Beras dijo que todos esos planes están contemplados en la Ley 63-17, y que no se habían aplicado por diversas razones.
«El Gobierno, a través del Intrant está montando todo el mandato jurídico asentado en la Ley 63-17″, aseguró.
Dijo que para lograr implementar esos planes, están trabajando en la instalación de un Centro de Gestión del Tráfico vehicular, desde donde se observará la movilidad vial en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santiago y las principales carreteras, donde según dijo se mueve el 70 por ciento del parque vehicular del país.
La comisión de diputados estuvo integrada, además de Rodríguez Restituyo, por Juan Alberto Aquino, Sócrates Pérez, Santiago Vilorio, Carlos García, Pedro Martínez, José Benedicto Hernández, Diómedes Omar Rojas y Alexander Cuevas.
Fueron recibidos por Hugo Beras, director, Fidias Bencosme, director jurídico, Giselle Bobadilla, directora de planificación y Dary Terrero, director de comunicaciones.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
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En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Nacionales
PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.