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He aquí parte de la red que sustrajo 2,500 millones de pesos de COOP-HERRERA.
Santo Domingo, R.D.-Siete ejecutivos de la cooperativa de ahorros y préstamos COOP-HERRERA fueron apresados a través de la Operación Búho acusados de la comisión de un fraude, falsificación de identidad y asociación de malhechores investigado por el Ministerio Público (MP) desde hace meses.
Las siete personas vinculadas a esta operación fraudulenta son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya, los cuales fueron arrestados y se les estará conociendo medida de coerción.
Jorge Eligio Méndez fue designado como administrador general de la Cooperativa desde 2015 hasta su intervención en 2023 y se dedicaba junto a otros dos ejecutivos a aparentar que en la entidad financiera había ahorros, aportaciones y certificados de personas que ellos ingresaban al sistema, para sustraer los intereses y excedentes que se generaban.
Asimismo, para cubrir esas faltas, simulaban préstamos que aumentaban “en papeles” los activos de Coop-Herrera, estas operaciones fueron identificadas por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) como “inorgánica”.
De acuerdo con el expediente del MP, tanto Méndez como su cónyuge, Rosanna Almont Diloné, y su hijo, Jorge Eligio Méndez Almont tiene más de 76 millones de pesos en la institución financiera reflejada como certificados, alrededor de doce millones en ahorro retirables y más 765 mil en aportaciones de socios.
Otro de los fraudes realizados por Méndez fue la creación de préstamos ficticios a nombre de terceras personas, para luego moverlos a una o dos cuentas, y apertura de certificados a plazo fijo, que finalmente no tenían respaldo monetario.
GABRIEL SANTANA BORSILEA
Gabriel Santana Borsilea es uno de los asociados de Méndez, propietario de las empresas Comercial Gabriel Santana S.R.L. y Gabriel Santana Auto Import S.R.L y de la Emisora Radial La Máxima Radio Show.
Santana conoció al primer implicado en la institución financiera en 2018, y a partir del mismo año se le facilitaron préstamos mayores a 50 millones de pesos sin este tener garantía suficiente para el pago.
El empresario nunca realizó el pago de los préstamos adquiridos, en su lugar, llevaba personas de confianza a la cooperativa, las cuales no tenían perfil para recibir préstamos millonarios, eran designadas como socios de la entidad y se les emitía un préstamo que luego se desembolsaba en caja para pagar las cuotas de Santana, con el dinero restante abrían certificados a nombre de él.
Santana también está vinculado a lavado de activos a través del fraude realizado a los fondos de la cooperativa por él y otros implicados.
Las operaciones de simulación de préstamos y el pago de los mismos, además de la creación de certificados y aportaciones para el beneficio de los implicados, eran encubiertas por Kenia del Carmen Liriano Pérez, quien presidía el Consejo de Administración de Coop-Herrera.
Además de esto, Liriano realizaba acciones ficticias “con el propósito de mostrar resultados financieros favorables”, según explicó el expediente del MP.
Esta ejecutiva no solo encubría operaciones, también disolvió el comité de crédito de la institución en 2020 para seguir lucrándose a través de los préstamos falsos que quedaron a cargo de Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra.
JACER ELIAZAR MEJÍA PEREYRA
Jacer Eliazar Mejía Pereyra, fue el encargado del departamento de crédito desde 2015 hasta la fecha “sin contar con los conocimientos ni preparación necesaria para este puesto”. Este trabajó de la mano con Méndez para crear los productos que a los que les sacaban provecho en la estafa.
Era quien creaba los perfiles en el sistema y simulaba los préstamos, certificados y autorizabas los desembolsos en caja para cuadrar estas operaciones fraudulentas. Junto con Méndez llevaban a cabo los movimientos a favor de Gabriel Santana, en el que era favorecido con millones de pesos.
También se le transfirieron más de ochocientos mil pesos desde el departamento de contabilidad, al igual que a otros empleados de la entidad.
ANA CECILIA TEJADA SANTOS DE ÁLVAREZ
Ana Cecilia Tejada Santos era la gerente general de la Cooperativa, quien trabajaba de la mano con Mejía bajo las instrucciones de Méndez para aparentar los movimientos de dinero que se daban en la entidad financiera.
Fue quien ayudó a Méndez a crear en el sistema de la entidad 38 certificados a plazo fijo a nombre de este por unos 50 millones aproximadamente. Ella era quien autorizaba todas estas operaciones con el conocimiento de que las mismas no tenían respaldo, según explicó el documento emitido por el MP.
“Jorge Eligio Méndez Pérez, y Ana Cecilia Tejada Santos son las personas que hacen y cierran transacciones en nombre de la cooperativa, avalando a través de la indicada institución que todo está bien con esos ficticios certificados, depósitos a plazos fijos sin la debida provisión de fondos”, reveló el expediente.
JULIO CÉSAR MINAYA
Julio César Minaya fue auditor interno de la entidad financiero desde 2018, y era quien junto con Liriano se encarga de ocultar los movimientos fraudulentos que se daban dentro de la cooperativa.
Él participó en la recepción de cheques sin fondos para pago de productos emitidos. A pesar de tener conocimiento de la devolución de estos cheques, no reversaron esta operación en su sistema contable y lo utilizaron para que Liriano Pérez mostrara buenos resultados favorables ante los delegados en las asambleas de la cooperativa.
SIMONA BORSILEA
Simona Borsilea es pariente de Gabriel Santana Borsilea, y a nombre de quien figuran la mayor cantidad de los bienes adquiridos por este, aunque no presenta ningún tipo de transacciones relevantes en sus cuentas bancarias, y los bienes de los cuales es titular no están acorde con su perfil socioeconómico.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.