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Compra de equipos es impugnada y rechazada por el Pleno de la JCE.
Fue rechazada por la Comisión Especial designada por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) las impugnaciones por la compra de 10 mil unidades de UPS a la empresa Critical Power, cuyas unidades serán empleadas en los procesos electorales del año 2024.
No obstante, estos cuestionamientos interpuestos por las compañías suplidoras Sonol, Wisnet y Digiworld, deberán ser presentados al pleno del organismo electoral para su decisión.
Las empresas mencionadas aseguran que el equipo suministrado por la compañía adjudicada no cumple con los requisitos necesarios para el servicio requerido en los próximos procesos electorales.
Las impugnaciones fueron rechazadas el pasado miércoles por la Comisión Especial, compuesta por el presidente de la JCE, Román Jáquez, y los miembros Rafael Vallejo Santelises y Patricia Lorenzo.
La empresa Sonol afirma que el equipo seleccionado no cumple con las especificaciones técnicas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos informáticos, en caso de interrupciones de la energía eléctricas.
La compañía WISNET, por su parte, afirma ser la ganadora de la licitación, ya que su oferta técnica cumple con los requerimientos y es la más económica entre todas las empresas habilitadas para concurrir al acto de apertura de la oferta económica.
Sin embargo, la empresa Digiworld, que previamente había enviado una comunicación al Comité de Compras y Contrataciones y al Pleno de la JCE (el 8 de septiembre), informando sobre serios reparos a la calificación técnica de la mayoría de las empresas habilitadas, considera que los equipos presentados por la empresa Crítica Power no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la licitación.
Por esta razón, los representantes de la empresa indicada presentaron un recurso de reconsideración el viernes pasado ante el Pleno de la Junta Central Electoral.
En su recurso de impugnación del 19 de septiembre, Digiworld afirmó que, según la información proporcionada por el fabricante del equipo ofertado por la empresa ganadora, el mismo no cumple con las funciones de un UPS profesional. Este argumento se reitera en su instancia de reconsideración.
La empresa Digiworld advierte que el equipo elegido por la JCE podría colapsar si se utiliza en condiciones de alta temperatura y de uso constante, tal como se indica en el manual de usuario disponible en la página web del fabricante del equipo cuestionado, donde se detalla lo siguiente:
“Si la temperatura es demasiado alta, puede producirse un incendio o una explosión; si la temperatura es demasiado baja, el rendimiento del producto puede verse gravemente reducido o el producto puede dejar de funcionar”.
También se señala la entidad la dificultad para el uso de estos equipos en caso de una eventual segunda vuelta electoral en el mes de junio del 2024, en razón de que el manual de usuario del fabricante (Ecoflow) establece como requisito de la garantía no sólo que los equipos se mantengan en un nivel de temperatura de 20 a 40 grados Celsius, sino que deben ser cargados y descargados cada seis meses y guardados con un nivel de carga de un 30 a 60 por ciento, lo que implica una gran dificultad para la eficacia de su uso en todas las fases del proceso electoral.
Otro aspecto que se señala es el inconveniente para el transporte de los equipos adjudicados a la empresa Critical Power, porque no tiene las dimensiones que le permitan ajustarse al espacio disponible en la maleta del kit electoral.
En su recurso de reconsideración, Digiworld solicita ser invitada por el Pleno de la Junta Central Electoral para que escuche sus argumentos técnicos antes de tomar una decisión definitiva sobre la adjudicación, debido a que esto permitiría una mayor edificación de la institución para tomar su decisión, en base a los principios de transparencia, debido proceso y tutela administrativa efectiva.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.