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Tras rechazo de JCE Ramfis acudirá al TSE para aprobación de candidatura.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de buscar la certificación de su candidatura, Ramfis Domínguez Trujillo, anunció que acudirá ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
para agotar el proceso de certificación de su candidatura presidencial para las elecciones de 2024, ante el rechazo mediante resolución de la Junta Central Electoral (JCE).
A través de un comunicado de prensa el Partido Esperanza Democrática (PED), liderado por el nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo, explicó que el proceso “toma velocidad” con el rechazo mediante la resolución 755-23.
“La lucha por la candidatura presidencial de Ramfis Domínguez Trujillo toma velocidad con la resolución de la Junta Central Electoral”, inicia el comunicado.
El escrito especifica que el “pronto rechazo” de parte del órgano electoral acelera el envío de la solicitud ante el TSE quienes, según el escrito, es el órgano que tiene las competencias para disponer la admisión definitiva.
“Depositar los documentos en la JCE, era simplemente parte del proceso, aclarando que la ley electoral obligaba agotar este paso antes de poder proceder jurídicamente”, se lee.
El comunicado informa que el conflicto se da por un choque entre los artículos 20 y 39 de la Constitución dominicana, respecto a la dominicanidad y los derechos, esto debido a que Domínguez Trujillo nació en suelo estadounidense.
A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO ÍNTEGRO:
“La lucha por la candidatura presidencial de Ramfis Domínguez-Trujillo toma velocidad con la resolución de la Junta Central Electoral.
La Junta Central Electoral emitió su resolución número 75-2023, rechazando la candidatura presidencial del candidato certificado por el Partido Esperanza Democrática en el mes de Octubre, agilizando así el proceso jurídico a favor de la certificación definitiva de su candidatura presidencial. “Un paso más agotado y uno menos que cumplir a favor de la certificación definitiva de la candidatura presidencial. Agradezco el pronto despacho de la @juntacentral, agilizando el curso de la acción jurídica. Con tiempo de más, llegaremos hasta el final y lograremos el cometido.” Este fue el mensaje colocado en la cuenta del candidato en la red social X, agradeciéndole a la Junta Central Electoral, el pronto despacho de su caso, cuestión que le permite presentar su caso ante el TSE, la instancia competente, que según el líder político, dispondrá la certificación definitiva de su candidatura a la presidencia de la República Dominicana.
“A pesar de nuestros mayores deseos de acudir directamente al Tribunal Superior Electoral, el órgano deliberativo que certificará definitivamente nuestras aspiraciones, el protocolo procesal jurídico nos obliga a depositar aquí primero, para luego incoar las acciones correspondientes en el TSE,” puntualizó.
Al referirse al tema constitucional, el líder político afirmó la simpleza de la constitucionalidad, ya que el artículo 20 condiciona la Dominicanidad, choca directamente con el artículo 39 que garantiza la igualdad de todos los dominicanos, un derecho fundamental que la Carta Magna y los derechos universales exigen. Ramfis Domínguez-Trujillo asimismo asevera que este choque constitucional lo resuelve el artículo 74, que exige aplicar la favorabilidad de los derechos fundamentales a favor del titular, lo cual viabiliza la certificación definitiva de la candidatura.
El presidente del PED, afirma en su alocución, que este proceso de ponderación jurídica es una atribución del Tribunal Superior Electoral, por lo que esperaba una pronta respuesta de la Junta Central Electoral.
“Este caso no requiere mucha deliberación, simplemente un proceso de ponderación jurídica. Nuestra Carta Magna es clara, y cuando hay dos o más artículos que colidan, se exige aplicar la favorabilidad en auxilio del peticionario. Este es un caso típico dentro de esta contemplación legal, y mucho más allá de otras condiciones que a mí específicamente me favorecen. La realidad es que aquí ha habido una seria discriminación, no en contra de Ramfis Domínguez-Trujillo, sino en contra de todos los dominicanos nacidos en el exterior. Este caso marcará un precedente histórico para estos legítimos hijos e hijas de nuestra Patria”, precisó.
El candidato presidencial del Partido Esperanza Democrática, hizo referencia al proceso del 2020, dejando claro que la conculcación de sus derechos, obedeció a las maquinaciones de una clase política viciada, y afirmando que la decisión de ser el primer candidato en depositar su candidatura ante la Junta Central Electoral, es parte de la estrategia, ya que le garantiza el tiempo necesario para agotar todos los procesos y garantizar la certificación de su candidatura.
“Quiero dejar muy claro que lo acontecido en el proceso pasado, no se va a repetir, donde con un oficialismo altamente cuestionado, una Junta Central Electoral viciada, y un COVID que provocó el estado de excepción que permitió al gobierno cerrar las cortes del país, nos troncharon el camino y me privaron de derechos constitucionales básicos. Es por esto que decidimos iniciar el proceso ahora, entendiendo que el momento es propicio para asegurar la victoria y que hay tiempo de sobra para llevar esto hasta las últimas consecuencias si fuera necesario. El pueblo está esperando con ansias esta candidatura, y nosotros se la vamos a garantizar”, concluyó”.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.