Nacionales
Desmantelan madriguera de venta crack y coca en barrio Villa Consuelo
SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público desmantelaron en Villa Consuelo lo que la agencia antinarcóticos definió hoy como “madriguera donde hombres y mujeres vendían diferentes tipos de estupefacientes”, logrando arrestar a 27 por personas, a las que puso en manos de fiscales adjuntos para ser sometidos a la justicia.
Los arrestos y decomisos de cocaína, crack y marihuana fueron realizados en un callejón con salida hacia la Avenida 27 de Febrero, tramo conocido antiguamente como Teniente Amado García Guerrero, después de una intensa labor de vigilancia que permitió identificar a quienes se dedicaban a vender sustancias prohibidas. Entre los imputados figura un hombre de 58 años que fue sorprendido con crack.
También hubo detenciones en San Carlos, en Villa Francisca, en el Barrio 27 de Febrero y en Santo Domingo Este, según la DNCD, agencia que los identificó como Santo Rivera, José Manuel Nivar Peguero, Noelia Marisol Coss, Duardiana Reyes Pérez y Junior Ismael Tapia, todos sorprendidas con fundas de porciones drogas. En la intervención participó un fiscal adjunto del Distrito Nacional.
“Todo fue hecho de acuerdo con el mandamiento de la ley, sobre todo en presencia del Ministerio Público, después de recibir informaciones muy precisas sobre las actividades ilegales a que se dedicaban estos ciudadanos, quienes ahora pasan a manos de la justicia para los fines correspondientes”, agregó la DNCD en una nota emitida por su oficial de prensa, Roberto Lebrón.
En el citado callejón de Villa Consuelo fueron detenidas seis personas y los restantes 10 cayeron en manos de la DNCD en diferentes lugares de la provincia Santo Domingo, jurisdicción a cargo de la División oriental de la agencia. Entre los detenidos allí figuran Glenny Bernarda Ortiz Comas, Joel Martínez Holguín, Willy Hernández Valenzuela y Dauri Ramírez de Jesús.
También están en el grupo Nacho José Ramón, Malvin de Jesús castillo Sánchez, Amauris de Jesús Onill Gerardo, Katy Mercedes de Jesús, José Pérez Payano y Javier Zabala Castro. A esas personas fueron sorprendidas en los llamados “puntos de venta’ de estupefacientes, los que de inmediato fueron desmantelados, según el reporte.
Entre los arrestados figuran igualmente, Jonathan Díaz Vicente, Rico Adames, Angelo Flores, Nathaly Evangelista, Alexander Ramírez, Juan Lugo Lebrón, Jesús Santana Tellerías, Jovani Concepción, Indira Martínez y Estarlin Martínez de Jesús. También se reportan detenciones en San Cristóbal y Haina, lugares dionde3 la DNCD mantiene una intensa actividad contra el microtráfico.
Guillermo de los Santos fue detenido en el sector Las Flores, José Antonio Pimentel, alias Pipí, en Haina; el haitiano Josetin Joseph Pie, en Madre Vieja y Angel Díaz Ruiz, en Najayo Arriba, de acuerdo a un reporte de la Inspectoría de la DNCD en esa ciudad sureña. Todos, igual que los demás casos, serán entregados al Ministerio Público para sean sometidos a la justicia.
El Nacional
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.