Opinión
Agripino: “No hay tutía”
Por Narciso Isa Conde
Monseñor Agripino Núñez Collado llamó al pueblo a “colaborar” con el Presidente Danilo Medina. Esta vez el pueblo no fue calificado de“chusma”, como gusta al Cardenal.
CON TRUJILLO Y BALAGUER.
Recuerdo –salvando debidamente la distancia- que los monseñores Pittini, Beras y Pérez Sánchez exhortaron muchas veces a respaldar a Trujillo.
No hay que olvidar también, que después de odiar a Juan Bosch, apoyar a los golpistas y distanciarse de la revolución de abril de 1965, los obispos Beras y Polanco Brito, se abrazaron desde muy temprano a Balaguer en medio de aquella matazón instigada por la intervención.
López Rodríguez y Agripino le siguieron los pasos sin importarles las desapariciones, las torturas, los asesinatos, los robos y la entrega del país a Gulf and Western, Alcoa, Rosario Resource, Nebraska y Falconbridge; sin importarles la sangre de Henry Segarra, Homero Hernández, Guido Gil, Maximiliano Gómez, Sagrario Díaz, Orlando, Narcisazo, Amín y muchos/as más.
El “Doctor” reciprocaba ese valioso respaldo eclesial, concurriendo a misa domingo tras domingo en la Capilla San Rafael del Palacio Nacional (cuyo nombre fue escogido por Trujillo), acompañado de los Bello Andino, Guaroa Liranzo, Aníbal Páez, Enrique Pérez, Neit Nivar y otros cortesanos civiles y militares más.
- CON LEONEL.
Luego, agotada la presidencia y la preeminencia del perínclito de Navarrete, ambos prelados, ni tontos ni haraganes, se pasaron a las filas de Leonel y permanecieron en ella hasta desvanecerse parcialmente su poder; sin reparar en la manera como Ladronel secuestró al Estado y como se apropió, repartió y dilapidó gran parte del patrimonio de la Nación.
Muerto el Rey que viva el otro Rey, es al parecer la máxima de tan sabichosos monseñores.
- AHORA CON DANILO.
Por eso, sin pérdida de tiempo, destronado Ladronel el purpurado, raudo y veloz, le tiró la toalla y la sotana al tranquilo Danilo; mientras, el inefable Agripino, con la misma rapidez y mayor audacia, clamó para que el pueblo lo respalde sin miramiento alguno.
¡Muerto el Rey que viva el Rey y la Reina!, nueva vez.
¡No hay problema en seguirlo, independientemente de lo acontecido en la campaña electoral y las votaciones, e independientemente de los antecedentes turbios y las herencias malvadas! Imanes que se atraen.
Tiempos distintos en poco más de medio siglo reciente. Personas con rostros, estilos y características diferenciadas, y ante ella una alta jerarquía católica sustentando una línea invariable en lo esencial: siempre al lado del poder temporal y más aun del permanente.
- LO COMÚN Y LO DISTINTO.
Lo común en ambas parte y en todos los casos, aun con sus matices y protagonistas variados, es el poder: las derechas en el poder, la burguesía transnacional y criolla en el poder, el autoritarismo y el caudillismo en el poder, la corrupción, el fraude y la imposición como vía de acceso al poder. En el Palacio, en el Arzobispado, en Roma, en Washington, en el trono, detrás del trono y alrededor del trono.
Más concretamente: lo común entre la era de Leonel y la que se inicia es:
- El gran capital y la gran corrupción invirtiendo en los accesos a la Presidencia y la conformación de gobiernos.
- La herencia del narco-estado delincuente.
- El reinado de la impunidad.
- Leonel cerquita de la Vice, con el 80% del gabinete (con la venia de Danilo) y la mayor parte de los poderes del Estado bajo su control.
- El PLD con su misma cúpula corrompida, independientemente sean unos leonelistas y otros danilistas.
- El mismísimo Agripino al frente del Consejo de Desarrollo Económico y Social y encargado de armar los “pactos sociales” entre los de arriba y los que se le subordinen.
- El neoliberalismo tan rampante como siempre.
- Falcondo, la Barrick, Gold Corp, Uni Gold… en plan de seguir destrozando el país.
- El FMI de nuevo interviniendo la economía nacional.
- La Embajada mandando.
Lo distinto es poco, poquísimo; salvo el país totalmente desfondado por el saqueo acumulado, sin Danilo atreverse a denunciar a sus propios financiadores responsables del desfalco; salvo promesas de planes sociales sin fuentes de financiamiento y ciertos gestos de austeridad y moralización extremadamente limitados.
- ERROR DE CÁLCULO.
Pero de todas maneras el Cardenal y el obispo que regentean y manipulan la cúpula católica, decidieron colocarse donde el capitán Danilo lo vea. Siempre oportunos, que no de oportunidad, sino de oportunismo, pasándose tranquilos de las filas de Ladronel a la de Tranquilo. Sin cambiarle el color morado a sus vistosas sotanas.
Solo que esta vez no han sopesado bien lo que se está gestando en las entrañas de la “chusma” de esta sociedad, en el seno de la pobrecía real y potencial, a consecuencia de una crisis acumulada y sin salida dentro del decadente capitalismo neoliberal.
Ladronel, en gira internacional en busca de pergaminos comprados y colocación diplomática encumbrada que refuercen impunidades, de todas maneras será condenado en este país por incontables tribunales populares que habrán de confluir en el tribunal mayor conformado por gran parte de la sociedad.
Más aun, percibo que ya Ladronel está en semi-fuga, porque se siente que el pueblo en todas las esquinas, colmadones y rincones pide su cabeza; mientras la élite de la partidocracia peledeísta y el propio gobierno infectado por su peste se resiste a entregarlo y sale en su defensa. Solidaridad cómplice.
Y no es que Danilo no pueda hacerlo, es que no quiere, porque el pantano lo embarró en campaña, sin contar lo de su participación en el primer gobierno del presidente cuasi-fugitivo. No es simplemente que esté amarrado, es que no quiere desamarrarse. De decidirse a hacerlo, la Presidencia de la República da poder para eso y mucho más, mientras casi toda la sociedad lo apoyaría en esa anhelada misión destinada a convertir en reos al ex-presidente y a sus alcancías humanas impunes.
Danilo, con Margarita a un costado y el Comité político en su entorno y dentro de su gobierno, ha preferido en ese orden la parálisis infecunda.
Danilo, con la camisa de fuerza del FMI, gustosamente aceptada, recibirá dinero fresco envenenado junto a una llave destinada a adquirir nuevos préstamos impregnados de arsénico y cianuro: de recortes, paquetazos y tarifazos a imponer por ese gran gendarme de la usura y el neoliberalismo.
Así las cosas, el auge de las luchas por la vida, el agua y la soberanía, cuya primera expresión fue la GRAN MARCHA del pasado domingo 16 de septiembre, habrán de pegarlo a la pared junto a su Director de Minería nombrado por FALCONDO y su gabinete ensuciado.
No hay “tutía”, monseñores, el FMI presta sus cuartos a cambio de nuevos impuestos, aumentos de tarifas, eliminación de subsidios…que nunca se dirigen a afectar a los súper-ricos, a sus bancos y sus corporaciones, y sí a empobrecer más aun a los/as de abajo y los/as del medio. Ustedes lo saben y lo apoyan.
Y hay indicios de que el pueblo está en vía de agotar su dosis de aguante frente a tal contraste y a tanta impunidad e injusticia. El fantasma de la indignación y la desobediencia civil asoma con fuerza renovada.
Leonel, Félix Bautista y comparsa, incluida la comparsa empresarial asociada a sus designios, habrán de correr con la justicia popular detrás.
Y no habrá cardenales y obispos que lo salven. No hay tutía: el país ha dicho basta…
Danilo, en las redes del FMI y de la gran burguesía transnacional y criolla, continuará auto-atrapado en el corral neoliberal, desgastándose irremediablemente más rápido que una “vela romana” o una “pata de gallina”, no sin antes disparar algunos tiritos de relumbrón.
¡No hay tutía, monseñores!
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.