Opinión
Agripino: “No hay tutía”
Por Narciso Isa Conde
Monseñor Agripino Núñez Collado llamó al pueblo a “colaborar” con el Presidente Danilo Medina. Esta vez el pueblo no fue calificado de“chusma”, como gusta al Cardenal.
CON TRUJILLO Y BALAGUER.
Recuerdo –salvando debidamente la distancia- que los monseñores Pittini, Beras y Pérez Sánchez exhortaron muchas veces a respaldar a Trujillo.
No hay que olvidar también, que después de odiar a Juan Bosch, apoyar a los golpistas y distanciarse de la revolución de abril de 1965, los obispos Beras y Polanco Brito, se abrazaron desde muy temprano a Balaguer en medio de aquella matazón instigada por la intervención.
López Rodríguez y Agripino le siguieron los pasos sin importarles las desapariciones, las torturas, los asesinatos, los robos y la entrega del país a Gulf and Western, Alcoa, Rosario Resource, Nebraska y Falconbridge; sin importarles la sangre de Henry Segarra, Homero Hernández, Guido Gil, Maximiliano Gómez, Sagrario Díaz, Orlando, Narcisazo, Amín y muchos/as más.
El “Doctor” reciprocaba ese valioso respaldo eclesial, concurriendo a misa domingo tras domingo en la Capilla San Rafael del Palacio Nacional (cuyo nombre fue escogido por Trujillo), acompañado de los Bello Andino, Guaroa Liranzo, Aníbal Páez, Enrique Pérez, Neit Nivar y otros cortesanos civiles y militares más.
- CON LEONEL.
Luego, agotada la presidencia y la preeminencia del perínclito de Navarrete, ambos prelados, ni tontos ni haraganes, se pasaron a las filas de Leonel y permanecieron en ella hasta desvanecerse parcialmente su poder; sin reparar en la manera como Ladronel secuestró al Estado y como se apropió, repartió y dilapidó gran parte del patrimonio de la Nación.
Muerto el Rey que viva el otro Rey, es al parecer la máxima de tan sabichosos monseñores.
- AHORA CON DANILO.
Por eso, sin pérdida de tiempo, destronado Ladronel el purpurado, raudo y veloz, le tiró la toalla y la sotana al tranquilo Danilo; mientras, el inefable Agripino, con la misma rapidez y mayor audacia, clamó para que el pueblo lo respalde sin miramiento alguno.
¡Muerto el Rey que viva el Rey y la Reina!, nueva vez.
¡No hay problema en seguirlo, independientemente de lo acontecido en la campaña electoral y las votaciones, e independientemente de los antecedentes turbios y las herencias malvadas! Imanes que se atraen.
Tiempos distintos en poco más de medio siglo reciente. Personas con rostros, estilos y características diferenciadas, y ante ella una alta jerarquía católica sustentando una línea invariable en lo esencial: siempre al lado del poder temporal y más aun del permanente.
- LO COMÚN Y LO DISTINTO.
Lo común en ambas parte y en todos los casos, aun con sus matices y protagonistas variados, es el poder: las derechas en el poder, la burguesía transnacional y criolla en el poder, el autoritarismo y el caudillismo en el poder, la corrupción, el fraude y la imposición como vía de acceso al poder. En el Palacio, en el Arzobispado, en Roma, en Washington, en el trono, detrás del trono y alrededor del trono.
Más concretamente: lo común entre la era de Leonel y la que se inicia es:
- El gran capital y la gran corrupción invirtiendo en los accesos a la Presidencia y la conformación de gobiernos.
- La herencia del narco-estado delincuente.
- El reinado de la impunidad.
- Leonel cerquita de la Vice, con el 80% del gabinete (con la venia de Danilo) y la mayor parte de los poderes del Estado bajo su control.
- El PLD con su misma cúpula corrompida, independientemente sean unos leonelistas y otros danilistas.
- El mismísimo Agripino al frente del Consejo de Desarrollo Económico y Social y encargado de armar los “pactos sociales” entre los de arriba y los que se le subordinen.
- El neoliberalismo tan rampante como siempre.
- Falcondo, la Barrick, Gold Corp, Uni Gold… en plan de seguir destrozando el país.
- El FMI de nuevo interviniendo la economía nacional.
- La Embajada mandando.
Lo distinto es poco, poquísimo; salvo el país totalmente desfondado por el saqueo acumulado, sin Danilo atreverse a denunciar a sus propios financiadores responsables del desfalco; salvo promesas de planes sociales sin fuentes de financiamiento y ciertos gestos de austeridad y moralización extremadamente limitados.
- ERROR DE CÁLCULO.
Pero de todas maneras el Cardenal y el obispo que regentean y manipulan la cúpula católica, decidieron colocarse donde el capitán Danilo lo vea. Siempre oportunos, que no de oportunidad, sino de oportunismo, pasándose tranquilos de las filas de Ladronel a la de Tranquilo. Sin cambiarle el color morado a sus vistosas sotanas.
Solo que esta vez no han sopesado bien lo que se está gestando en las entrañas de la “chusma” de esta sociedad, en el seno de la pobrecía real y potencial, a consecuencia de una crisis acumulada y sin salida dentro del decadente capitalismo neoliberal.
Ladronel, en gira internacional en busca de pergaminos comprados y colocación diplomática encumbrada que refuercen impunidades, de todas maneras será condenado en este país por incontables tribunales populares que habrán de confluir en el tribunal mayor conformado por gran parte de la sociedad.
Más aun, percibo que ya Ladronel está en semi-fuga, porque se siente que el pueblo en todas las esquinas, colmadones y rincones pide su cabeza; mientras la élite de la partidocracia peledeísta y el propio gobierno infectado por su peste se resiste a entregarlo y sale en su defensa. Solidaridad cómplice.
Y no es que Danilo no pueda hacerlo, es que no quiere, porque el pantano lo embarró en campaña, sin contar lo de su participación en el primer gobierno del presidente cuasi-fugitivo. No es simplemente que esté amarrado, es que no quiere desamarrarse. De decidirse a hacerlo, la Presidencia de la República da poder para eso y mucho más, mientras casi toda la sociedad lo apoyaría en esa anhelada misión destinada a convertir en reos al ex-presidente y a sus alcancías humanas impunes.
Danilo, con Margarita a un costado y el Comité político en su entorno y dentro de su gobierno, ha preferido en ese orden la parálisis infecunda.
Danilo, con la camisa de fuerza del FMI, gustosamente aceptada, recibirá dinero fresco envenenado junto a una llave destinada a adquirir nuevos préstamos impregnados de arsénico y cianuro: de recortes, paquetazos y tarifazos a imponer por ese gran gendarme de la usura y el neoliberalismo.
Así las cosas, el auge de las luchas por la vida, el agua y la soberanía, cuya primera expresión fue la GRAN MARCHA del pasado domingo 16 de septiembre, habrán de pegarlo a la pared junto a su Director de Minería nombrado por FALCONDO y su gabinete ensuciado.
No hay “tutía”, monseñores, el FMI presta sus cuartos a cambio de nuevos impuestos, aumentos de tarifas, eliminación de subsidios…que nunca se dirigen a afectar a los súper-ricos, a sus bancos y sus corporaciones, y sí a empobrecer más aun a los/as de abajo y los/as del medio. Ustedes lo saben y lo apoyan.
Y hay indicios de que el pueblo está en vía de agotar su dosis de aguante frente a tal contraste y a tanta impunidad e injusticia. El fantasma de la indignación y la desobediencia civil asoma con fuerza renovada.
Leonel, Félix Bautista y comparsa, incluida la comparsa empresarial asociada a sus designios, habrán de correr con la justicia popular detrás.
Y no habrá cardenales y obispos que lo salven. No hay tutía: el país ha dicho basta…
Danilo, en las redes del FMI y de la gran burguesía transnacional y criolla, continuará auto-atrapado en el corral neoliberal, desgastándose irremediablemente más rápido que una “vela romana” o una “pata de gallina”, no sin antes disparar algunos tiritos de relumbrón.
¡No hay tutía, monseñores!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.