Opinión
¡El gran fraude es el sistema!
Por Narciso Isa Conde
El Movimiento Caamañista-MC argumentó doce razones por las cuales no participa en ninguna de las dos votaciones fijadas para el año en curso, una parte referidas a lo que hemos denominado el gran fraude estructural, otras al sistema institucional fraudulento (su Constitución y sus leyes antidemocráticas) y además las referidas al conjunto de operaciones tramposas y violaciones a las normas establecidas ejecutadas antes y durante las recientes votaciones municipales.
Los resultados confirman nuestras valoraciones y muestran que el GRAN FRAUDE es el sistema.
AHORA BIEN, en sus respectivas opiniones y balances sobre los resultados de las votaciones, la JCE, el gobierno, el CONEP, el Poder Mediático nacional e internacional, y los partidos PRM-PLD-FUPU y grupos satélites -que de hecho constituyen un solo partido sistémico con colores y voceros distintos- se han empeñado en ocultar la cuestión más grave: que fueron unos comicios vacíos de contenidos en lo que compete a las alcaldías y distritos municipales sobre la cuestión territorial y los problemas cruciales del país; y que resultó una trampa fraudulenta, en la que el GRAN FRAUDE ES EL SISTEMA.
Nos referimos al patrimonio natural, a los impactos negativos de los proyectos mineros, a la depredación y contaminación de ríos, a la destrucción de manglares y playas, a la deforestación; a la corrupción impune, a la inseguridad en sus jurisdicciones, a los bajos presupuestos y arbitrios, a la evasión de impuestos territoriales por grandes empresas y la no compensación de pasivos ambientales por las mega-mineras.
Todos los alcaldes y los candidatos, actuando a una, evadieron esos temas trascendentes y el estado deplorable de los ríos binacionales, las nuevas y graves amenazas mineras sobre ellos y los predios agrícolas que irrigan; ignoraron los conflictos y soluciones no resueltos con el vecino Haití, sistemáticamente agravados por posiciones oficiales seudo-nacionalistas.
Las campañas de las dos facciones fundamentales de esa especie partido único neoconservador, giraron alrededor de pugnas superficiales, promesas demagógicas que nunca cumplen, temas banales y acusaciones y contra-acusaciones muy parecidas a las del conejo diciéndole al burro “orejú”.
Se las ingeniaron para excluir de esa competencia el destino y agresiones a lo que le pertenece a nuestro pueblo: el territorio del país, su patrimonio público y natural; víctimas de un pérfido saqueo a cargo de la oligarquía capitalista, las corporaciones transnacionales y las mafias empresariales, militares y políticas; obviando además que el 25% del territorio nacional, está concesionado para exploración a empresas mineras, casi todos en las proximidades de fuentes de agua.
El PRM-PLD-FP-PRD-PRSC y asociados, ocultaron y evadieron esas y otras cuestiones fundamentales; porque todos ellos son la misma cosa, un agrupamiento responsable de las atrocidades cometidas en las últimas décadas por gobiernos municipales y nacionales.
Resalta que la mayoría de las alcaldías y Distritos Municipales carecen de planes propios de educación, cultura e inversión, y nada hacen para contrarrestar la violencia y la opresión contra nuestras mujeres.
Los alcaldes, directores y regidores se parecen demasiado en sus pésimas gestiones y en la aceptación pasiva del aplastamiento por el Poder Ejecutivo de la autonomía del poder municipal; hecho agravado durante esta nueva campaña clientelista, la cual resultó más presidencial que municipal.
· DE LA TRAMPA ESTRUCTURAL, AL FRAUDE INFORMATIVO-PROPAGANDÍSTICO.
Estamos frente a un sistema que ha estructurado una gran trampa de larga duración, profundamente antidemocrática, construida en una sociedad trágicamente desigual; basada en un capitalismo mafioso, que arrastra el sistema electoral y lo convierte en negocio.
En la primera prueba de este nuevo reciclaje electoral, dentro de un sistema que opera como fraude mayor, lo nuevo es que las fuerzas dominantes están pagando un costo político mayor que antes.
Un costo palpable en la gran abstención y los altos grados de la ilegitimidad de las votaciones y de los/as candidato/as electos/as; lo que a la vez está siendo objeto de un fraude encubridor, propagandístico-informativo, a cargo de la JCE, los grandes medios de comunicación y las direcciones políticas.
¿Cuál es la verdad que ellos están escamoteando sobre los resultados de las votaciones municipales? Esta es nuestra respuesta:
· El padrón general de la JCE, es decir, el total de dominicanos/as con derecho al voto registrado por ese organismo, es de 8,105,000.
· En número redondo, el total de los votos válidos representa 47% de ese padrón general de la JCE, y finalmente no votó alrededor del 53%.
· De ese total de votos válidos corresponde un 23% al PRM, un 11% al PLD, y un 6.5% a la FP. El resto de los grupos obtuvieron entre todos aproximadamente un 6 %.
· La asignación de 50.52% al PRM, 23.75% al PLD y 13.33 % a la FP por la JCE y los medios de comunicación, se refiere al porcentaje de cada uno de ellos respecto a los votos válidos; no al porcentaje sobre el total de electores/as.
Concentrar la información oficial de la JCE y una abrumadora difusión mediática en esa versión incompleta es una media verdad. Una manera de hacer trampa en la información y la propaganda. Una modalidad de fraude.
Porque en este caso, cuando al total de electores/as se le reduce la abstención, es obligado restarles a los porcentajes ofrecidos por la JCE y ampliamente difundidos, más de la mitad en cada caso.
El total de los votos válidos de los partidos es solo el 47% de los electores y de ese total corresponden aproximadamente un 23% al PRM, un 11% para el PLD, un 6.5% a la FP y un 6% al resto de los pequeños grupos participantes, lo que constituye un fracaso y no puede ocultarse sin faltar a la verdad.
La compra de cédulas no influye tantísimo en la abstención.
Las compras de votos no afectan la cantidad de votos emitidos, pero sí alteró limitadamente en alguna medida la competencia entre el oficialismo y la falsa oposición.
En estas dos trampas y todas estas modalidades de corrupción electoral participaron gobiernistas y opositores. El ejercicio del fraude es común a ambos bandos, antes y ahora.
En esos procesos, los que dirigen la compra votos y cédulas, y las múltiples trampas, son los verdaderos corruptores; en esta ocasión más evidenciados en el contexto de unas votaciones donde no faltó gente empobrecida, jóvenes y adultos, que no le ven utilidad a las mismas, más que sacarles pequeñas ventajas económicas.
En tanto el producto cíclico es siempre «más lo mismo», a mucha gente las votaciones no les merecen respeto.
En fin, los jerarcas del sistema cosecharon lo que han sembrado y protegido por décadas, incluyendo el creciente descrédito de la perversión y corrupción del sufragio.
Las motivaciones de la abstención son diversas y justificables, no es simplemente apatía.
Sin dudas el rechazo consciente ha crecido y también influyen diferentes grados de percepción e intuición de que para poco o para nada sirven ese tipo de comicios, algo que muchos jóvenes hacen suyo.
· MENTIRAS, SOFISMAS Y DISCURSOS MAÑOSOS.
Voceros del oficialismo se conforman con ocultar su desgaste y el de los demás, repitiendo que ese es el porcentaje tradicional en los comicios municipales; obviando una fuerte opinión de representantes del sistema, que muestran preocupación por el grado y las expresiones de la reciente abstención. Y para colmo son capaces de calificar ese desastre de “fiesta de la democracia”.
Sus más osados defensores no tienen empacho en calcular la abstención de cada partido en relación con su propio padrón electoral y no respecto el número general de electores registrados; cuando saben perfectamente que los padrones de los partidos, siempre han sido «truqueados», adulterados y hasta falsificados para hacer bulto, incluyendo no pocos afiliados que no son tales y muchos otros capaces de votar por cualquiera.
En el caso de Leonel, luego de un silencio prolongado, recurrió al sofisma y a las medias verdades, porque si bien la votación real del PRM fue solo de casi del 24% de los electores/as, la de la FUPU fue de 6.5. % y la del PLD de algo más del 11%. Nadie sabe de dónde saca que su partido creció en un 76% y que va “pa lante” y vencerá en mayo.
Pero es que estos señores no solo saben hacer todo tipo de fraudes en las votaciones, sino que también están acostumbrados a hacer fraudes colosales en sus discursos y su propaganda.
· VÍA, ACCIÓN Y PROPUESTA ALTERNATIVAS.
Nuestro pueblo tiene el deber de asumir el reto de barrer del poder toda esa basura.
A la luz de estos resultados, corresponde a quienes rechazamos esta dominación y a quienes participaron en ese proceso de buena fe y con honestidad, y logren corregir el error, disponernos a detener esta afrenta.
Esto comienza por evadir la trampa, la cual se va a repetir en mayo de peor manera.
Sigue con asumir y difundir todas las razones que justifican no participar en las próximas votaciones congresuales y presidenciales, procurando ilegitimarlas más aún; y continúa con la creación de un poder popular constituyente que se proponga romper la trampa por la vía extra-institucional, mediante movilizaciones multitudinarios, paralizaciones y protestas populares, portadoras de un programa alternativo y transformador.
Esta es la única manera de hacer colapsar esta institucionalidad podrida y abrirle cauce a un proceso constituyente que culmine en una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA, que lo cambie todo: constitución, leyes orgánicas, reglas de juego, mecanismos electorales, sistema de partidos y normas de participación; creando a la vez la plataforma jurídico-política e institucional que posibilite construir democracia real, autodeterminación popular y nacional, y dar inicio a las grandes transformaciones sociales.
¡HAY QUE CAMBIARLO TODO!
¡CAMBIAR EL SISTEMA!
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.