Editorial
Neo-constitucionalismo versus institucionalidad.
A nivel internacional e incluso en aquellos órganos de la Organización de Estados Americanos (0EA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está muy en boga el concepto predominante en el constitucionalismo contemporáneo, el cual se fundamenta en valores, principios y derechos fundamentales.
Y naturalmente el fenómeno también ha impactado a la República Dominicana en dos niveles diferentes, uno el académico e intelectual y el otro en la práctica del derecho por parte del Tribunal Constitucional.
En este aspecto nadie puede dudar que en ambos contextos ha habido avances importantes, primero porque el tema está sobre la mesa en los escenarios de las universidades nacionales y de una serie de constitucionalistas que abordan la cuestión y en las sentencias que emite el Tribunal Constitucional, en las que se reflejan las teorías en esta materia que hoy se debaten en el derecho comparado.
Son muchos los entuertos corregidos por el Tribunal Constitucional en lo que respecta a derechos, principios y valores como el de igualdad en la aplicación de las salidas que se les debe a los casos en que el mismo resultaba subordinado a otros principios de menor peso.
Pero se observa que el sendero que lleva el Tribunal Constitucional no parece que deje los resultados esperados, por lo menos a corto o mediano plazo, porque ese neo-constitucionalismo fundamentado en derechos, valores y principios no ha sido lo suficientemente digerido por el juez de primera instancia y de las cortes de apelación.
Aunque, naturalmente, podría decirse que al final de la jornada una mala interpretación jurídica, de la ponderación y de la argumentación por parte de los jueces de primera instancia va a sucumbir en el camino porque los casos tienen como destino que lleguen al Tribunal Constitucional, pero en realidad ante lo largo de la mora podría decirse entonces que en los casos habría denegación de justicia.
Entonces, la pregunta que se impone es si con los bajos niveles de institucionalidad será posible que en el país prevalezca con buenos resultados el neo-constitucionalismo a partir de que hasta las decisiones que se inscriben en esta corriente no tienen la garantía de que se apliquen en los tribunales inferiores, muchas de las cuales además sientan jurisprudencias y constituyen precedentes vinculantes.
En realizad, ante un sistema de justicia obsoleto, con jueces con una visión atrasada del derecho, no es fácil que la corriente del constitucionalismo contemporáneo haga efecto en el país, por lo menos en los próximos años.
En consecuencia, se impone que el Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia recurran a su inspectoría para que someta a un control a los jueces ordinarios o de los tribunales inferiores para que se compruebe sin fallan en función de la nueva corriente del derecho que tiene que ver con el neo-constitucionalismo, el cual está fundamentado en valores, principios y derechos fundamentales.
Además, seria de una gran importancia que se pueda crear una mesa técnica que le dé seguimiento a este tema, la cual debe estar integrada por abogados constitucionalistas, las universidades nacionales a través de sus escuelas de derecho, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, a fin de que haya una vigilancia permanente de los actores del sistema de justicia y así evaluar si se comportan en función del catálogo de derechos humanos consignados en las figuras de la interpretación, la ponderación y la argumentación.
La candidatura del actual alcalde por la ciudad de Nueva York tuvo raíces muy profundas en la comunidad dominicana de la gran urbe.
Fueron muchos los que la promovieron, no por buscar cambios importantes en la ciudad de Nueva York, sino porque sumieron un compromiso más con sus propios intereses personales, no con las mejores causas de la comunidad.
Incluso esta es la razón de que haya muchas personas en el gabinete del alcalde ahora en problemas, que sólo perseguían asuntos muy individuales.
De cualquier modo, lo ocurrido con Eric Adams toca de forma muy especial al país, ya que una de las causas que generaron su triunfo como el más importante funcionario de la ciudad donde hay la más grande concentración de dominicanos en el exterior, fue el voto de éstos.
De manera, que su desgracia de alguna manera toca muy profundamente a los dominicanos, pero que éste también tiene un mensaje alentador, que va en contra de los que se enrolan a la política con mañas y malsanos propósitos, aunque ojalá no sea su caso.
Pero no son pocos los que saben que los políticos usan esta actividad para acumular grandes fortunas sobre la base de una sociedad o vinculación con el bajo mundo y un buen ejemplo al respecto es la República Dominicana.
Lo que ocurre en Nueva York debe servir como un buen precedente en contra la cultura de hacer política para llenarse los bolsillos sobre la base de la venta de una percepción falsa.
Naturalmente, no se puede pedir un castigo hasta tanto no estén atados todos los cabos en lo que respecta con los cargos contra el alcalde Adams.
El punto de referencia y soporte de la investigación tiene que ser necesariamente la presunción de inocencia.
Debe decirse que esa ha sido la forma en que se maneja el sistema de justicia de los Estados Unidos, donde primero se buscan las pruebas y después viene cualquier imputación.
El drama de muchas víctimas de violación de sus derechos humanos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza en la sociedad dominicana.
Aunque no han sido tantos los casos llevados al tribunal Superior Administrativo en contra del Ministerio Público y de su auxiliar la Policía Nacional, todo parece indicar que la paciencia se ha agotado en lo que respecta a estos órganos.
Es impresionante la cantidad de denuncias y querellas que se presentan en los centros de recepción de las mismas que son echadas en el zafacón del olvido por una diversidad de razones que van desde la negligencia de los fiscales, la ineptitud y la complicidad.
En realidad, el Ministerio Público ya ha hecho crisis y más que perseguir el crimen y el delito lo que hace es estimularlos.
Hay en la República Dominicana una verdadera amenaza en contra del estado de derecho, porque no hay sanción para que el comete cualquier violación a le ley penal del país.
Por lo que se ve, parece que no queda otra instancia para que este problema se combata que no sea a través del derecho internacional, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Ministerio Público en estos momentos es un instrumento para promover la vía de hecho, que la gente haga justicia con sus propias manos.
Se trata de un órgano que ha pasado a ser un verdadero fiasco, que opera más sobre la base de la percepción que de la eficiencia que demanda una sociedad saturada de violaciones a la ley.
Puede afirmarse, sin temor a ninguna equivocación, que el Ministerio Público ha perdido totalmente su credibilidad, lo cual deja muy mal parada a su incumbente, la magistrada Miriam Germán Brito.
Se impone una minuciosa investigación al respecto y que de esa manera haya un profundo y serio saneamiento de un órgano tan importante para contrarrestar el delito y el crimen en el seno de la sociedad dominicana.
El presidente Luis Abinader si por una cosa se caracteriza es por cometer errores infantiles, propios de los que no tienen ningún tipo de miramientos.
Primero lo vimos con la situación haitiana, porque en vez de procurar atacar las falencias de que adolece el Estado dominicano, se dedicó a ir a conclaves internacionales a solicitar una intervención armada en el pueblo vecino.
Puede afirmarse que el odio acumulado entre ambos pueblos durante la gestión de Abinader se ha profundizado y radicalizado.
Todo como resultado de las torpezas que caracteriza al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader, lo cual también tiene un impacto importante en la economía, ya que se trata del segundo socio comercial del país.
Pero ahora resulta que el escogido es Venezuela, porque Abinader ha convertido el país en una caja de resonancia de los Estados Unidos de América, lo cual constituye un craso error.
El hecho de que Nicolás Maduro tenga criterios pocos democráticos en la vida política de Venezuela no le da autoridad a Luis Abinader a crear una situación de ingratitud con un pueblo que las relaciones con él deben ser muy cuidadosas.
En este nuevo capítulo del presidente Abinader hay que volver a retomar la expresión que dice que no se le puede pedir peras al olmo.
Por mucho que se le pida al Gobierno la carencia de razonabilidad es tanta que no hay nada ni nadie que pueda hacerla cambiar.
Ello quiere decir que todavía faltan muchas metidas de patas que involucra al pueblo dominicano aun en contra de aquellos con los que debe haber un agradecimiento muy especial y eterno.
Qué importan las cosas que los hechos tal vez hablan mejor que las palabras, porque también debe decirse que no se sabe de qué se enorgullece el presidente Abinader cuando el país tiene una economía endeudada, con altos déficits fiscales y con una alta carestía de los artículos de la canasta básica.
De manera, que estamos ante una verdadera falsa para establecer una polémica que tiene repercusiones internacionales.
Craso error.