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La JCE invertirá 2,081,674,980 pesos en la nueva cédula con chip
Santo domingo, R.D.-Desde inicios de este año la Junta Central Electoral (JCE) ha estado inmersa en un proceso de licitación internacional para contratar la empresa que expedirá más de ocho millones cédulas de identidad y electoral, un documento de policarbonato donde se promete incorporar un chip electrónico e importantes medidas de seguridad, a un costo de 2,081,674,980 pesos, a ejecutarse entre 2024 y 2025.
Aunque se han barajado dos fechas de inicio de la renovación, 17 de agosto y 26 de octubre, lo cierto es que el organismo electoral indicó que se informará oportunamente sobre cuándo arranca el proceso.
Por lo pronto, para este 25 de junio se convocó a la recepción de las propuestas técnicas y económicas de los oferentes, acto público que contará con un notario y se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana en el salón de sesiones del Comité de Compras y Contrataciones de la JCE. El 6 de agosto, a las 10:00 de la mañana será la apertura de la propuesta económica. Mientras la adjudicación del contrato se llevará a cabo el 13 de agosto.
La renovación contempla 7.2 millones de cédulas de identidad y electoral y 800 mil unidades de cédulas de identidad para extranjeros, menores de 18 años y policías que no votan. Además, la empresa deberá tramitar anualmente, a partir del segundo año de operación y por nueve años adicionales, 900 mil cédulas de identidad y electoral y otras 100 mil solo de identidad.
Los oferentes deberán garantizar el suministro oportuno de los equipos, materiales y servicios necesarios para el cumplimiento de la sustitución de la cédula de los dominicanos. Tanto la cédula de identidad y electoral, como la de identidad serán idénticas, salvo el color del fondo del policarbonato para poder diferenciarlas. Debe ofertarse un color diferente para cada una.
De acuerdo al pliego de condiciones de la JCE, el objetivo es actualizar la información personal y biométrica del ciudadano en el sistema de cedulación y garantizar la autenticidad y seguridad del documento de identidad para prevenir fraudes y falsificaciones.
El material seleccionado para la nueva cédula es el policarbonato, utilizado en países como los Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, México, Ecuador y Uruguay. Facilita la incorporación de características de seguridad que impedirían sean reproducidas en otros materiales, como ventanas con efectos grabados y gofrado.
La nueva cédula será una tarjeta de polímero termoplástico (policarbonato) de gran resistencia, formada por varias capas (mínimo 5) fusionadas mediante laminación en caliente resistente a la división con tintas de formulación específicas para el sistema de impresión offset.
Las tintas de seguridad contarán con pigmento sólido ópticamente variables, elemento holográfico de borde a borde. Todas las tintas deberán cumplir la normativa de durabilidad (ISO 18745) y deberán tener una solidez a la luz de 4 en la escala de las lanas azules.
Los impresos deberán hacerse en al menos dos colores de tinta visible, también tendrán que presentar fluorescencia en el anverso al menos ante la exposición de una fuente de luz ultravioleta y embozados superficiales en relieve mediante laminación a registro.
Deberá contar con estructura lenticular para poder personalizar un CLI o MLI, ventana transparente a definir su forma y posición en la tarjeta para imprimir medidas de seguridad que contenga la solución como es la fotografía y la fecha de caducidad de la cédula. También, el chip ha de ser sin contacto, con funcionalidad de documento de viaje electrónico. La Junta suscribió un acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia especializada de Naciones Unidas, que entre otras funciones se encarga de la normalización de las especificaciones técnicas de cédulas y pasaportes en todo el mundo. Todos los datos de la cédula se guardarán a color y se imprimirán en equipos robotizados en un único centro a funcionar en el país.
Santo Domingo, R.D.-La figura de la candidatura independiente se posiciona en el centro de atención de las organizaciones políticas y otros sectores sociales a partir de la sentencia emitida recientemente por el Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
De manera específica, el pleno del TC hizo, además, un análisis de las reformas desarrolladas a este marco legal en los últimos 98 años, con la cual determinó que en “el único momento que, conceptualmente” las candidaturas independientes estuvieron alejadas de los partidos políticos fue hasta el año 1962. Desde este período, hasta este 2024, esta legislación ha resultado “extremadamente difícil y contraria” a la esencia misma de las candidaturas independientes.
Sin embargo, desde la publicación del dictamen el pasado 13 de diciembre, sobre este método de postulación a los puestos de los tres niveles de elección, parte de los representantes políticos aseguran que el sistema de partidos podría ser afectado con esta decisión en el futuro.
El veredicto del pleno de la Alta Corte ante la instancia depositada por Alberto Fiallo Billini fue declarar no conforme con la Constitución lo establecido en los artículos 167 y 157, situados en el capítulo titulado “De las candidaturas independientes”.
Este documento, que fue enviado a la Cámara de Diputados y al Senado, declaró la interpretación del pleno sobre la forma en la cual debe ser redactado en el texto de esos artículos.
Modificación legislativa
Estos artículos en la ley del Régimen Electoral vigente consideran como hábiles las candidaturas independientes que “surjan” a través de agrupaciones políticas. Asimismo, contiene en los requisitos la necesidad de conformar una organización de “cuadros directivos”, para que pueda ser sustentada la propuesta electoral independiente.
Pero, ¿Cuál es el origen de esta figura en la ley?
De acuerdo con la evaluación del pleno de la Alta Corte, la figura de las candidaturas independientes fue introducida en la legislación dominicana mediante el artículo 77 de la Ley 386,de 1926, en el que se establecía la existencia de dos tipos de candidatos: Los de partidos e independientes, los cuales podían presentarse para todas las posiciones electivas habilitadas. En esa ocasión, los requisitos para su postulación eran presentar una instancia motivada al órgano electoral que correspondiera, según la posición perseguida. Mientras que para la postulación de cargos de alcance nacional, el ciudadano debía ser respaldado por al menos 2,000 sufragantes.
Legislaciones.
En 1962 el Poder Legislativo efectuó una reforma, introduciendo la ley 5884, en la que se apertura un apartado especial para consignar este mecanismo. Con esta reforma a la ley electoral fue cambiado de manera “sustancial” este apartado, ya que “las candidaturas independientes debían ser propuestas por agrupaciones políticas accidentales” y conformar una estructura de cuadros directivos con el mismo esquema de los partidos políticos. Luego, en 1997, adiciona un mandato para que quienes opten por utilizar este derecho político fundamental presenten una agrupación política avalada por un porcentaje mínimo de inscritos en el registro electoral. Por último, fueron promulgadas las leyes 15-19 y 20-23, que mantienen una redacción idéntica en estos artículos.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicitó este martes a la Junta Central Electoral (JCE) convocar a los partidos políticos reconocidos para discutir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que autoriza a los dominicanos con aspiraciones a inscribir sus candidaturas sin necesitar el sustento de las organizaciones políticas.
Durante una entrevista en el programa matutino «El Sol de la Mañana», el también ministro de la Presidencia, considera que le corresponde al órgano electoral discutir con los partidos los métodos y fórmulas que deben implementarse en respuesta al dictamen del TC.
Paliza consideró que las entidades políticas deben reunirse en enero de 2025 para revisar y dialogar «detenidamente» el contenido de la medida ordenada por la Alta Corte.
Además de dirigentes políticos como Leonel Fernández, Sigmund Freud, Edy Olivares también ha fijado posición la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), entidad que mediante un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, expresa su “preocupación”.
El jurista aseguró que la sentencia podría desvirtuar los esfuerzos realizados para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos.
Por Jhonny Trinidad
SANTO DOMINGO.- La Corporación Latinobarómetro con sede en Santiago de Chile ubicó a la República Dominicana entre los países mejores posicionados de Latinoamérica.
Sobresalió como una de las naciones con mayor bienestar en su población.
84 % de 19,214 dominicanos entrevistos entre el 23 de agosto y el 9 de septiembre manifestó satisfacción con su estilo de vida, lo que coloca a su país entre las naciones más optimistas de la región, junto a México y Brasil, que registran entre 82 % y 84 %, respectivamente.
Solo Costa Rica, Uruguay, Guatemala y El Salvador superan esos niveles, alcanzando entre 89 % y 85 %.
Argentina obtuvo un 79 %, Chile, Perú, Honduras, Venezuela y Ecuador, consiguieron índices de entre 71 % y 77 %. Bolivia ocupa el último lugar con solo un 55 % de satisfacción.
72 % de la población de El Salvador percibe que su país está avanzando, al igual que el 50 % de los dominicanos, mexicanos, uruguayos y panameños.
Las cifras más bajas en esta categoría son atribuidas a Bolivia (5 %), Perú (11 %), Honduras (12 %) y Ecuador (13 %).
Según el informe, el 71 % de los dominicanos considera que su familia ha mejorado en los últimos 10 años, ubicando a República Dominicana entre los líderes regionales en este indicador, junto a Costa Rica (73 %).
El 68 % de los dominicanos también aprueba el desempeño de su gobierno, igual que el 87 % de los slavadoreños, 80 % de los panameños y el 75 % de los mexicanos.
Los presidentes más populares, según el estudio, son los de El Salvador (74 %), México (67%), Panamá (62%) y República Dominicana (60%).