Nacionales
Otra vez en el Congreso versión “Ley de Trata”
El Poder Ejecutivo volvió a someter al Congreso Nacional luego de más de un año de espera, vía Cámara de Diputados, la nueva versión del proyecto que modifica la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (Ley 137-03), más conocida como “Ley de Trata”.
La legislación fue sometida el pasado 19 de junio, 16 meses después de que fuera retirada por el presidente Luis Abinader del Senado de la República, que fue donde el mandatario la depositó el 12 de diciembre del 2022. El 12 de febrero de 2023 el jefe de Estado prometió que “en un plazo no mayor a los 45 días”-vencidos el 29 marzo de ese año- volvería a introducir la controversial iniciativa.
Su decisión fue en el marco de que el pliego de ley desató un mar de críticas y rechazo nacional, porque, según los sectores que se pronunciaron, ponía en “grave peligro” la autodeterminación y soberanía del país, al impedir la deportación de personas en estatus migratorio irregular en el territorio dominicano y otorgarles beneficios.
Al ofrecer la información en ese momento, el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, sostuvo que el mandatario le instruyó a retirar del Congreso Nacional el proyecto relativo a Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes “para lograr el consenso público necesario”.
El funcionario adelantó que la acción se hacía en respuesta a la inquietud ciudadana producida por la normativa. Reiteró, asimismo, que este gobierno no aceptará ningún acuerdo o norma que convierta a la República Dominicana en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití.
El proyecto de ley responde a un compromiso del país como signatario de varias convenciones internacionales.
De los cambios entre la pieza actual y la sometida el 12 de diciembre de 2022, destaca el título; la versión de ahora se llama: “Proyecto de ley que modifica la Ley No.137-03, del 7 de agosto de 2003, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas”. Antes de ser mejorada estaba titulada: “Proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes”.
La versión controversial fue depositada junto a otras tres iniciativas por Antoliano Peralta, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo; Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores; y Mayra Jiménez, ministra de la Mujer. Los funcionarios precisaron que los cuatro proyectos de ley eran parte del proceso de reformas institucionales que impulsa el Gobierno.
Se recuerda que días antes de quel jefe de Estado retirara el documento legislativo, el entonces presidente del Senado, Eduardo Estrella, explicó que la normativa respondía a modelos internacionales “exitosos en otros países”, pero por la situación migratoria particular que tiene la República Dominicana, se harían “las modificaciones necesarias” para corregir cualquier artículo que no responda al interés nacional.
Se anunció que el Ejecutivo habría dividido el proyecto de ley
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó el 28 de julio de 2023 que el proyecto de ley fue retirado del Congreso con la intención de escuchar las legítimas preocupaciones y acoger las sugerencias pertinentes, a fin de dotar al país de una ley más efectiva en esa materia.
Destacó que el presidente de la República dividió dicho texto en dos: uno referido al tráfico ilícito de migrantes, y el otro orientado a la trata de personas. “Actualmente ambos están en manos del Poder Ejecutivo en proceso de ser consensuados con diversos sectores de la vida nacional”, señaló.
Contribución obligatoria
Uno de los aspectos más controversiales del proyecto de ley de trata depositado en el 2022 era su artículo 34, en el que se establecía que toda persona o entidad tenía que pagar una contribución especial “obligatoria” con base en sus ingresos para la prevención y persecución de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
La contribución es obligatoria para toda persona jurídica e institución pública o privada domiciliada en el país, amparada en cualquier régimen fiscal, independientemente de que perciban o no beneficios, según resalta el párrafo dos.
También para la atención, protección integral y repatriación de las víctimas y sobrevivientes de trata de personas; y la atención, asistencia y protección a las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de migrantes conforme a los presupuestos establecidos en la presente legislación.
Los montos de contribución obligatoria serían desde RD$150.00 hasta 78 mil pesos, de acuerdo con los ingresos de la persona jurídica o entidad; serían indexados cada año, conforme a los niveles de inflación del país.
Rechazo
Generó en el país el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Nacionales
PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.