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Trastorno psicótico agudo y esquizofrénico con delirio padece mujer que mató su hija de seis años, según psiquiatra.
Santo Domingo,- Pareciera que la médico militar Ana García, quien decapitó a su hija de seis anos, sufre un trastorno psicótico a tal punto que padece que llega a lo esquizofrénico, según el secretario general de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría.
El médico psiquiatra Víctor Figueroa dijo que, si se confirma esa versión, es probable que la filicidio no se estuviera medicando, a lo que se agrega un componente religioso importante.
Figueroa agregó que otra hipótesis que se puede plantear es que la señora Ana García también padece de algún delirio religioso que ante un mandato, es decir una alucinación auditiva, cometió el hecho que ha consternado a la sociedad dominicana.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el profesional de la salud mental dijo que ese es un caso, que por suerte, no es lo más común, y por eso acapara tanto la principalía en los medios de comunicación y, en tal sentido, llamó a no incurrir en el amarillismo a la hora de difundir hechos de esa naturaleza.
El facultativo dijo que caso como ese han sucedido en otras partes del mundo, como en Estados Unidos donde en el 2001 Andrea yate de Texas tuvo un delirio, parecido al de la doctora Ana García, ahogó a sus cinco hijos en una bañera, y otra señora en el 2004 degolló a su hijo de diez años y cuando revisaron su historial padecía de un trastorno bipolar, y había salido recientemente de un episodio psicótico que es una desconexión de la realidad, que anteriormente se le llamaba locura.
“Y cuando vemos los videos de esta doctora, estamos viendo una conducta muy desorganizada, que se ve hasta apática ante el hecho sucedido y, evidentemente, hasta que se demuestre lo contrario, yo considero que es un trastorno esquizofrénico, o un trastorno psicótico agudo evidente, pero son los psiquiatras forenses bajo las directrices de la Procuraduría General de la República que tienen a su cargo ese trabajo, los que nos darán luces verdaderamente de qué está presentando esta señora en materia de salud mental”, explicó el galeno.
Agregó que, “pudiera ser que esta persona estaba teniendo un trastorno delirante, y los pacientes que tienen esta característica, que son falsas ideas de lo que está ocurriendo en el entorno, puede aparentar como una persona funcional”.
“Fíjese que el delirio de esta persona aparentemente iba más por el tema religioso, fuera de allí pareciera que estaba más funcional, claro, habría que entrevistar a familiares y colegas militares cercanos para determinar si vieron o notaron algún cambio que llamara la atención, y que conllevara una atención a tiempo para esa señora”, sostuvo el doctor Figueroa.
Indicó que, también, pudo haber pasado un estresor agudo muy fuerte que provocara ese quiebre total con la realidad y la llevara a cometer el hecho.
“No solamente es que se geste en el tiempo, también necesitamos en algunas ocasiones algo que impacte, que nos termine de desconectar totalmente de la realidad, que cuando ella vuelve dice, y qué ocurrió aquí. Vuelvo y repito son inferencias, ya la experticia psiquiátrico-forense nos pudiera explicar mucho mejor lo que ocurrió en ese cerebro”, insistió.
Sugirió que esa persona, independientemente de que esté en prisión, ya debe tener la ayuda de profesionales de la salud mental, porque si se demostró que es una paciente, hay que seguirla medicando, y si no está medicada hay que evaluarla para medicarla.
“Independientemente de que siga todo su proceso legal, que al final los jueces dictarán si en verdad es una persona que tiene una discapacidad mental ,o no la tiene”, aclaró.
Secretario general Sociedad Dominicana Psiquiatría dice quien se suicida no quiere morir sino dejar de sufrir.
El doctor Víctor Figueroa quien es secretario general de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría dijo que el caso de la señora Génesis Lugo, quien se lanzó con su niña del cuarto piso de un edificio en Santo Domingo Norte, hecho en el cual las dos perdieron la vida, padecía de una depresión mayor.
Figueroa precisó que muchas personas que se suicidan no quieren morir sino finalizar el sufrimiento, a la vez que aclaró que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se suicida una persona cada 40 segundo.
“En el caso de la joven Génesis que se lanza tristemente con su hija al vacío, pareciera que allí había un trastorno depresivo mayor, por todo el comportamiento que se describe previo, más el hecho final, es lo que pareciera ser”, insistió el profesional de la salud mental.
“Y el suicidio es la conclusión, lamentable, de una situación mental en el cual, la persona, muchas veces, no quiere morir, sino dejar de sufrir, quizás ante la culpa de esta niña haber sido abusada, pudiera haber sido un factor predisponente a este lamentable suceso”, aclaró el facultativo.
El doctor Figueroa insistió que lo que está haciendo son inferencias porque se necesita una evaluación y un expertiz de un médico, y psicólogos que evalúen la paciente y den un diagnóstico definitivo.
Con respecto al caso de Lourdes Penélope Pérez la madre que le cortó el cuero cabelludo a su hija de 7 años, el psiquiatra explicó que ahí parece haber un tema relacionado con el control de los impulsos, y es un caso más sociocultural, relacionado con el castigo que aplican los padres a los hijos para “corregirlos”, porque la señora dijo que “se le fue las manos”.
No obstante, dijo que se requiere hacerle una evaluación a la señora Lourdes en lo atinente al control de los impulsos o si hay algún trastorno o rasgos de personalidad que la hagan vulnerable a cometer este tipo de hecho.
Dice el país necesita 800 psiquiatras y en la Sociedad de Psiquiatría solo cuenta con 286 médicos de esa especialidad.
La República Dominicana tiene un déficit de alrededor de 500 profesionales de la salud mental, ya que para una población que super los diez millones de habitantes requiere entre 700 a 800 psiquiatras, y la sociedad que los agrupas solo cuenta con 286 miembros, dijo el doctor Víctor Figueroa.
“En la actualidad somo 286 psiquiatras en la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, y ya desde administraciones pasadas ha habido cambio en cómo se aborda la salud mental en el país, pero todavía hay un trecho largo por recorrer, fíjese que somos aproximadamente diez millones de personas, y estamos hablando que ante una población así necesitaríamos entre 700 a 800 médicos de esa especialidad”, detalló el galeno.
Aclaró que no es solamente tener es el número que se necesita, sino saber cómo se van a distribuir esos profesionales, porque muchos médicos de cualquier especialidad tienen resistencia a ir a pueblos lejanos o fronterizos, no solo por un tema económico, pues también se requiere saber qué le ofrece esas comunidad en su crecimiento como familia.
“Es una realidad que no solo la vive la República Dominicana, sino también muchos países del continente, en el país contamos con 17 unidades de intervención en crisis, en las cuales cuando se detecta un paciente con trastorno mental agudo se hospitaliza, se estabiliza y se da de alta, pero a esas redes todavía les falta las viviendas tuteladas y ampliar aún más hasta que se llegue a las comunidades ese recibimiento y compasión de cómo trabajar con el paciente de salud mental desde dicha comunidad”, puntualizó.
El doctor Figueroa Justificó el cierre del hospital conocido como el 28 o manicomio, para expandir la psiquiatría y la salud mental a los hospitales y que la gente no tenga el estigma que se tenía antes.
“hay personas que están en desacuerdo en que se haya cerrado el 28, pero definitivamente es un gran avance ya que quitamos un almacén de pacientes con trastornos mentales, porque se planteaba que primero había que ampliar la red y luego cerrarlo, pero el hecho es que tenerlo no daba ningún tipo de garantía”, explicó.
Definió al 28 o manicomio como un modelo trujillista de salud mental, que apenas tiene ocho años que cambió, pero falta mayor inversión y seguir trabajando para que el tema de salud mental no sean tendencias cuando haya desgracias como las que ha vivido en país en las últimas semanas, sino que sea algo constante.
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
SANTO DOMINGO.- Fueron reelectos este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tres miembros del Tribunal Superior Electoral, incluyendo a su presidente, y eligió a dos nuevos integrantes de esa alta corte.
En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados, por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.
En cuanto a los cinco jueces que deben ser escogidos como titulares de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de ese organismo, miembro y secretaria del CNM, indicó que, para estos fines, será convocada una nueva reunión en los próximos días.
Los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral son su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad; así como a Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, quienes se mantienen como juez titutlares.
Los nuevos jueces son Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García. Los suplentes son Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.
Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.
Santo Domingo.- La seguridad de las festividades navideñas quedó formalmente activada este miércoles con el despliegue de 27,794 efectivos policiales y militares, tras el lanzamiento del operativo “Garantía de Paz en Navidad 2.0”, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a las tropas a actuar con firmeza, profesionalidad y respeto a los derechos humanos.
El despliegue incluye 22,794 policías y más de 5,000 militares, que reforzarán calles, zonas comerciales, terminales, áreas residenciales y puntos turísticos en todo el territorio nacional. El acto se realizó en la explanada del Palacio de la Policía Nacional con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Abinader, al dirigirse a los agentes, pidió actuar con compromiso y cercanía con la ciudadanía.
“Trabajen en favor de la población dominicana, respetando los derechos humanos y protegiendo la paz. Confiamos en ustedes”, expresó el mandatario al despedir las brigadas.
Raful destacó que este operativo incorpora la promoción más numerosa hasta la fecha y aseguró que el enfoque principal será preventivo, con inteligencia territorial para anticiparse al delito.
“No esperamos a que ocurra el delito para reaccionar. El objetivo es disuadir, vigilar y proteger”, afirmó.
La funcionaria insistió en que la seguridad no recae solo en las autoridades, sino también en la responsabilidad ciudadana.
“Si cada quien no asume su parte, el esfuerzo se queda corto. La paz no se decreta, se construye entre todos”, dijo, llamando al respeto de horarios comerciales, a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y a reducir ruidos en las comunidades.
El director de la Policía, Guzmán Peralta, aseguró que los miembros de las fuerzas del orden reforzarán la vigilancia en espacios públicos y privados durante la temporada.
“Estaremos donde se nos necesite. Que estas sean unas fiestas de paz y unión familiar”, manifestó.
El operativo se mantendrá activo durante toda la temporada navideña con el objetivo de prevenir delitos, accidentes y garantizar la sana convivencia, mientras el Gobierno apuesta por un cierre de año seguro y en orden para las familias dominicanas.