Opinión
Una vieja tarea pendiente
Por Miguel Guerrero
Por años he escuchado con fascinación a los dirigentes políticos pontificar que los problemas nacionales son de tal ancianidad y envergadura que se precisa de una acción conjunta de todas las fuerzas políticas y sociales para encararlos. Pero de ahí a los hechos ha mediado, como se dice, un largo e interminable trecho.
Las rivalidades partidistas se anteponen a ese enorme compromiso nacional, siempre pendiente. Usualmente, los partidos se hacen la ilusión de que el fracaso de una administración les favorece y les allana el camino al poder. En ciertas circunstancias esa percepción es errónea y denota una escasa visión de futuro. Los tropiezos de un gobierno, cuando es legítimo, son de todo el país. Y si la oposición llegara a beneficiarse de ello, le tocaría un fardo de problemas como herencia.
Además de los temas coyunturales, como los que hoy se debaten, la nación tiene ante sí grandes retos, tal vez como pocas veces en el pasado. Y para alcanzar la mayoría de ellos se impone un compromiso nacional. Muchos de nuestros fracasos, lo que en cierta medida explica el atraso del que nos hablaba frecuentemente el profesor Juan Bosch, se derivan de la resistencia de los grupos de oposición a colaborar con la agenda del Gobierno en aquellos temas que son prioridades nacionales y, por el otro lado, de la prepotencia de dirigentes y funcionarios que creen que se bastan por sí solos.
Muchas de las fallas de esos programas, que pagamos después con alto precio, se deben a la falta de respaldo político fuera del ámbito oficial y de la miopía de los gobiernos respecto al valor del rol de la oposición. Sólo un ambiente de respeto mutuo hará que un día Gobierno y oposición se pongan de acuerdo para adelantar aquellos proyectos con los que usualmente están de acuerdo. En una democracia el valor de la oposición es tan importante como el del Gobierno. Mientras no se la entienda de ese modo seguiremos a la deriva.
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha anunciado al país la fusión de una serie de instituciones que representan una duplicidad de funciones en la administración pública.
El nombre utilizado para manejar el asunto resulta hasta atractivo, pero la fusión y eliminación de instituciones públicas vendió la idea de que se busca reducir el gasto público.
Sin embargo, el anuncio del Ministerio de Administración Pública de que no habrá desvinculaciones o para decirlo de forma más clara que se producirán cancelaciones en las nóminas de estos órganos y entes del Estado.
Todo el mundo sabe que en lo que las instituciones del Estado invierten mayores recursos económico en las nóminas, máxime porque ellas son parte del clientelismo y la politiquería.
Es decir, que el Gobierno supuestamente busca reducir los déficits fiscales y bajar el gasto corriente, pero ahora resalta que la carga más pesada para el Estado sencillamente será mudada hacia otro lugar del sector público.
Ello indica que el país sigue montado en el mismo caballo y que las nóminas públicas seguirán siendo el lastre más pesado de la administración estatal.
La decisión del Gobierno deja en el mismo punto el gasto corriente del Estado y en consecuencia la medida parece ser parte de la politiquería.
El presidente Abinader debe sincerizarse y no tomarle el pelo a la gente, porque el país está cansado de ese tipo de rejuego poco serio.
Con el anuncio de que no habrá desvinculaciones de los empleados de las instituciones eliminadas y fusionadas del Gobierno se deja claro que todo se trata de un manejo preocupante de las autoridades nacionales.
El déficit fiscal y el endeudamiento externo no parece que sea la preocupación del Gobierno con la medida tomada, sino que parece que ésta forma parte de lo que siempre ocurre en la administración del PRM, que no es otra cosa que recular después de generar grandes debates nacionales son temas de gran interés nacional.
Así es muy difícil que la democracia pueda recuperar su credibilidad
Por Isaías Ramos
Es alarmante observar al Presidente de la República dirigiéndose a la nación semanalmente, omitiendo nuestros símbolos patrios. Esta actitud puede interpretarse como un intento consciente de crear una identidad nacional más «inclusiva», desasociada de nuestra historia y cultura. Sin embargo, esta postura se vuelve aún más preocupante al actuar en contra de los intereses de la patria y del bienestar nacional.
El gobierno ha adoptado un «lenguaje orweliano», donde las discrepancias entre lo que se dice y lo que se hace son evidentes. La distorsión de la verdad y el ocultamiento de la realidad parecen ser virtudes, creando una desconexión entre promesas y resultados.
No basta con reducir los gastos públicos; es imperativo garantizar la transparencia en la gestión de los recursos. Recortar presupuestos sin explicar el uso de más de 40 mil millones de dólares en préstamos es inaceptable. El pueblo dominicano merece saber a dónde ha ido ese dinero y por qué la deuda sigue creciendo. Cada semana, el país se endeuda sin rendición de cuentas, convirtiendo esta falta de claridad en una burla hacia la ciudadanía.
La reciente reforma de gasto público anunciada para «hacer un Estado más eficiente» genera inquietud. En lugar de mejorar, parece que se busca disminuir el gasto en servicios sociales y privatizar servicios básicos. Aunque se argumenta que las fusiones administrativas optimizarán recursos, numerosos estudios demuestran que estas reestructuraciones suelen generar costos adicionales a corto plazo, como el reentrenamiento del personal.
La unión del sistema educativo, aunque en teoría podría ser ventajosa, puede resultar problemática debido a las diferencias estructurales y culturales entre los niveles educativos. El éxito educativo no depende solo de estructuras, sino de inversiones directas en capacitación docente y en infraestructura escolar adecuada.
Estas medidas revelan una tendencia de la partidocracia a encadenar al pueblo dominicano, transformando su voz en un eco de intereses ajenos. No es la reducción de gastos lo que el pueblo exige; se pide transparencia. La población está dispuesta a pagar impuestos siempre que sus derechos económicos y sociales estén garantizados y se detalle cómo se invierten los recursos.
Un ejemplo ilustrativo es el caso de Argentina, donde, tras el endeudamiento de 35 mil millones de dólares en 1984, se descubrió que 19 mil millones fueron transferidos al exterior. La falta de transparencia y una mala gestión del endeudamiento tuvieron consecuencias severas. Este caso debe servir como advertencia; la rendición de cuentas es fundamental para fortalecer la democracia y mejorar la relación entre el Estado y sus ciudadanos.
En el Frente Cívico y Social creemos que la responsabilidad y el futuro de la nación están en juego. Las iniciativas del Poder Ejecutivo deben ser vistas con cautela ante promesas poco realistas sobre ahorros derivados únicamente de fusiones ministeriales. Es imperativo abogar por políticas públicas fundamentadas en evidencia concreta de sus beneficios antes de aceptar cualquier narrativa simplista sobre «ahorros» mágicos.
Hacemos un llamado a la acción para luchar por la transparencia y el bienestar del pueblo dominicano. Exigimos un gobierno que no solo escuche, sino que también rinda cuentas. Un pueblo unido por una causa justa jamás podrá ser derrotado.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Debido a que el propósito de la Corte Penal Internacional es servir como complemento para las jurisdicciones penales nacionales, generalmente la CPI no será competente y por ende no investigará o enjuiciara si un Estado Parte ya está investigando o procesando el mismo caso.
No todos los Estados están posibilitados para llevar a cabo una investigación, particularmente si están involucrados en conflictos armados que causan el colapso del sistema judicial.
Los redactores del Estatuto de Roma percibieron que algunos Estados podrían llevar a cabo juicios ¨falsos¨, los cuales no satisfaría el interés de una justicia internacional.
El Estatuto de Roma establece algunos procedimientos que permiten que la Corte se informe sobre las investigaciones y procesos en los en los Estados, para asegurar así que la Corte no está duplicando los esfuerzos auténticas de los Estados en el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la Corte, y así permitir que la Corte fiscalice cualquier investigación o juicio que le concierne.
Las condiciones bajo las cuales la Corte Penal Internacional asumirá su competencia están establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Roma, el cual será discutido a fondo por los Estados Partes en los procesos internos de complementariedad llevados a cabo por estos.
En el contexto de los procedimientos relevantes del Estatuto de Roma, una vez que se remita a la Corte una situación que requiera atención de la Corte Penal Internacional, o una vez que el Fiscal de la CPI identifique la aparente comisión de un crimen con competencia de la CPI, el Fiscal de la CPI debe determinar si existe fundamento razonable para iniciar una investigación. El Fiscal deberá solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI la autorización de cualquier investigación iniciada de oficio por el Fiscal.
En ese momento, o una vez que el Fiscal inicie la investigación basada en la referencia de un Estado Parte, se debe notificar a todos los Estados Partes. El Fiscal debe también notificar a cualquier otro Estado que normalmente seria competente sobre los crímenes en cuestión.
Cabe destacar que el Fiscal puede notificar de forma confidencial, y limitar la información provista a los Estados, si es necesario para proteger a ciertas personas, prevenir la destrucción de prueba, o impedir que ciertas personas evadan la justicia.
En el artículo 18 del Estatuto de Roma se señala que los Estados cuentan con un mes después de la recepción de la notificación para informar a la Corte de que esta llevando o ha llevado a cabo una investigación respecto al mismo caso, y para solicitar al Fiscal que renuncie a su competencia a favor del Estado. Este corto plazo asegura que la Corte no padezca de retrasos innecesarios con el cumplimiento de sus funciones.
El artículo 18 del Estatuto de Roma prevé también que ¨el Estado podrá informar a la Corte de sus propias investigaciones Aunque los Estados no están obligados a informar a la Corte de sus propias investigaciones, sería aconsejable que un Estado recomendará a la Corte sobre sus propias investigaciones, para así evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos y asegurar que la CPI se inhiba de su competencia a favor del Estado.
Una vez que un Estado solicite la inhibición de competencia de la Corte de una investigación, el Fiscal esta obligado a suspender la investigación del caso. Sin embargo, el Fiscal podrá solicitar a estos Estados que le informen periódicamente de la marcha de sus investigaciones y de juicio ulterior. Los Estados Partes deben ¨responder a esas peticiones sin dilaciones indebidas¨.
Finalmente, aun si un Estado no solicita al Fiscal la inhibición de su competencia a favor del Estado, el Fiscal puede suspender la investigación de la CPI. El Fiscal podrá solicitar al Estado de que se trate que le comunique sobre las actuaciones. Los Estados pueden solicitar que dicha información sea confidencial.