Opinión
El cerebro homosexual, diferente a hombre
(Quinta parte)
Por Oscar López Reyes
Desde las épocas más primitivas, la atracción romántica y relaciones entre personas de igual sexo ha estado zarandeada por la interpretación: ¿nacida o adquirida?, en una suplida de mitos, fábulas y cuentos legendarios y morbosos, por ventanales de perogrulladas. Tardíamente, las exploraciones clínicas contemporáneas están diagnosticando que el cerebro de los homosexuales se marca distinto al de los varones o heterosexuales, por lo que su estructura y funcionalidad predisponen hacia esa preferencia carnal.
Creencias y leyendas de alto rango, asentadas en manifestaciones conductuales de los gais, son desmitificadas por la neurociencia, que autentifica que estos suelen tener el hemisferio derecho más grande que el izquierdo, que existen diferenciaciones en la magnitud de la sustancia gris en el hipotálamo y la amígdala, y que procesan los olores indistintamente.
Los exámenes sobre esa identidad son variados y muchos coincidentes respecto a las células nerviosas que se alojan en el cráneo. El investigador y profesor titular de Psicología de la Sexualidad de la Universidad del País Vasco, Javier Gómez Zapiain, postula que “cuando los chicos y las chicas llegan a la adolescencia, probablemente su orientación sexual está determinada” y que “la falta de aceptación del rol sexual y la orientación homosexual pudieran ser explicadas sobre la base del tipo de diferenciación cerebral o a los diferentes niveles hormonales que circulación en el organismo” (1).
Rastreos de Tomografía por Emisión de Positrones (PET) han estipulado, asimismo, que el encéfalo de las lesbianas tiene similitud con el de los machos o heterosexuales, estructuras cerebrales que conducen a la orientación sexual. O sea, aclaran que el cerebro de los homosexuales está feminizado y el de las lesbianas masculinizado.
Los datos expuestos previamente matizan que el órgano anatómico de la homosexualidad encuadra en la epigenética (“epi” encima y genética hereditaria) y que, según neuropsicólogos, neurofisiólogos y neurobiológos, “todos nuestros genes se activan y desactivan en el cerebro humano a medida que se desarrolla” “sin alterar la secuencia del ADN”. En otras palabras, la homosexualidad no depende de un único «gen gay», sino también de otros constituyentes biológicos, neurológicos y ambientales, como la crianza o separación paterno/materno, eventos traumáticos y preferencias de juegos infantiles.
La predilección hacia personas de su propio género, neurocientíficos no la consideran una elección voluntaria, sino un empuje, conectado “con una combinación compleja de polimorfismos genéticos”, como el “entorno familiar y social, personalidad, educación y experiencias propias”, conforme a un estudio de Asociación de Genoma Completo (GWAS por sus siglas en inglés) en 493,001 participantes de los Estados Unidos, Reino Unido y Suecia. Fue publicado, en agosto de 2019, por el equipo investigador liderado por Ganna en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (2).
Iguales hallazgos encontraron científicos del Instituto Karolinska de Estocolmo, en una investigación dirigida por los neurobiólogos suecos Ivanka Savic y Per Lindström, quienes observaron la estructura y el funcionamiento cerebral de 90 voluntarios de diversa condición sexual, según una publicación de la revista PNAS, órgano de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Ese equipo demostró, en 2006, la diferente manera que tienen homosexuales y heterosexuales de percibir los olores, así como el empleo desigual de los hemisferios cerebrales entre sexos y sus nexos entre la configuración cerebral y la orientación sexual.
A las 90 personas, Savic y Per Linström realizaron resonancias magnéticas cerebrales, divididas en cuatro grupos de edades similares de acuerdo a su sexo. Ellas mostraron que el hemisferio derecho del cerebro en los hombres heterosexuales era típicamente un 2 % más grande que el izquierdo, y que las lesbianas tenían el hemisferio derecho del cerebro un 1 % más grande que el izquierdo (3).
Asimismo, en 1991 otro neurofisiólogo abiertamente gay, Simon LeVay (nacido en Inglaterra y radicado en Estados Unidos), difundió en la revista “Science” un estudio que concluyó que las estructuras encefálicas de homosexuales y heterosexuales no son iguales, porque una pequeña zona del cerebro, el Núcleo Intersticial del Hipotálamo 3 (INAH 3, por sus siglas en inglés), era considerablemente menor en mujeres y gais (4).
Otro profesor, esta vez de fisiología humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor en Neurociencia y especialista en Neuroeducación Francisco Mora Teruel, sostiene que «los patrones culturales son capaces de modificar física y químicamente el cerebro», por lo que las observaciones de Savic y Lindström pueden explicarse a partir del ambiente y no serían innatas sino adquiridas, lo que refuerza la teoría multifactorial, como el entorno, la genética y las hormonas» (5).
Guiándose de la anatomía del cerebro, que indica que la masculinidad o feminidad (ser hombre o mujer) empieza a forjarse entre el primer y el tercer año de existencia, la comunidad LGBTQ+ intensifica sus esfuerzos por el reconocimiento de la identidad sexual o la inclusión de género de niños y adolescentes, como mecanismo de apoyo, según sus señalamientos, para fundamentar el sentido de la vida y la aceptación familiar, a fin de evitar que caigan en la ansiedad y la depresión.
Los mensajes sobre la construcción social de la sexualidad o sexuación a través de dibujos o muñequitos, elaborados por psicólogos especialistas en intervenciones en crisis y traumas, en Identidad Sexual y Terapia Afirmativa LGBTQI+, son transmitidos por la televisión, el cine, el canal Cartoon Network y las plataformas como YouTube, Netflix y Disney+. Estos contenidos buscan seducir a niños y jóvenes, bajo la argumentación de que el matrimonio de parejas homosexuales es normal y necesario para convivir en sociedad y ser felices.
En esos relatos y descripciones afeminados y masculinizados se insiste en que los juguetes, los colores y los muñequitos no definen la orientación sexual de un niño, porque esta no se pega ni se enseña, sino que se descubre en los procesos de estimulación individual.
Son abundantes las caricaturas o muñequitos con personajes LGBT+ homosexuales o lésbicos que se alinean en esta dinámica, como Los Simpson, Víctor y Valentino, Hora de Aventura, la Casa Búho, The Loud House (Nickelodeon), Sha-Ra y las princesas del poder, Arthur (PBS Kiks), Steven Universe, Sailor Moon, Dipo y la Era de las bestias maravillosas, Bob’s Burgers, Gravity Falls, Steven Universe , BoJack Horseman, Big Mouth, Super Drags, My Little Pony: Friendship is Magic, Steven Universe, The Owl House, Legend of Korra y otros.
Como remate, las indagatorias científicas, husmeando hasta la coronilla, y reflexiones facilitan reconocer que el cerebro rosa de los homosexuales los hace distintos biológica, psicológica y socialmente a los heterosexuales. Ya hemos visualizado que ha sido atribuida, en primera instancia, al dimorfismo sexual o diferencia del tamaño corporal, la forma y los colores entre machos y hembras, debajo de los huesos craneales y faciales, así como por el hipotálamo y la “alteración de los receptores andrógenos”.
Todavía sexólogos, psicoanalistas y psicoterapeutas tienen mucha tela por donde cortar en esta encorvadura de convergencia anatómica, genética y hormonal. La neurociencia sigue teniendo un gran reto.
………………………………………….
El autor: Expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), vicepresidente de Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), presidente Asoc. de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep) y columnista de decenas de digitales.
……………………………
Citas bibliográficas:
1.- Psicología de la Sexualidad”, Javier Gómez Zapiain, Alianza Editorial, Madrid, España, 2022, págs. 155 y 156.
2.- “Neuropsicología de la Infancia y la Adolescencia”, Natalia López Moratalla y María Font Arellano, Universidad de Piura, Perú, Eunsa, 2020, pág. 42.
3.- https://www.nationalgeographic.com/science/article/brains-of-gay-people-resemble-those-of-straight-people-of-opposite-sex.
4.- Alberto Montagut, El País, Washington, 30 de agosto de 1991.
5.https://www.colegar.com/colegar/archivo_aporte_id209_1599168691253.pdf.
Bibliografía:
1.- El Cerebro del Adolescente. Descubre cómo funciona para entenderlos y acompañarlos, David Bueno, Penguín Random House Grupo Editorial, Barcelona, España, 2023.
2.- Cómo aprende el cerebro, David A. Sousa, Ediciones Obelisco, Barcelona, España, 2019.
3.- Historia del Cerebro, José Ramón Alonso, Ediciones de María Ávila, España, 2019.
4.- El Cerebro Infantil. Los secretos del Desarrollo Cognitivo, Rita Reig Viader, RBA Coleccionables, Barcelona, España, 2019.
5.- Cómo Aprende el Cerebro. Las claves para la educación, Sarah-Jayne Blakemore y Utra Frith, Editorial Planeta, Barcelona, España, 2007.
Por Oscar López Reyes
Pretendiendo prolongar la creencia de internet del “chivo sin ley” (“fake news” o noticias falsas, desinformación, manipulación, coerción, ciberdelincuencia, etc.), el nuevo Código Penal -estipula condenas hasta de 40 años- ha sido rebautizado como la Ley Mordaza por pseudo-periodistas, “comunicadores” sin títulos universitarios ni otro aval académico o gremial que ejercen el chantaje extorsivo mediático monetario. ¿Acaso asistimos a una revancha en favor de la impunidad de los delitos de palabras (más devastadores que una bala), el aborto, la corrupción y el narcotráfico?
Está en marcha, y crece, la industria de la intimidación, amparados los extorsionadores en el libertinaje digital, la dañina viralidad y la percepción de impunidad por la ausencia de sanción penal. Pululan, especialmente en las redes sociales y la radio, las advertencias de divulgar datos comprometedores o retirar los difundidos si no les efectúan transferencias económicas inmediatas.
Nunca como ahora, malandrines con el antifaz de periodistas presionan y emprenden campañas de descréditos contra figuras públicas, empresarios y políticos con noticias falsas o descontextualizadas, montajes digitales, ediciones tendenciosas, titulares sensacionalistas, perfiles falsos, fotografías e informaciones íntimas y sensibles, rumores espúreos, imágenes o videos manipulados y otros datos personales perjudiciales.
¿Por estos y otros tipos de modus operandi, ha oído usted que condenaron a un director de diario, a un egresado universitario de comunicación social o a otros profesionales del ecosistema informativo?
Sencillamente, “agua pasada no mueve molino”. Más que una persecución contra la libertad de expresión, las campanas repican contra el delito de extorsión mediática, una modalidad delictiva que le está ganando a los abogados extorsionistas.
Categóricamente, ha tomado cuerpo un delito penal grave, que conlleva a penas de cárcel, útil como un mecanismo disuasivo para sujetos con patrones de conductas impulsivas, terroríficas e incontrolables. Ellos están atrapados por trastornos episódicos y sin arrepentimiento, que se vuelven un peligro público, y que ameritan de psicoterapia, como palpablemente se ha visto últimamente. La prisión apuntala como un preferible tono de voz para calmar el dolor de las víctimas y evitar que respondan con el castigo de una paliza o la muerte.
Alégase que el Tribunal Constitucional ha despenalizado delitos de prensa, pero no olvidemos que últimamente esa instancia se ha constituido en una afrenta para la sociedad. Ha estado aplicando el derecho desde la Luna, divorciado de la realidad, y creándole más conflictos al Estado, sancionando sentencias absurdas, que instituciones oficiales no están en capacidad de cumplir, porque de hacerlo dejarían sin presupuesto la salud, la educación, las obras públicas y otros servicios sociales.
Igual de mal andan senadores y diputados, que son marionetas del populismo y que se doblegan en un santiamén, como si asistieran a un convite de comadres. Luego de más de 20 años discutiendo para lograr la aprobación del Código Penal, ahora esos legisladores acceden fácilmente, como si tuvieran en brazos de Morfeo, a dar rienda suelta a la propuesta para modificarlo sin ser sometido a pruebas, porque ni siquiera ha entrado en vigencia.
Valga referir, como aporte adicional a las anotaciones preexistentes, que los más diversos autores doctrinarios internacionales sobre el derecho a la información concuerdan en que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no absoluto, que precisa de límites para proteger derechos de terceros y garantizar el orden social. Basta citar a Alejandro Fuenmayor E. en El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, Francisco Morera Alfaro en Los derechos de los ciudadanos frente a las tareas de la información, Enrique Villalobos Quirós en El derecho a la información y Manuel Fernández Areal en Introducción al derecho de la información.
Y, ¿cuál otro? Sí, podemos leer a Carlos Soria en Derecho a la información y derecho a la honra; A. Hugo Osorio Meléndez en Políticas de información y derecho. Estudio comparativo; Eduardo Nova Monreal en Derecho a la vida privada y libertad de información. Un conflicto de derechos; Ernesto Villanueva e Issa Luna Pla en El derecho de acceso a la información, y Orrin E. Klapp en Información y moral. Estrategias de apertura y cierre ante la nueva información.
En esa óptica, ¿qué dice el nuevo Código Penal?
Acerca de la difamación extorsiva, el artículo 209 expresa que “Quien haga imputación pública a una persona, física o jurídica, de un hecho preciso o concreto que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, por cualquier forma pública, … le cause un perjuicio, y con ello obligue o procure obligar a la víctima a ceder a sus exigencias, será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público”.
En esta circunstancia, más que acudir a la violencia como los iracundos, la alternativa más expedita para los injuriados y acosados está en el sometimiento judicial para que un juez decida, interponiendo las pruebas y colocando otras piezas regidos por los fundamentos del derecho, dictaminen la culpabilidad o inocencia del imputado. Y todavía para las partes queda la opción de apelar la sentencia.
Si el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional modifican el nuevo Código Penal, al unísono tendrán que hacer una revolución, en virtud de que en República Dominicana a través de varias leyes son perseguibles y sancionables con prisión el chantaje, las campañas injuriosas y difamatorias, los rumores falsos, las expresiones ofensivas o despectivas por medios informáticos, telemáticos o audiovisuales (redes sociales, internet, blogs) y prensa escrita.
¿Y cuáles son esas disposiciones legales?
Son la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales; la Ley 53-07 Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 136-03 o Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y otras, que contemplan encierros carcelarios de hasta diez años y multas de hasta dos millones 500 mil pesos o 500 veces el salario mínimo del sector público. ¡Muy bien!
Aunque luzca una irreverencia y un riesgo decirlo, el sometimiento judicial a un periodista por difamación e injuria representa una prueba para demostrar su profesionalidad y apego a las leyes y a los principios y valores éticos en el manejo informativo y el análisis interpretativo. Si así fuere, ¿por qué tanto miedo?
Con frecuencia, ciertas esferas de los diarios exageran y procuran rehuir para no colocarse frente a un crucifijo, por la aversión y el temor traumático, arrastrado por sangrientas experiencias pretéritas. Preservemos el contenido del nuevo Código Penal, y actuemos con la potestad de informar y opinar sin censura ni autocensura, pero ajustados al derecho, y caminando derecho.
……………………………..
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Por Isaías Ramos
República Dominicana no enfrenta solo un debate salarial. Enfrenta una crisis de arraigo, identidad, soberanía laboral y cumplimiento constitucional. Durante las últimas tres décadas se consolidó un modelo de bajos salarios, débil fiscalización y desorden migratorio-laboral. Pero desde la Constitución de 2010, que consagra el Estado Social y Democrático de Derecho, esa falla dejó de ser solo económica: se convirtió en contradicción frontal con el mandato constitucional. Hoy el problema se ha agudizado. La pregunta es necesaria: ¿para quién funciona realmente este modelo económico?
Según el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD, 39.5% de las personas en República Dominicana contempla irse a vivir o trabajar a otro país, frente a 31.7% en América Latina y el Caribe: 395 de cada 1,000 personas, contra 317 de cada 1,000 del promedio regional. La principal razón para emigrar es la falta de oportunidades económicas: 58.4%.
Ese dato debe estremecer. Los dominicanos no contemplan irse porque no amen su patria. Contemplan irse porque trabajan, luchan, pagan transporte, comida, impuestos y deudas, y aun así sienten que no avanzan. La emigración deseada es un voto de desconfianza contra un modelo que produce crecimiento, pero no suficiente esperanza.
La Constitución no manda una República para administrar resignación. Define al país como Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo y la soberanía popular. También reconoce que todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad, y declara de alto interés la nacionalización del trabajo.
Por eso, el salario justo no es una consigna. Es mandato constitucional.
La evidencia salarial es contundente. En el primer trimestre de 2026, la ONE reportó que el salario mensual promedio por empleado formal fue RD$34,621. Incluso los sectores mejor remunerados —minas y canteras, organismos extraterritoriales y electricidad— promediaron RD$79,724, RD$70,541 y RD$67,246. Si ese es el techo salarial formal, el país debe preocuparse: muchos ingresos permiten consumir, pero no necesariamente progresar, ahorrar, comprar vivienda o construir patrimonio.
La canasta básica familiar nacional llegó en mayo de 2026 a RD$49,268.36; la del primer quintil fue RD$29,489.84 y la del segundo RD$38,441.67. Frente a eso, demasiados salarios formales siguen siendo salarios de supervivencia. Ahí está el corazón del problema: están convirtiendo la pobreza salarial en ventaja competitiva.
El primer deber de los gobiernos debe ser garantizar salarios justos y dignos. El segundo, aplicar la indexación del mínimo exento del impuesto al salario. La DGII reconoce para 2026 una exención contributiva hasta RD$416,220 anuales y, al mismo tiempo, que por la Ley de Presupuesto queda sin efecto el ajuste previsto en el artículo 327 del Código Tributario. En palabras simples: los gobiernos siguen cobrándole inflación al trabajador formal.
La excusa fiscal tampoco basta. Hacienda estima el gasto tributario de 2026 en RD$393,541.54 millones, equivalente a 4.54% del PIB. Entonces la pregunta no es si hay recursos; la pregunta es a quién deciden proteger primero los gobiernos.
Tercer deber: no hay exenciones sin salario digno. Todo régimen con privilegios fiscales debe demostrar retorno social: salario digno, formalidad, transparencia, capacitación y movilidad salarial.
Cuarto deber: hacer cumplir el 80/20 laboral. El Código de Trabajo establece que al menos 80% de los trabajadores de una empresa debe ser dominicano, y que al menos 80% de la nómina debe corresponder a trabajadores dominicanos, con las excepciones previstas por la ley.
La alerta está en los medios. Almomento, citando la Encuesta Sectorial Construcción 2025 del Instituto Nacional de Migración, afirma que la mano de obra haitiana representa 68.3% de los trabajadores de la construcción, frente a 31.1% de locales; en empresas formales, la proporción sería 69.1% haitiana y 30.2% dominicana. Ese dato exige auditoría nacional. Si se confirma, sería una inversión práctica del mandato de nacionalización del trabajo, con consecuencias salariales, demográficas, culturales e identitarias.
Hay que decirlo sin odio ni confusión: el problema no es el inmigrante pobre que busca trabajo. El problema son los gobiernos que han permitido el desorden. No son los extranjeros los culpables de desplazar al trabajador dominicano; los responsables son las autoridades llamadas a cumplir y hacer cumplir la Constitución, el Código de Trabajo, la ley tributaria y el orden migratorio-laboral.
Donde debía haber control, hubo tolerancia. Donde debían estar las fronteras resguardadas, hubo abandono, corrupción sin consecuencias y complicidad con el desorden. Donde debía prevalecer la Constitución, se traicionó el interés nacional. Donde debía haber salario justo, hubo precariedad. Donde debía haber defensa del trabajo dominicano, hubo indiferencia. Y donde debía haber cumplimiento de la ley, hubo gobiernos mirando hacia otro lado.
Ese desorden empuja al dominicano a emigrar y a la nación a perder cohesión, identidad, soberanía laboral y control sobre su destino.
Desde el Frente Cívico y Social sostenemos que la patria no se defiende culpando al inmigrante pobre. Se defiende cumpliendo la Constitución, pagando salarios dignos, indexando el impuesto al salario, ordenando la frontera y haciendo cumplir el 80/20.
República Dominicana no necesita una economía que administre resignación. Necesita una economía que produzca arraigo.
Los dominicanos no quieren irse. Los están empujando.
Ya basta. Llegó la hora de hacer valer la Constitución y activar, de verdad, el Estado Social y Democrático de Derecho: un Estado que no esté de rodillas ante los privilegios, sino de pie junto al pueblo trabajador.
Por Rommel Santos Díaz
En las investigaciones realizadas de conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.
De acuerdo con el Estatuto de Roma nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
En el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional , quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad.
De conformidad con el Estatuto de Roma nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.
Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, o en cumplimiento de una solicitud hecha de acuerdo las disposiciones del Estatuto de Roma tendrá el derecho a ser informada.
Dentro de los derechos que tiene una persona en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional el Estatuto de Roma señala el de ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte.
Antes del interrogatorio la persona también deberá ser informada de que tiene derecho a guardar silencio , sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia.
Cabe destacar que en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional la persona tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre fuere necesario en interés de la justicia y , en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes.
Finalmente, la persona tendrá el derecho a ser interrogada en presencia de un abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma.