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Demandas de cambios en reforma fiscal plantean en vistas públicas.
Santo Domingo, R.D.-Centenares de observaciones han sido hechas por la sociedad en la apertura de las vistas públicas al proyecto legislativo de “Transformación Fiscal” o reforma fiscal depositado por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional.
Desde primeras horas de la mañana, diversas personas del ámbito empresarial y social han acudido al llamado realizado por la comisión de Hacienda, quien debe estudiar lo contenido en el documento.
No obstante, sin dejar a un lado las propuestas de modificación compartidas por diversos sectores, los exponentes utilizaron su turno a la palabra para destacar el rechazo que siente ante la visión tributaria plasmada por el Gobierno dominicano, destacando la falta de consenso con la que fue preparada.
Fiduciarias y constructores
El representante de la Asociación de Fiduciarias Dominicana (Asofidom), Crhistian Molina, aseguró que lo planteado con esta reforma afecta a este sector y busca acabar con la comercialización de las viviendas en el territorio nacional.
Entiende que el enfoque de los tributos no debería afectar a las fiduciarias para continuar con el desarrollo del país.
“Esto afecta la vivienda porque amenaza que 6 de cada 10 dominicanos se queden sin acceso a su primer. Un retroceso de décadas en la compra de viviendas accesibles”, manifestó.
Además, expresó que estos impuestos violarían un derecho tan importante para todos los ciudadanos, como lo dictan la Constitución y las leyes.
Meléndez estableció que la eliminación de las tasas diferenciadas a los fideicomisos de casas causaría un aumento de 12.5% para los consumidores.
También, teniendo en cuenta que de ser agravada la materia prima utilizada por los constructores, las edificaciones continuarán elevando a un más su costo.
Con la eliminación de las exenciones y la reducción de nueve a cinco millones de pesos el pago de Impuesto Patrimonio Inmobiliario (IPI), aproximadamente sería el 59% de los hogares de bajo costo que saldrían de esta clasificación. Disminuyendo en 57 mil millones de pesos lo aportado por el sector.
Protección al cine
Por otro lado el presidente Asociación Nacional Dominicana de Cine (Adocine), Hans García, recordó esa industria está conformada en la actualidad por 135 empresas que pagan impuestos, generan empleos y hacen inversiones millonarias.
Según explicó, son 1,200 estudiantes, muchos provenientes de las provincias del interior, los que pertenecen a la industria cinematográfica, que aporta 25,000 empleos.
Hans defendió los incentivos fiscales que recibe el cine, por medio de la Ley 108-10, destacando otros beneficios que simboliza para el Estado.
“El 55% de quienes ocupan los puestos son las mujeres. El cine lo hacen las mujeres”, apuntó.
Resaltó que el 85% de los gastos, registrados al producir una película, están limitados en la subcontratación de pequeñas y medianas empresas del comercio local, utilizando más de 200,000 habitaciones de hoteles.
“Compramos más de 1,400 millones en combustible y vehículo de alquileres en todo el país”, apuntó.
Hans reconoció que es necesaria una readecuación de la ley. Pero, pidió no lacerar el desarrollo económico de los cineastas.
Ejes centrales
Además de estas, diversas entidades presentaron su posición ante el pleno de los congresistas de la cámara baja.
Estas son el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Colegio Médico Dominicano (CMD), sector textil, asociaciones de detallistas, organizaciones políticas, entre otras.
Además de no alterar las exenciones, los planteamientos de los voceros sociales y empresariales parecían estar unificadas, como el aumento del salario mínimo, reducción de la nómina pública, disminución de la pérdida en energía eléctrica, reducción de la publicidad gubernamental y la nómina pública, fiscalización a los partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.
Igualmente proteger a los alimentos y productos que conforman la canasta básica familiar de los impuestos.
Asimismo, consideraron como necesaria ampliar la ejecución de fiscalización y reducir el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) para garantizar una mayor mitigación a la evasión de impuestos. El Itbis pasará a llamarse Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Por otro lado, representantes de la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA) pidieron cuidar y fomentar los ahorros, teniendo en cuenta que existen artículos en el documento legislativo que afectarán al sistema bancario, incluyendo a las transferencias digitales.
“Reforma fiscal inconstitucional”
Por otro lado, el activista político Carlos Peña mostró su preocupación con lo planteado en la propuesta del Poder Ejecutivo, asegurando una supuesta ilegalidad.
Peña dijo que viola el artículo 251 de la Constitución, donde establece la creación el Consejo Económico Social (CES).
“Si la aprueban sería caer en un acto de inconstitucional. Es por eso que llegaríamos una instancia al TC para declarar la reforma fiscal como Inconstitucional”, subrayó.
Peña aseguró que el Gobierno del presidente Luis Abinader superó, durante su primer cuatrienio en 2020-2024, la deuda obtenida en más de 700 años con la adquisición de 45 mil millones de dólares en préstamos.
“Planteamos no modificación ni revisión de nada, pedimos plenamente el retiro del proyecto”, acotó.
De manera similar la excandidata presidencial por el partido Opción Democrática (OD), Virginia Antares, también acudió a este mecanismo de participación ciudadana para calificar de injusta la pieza entregada por el Ministerio de Hacienda.
Santo Domingo, R.D.-La figura de la candidatura independiente se posiciona en el centro de atención de las organizaciones políticas y otros sectores sociales a partir de la sentencia emitida recientemente por el Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
De manera específica, el pleno del TC hizo, además, un análisis de las reformas desarrolladas a este marco legal en los últimos 98 años, con la cual determinó que en “el único momento que, conceptualmente” las candidaturas independientes estuvieron alejadas de los partidos políticos fue hasta el año 1962. Desde este período, hasta este 2024, esta legislación ha resultado “extremadamente difícil y contraria” a la esencia misma de las candidaturas independientes.
Sin embargo, desde la publicación del dictamen el pasado 13 de diciembre, sobre este método de postulación a los puestos de los tres niveles de elección, parte de los representantes políticos aseguran que el sistema de partidos podría ser afectado con esta decisión en el futuro.
El veredicto del pleno de la Alta Corte ante la instancia depositada por Alberto Fiallo Billini fue declarar no conforme con la Constitución lo establecido en los artículos 167 y 157, situados en el capítulo titulado “De las candidaturas independientes”.
Este documento, que fue enviado a la Cámara de Diputados y al Senado, declaró la interpretación del pleno sobre la forma en la cual debe ser redactado en el texto de esos artículos.
Modificación legislativa
Estos artículos en la ley del Régimen Electoral vigente consideran como hábiles las candidaturas independientes que “surjan” a través de agrupaciones políticas. Asimismo, contiene en los requisitos la necesidad de conformar una organización de “cuadros directivos”, para que pueda ser sustentada la propuesta electoral independiente.
Pero, ¿Cuál es el origen de esta figura en la ley?
De acuerdo con la evaluación del pleno de la Alta Corte, la figura de las candidaturas independientes fue introducida en la legislación dominicana mediante el artículo 77 de la Ley 386,de 1926, en el que se establecía la existencia de dos tipos de candidatos: Los de partidos e independientes, los cuales podían presentarse para todas las posiciones electivas habilitadas. En esa ocasión, los requisitos para su postulación eran presentar una instancia motivada al órgano electoral que correspondiera, según la posición perseguida. Mientras que para la postulación de cargos de alcance nacional, el ciudadano debía ser respaldado por al menos 2,000 sufragantes.
Legislaciones.
En 1962 el Poder Legislativo efectuó una reforma, introduciendo la ley 5884, en la que se apertura un apartado especial para consignar este mecanismo. Con esta reforma a la ley electoral fue cambiado de manera “sustancial” este apartado, ya que “las candidaturas independientes debían ser propuestas por agrupaciones políticas accidentales” y conformar una estructura de cuadros directivos con el mismo esquema de los partidos políticos. Luego, en 1997, adiciona un mandato para que quienes opten por utilizar este derecho político fundamental presenten una agrupación política avalada por un porcentaje mínimo de inscritos en el registro electoral. Por último, fueron promulgadas las leyes 15-19 y 20-23, que mantienen una redacción idéntica en estos artículos.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicitó este martes a la Junta Central Electoral (JCE) convocar a los partidos políticos reconocidos para discutir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que autoriza a los dominicanos con aspiraciones a inscribir sus candidaturas sin necesitar el sustento de las organizaciones políticas.
Durante una entrevista en el programa matutino «El Sol de la Mañana», el también ministro de la Presidencia, considera que le corresponde al órgano electoral discutir con los partidos los métodos y fórmulas que deben implementarse en respuesta al dictamen del TC.
Paliza consideró que las entidades políticas deben reunirse en enero de 2025 para revisar y dialogar «detenidamente» el contenido de la medida ordenada por la Alta Corte.
Además de dirigentes políticos como Leonel Fernández, Sigmund Freud, Edy Olivares también ha fijado posición la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), entidad que mediante un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, expresa su “preocupación”.
El jurista aseguró que la sentencia podría desvirtuar los esfuerzos realizados para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos.
Por Jhonny Trinidad
SANTO DOMINGO.- La Corporación Latinobarómetro con sede en Santiago de Chile ubicó a la República Dominicana entre los países mejores posicionados de Latinoamérica.
Sobresalió como una de las naciones con mayor bienestar en su población.
84 % de 19,214 dominicanos entrevistos entre el 23 de agosto y el 9 de septiembre manifestó satisfacción con su estilo de vida, lo que coloca a su país entre las naciones más optimistas de la región, junto a México y Brasil, que registran entre 82 % y 84 %, respectivamente.
Solo Costa Rica, Uruguay, Guatemala y El Salvador superan esos niveles, alcanzando entre 89 % y 85 %.
Argentina obtuvo un 79 %, Chile, Perú, Honduras, Venezuela y Ecuador, consiguieron índices de entre 71 % y 77 %. Bolivia ocupa el último lugar con solo un 55 % de satisfacción.
72 % de la población de El Salvador percibe que su país está avanzando, al igual que el 50 % de los dominicanos, mexicanos, uruguayos y panameños.
Las cifras más bajas en esta categoría son atribuidas a Bolivia (5 %), Perú (11 %), Honduras (12 %) y Ecuador (13 %).
Según el informe, el 71 % de los dominicanos considera que su familia ha mejorado en los últimos 10 años, ubicando a República Dominicana entre los líderes regionales en este indicador, junto a Costa Rica (73 %).
El 68 % de los dominicanos también aprueba el desempeño de su gobierno, igual que el 87 % de los slavadoreños, 80 % de los panameños y el 75 % de los mexicanos.
Los presidentes más populares, según el estudio, son los de El Salvador (74 %), México (67%), Panamá (62%) y República Dominicana (60%).