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Por fin disponen la terminación del contrato con Transcore Latam

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SANTO DOMINGO.- Mediante la resolución numero 12-2024 el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) dispuso la terminación del contrato Núm. DJ-CSB-009-2023 firmado con la empresa Transcore Latam S.R.L.., cuyo acuerdo había suscitado controversia y ahora queda oficialmente sin efecto.

La medida establece que, tras una evaluación exhaustiva de las condiciones del contrato y sus implicaciones, el INTRANT ha decidido poner término a la relación contractual con Transcore Latam, argumentando la necesidad de garantizar transparencia y cumplimiento en las gestiones de tránsito y transporte en el país.

En el contexto de este escándalo, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, ha dictado 18 meses de prisión preventiva para los principales acusados: Hugo Beras, Jochi Gómez, y Pedro Vinicio Padovani. La jueza declaró el caso como complejo y argumentó que existen elementos probatorios vinculantes que justifican esta medida, subrayando la gravedad de los delitos relacionados.

Los implicados enfrentan acusaciones de corrupción administrativa, desfalco, estafa al Estado, asociación de malhechores, y sabotaje a la red semafórica, entre otros delitos graves. Estos cargos están respaldados por diversas disposiciones legales, incluyendo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, la Ley 53-07 de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

Además de la prisión preventiva, la jueza ordenó arresto domiciliario para Samuel Baquero, mientras que Carlos Peguero, Frank Díaz, y Juan Álvarez Carbuccia recibieron medidas de libertad bajo garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció la terminación del contrato con Transcore Latam S.R.L. mediante la Resolución Núm. 12-2024, tras recibir un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que revela múltiples irregularidades en el proceso de licitación pública.

Este contrato, que inicialmente buscaba la modernización y gestión de la red semafórica y el sistema de control de tráfico en el Gran Santo Domingo, quedó en la mira por problemas serios de transparencia y procedimiento.

Entre los puntos destacados en los considerandos de la resolución, se menciona un oficio emitido por la Contraloría al director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, donde se exponen debilidades e inobservancias en el proceso de licitación, detalladas a lo largo del informe de auditoría. Este documento detalla que el proceso licitatorio provocó denuncias de empresas competidoras de Transcore Latam y motivó la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.

Según la auditoría, una vez adjudicado el contrato, se realizaron modificaciones al pliego de condiciones, lo que incluyó un incremento de varios cientos de millones de pesos sobre el valor original del contrato. Además, se identificaron violaciones al debido proceso establecido en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y su reglamento, incluyendo:

Documentos no aprobados por el comité de compras y contrataciones durante el proceso.
Modificaciones extemporáneas al pliego de condiciones, ejecutadas sin autorización del órgano competente.
Respuestas parciales a las inquietudes presentadas por los oferentes, limitando la claridad y transparencia del proceso.
Alteraciones en el pliego de condiciones que flexibilizaron los requisitos técnicos, favoreciendo al oferente seleccionado.
Informes periciales aprobados en base a informes técnicos incongruentes y deficientes, lo cual reflejó un posible trato privilegiado hacia Transcore Latam.
Estas observaciones ponen en evidencia la falta de rigurosidad en la gestión del proceso licitatorio y la necesidad de una revisión profunda de las prácticas de contratación. Con esta decisión, el INTRANT busca fortalecer el compromiso con la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos en los proyectos de infraestructura vial y control de tráfico en el país.

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Seguro de desempleo 25 años después: el transitorio que se tragó la Ley de Seguridad Social

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Santo Domingo.- El seguro de desempleo es una de las opciones que sectores empresariales han promovido en algún momento como sustituto de la cesantía laboral consignada en el Código de Trabajo.

El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.

Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.

Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.

Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.

Seguro de desempleo es tema sensible

El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.

Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.

Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.

“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.

La reforma al Código Laboral en la Cámara de Diputados

Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.

Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.

Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.

Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.

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Peajes del país generan RD$5,778 millones en ingresos durante enero-mayo de 2026

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Santo Domingo.– El Fideicomiso RD Vial informó que recaudó RD$5,778,179,800 durante los primeros cinco meses de 2026, producto del tránsito de 42,323,519 vehículos por las diferentes estaciones de peaje del país.

La entidad, dirigida por Hostos Rizik Lugo, indicó que el promedio mensual de recaudación superó los RD$1,155 millones, mientras que el flujo vehicular promedio fue de 8.4 millones de vehículos por mes.

Según explicó Rizik, la mayor parte de estos recursos se destina al financiamiento, ampliación y construcción de importantes infraestructuras viales ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Peajes del país generan RD$5,778 millones en ingresos durante enero-mayo de 2026

Inversión supera los RD$3,080 millones en 2026

RD Vial destacó que, entre enero y abril de 2026, las inversiones realizadas mediante los recursos administrados por el fideicomiso alcanzaron los RD$3,080,448,976.78.

Semana Santa 2026 rompe récord histórico de tránsito vehicular: más de 891,000 vehículos han cruzado los peajes en tres días

Asimismo, informó que el monto acumulado invertido entre 2021 y abril de 2026 asciende a aproximadamente RD$59,266 millones.

Estos recursos han sido destinados al avance de proyectos estratégicos de infraestructura vial en distintas regiones del país.

Proyectos en carpeta por RD$38,700 millones

La institución también informó que mantiene una cartera de proyectos viales valorada en RD$38,700 millones, entre obras adjudicadas y en proceso de licitación.

Entre estas iniciativas destacan la Autopista del Ámbar, con una inversión proyectada de RD$32,000 millones; los elevados de los kilómetros 17, 22 y 28 de la Autopista Duarte; así como la ampliación de la avenida Sánchez.

Autopista Duarte lidera recaudaciones

La estación de peaje de la Autopista Duarte registró la mayor recaudación del período enero-mayo, al generar RD$784.2 millones mediante el tránsito de más de seis millones de vehículos, equivalentes al 14.19 % de los ingresos totales.

Le siguieron las estaciones de Las Américas, con RD$531.3 millones; el Tramo I de la Circunvalación Santo Domingo, con RD$482.6 millones; la Autopista 6 de Noviembre, con RD$353.5 millones; y la Autovía del Coral, con RD$355.4 millones.

RD Vial destacó que las 17 estaciones de peaje del país movilizaron más de 42.3 millones de vehículos durante los primeros cinco meses del año, generando recursos que son reinvertidos en el desarrollo y modernización de la infraestructura vial nacional.

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Identifican al piloto y copiloto fallecidos en accidente de avión en La Romana

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Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.

De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.

Mientras, un equipo técnico de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), encabezada por su presidente Pedro Alberto Piña se trasladó hacia el lugar del incidente para realizar las investigaciones de lugar

La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.

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